Los juicios a Montoneros y ERP: Un capítulo complejo de la justicia transicional argentina

La recuperación de la democracia en Argentina, tras la última dictadura militar, trajo consigo una imperiosa necesidad de justicia. En este contexto, el gobierno de Raúl Alfonsín, apenas iniciado su período democrático el 13 de diciembre de 1983, promulgó una serie de decretos que sentarían las bases para el juzgamiento de las cúpulas militares y de las organizaciones armadas. Si bien el Decreto 158/83, que promovía el juicio a las juntas militares, es ampliamente recordado, el Decreto 157/83, promulgado al mismo tiempo, impulsaba la persecución penal de los cabecillas de las organizaciones armadas Montoneros y ERP. Las consecuencias de este último, aunque sepultadas en la memoria colectiva por el paso del tiempo y las circunstancias políticas, son fundamentales para comprender la inclinación del gobierno de Alfonsín por la "teoría de los dos demonios" según algunos sectores de la sociedad.

La "teoría de los dos demonios" y el contexto de los juicios

La denominada "teoría de los dos demonios" postula una equiparación entre la violencia ejercida por las organizaciones guerrilleras y la represión ilegal del Estado. Para un sector de la sociedad, los decretos 157/83 y 158/83, al ser promulgados conjuntamente, marcan la adhesión del gobierno de Alfonsín a esta teoría. Sin embargo, es importante refrescar los episodios históricos y desentrañar la superstición ideológica que se enorgullece en vano de refutar esta "teoría".

Es fundamental recordar que, antes del retorno a la democracia, cientos de militantes de las organizaciones armadas fueron secuestrados, torturados y desaparecidos o asesinados por la dictadura en el marco de un plan sistemático de represión ilegal, sin juicios ni garantías constitucionales. Por otro lado, la actuación de las organizaciones guerrilleras también generó un clima de violencia y zozobra en el país.

Los juicios que se llevaron a cabo en Argentina contra las juntas militares y los principales jefes guerrilleros, por decisión del gobierno de Raúl Alfonsín desde 1983 en adelante, plantearon desde el principio la aplicación de un criterio selectivo de los responsables. En la campaña electoral, la Unión Cívica Radical había establecido niveles de responsabilidad en la represión antisubversiva, que más adelante culminarían en la sanción de las leyes de obediencia debida y de punto final en 1987, en un contexto político muy diferente al de 1983, que había permitido avanzar con el juzgamiento de la violencia de los '70.

Respecto de las jerarquías revolucionarias, se eligió a los integrantes de la Conducción Nacional del Movimiento Montonero y al único sobreviviente del alto mando del ERP. Los propósitos gubernamentales quedaron explicitados en el discurso de presentación del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) a cargo del ministro del Interior Antonio Tróccoli, donde se expuso un cuadro de situación bastante realista de las acciones revolucionarias de la guerrilla y la respuesta ilegal de los militares. A pesar de las presiones recibidas, Alfonsín apoyó la televisación del discurso de su ministro en el que quedó clara la posición oficial de condena a toda la violencia política de los '70.

Ernesto Sábato entregando el informe "Nunca Más" de la Conadep al presidente Alfonsín.

Las organizaciones guerrilleras: ERP y Montoneros

Las dos principales agrupaciones que participaron en la guerrilla armada fueron el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros, con diferencias ideológicas significativas.

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)

El ERP, surgido como brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), liderado por Mario Roberto Santucho y Enrique Gorriarán Merlo, siempre reivindicó su condición trotskista y el sentido de su lucha para imponer una dictadura del proletariado en Argentina. Desde 1970, fecha de su fundación, el ERP tenía la finalidad de "encabezar la revolución obrera y socialista". Organizaron varios grupos operativos llamados compañías que tuvieron una gran disciplina militar.

A lo largo de los escasos seis años de su accionar terrorista, lograron conformar una organización armada de gran capacidad que obligó al Estado argentino a poner en operaciones cerca del 20% de su potencia militar para reprimir su amenaza. Su accionar fracasó por no lograr la adhesión de la clase obrera, sobre todo luego de la elección de la provincia de Tucumán como territorio a "liberar" para ser reconocidos a nivel internacional. La respuesta institucional fue el decreto secreto 261 del 5 de febrero de 1975, refrendado por la presidente María Estela Martínez de Perón y todos sus ministros, que ordenó "ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán" en el llamado "Operativo Independencia". Este texto ha sido debatido y lo sigue siendo por la interpretación acerca de su contenido.

El Movimiento Montonero

Los Montoneros, en cambio, se definieron como peronistas desde el inicio de sus acciones en 1970 con el secuestro y posterior asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu, siendo los autores del mayor magnicidio de la historia argentina del siglo XX. Su accionar político estuvo marcado por la ambigüedad sostenida frente al entonces exiliado Juan Perón, situación que comenzó a cambiar por la gran participación de Montoneros en el gobierno de Héctor J. Cámpora desde el 25 de Mayo de 1973. La estrategia comunicacional de la “orga”, tal como se conocía a Montoneros, fue reconocerse peronistas acompañando e instrumentando las políticas del nuevo gobierno. Llegaron a ser la guerrilla urbana más numerosa de Sudamérica.

