Abogado: ¿Actividad Empresarial o Profesional a efectos del IAE?

La distinción entre actividad empresarial y profesional es crucial para los abogados, especialmente a la hora de cumplir con sus obligaciones fiscales, como el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Esta diferenciación impacta directamente en cómo se entiende y se regula el ejercicio de la abogacía.

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

El IAE es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. La regulación del IAE se encuentra en los artículos 78 a 91 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del citado impuesto.

Del precepto se extrae que el hecho imponible se realiza por el mero ejercicio de cualquier actividad económica, bastando un solo acto de realización de una actividad económica para que se produzca el supuesto de hecho gravado por el Impuesto. Es decir, no es necesario que el ejercicio de la actividad sea habitual. Por otro lado, el hecho imponible del impuesto se realiza con independencia del beneficio que se obtenga por el ejercicio de las actividades gravadas, incluso aunque la actividad produzca pérdidas. Por último, el IAE grava toda clase de actividades, estén o no especificadas en las correspondientes tarifas del impuesto.

El artículo 79.1 del TRLRHL especifica que se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Requisitos para que una actividad sea considerada económica por la DGT

Para que una actividad se considere económica, la Dirección General de Tributos (DGT) requiere:

• Que dicha actividad suponga ordenación de medios de producción y/o recursos humanos con un fin determinado.
• Que dicho fin sea, precisamente, la intervención en la producción o distribución de bienes y servicios.
• Que la referida ordenación se haga por cuenta propia.

Por tanto, se estará sujeto al IAE en función de las actividades que efectivamente se realicen y cuando dichas actividades supongan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Implicaciones para los abogados según la DGT

En la consulta vinculante V1964-22, de 15 de septiembre, la Dirección General de Tributos (DGT) indica que, si un abogado no ejerce de forma efectiva la actividad profesional, sino que su actividad se limita a la defensa de sus propios asuntos, sin prestar servicios a terceras personas o entidades, en tal actividad no concurren las circunstancias para considerar que se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico. Por tanto, no se produce actividad económica y no será necesaria su alta en el IAE.

La DGT señala que «la simple inscripción en el Colegio de Abogados correspondiente no determina la sujeción al Impuesto sobre Actividades Económicas de una persona física si no ejerce de forma efectiva la actividad profesional de abogado».

Una consulta del IAE (número 469, de 28 de diciembre de 1992) aborda el caso de un abogado contratado laboralmente por una empresa constructora. En relación a las cuestiones planteadas, la contestación fue la siguiente:

1. Quien preste exclusivamente servicios profesionales de abogacía a una empresa o entidad de cuya plantilla forma parte por razón de un contrato laboral, no ejerce una actividad económica a los efectos del impuesto toda vez que no es él sino la empresa que le emplea la que realiza la ordenación de recursos humanos y/o elementos de producción por cuenta propia que lleva a caracterizar de económica a la actividad ejercida y la sujeta a tributación. Consiguientemente, dicho abogado no viene obligado a darse de alta y tributar por el impuesto a resultas de tal prestación de servicios.
2. En el caso de que la prestación de servicios se realice no sólo a favor de la empresa a la que el profesional antecitado se encuentra ligado por un contrato laboral sino, también, a otras empresas o entidades distintas de la misma, cabe distinguir dos posibilidades:
   • Que el abogado preste directamente y por cuenta propia a esas otras empresas distintas de su empleadora o a Uniones Temporales de las que ésta forme parte, servicios de abogacía, actuando, por tanto, al margen de su relación laboral; en tal supuesto el referido abogado será sujeto pasivo del impuesto, debiéndose dar de alta y tributar por el Grupo 731 de la Sección 2ª de las Tarifas del impuesto.
   • Que dicha prestación a terceros sea obligada para el abogado por exigirlo así su contrato laboral con la empresa que lo emplea o, aun cuando nada se establezca sobre esa cuestión en tal contrato, se considere implícitamente que entre las obligaciones derivadas del mismo se encuentra la de prestar servicios de abogacía a esas otras empresas o Uniones Temporales; en tal caso el ejercicio de dicha actividad debe entenderse imputado a la empresa que lo contrata, considerándose que es esta la que presta directamente y por cuenta propia los servicios a las mismas (independientemente de que dicha prestación sea o no gratuita), por lo que tal empresa vendrá obligada a darse de alta y tributar por el Grupo 841 ("Servicios Jurídicos") de la Sección 1ª de las Tarifas del impuesto.

