El PP y Junts: Un intrincado baile de negociaciones en el panorama político español

En el complejo ajedrez político español, las negociaciones entre el Partido Popular (PP) y Junts per Catalunya (Junts) se han convertido en un punto focal de interés. Ambos partidos, desde perspectivas ideológicas y estratégicas distintas, buscan influir en la gobernabilidad y en la aprobación de leyes clave. Este acercamiento, a menudo tenso y lleno de matices, revela las dinámicas cambiantes y las prioridades de cada formación en el actual escenario político.

El acercamiento del PP a Junts: Estrategia para desbancar al PSOE

El PP no abandona su empeño de acercarse al nacionalismo con el objetivo de echar a Sánchez de la Moncloa. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, está tan obcecado en conseguirlo que incluso ha invitado a Carles Puigdemont, a quien tanto han criticado, a "poner el contador a cero" para que "los españoles y, por lo tanto, los catalanes, hablen". Sin embargo, Puigdemont insiste en que esa conversación tendría que ser fuera de España, una posibilidad que Génova rechaza.

Aun así, el PP no deja de abrir la puerta para negociar con Junts. La futura portavoz del PP del Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que el PP estaría dispuesto a hablar con todo el mundo (menos con Bildu), siempre y cuando entre dentro de la ley y la Constitución. "No vamos a pactar nada que no esté dentro de la Constitución como hace Sánchez", ha asegurado. Muñoz ha explicado lo que quiere decir "el contador a cero" del que hablaba Feijóo: "¿quieres seguir en manos de un mentiroso o quieres que se trabaje para conseguir mejoras para todos los ciudadanos incluyendo los de Cataluña?". "Te han engañado, tu socio está en prisión por corrupción", ha hecho hincapié Muñoz, aludiendo a la trama Koldo-Ábalos-Cerdán que afecta al PSOE.

El primer borrador del ideario del PP se limita a señalar que “se puede hablar de todo lo que la Constitución y las leyes permiten, y con todos los que estén dispuestos a cumplirlas”, lo que deja algo más de margen a Feijóo para acercarse a los independentistas si es necesario. Por ejemplo, para una moción de censura a Sánchez. No obstante, Feijóo aseguró que no va a “negociar” con el líder de Junts fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, una moción de censura ni en Waterloo ni en “ningún” otro sitio, y circunscribió las conversaciones con los independentistas catalanes sobre la viabilidad de la legislatura a su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras. Del mismo modo, compartió que lo importante no es con quién se negocia, sino el qué.

La postura de Junts y los puntos de fricción

Junts insiste en que su posición es clara: "Junts no forma parte del bloque de Gobierno, Junts trabaja y defiende los intereses de los catalanes y, por lo tanto, no se equivoque nadie ni dé nunca nuestros votos por descontados", ha advertido el senador de Junts, Joan Bagué. El partido de Carles Puigdemont asegura que no está "negociando nada" con el Ejecutivo en algunos temas y que sus votos no están garantizados.

En cuanto a las políticas de vivienda, Junts ha reiterado sus demandas: que el Estado español pague las políticas sociales, que se desgraven alquileres e hipotecas y que no tribute en el IRPF la venta de la vivienda habitual de los mayores de 65 años que están en una residencia, entre otras cuestiones. También han incidido en que todavía está pendiente por "resolver" el tema de los autónomos: la eliminación del IVA por debajo de los 85.000 euros y la rebaja de la cuota de autónomos "que se subió por la puerta de atrás".

Negociaciones sobre el decreto ley de vivienda

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ve "posible" y "viable" llegar a un "acuerdo" con Junts que permita la convalidación en el Congreso del decreto ley que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2% la actualización de la renta. Bustinduy ha explicado que el acuerdo incumbe al PSOE y pasa por aceptar algunas de las condiciones que Junts ha puesto públicamente sobre la mesa para poder reconsiderar su voto, como la cuestión del IVA franquiciado de los autónomos, es decir, la recaudación del IVA por parte de los autónomos que facturan por debajo de un determinado umbral. Esta medida es una transposición de una directiva europea y el Gobierno ya la "preacordó con Junts cuando se votó el primer decreto ley de la guerra de Irán".

Otras de las condiciones de Junts son, según Bustinduy, "matizaciones aceptables" y "alguna medida fiscal" que Sumar no comparte, pero que "con la prórroga en vigor podría merecer la pena". El ministro ha confiado en que "podrían darse las condiciones [...] para que se produzca un acuerdo" y que tanto Junts como el PSOE tengan "voluntad suficiente".

Junts, sin embargo, ha insistido en que votará 'no' al real decreto ley, tal y como han dicho "desde el primer día", y añaden: "El Gobierno sabe lo que planteamos. No tenemos que negociar nada ni estamos negociando nada". Celebran, sin embargo, que las declaraciones de Bustinduy "acreditan que han entendido qué defiende Junts y que están dispuestos a ejecutarlo". Han trasladado la pregunta al PSOE respecto a "qué hará": "¿Seguirá sin aceptar que no tiene mayoría y queriendo aprobar sus propuestas solo por la puerta de atrás, como la regularización masiva o el ahogo a los autónomos? ¿Será el responsable de bloquear las medidas a favor de los inquilinos y pequeños propietarios?".