La situación cambió vertiginosamente cuando el general Juan Perón llegó a la presidencia el 12 de octubre de 1973, hecho que obligó a Montoneros a definirse y hacer pública su verdadera ideología: el marxismo. Perón hizo caer a los gobernadores puestos por Montoneros: de Buenos Aires, Oscar Bidegain; de Córdoba, Ricardo Obregón Cano; y de Mendoza Alberto Martínez Baca. El desafío de la bancada de diputados cercanos a Montoneros que no votaron las reformas penales propuestas por el presidente hizo que este los forzara a definirse como peronistas o no, en un encuentro mano a mano en la residencia presidencial de Olivos. Ocho de ellos renunciaron porque ya no se podía ocultar la lucha entre “la patria peronista” y “la patria socialista”. Esta situación hizo crisis el 1° de mayo de 1974, cuando en un duro discurso Perón echó de la Plaza de Mayo a los Montoneros, desde entonces forjadores de “la patria socialista” sin dar lugar a dudas.

Luego de la muerte de Perón el 1° de julio de 1974, su esposa y sucesora Isabel Perón daría cuenta forzando la destitución de los gobernadores de Santa Cruz Jorge Cepernic; y de Salta Miguel Ragone, vinculados a Montoneros. La incoherencia o hipocresía ideológica de los primeros tiempos del Movimiento Montonero hizo que para el ERP no hubiera seguridad como para plantear una fusión total entre ambas guerrillas, y a pesar de algunos operativos conjuntos, la alianza no prosperó, mucho más cuando Montoneros decide fundar el Ejército Montonero, cuyo bautismo de fuego sería el ataque al Regimiento 29 de Formosa en octubre de 1975.

Tabla Comparativa: ERP y Montoneros

Los procesamientos y juicios

Apenas asumió, Alfonsín firmó el Decreto 157/83 que dispuso los juicios a las cúpulas guerrilleras. La Procuración General de la Nación puso en marcha los procesamientos de Mario Firmenich; Fernando Vaca Narvaja; Ricardo Obregón Cano; Rodolfo Galimberti; Roberto Perdía; Héctor Pardo, todos de Montoneros; y Enrique Gorriarán Merlo, del ERP. El resultado de la persecución penal establecida por el decreto contra los jefes de estas organizaciones tuvo resultados dispares. Solo dos fueron juzgados presencialmente: Mario Firmenich y Ricardo Obregón Cano.

Mario Firmenich fue detenido en Brasil el 13 de febrero de 1984 y extraditado a Argentina. Fue condenado a 30 años de prisión y permaneció en la cárcel de Devoto hasta los indultos de Menem en 1990.

Detención de Mario Firmenich.

Oscar Bidegain (ex gobernador de Buenos Aires) y Ricardo Obregón Cano (ex gobernador de Córdoba), ambos vinculados con Montoneros y detenidos luego de leer el documento de la disolución de la organización armada, fueron figuras clave en este proceso.

La democracia recuperada en Argentina daba sus primeros pasos cuando el 20 de diciembre de 1983 dos pasajeros que volvían del exilio provenientes de Brasil llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fueron detenidos. Era un regreso anunciado y los estaban esperando no solo quienes debían detenerlos con una orden judicial en la mano, sino también varios periodistas atraídos por la importancia de esos dos hombres, ya mayores, que regresaban al país aún sabiendo que tenían orden de captura. Nunca se supo si lo que ocurrió ese martes en el aeropuerto fue producto de la casualidad o de un acuerdo previo, pero el caso es que antes de que se los detuviera, los ex gobernadores peronistas Oscar Bidegain y Ricardo Obregón Cano -de histórica trayectoria en el Partido Justicialista, pero también “marcados” por su cercanía a la izquierda del movimiento, más precisamente a Montoneros- alcanzaron a ofrecer una conferencia de prensa, acompañados por el ex gobernador de Mendoza, Alberto Martínez Baca, y el referente de la Juventud Peronista Juan Carlos Dante Gullo, que habían ido a recibirlos. Se trató, en realidad, de la lectura de un comunicado, a cargo de Bidegain. El documento llevaba la firma de los tres máximos dirigentes de Montoneros, Mario Firmenich, Ricardo Perdía y Fernando Vaca Narvaja, del ex gobernador cordobés Obregón Cano y del propio Bidegain. El texto, corto, anunciaba la disolución del Movimiento Peronista Montonero por haber cumplido sus objetivos fundacionales, la recreación del Partido Auténtico -una agrupación política legal creada por Montoneros en 1975- y el desconocimiento de la viuda de Perón, Isabelita, como líder del peronismo, a contramano de la posición del PJ, que todavía la reconocía como jefa. Al día siguiente, uno de los matutinos de mayor circulación en la Argentina tituló: “Montoneros anunció su disolución”, al tiempo que informaba en la bajada: “Bidegain y Obregón Cano fueron detenidos a su regreso al país”.

Tapa de Clarín del 21 de diciembre de 1983, informando la disolución de Montoneros y la detención de los dirigentes peronistas.

