Empresario sevillano detenido: Noticias recientes
En Sevilla, la Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y a la financiación de redes de narcotráfico mediante empresas fantasma.
En la operación 'Espiga', se han detenido a 22 personas, entre ellas un empresario y dos abogados sevillanos, considerados los líderes de este grupo que habría blanqueado alrededor de 11 millones de euros.
Se han realizado 14 entradas y registros en domicilios y oficinas principalmente en la provincia de Sevilla, donde se han intervenido 257.000 euros en efectivo, joyas, artículos de lujo, 12 vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos y documentación sobre los entramados empresariales investigados.
Durante la operación, se han bloqueado judicialmente 415 cuentas bancarias con 1,5 millones de euros y la anotación preventiva de 20 inmuebles con un valor cercano a los 3,2 millones de euros.
La investigación ha acreditado que la organización utilizaba complejos entramados societarios para ocultar el origen ilícito de los fondos y facilitar su integración en el circuito legal, combinando sociedades instrumentales y negocios reales con empresas sin actividad comercial real y comercios de ocio con mucha actividad.
Entre los establecimientos utilizados destaca un conocido restaurante y lugar de copas, así como un establecimiento de venta de alimentación en el Aljarafe sevillano, donde canalizaban grandes sumas de dinero.
Esquema del Blanqueo de Capitales
Créditos ICO y Testaferros
La organización también habría obtenido dinero del circuito legal monetario con financiaciones fraudulentas, utilizando empresas investigadas con las que realizaban peticiones de financiación a distintos bancos, como los créditos ICO. Posteriormente, dejaban estas empresas con deudas a nombre de testaferros que se enfrentarían a los saldos pendientes.
La red ofrecía sus servicios a potentes organizaciones de narcotráfico asentadas en el sur de España, blanqueando los beneficios obtenidos del tráfico de drogas.
Los detenidos se enfrentan a cargos por blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
La operación ha sido llevada a cabo por el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) de la Zona de Andalucía y la UOPJ de Sevilla, con el apoyo del Grupo de Acción Rápida, y ha contado con la colaboración de Europol para identificar y rastrear los movimientos de dinero a través de diversos países.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Fallecimiento de Juan Antonio Hans Checa en Estepona
La familia del constructor sevillano Juan Antonio Hans Checa pide que se investiguen las circunstancias en la que murió el pasado 23 de enero en el Hotel Ona Valle Romano de Estepona (Málaga) tras ser reducido y esposado por la Policía Nacional.
El hombre, de 41 años y natural de Lora del Río (Sevilla), se encontraba en la localidad malagueña por motivos de trabajo.
Según los datos recabados por la familia, los agentes acudieron a dicho establecimiento en torno a las 21:40 horas tras ser avisados por el personal del hotel de que el cliente se encontraba "alterado y nervioso".
El representante legal de los familiares, Luis Romero, reconoce que Hans sufría, a veces, "alguna alucinación por brote psicótico" y que sobre las 18:00 horas de ese mismo día, los agentes también tuvieron que intervenir en un bar de la localidad malagueña por el mismo motivo.
"Yo estaba hablando con mi hermano por teléfono cuando estaba la Policía. Escuchaba jaleo y forcejeo pero no sabía qué pasaba", asegura Javier Hans, hermano del fallecido.
Cristina Navarro, viuda de Juan Antonio, pone en cuestión la actuación policial: "Decidieron actuar por su cuenta y empleando la fuerza, entendemos que de manera desproporcionada, sin avisar al personal facultativo especializado. Necesitamos las cámaras de seguridad y quién haya grabado algo porque no es justo, tenemos que saber qué ha pasado".
La familia también denuncia que, una semana después de lo ocurrido, aún no han podido ver el cuerpo.
Han solicitado al Juzgado de Instrucción nº 3 de Estepona, que se le facilite el informe forense de levantamiento de cadáver, y que se les dé traslado de las imágenes de todas las cámaras de seguridad del hotel y del bar en el que sucedieron los hechos, así como la toma de declaración de los policías que intervinieron, los sanitarios o testigos presenciales.
Además, han solicitado a la juez que se encargue la diligencias de la investigación a la Guardia Civil: "Consideramos que la Policía Nacional no puede tener toda la objetividad e imparcialidad necesaria, puesto que Juan Antonio falleció mientras era reducido por los agentes", relata el representante legal.
Versión de la Policía Nacional
La Policía Nacional ha afirmado este miércoles que el empresario constructor de Lora del Río (Sevilla) Juan Antonio Hans Checa, fallecido tras ser reducido por sus agentes en un hotel de Estepona (Málaga), presentaba un gran "estado de agresividad y agitación", con la sospecha de que "podría estar bajo los efectos de las drogas", y asegurando que los efectivos usaron "la mínima fuerza imprescindible" para inmovilizarle.
Según la Policía Nacional, los responsables de un bar de Estepona avisaron de "la presencia de un cliente que estaba generando problemas en el establecimiento", trasladándose efectivos al lugar en cuestión.
Los agentes lo localizaron "muy agitado y agresivo". Señalan que previamente se le intervino cocaína, que "rechazó toda asistencia médica".