Formas Jurídicas para el ejercicio de la Abogacía

Son muchas las preguntas que se plantea un profesional de la abogacía cuando quiere comenzar su trayectoria profesional, a veces no es fácil saber cuál es la mejor opción que se adapta a las necesidades individuales. A partir del plan de empresa que se haya elaborado, se podrá elegir la forma jurídica que mejor se adapta a cada situación.

Hay dos grandes grupos de formas jurídicas:

• Personas físicas: Empresario individual, Comunidad de Bienes y Sociedad Civil.
• Personas jurídicas: Sociedad Limitada, Sociedad Laboral, Sociedad Cooperativa.

Dentro de las personas jurídicas, se puede optar por constituir Sociedades Profesionales escogiendo entre las diversas formas societarias. El capital mínimo exigido para constituirse no es muy elevado (3.005,06 €, en el caso de la sociedad limitada). No se exige un número elevado de socios (un mínimo de dos para la sociedad limitada; entre dos y cinco para la sociedad limitada nueva empresa). El capital social se divide en participaciones sociales nominales, iguales, indivisibles y acumulables. Los socios tienen el derecho de adquisición preferente. El capital social deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución.

Juan Garbayo, director general de Asesoría Jurídica de Novit Legal, recuerda que el abogado que abre su propio despacho “no deja de ser un empresario” y como tal, y a la vista de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, piensa que en un principio debería constituirse como “empresario de responsabilidad limitada”.

El Abogado "In House" o Abogado de Empresa

Contar con un abogado de empresa es esencial para cualquier negocio que busque operar dentro de los marcos legales y evitar problemas judiciales. Un abogado de empresa es un profesional del derecho que trabaja de manera exclusiva para una empresa en lugar de estar afiliado a un bufete externo.

Funciones del abogado in house

Las funciones de un abogado en una empresa son variadas y fundamentales para su correcto funcionamiento. Algunas de las principales responsabilidades incluyen:

• Ofrecer asesoramiento jurídico y legal.
• Educar y capacitar a los empleados sobre cuestiones legales relevantes.
• Jugar un papel crucial en los procesos de fusión y adquisición.
• Gestionar riesgos, una responsabilidad fundamental del abogado in house.
• Encargarse de la resolución de conflictos y casos de infracción.
• Asegurar el cumplimiento normativo, esencial en cualquier empresa.
• Proteger las patentes, marcas registradas y derechos de autor de la empresa, garantizando que sus activos intelectuales estén debidamente registrados y defendidos.

Tener un abogado in house ofrece numerosas ventajas para una empresa, ya que este profesional asegura que todas las actividades de la empresa se realicen conforme a la ley, evitando sanciones y problemas legales. Elegir al mejor abogado de empresa para tu negocio requiere evaluar varios factores. Es importante que el abogado tenga una comprensión profunda del negocio y sus objetivos estratégicos. Se debe considerar su experiencia en el sector, conocimiento de la legislación aplicable, habilidades de negociación y capacidad para manejar conflictos.

Regulación y encuadramiento en la Seguridad Social

La prestación de servicios de un abogado puede materializarse a través de una relación laboral común tal y como dispone el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Para prestar servicios mediante esta figura contractual, el prestador del servicio debe ser un abogado, la prestación ha de ser retribuida, realizada por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de un Despacho individual o colectivo.

A la relación contractual mantenida entre el abogado y el Despacho se le deben dotar de las siguientes cinco notas características de la abogacía: personalidad, voluntariedad, dependencia, ajenidad y retribución.

En cuanto a los derechos y deberes de los abogados con una relación laboral común, vienen definidos por los artículos del Estatuto de los Trabajadores. Todos aquellos abogados que ejerzan la abogacía por cuenta ajena para un despacho de abogados de los que reúnen los requisitos del art. 28 del Reglamento de la Abogacía, estarán incluidos en el Régimen General de Seguridad Social.