Siete días antes de la llegada de Bidegain y Obregón Cano a Ezeiza, el presidente Raúl Alfonsín había firmado los decretos del Poder Ejecutivo Nacional 158/83 y 157/83 donde se dispuso el sometimiento a juicio sumario de las tres primeras juntas militares que habían gobernado entre 1976 y 1983 -por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Terrorismo de Estado- y la persecución penal, por asociación ilícita, atentados contra el orden público y la paz interior, de las cúpulas de las organizaciones guerrilleras Montoneros y PRT-ERP. Por esa razón, los otros tres firmantes del documento -Firmenich, Perdía y Vaca Narvaja, alcanzados por el segundo decreto- no podían regresar a Argentina. En cambio, la medida no alcanzaba a los dos ex gobernadores que lo leyeron. Sin embargo, sobre Bidegain y Obregón Cano pesaban órdenes de detención firmadas por un juez cómplice de la dictadura todavía en funciones, Siro de Martini, quien al enterarse de su regreso al país decidió que no atravesarían las puertas de la terminal aérea sin estar esposados.

Se trataba de dos ex gobernadores emblemáticos a quienes -pese a sus largas trayectorias dentro del justicialismo- el propio Juan Domingo Perón había desplazado de sus cargos cuando decidió que había llegado la hora de recostarse en el ala derecha del movimiento y de “depurarlo” de “infiltrados” de izquierda. Uno de los primeros en tener que irse fue Oscar Bidegain, en enero de 1974, obligado a presentar la renuncia como gobernador de la provincia de Buenos Aires, con la excusa de haber sido negligente frente al intento de copamiento de un regimiento del Ejército en la ciudad de Azul por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Se trató en realidad de una excusa para desplazarlo y poner en su lugar al vicegobernador, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró. Un mes después que Bidegain, en febrero de 1974, el gobernador cordobés Ricardo Obregón Cano debió renunciar luego de un levantamiento policial.

Detenidos después de leer el comunicado sobre la disolución de Montoneros en Ezeiza, los caminos de los dos ex gobernadores se bifurcaron. Ricardo Obregón Cano quedó preso a la espera de ser sometido a juicio, pero Oscar Bidegain pudo salir del país con destino a España, donde se exilió nuevamente. Una versión nunca confirmada señala que la salida del país del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires se debió a una decisión política del gobierno de Raúl Alfonsín, que temía que dada su edad y su estado de salud, tenerlo encarcelado y procesado podía generar reacciones internacionales negativas. Luego de ser juzgado en dos instancias, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal absolvió a Obregón Cano en 1987. Se quedó en el país y murió en 2016, a los 99 años, en el barrio porteño de Caballito.

En México, Ricardo Obregón Cano, junto a la conducción de Montoneros en el exilio.

Vaca Narvaja, Galimberti, Perdía, Pardo y Gorriarán Merlo permanecieron exiliados u ocultos, por lo que el Poder Judicial no los pudo juzgar y no los alcanzó la persecución penal.

Los indultos y la reapertura de los juicios

El presidente Carlos Menem decidió, según sus palabras “en aras de la reconciliación nacional”, dictar indultos en octubre de 1990, aplicados a numerosos líderes militares y guerrilleros, incluyendo a Firmenich y aquellos considerados prófugos. El único que estaba preso y fue liberado fue Firmenich. En lo que interesa a este artículo, Menem indultó a Firmenich, el único jerarca guerrillero preso, y a los que fueron considerados prófugos. Galimberti, que se exilió desde 1976 en Brasil, México y finalmente en París junto a su novia Julieta Bullrich, volvió entonces al país. Perdía, que estaba exiliado en Madrid, regresó a Argentina y en 2003 sería aprehendido en una causa judicial que intentó juzgarlo por su responsabilidad, junto a Fernando Vaca Narvaja por la “contraofensiva montonera”, un horroroso episodio que costó la vida de militantes montoneros y sin que la conducción del movimiento asumiera riesgos operativos.

Al anularse los indultos en 2004, se reabrieron los juicios contra los represores, pero no contra los líderes de las organizaciones armadas, por tratarse de delitos comunes ya prescriptos. Los crímenes de la dictadura, en cambio, se consideran delitos de lesa humanidad por haberse cometido desde el Estado y, por lo tanto, no prescriben y pueden seguir siendo juzgados hoy.

La vuelta a la violencia política (post-indultos)

Enrique Gorriarán Merlo, probablemente el hombre más violento entre los guerrilleros sudamericanos del siglo XX, se mantuvo en la clandestinidad durante el gobierno militar y fue parte de la revolución sandinista que derrocó a Anastasio Somoza en Nicaragua en 1979. Fue el fundador del aparato de seguridad de ese nuevo gobierno. Luego Gorriarán sería el jefe del operativo terrorista que acabó con la vida del dictador centroamericano en Asunción del Paraguay. Por su capacidad de ocultamiento no pudo ser juzgado por su actuación en la década de los '70. En 1989 fue el cerebro del ataque al regimiento de La Tablada, última acción terrorista revolucionaria en territorio argentino hasta hoy, donde se produjo una masacre que provocó más de 40 muertos.