Respecto al PP, Bustinduy ha asegurado que el Ejecutivo no se ha reunido con los 'populares' "porque se han negado", pese a que "el 20%" de sus votantes "son inquilinos" y la medida "va a suponer 2.000 euros de ahorro por hogar". "Hay tres millones de personas que ven peligrar un derecho que hemos acordado. Es una medida que no va contra nadie y sí supone un alivio", ha sostenido. El ministro ha recordado que "hay decenas de miles de personas que han pedido la prórroga", que es "obligatoria" según el ordenamiento jurídico vigente. "Todas las que se soliciten serán válidas", ha incidido. Además, ha asegurado que "el 75% de la población apoya esta medida", entre ellos "el 65%" de los votantes del PP y el "70%" de los relativos a Vox. "Cualquier partido que vote en contra, no habrá calibrado el clamor social que hay por la vivienda en este país", ha advertido.

Tabla de Consenso Social sobre la Medida de Vivienda

La siguiente tabla resume el apoyo a la medida de prórroga de los contratos de alquiler y limitación de la actualización de la renta, según datos presentados por el ministro Bustinduy:

Aranceles de Trump y el "cupo arancelario" para Cataluña

La negociación del paquete de medidas para contrarrestar el impacto de los aranceles de Donald Trump ha sido compleja. El Gobierno incorporó in extremis dos medidas y dos peticiones del equipo de Alberto Núñez Feijóo en su decreto-ley. Sin embargo, Junts aseguró que el Ejecutivo le había prometido que el 25% de las ayudas iría para Cataluña. Fuentes gubernamentales confirmaron que efectivamente habían acordado con el partido de Carles Puigdemont la inclusión de una cláusula que garantice que "la puesta a disposición de las empresas" de las ayudas aprobadas "se efectúe, con respeto al equilibrio territorial, sobre la base del porcentaje de las exportaciones con destino a EEUU de las empresas de cada comunidad autónoma respecto al total de España, con particular atención a aquellas comunidades que tengan una mayor exposición". Aunque en el texto no figura específicamente que el 25% se vaya a destinar para Cataluña, en Moncloa reconocían que el porcentaje sería aproximado por el peso de la actividad comercial extranjera.

Esto al PP le parece una "cesión" intolerable, un "cupo arancelario" que aseguran que ha sido pactado con los socios de investidura de Pedro Sánchez a sus espaldas y que hace que vean "más lejos" la posibilidad de apoyar el decreto cuando llegue al Congreso para su convalidación. "No vamos a apoyar un acuerdo asimétrico", apuntaron fuentes de Génova. "Nuestro criterio no es de cuotas, es finalista por empresas. El criterio debe ser evitar cierres y preservar empleos", incidieron.

En Moncloa, a su vez, niegan la "existencia de cuotas regionales" y argumentan que el PP conocía desde la noche del lunes la versión definitiva del real-decreto, que "estaban de acuerdo" con el respeto al equilibrio territorial y que "hasta lo pedían". "Están sobreactuando ante un titular de Junts que sale de una cuenta legítima, que es deducir ese 25% porque son el 25% de las exportaciones", señalan fuentes gubernamentales. Y sobre la disposición adicional segunda "acordada con Junts" que se ha incorporado al decreto-ley -y que el ministro Carlos Cuerpo ocultó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros-, precisan que "dispone que los instrumentos estarán a disposición de las empresas de manera equilibrada territorialmente en función de su exposición al shock". Es decir: "Si hay empresas más expuestas a los aranceles en determinadas regiones, en consecuencia, podrían necesitar más acceso a financiación".

El Congreso Nacional del PP y sus implicaciones

El PP perfila los últimos preparativos para escenificar una imagen de unidad en el XXI Congreso Nacional, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, que proyectará su modelo al conjunto del partido con la renovación de la dirección, el ideario y los estatutos. El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, quiere endurecer la política de pactos y recoger un veto a hipotéticos pactos de gobierno con Junts y cualquier fuerza política “que incluya entre sus objetivos subvertir el orden constitucional”. Feijóo defendió que las líneas rojas están “perfectamente claras” y se inclinó por no modificar el ideario, aunque tampoco cerró la puerta a cambios.

Con este Congreso Nacional, el primero con debate ideológico en ocho años, el PP se prepara políticamente para una carrera con un trazado aún incierto. El dirigente del PP saldrá de Ifema con un nuevo equipo. Miguel Tellado será el nuevo secretario general del PP y se hará con el "mando único" para gestionar la estructura orgánica, acaparando así las funciones de Cuca Gamarra, que pasa a Justicia, Defensa e Interior, y de Carmen Fúnez, que se reubica en Educación y Política Social. Ester Muñoz asciende a portavoz en el Congreso y hace hueco a Jaime de los Santos, que promociona a la Vicesecretaría de Educación e Igualdad; y Alma Ezcurra entra como vicesecretaria de Coordinación Sectorial. La aragonesa Ana Alós y la madrileña Paloma Martín salen de un organigrama con nuevas incorporaciones aún por conocer.

La primera tarea era actualizar el ideario del partido. La renovación se ha concretado en una ponencia política de 39 páginas, mucho más encorsetada que la doctrina heredada de Mariano Rajoy, que superaba los 160 folios. Se han evitado debates que el PP considera “superados”, como el aborto, para no agitar sensibilidades internas, y se han endurecido el discurso en materia migratoria, con una oposición frontal a las llegadas irregulares o al uso del burka.

Feijóo ha impulsado un sistema de elección indirecta inspirado en el de las presidenciales de EEUU: los afiliados votarán, a partir del siguiente congreso, a listas cerradas de delegados que se presentarán adscritos a un candidato concreto. El gallego siempre ha defendido este formato -lo impulsó, con diferencias, en 2008 cuando Rajoy le encargó la redacción de los nuevos estatutos-, y acabará con un sistema que permitía a los compromisarios desdecir a la militancia -así fue como Pablo Casado se hizo con la presidencia del partido en 2018, en detrimento de Soraya Sáenz de Santamaría-.