Otra de las formas de ejercicio de la abogacía es mediante un contrato de arrendamiento de servicios, contrato este que viene regulado por los artículos del Código Civil. La obligación básica es la de prestar los servicios convenidos, y a tal efecto es preciso destacar que de conformidad al art. 1544 del Código Civil, el contrato de arrendamiento de servicios es aquel por el que una de las partes se obliga a prestar a la otra un servicio por precio cierto.

Perspectiva fiscal: IRPF

Desde la perspectiva fiscal, los beneficios estarán gravados vía IRPF, esto quiere decir, que tributarán como parte de la base general en rendimientos de actividades económicas en la declaración de la renta. La nueva redacción del artículo 27.1 de la Ley 35/2006, del IRPF deja claro algo que era fruto de controversia y de diversas interpretaciones en los últimos años y es que desde el 1 de enero de 2015 se considerarán ingresos de actividades económicas en lugar de rendimientos del trabajo, los obtenidos por los servicios prestados por los socios trabajadores de sus sociedades.

Especializaciones en la Abogacía

La abogacía es una profesión liberal que tradicionalmente se ha caracterizado por su ejercicio individual llevado a cabo de forma autónoma e independiente, en régimen de autoorganización profesional. La enorme amplitud del Derecho hace imposible que un único profesional pueda abarcarlo en su totalidad. Por ello, se divide en diferentes especialidades creando varios tipos de abogados.

Después de cursar el Grado en Derecho y el correspondiente Máster en Abogacía, toca especializarse en el área que resulte más atrayente: laboral, tributario, procesal y penal, mercantil o civil, por ejemplo.

Según la rama del Derecho elegida, es posible diferenciar diferentes tipos de abogados, entre los que destacan:

• Abogado penalista: Especializado en Derecho Penal, abarca todos los aspectos relacionados con los delitos y las sanciones recogidos en el Código Penal. Sus funciones incluyen la defensa de personas acusadas de delitos, la representación de víctimas, la asesoría legal en procedimientos penales, la elaboración de estrategias de defensa y la negociación de acuerdos con los fiscales.
• Abogado laboralista: Su esfera de actuación es el Derecho Laboral, que regula las relaciones entre empleadores y empleados. Sus funciones principales abarcan la representación de trabajadores o empleadores en conflictos laborales, la elaboración y revisión de contratos laborales, la asesoría en despidos, reclamaciones de salarios y beneficios laborales, y la defensa en casos de discriminación laboral.
• Abogado de familia: Los asuntos relacionados con el matrimonio, el divorcio, la custodia de menores, la pensión alimenticia, adopciones y otros aspectos familiares constituyen los ámbitos regulatorios del Derecho de Familia. Sus cometidos incluyen la representación de clientes en procedimientos de divorcio, la negociación de acuerdos de custodia y visitas, la resolución de disputas relacionadas con la propiedad y la herencia familiar, o la asesoría en asuntos de violencia doméstica.
• Abogado fiscalista: Especialista en Derecho Tributario, que regula las obligaciones fiscales de particulares y empresas. Sus funciones más importantes abarcan la representación de contribuyentes ante la administración tributaria, la planificación fiscal para minimizar la carga impositiva, la asesoría en cumplimiento de obligaciones fiscales, la defensa en casos de litigios tributarios y la negociación de acuerdos con la autoridad fiscal.
• Abogado civil: El Derecho Civil es la especialidad de este letrado, que regula las relaciones entre personas y entidades privadas. Sus funciones incluyen la representación en casos de responsabilidad civil, contratos, propiedad, sucesiones, y otros asuntos recogidos en el Código Civil, el asesoramiento legal en transacciones comerciales, la redacción de contratos y la resolución de disputas entre particulares.
• Abogado administrativo: Estos profesionales se enfocan en el Derecho Administrativo, que regula la actuación de la administración pública y los ciudadanos ante ella. Sus funciones principales incluyen la representación de clientes en procedimientos administrativos, la elaboración de recursos contra actos administrativos, la asesoría en licitaciones públicas y la defensa en casos de sanciones administrativas.
• Abogado mercantil: El Derecho Mercantil es el que regula las relaciones comerciales entre empresas, así como los aspectos legales de la actividad empresarial. Sus tareas abarcan asuntos como la asesoría en constitución de sociedades, contratos comerciales, fusiones y adquisiciones, propiedad intelectual, quiebras y litigios comerciales.
• Abogado procesal: El Derecho Procesal establece las reglas y procedimientos para la resolución de conflictos ante los tribunales. Por tanto, los cometidos de este letrado incluyen la representación de clientes en juicios civiles y penales, la preparación de demandas y recursos, la presentación de alegatos y pruebas en audiencias judiciales y la negociación de acuerdos extrajudiciales.
• Abogado constitucionalista: Los expertos en Derecho Constitucional cuentan entre sus principales deberes con la defensa de derechos constitucionales ante los tribunales, la impugnación de leyes inconstitucionales, la asesoría en procesos de reforma constitucional y la representación de clientes en casos de violaciones de derechos fundamentales.