La Policía Nacional señala que ese 23 de enero los agentes tuvieron en Estepona una doble actuación. En primer lugar acudieron a un bar de la localidad tras el aviso de los responsables de que un cliente estaba "generando problemas": "El hombre, de mediana edad, se encontraba muy agitado y agresivo. Se hallaba consumiendo alcohol y se sospecha que podría estar bajo los efectos de las drogas. Entre sus pertenencias le fue intervenido un envoltorio con una sustancia que podría ser cocaína".
Tras avisar a una ambulancia que se desplazó hasta el lugar de los hechos, el hombre rechazó la asistencia médica y fueron los mismos agentes los que le acompañaron hasta el hotel donde se hospedaba.
Horas más tarde, el personal de ese mismo hotel alertaba de la presencia de un huésped "fuera de sí, muy agresivo". Los agentes comprobaron que se trataba del mismo sujeto y, "dado el estado de agresividad y agitación, y para salvaguardar la seguridad de esta persona y los usuarios del hotel, tuvieron que utilizar la mínima fuerza imprescindible para reducirlo con el uso de los grilletes reglamentarios", continúa la versión policial.
En este contexto, "el hombre entra en parada y los agentes le colocan en posición lateral de seguridad para practicarle los primeros auxilios". Los sanitarios se sumaron a la asistencia y finalmente se confirmó el fallecimiento de esta persona, activándose el protocolo judicial.
Otros Casos de Empresarios Sevillanos y la Justicia
La Audiencia de Sevilla ha impuesto dos años de cárcel, multas superiores a los 300.000 euros y la obligación de indemnizar a la Seguridad Social con 254.000 euros a dos empresarios de Sevilla que no pagaron al Estado los seguros sociales de los trabajadores que contrataban para un restaurante que gestionaban en el barrio del Porvenir.
Los hechos, juzgados el martes por la Sección Cuarta, ocurrieron entre 2015 y 2019. Juan Antonio V.M. y Antonio Manuel M.M. eran los administradores únicos de Capafrey Sevilla, Prendis Solutions y Paresanmo. El “centro de negocio” de las tres era un negocio de hostelería en la calle Felipe II. “Con la finalidad de realizar la explotación” de ese establecimiento “sin pagar los seguros sociales de los trabajadores”, los encausados los contrataban “bien simultáneamente en más de una empresa bien mediante la baja de un trabajador en una y el alta sucesiva en otra”.
Gracias a esa operativa, los empresarios “fueron generando deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social” por importes que se correspondían con tres conceptos: deuda vigente de responsabilidad, deuda vigente no responsabilidad y crédito incobrable.
Justo ahora que los hidrocarburos se han puesto de moda por la implicación del famoso Víctor Aldama en un escándalo vinculado a ese sector, la Audiencia de Sevilla acaba de condenar a casi dos años de cárcel a un empresario que gracias a la venta de carburantes consiguió una vida “de lujo” para él y su familia. Sin embargo, nada era legal.
El hombre, que en 2009 llegó a presentarse como nuevo dueño del Levante UD y que también está siendo juzgado por una estafa relacionada con las Minas de Riotinto, tuvo a bien no declarar el IVA durante tres años y cosechó así unos beneficios que rondaron los diez millones de euros.
José Francisco R.F., un empresario gallego afincado en Sevilla, aceptó un año y medio de cárcel y multas de 2.769.623 y 4.048.522 euros por dos delitos contra la Hacienda Pública, así como cinco meses y 29 días de prisión y otra multa de 3 millones por blanqueo de capitales, en ambos casos con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
En la sentencia, que es firme, la Sección Tercera relata que José Francisco R.F. El acusado vendía combustible a través de Energes “de espaldas a todo control de la Inspección de Tributos” y así “se apropió de las importantes cuotas de IVA que repercutía en las ventas a gasolineras y otros clientes que no declaraba ni ingresaba”.
Entre 2010 y 2012 “no declaró ni ingresó el citado IVA”, pero como sus proveedores y clientes minoristas (las gasolineras) sí cumplieron con sus obligaciones tributarias, Hacienda calculó que las cuotas impagadas “podían superar los 4 millones de euros” por ejercicio.
Fue entonces cuando la Unidad de Vigilancia Aduanera empezó a investigarlo y comprobó “la naturaleza ficticia de los domicilios sociales” de sus empresas. Esa “carencia de datos fiscales y administrativos” se extendía a José Francisco R.F. y sus familiares “a pesar de ostentar un elevado nivel de vida”.
Los investigadores hallaron miles de facturas y de ellas concluyeron que Energes causó un perjuicio a Hacienda de 3.960.496 euros en 2010, 5.783.603 en 2011 y 2.895.249 en 2012. José Francisco R.F. se apropió de todo.
Según la Audiencia, los 9,7 millones que defraudó “constituían la casi totalidad de los ingresos de José Francisco R.F., sus sociedades y su familia”. De hecho, “al no realizar otra actividad productiva”, el empresario sólo declaró 36.576 euros entre 2003 y 2008 y de 2009 a 2012 directamente “no declaró ingreso alguno”.
José Francisco R.F. introdujo el IVA no declarado en “el circuito financiero legal” (es decir, que lo blanqueó) de múltiples formas. La Audiencia también cuenta que sus sociedades Liedno, Inland Trading 2006 y Bhawler fueron usadas “como pantalla para financiar sus gastos y actividades o titular su patrimonio” y así blanquear millones de euros.