Esta es solo una muestra representativa de las clases de abogados que existen (hay más: el abogado urbanista, el abogado inmobiliario, etc.), puesto que la evolución de la sociedad propicia la necesidad de hacer frente a nuevos retos a través de especializaciones cada vez más concretas. Este es el caso del Derecho Digital, campo en el que destaca el abogado digital. Otra figura que ha surgido en los últimos años es la del abogado especialista en ciberseguridad. La especialización permite ofrecer un asesoramiento experto y una representación legal adaptada a cada situación particular.

Salarios y Proyección Profesional

En España, ejercen actualmente la abogacía 461.890 letrados, según el censo ofrecido por el Consejo General de la Abogacía Española. Esta cifra prácticamente se duplica, hasta alcanzar los 727.676 abogados, si se incluyen los profesionales no ejercientes.

Los salarios de los abogados varían considerablemente según su especialización, experiencia, ubicación geográfica y el tipo de despacho o empresa para la que trabajan. Si bien es difícil generalizar, algunas especialidades tienden a ofrecer remuneraciones más altas que otras, debido a la demanda del mercado y la complejidad de los casos.

Según diversos portales de empleo, como Talent y Jobted, el salario medio de un abogado en España puede ir desde los 20.000 euros anuales, para quienes no aportan experiencia, hasta los 35.000 euros anuales para abogados junior, 50.000 euros brutos anuales para letrados sénior o 65.000 euros anuales para los que aporten más experiencia. Por supuesto, el salario de un abogado puede superar con mucho estas cifras para profesionales experimentados, especializados en una rama concreta y trabajando en firmas de prestigio.

Factores que influyen en el salario del abogado:

• Especialización: Un especialista en Derecho Mercantil puede decantarse por hacerse abogado corporativo para asesorar a negocios de toda índole en su actividad comercial y representar legalmente a la empresa ante un tribunal y ante terceros. Este tipo de letrados, según el último informe Spring Professional Spain, perciben un salario medio de 56.000 euros en una firma nacional y llegan hasta los 76.000 euros anuales si quien lo contrata es una multinacional.
• Abogado del Estado: Los profesionales que deciden preparar la oposición para ser abogado del Estado, una vez superada esta prueba, pueden recibir altas remuneraciones que oscilan entre 70.000 y 80.000 euros anuales de media.
• Abogados penalistas: Suelen tener salarios elevados que varían entre los 43.500 euros anuales en un despacho nacional hasta los 47.600 en uno internacional. La complejidad y sensibilidad de los casos penales, así como la posibilidad de obtener honorarios significativos por casos de alto perfil, hacen que estas cifras puedan llegar a ser bastante más elevadas cuando se cuenta con una trayectoria exitosa.
• Abogados fiscalistas: Ganan una media de 43.500 euros anuales si la empresa contratante es nacional y 52.000 euros anuales de media si la compañía es internacional.
• Abogados mercantiles: También pueden tener salarios elevados, especialmente si trabajan en firmas grandes y manejan asuntos financieros complejos.

En general, los abogados con más experiencia y una sólida reputación en sus campos tienden a ganar salarios más altos. Además, aquellos que trabajan en grandes ciudades o en áreas con alta demanda de letrados suelen tener mayores oportunidades de obtener ingresos relevantes.

Aunque los salarios de los abogados pueden variar considerablemente según diversos factores, las especialidades como el Derecho Penal y Mercantil tienden a ofrecer mayores oportunidades de ingresos en España. Sin embargo, a la hora de elegir una especialización en el ámbito del Derecho, deben considerarse otros factores como la pasión por la profesión y la satisfacción personal.