Prácticas laborales poco éticas e informalidad en las micro y pequeñas empresas peruanas

La informalidad en el Perú es un fenómeno extendido que afecta a una parte significativa de la Población Económicamente Activa Ocupada. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), aproximadamente tres de cada peruanos ocupados se encuentran en el sector informal. Este sector abarca unidades productivas que no están constituidas en sociedad y no se encuentran registradas ante la administración tributaria (SUNAT), funcionando como una economía paralela con sus propias reglas de juego.

Para diciembre de 2022, la informalidad laboral en el Perú se situaba en 75.6%, cifra que descendió a 71.9% para septiembre de 2023, según Daniel Maurate, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Esta reducción de 3.7 puntos porcentuales, aunque positiva, aún mantiene a Perú con una tasa superior de informalidad en comparación con otros países de desarrollo similar. La informalidad laboral de las MYPE en Perú se concentra mayormente en la microempresa, donde la tasa supera el 90% de los trabajadores, mientras que para las pequeñas empresas, la informalidad alcanza más del 50%.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su documento "Políticas para la formalización de las Micro y Pequeñas empresas en América Latina", señala que la heterogeneidad productiva y las brechas de productividad entre sectores y empresas de distinto tamaño son factores clave que determinan el nivel de informalidad. Las causas de la informalidad en micro y pequeñas empresas incluyen la baja productividad, los altos costos de la formalización, la complejidad de los procedimientos y la inadecuada regulación para las características específicas de los negocios.

Factores que influyen en la informalidad de las MYPES en Lima

Un estudio realizado por la consultora Opinium en abril de 2017 y una investigación sobre los factores del entorno institucional en Lima entre 2020 y 2022, revelan hallazgos significativos sobre la informalidad en las micro y pequeñas empresas. El estudio cuantitativo, que utilizó datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y un enfoque de regresión probit, identificó varios factores que inciden en la tendencia hacia la informalidad.

A continuación, se presenta una tabla que resume los factores clave y su impacto en la probabilidad de informalidad:

Uno de los resultados más significativos es la relación entre el número de trabajadores y la probabilidad de informalidad: por cada trabajador adicional en una empresa, la probabilidad de que esta opere en la informalidad aumenta en un 3.63%. Este patrón se asemeja a los resultados de investigaciones antecedentes que resaltan la influencia de factores laborales y políticas gubernamentales en la decisión de formalizarse.

El tiempo de funcionamiento de una empresa también juega un papel clave. El análisis revela que, por cada año de operación, la probabilidad de informalidad disminuye en un 0.57%. Esta conclusión refleja la noción de que la experiencia y la estabilidad promueven la formalización.

El acceso a financiamiento formal emerge como otro factor crucial. El estudio muestra que, si una empresa cuenta con financiamiento formal, su probabilidad de ser informal disminuye en un 0.61%, lo que concuerda con los resultados de Fajardo (2023), quien vincula la informalidad con factores financieros y características empresariales. La propiedad del local también se revela como un impulsor de la formalidad, reduciendo la probabilidad de informalidad en un 4.33%.

La tecnología desempeña un papel importante en la formalización. Las empresas que cuentan con computadoras e internet tienen una probabilidad de informalidad un 21.6% menor. Esto sugiere que la tecnología puede facilitar el cumplimiento y la transparencia en las operaciones comerciales. Por otro lado, la capacitación de los trabajadores se asocia con una disminución del 12.5% en la probabilidad de informalidad.

Además de los aspectos internos de la empresa, las percepciones del empresario sobre derechos laborales y trámites complejos tienen un impacto. Cuando los empresarios sienten que sus trabajadores tendrán derechos laborales, la probabilidad de informalidad disminuye en un 23.8%. En contraste, la percepción de que los trámites de formalización son complejos aumenta la probabilidad de informalidad en un 16%.

Finalmente, la ubicación geográfica también desempeña un papel en la formalidad empresarial. Las empresas ubicadas en la capital (Lima Metropolitana) tienen una probabilidad de informalidad un 8.10% menor.

Impacto de la seguridad ciudadana y el rol del Estado

El informe “Las micro y pequeñas empresas en el Perú - Resultados 2024” de ComexPerú revela un panorama preocupante. Las MYPES, que representan el 99.7% del tejido empresarial y sumaron S/ 154,380 millones en ventas (14.2% del PBI), muestran una caída respecto al año anterior y una pérdida de 1.4 puntos porcentuales en su participación en el PBI. A pesar de haber superado el nivel de ventas de 2019, persiste el estancamiento debido a la baja productividad, informalidad y la inseguridad ciudadana.

El vínculo entre violencia y economía es tangible. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, al menos 1,000 bodegas cerraron en lo que va de 2025, afectadas por la extorsión sistemática. Solo en Lima, más de 2,000 establecimientos han cesado actividades por este flagelo, con pérdidas diarias que superan los S/ 500,000. Esta situación se replica en panaderías, ferreterías, centros de belleza, restaurantes y tiendas, por ejemplo, en Gamarra y Mesa Redonda. Este clima de miedo y coerción no solo reduce el número de negocios y plazas de trabajo, sino que elimina el incentivo a invertir en formalización, tecnología y expansión. Si ya el 86% de las MYPES operan en la informalidad, la motivación para formalizarse se ve gravemente afectada por la vulnerabilidad a la inseguridad.

El rol del Estado debe ser claro y urgente: la seguridad ciudadana es una condición necesaria para que las empresas existan, crezcan y generen riqueza. Es indispensable un enfoque integral que incluya:

• Reforzar el combate a la extorsión con unidades especializadas, justicia rápida y protección efectiva a emprendedores vulnerables.
• Diseñar políticas activas de formalización, que incluyan incentivos, capacitación y servicios de apoyo, condicionados a operar en ambientes seguros.
• Fortalecer alianzas público‐privadas que permitan monitoreo local, denuncia segura y redes comunitarias de seguridad, implicando a municipalidades, gremios y sociedad civil.
• Transparencia y rendición de cuentas, con indicadores claros sobre cierres por violencia, seguimiento de denuncias y resultados institucionales.

El costo de la inacción es elevado: menos empresas, menos empleo, menor recaudación tributaria y más pobreza. La informalidad y el cierre masivo de locales son síntomas claros de que no se puede separar la agenda productiva de la agenda de seguridad. Proteger a los pequeños empresarios es proteger la base económica del país. Sin seguridad, todas las palabras sobre formalización, innovación o diversificación se quedan en promesas sin impacto.

Ética empresarial y compliance en la tercerización

En el contexto de la tercerización, el compliance y la ética empresarial enfrentan retos que deben analizarse a la luz de la regulación peruana. Dichos retos surgen de la externalización de funciones no estratégicas por parte de las empresas para incrementar su eficiencia operativa, por lo que resulta válido analizar riesgos legales y éticos vinculados a la protección de los derechos laborales, el cumplimiento de normas y la preservación de la libertad de empresa. Al explorar cómo la legislación peruana regula la tercerización, resulta indispensable reflexionar sobre el rol del compliance y las implicancias de su prohibición en las actividades centrales del negocio.

La importancia del compliance y la ética se refleja en la necesidad de reportar prácticas comerciales poco éticas, hostigamiento sexual y discriminación laboral. Algunas empresas ponen a disposición de sus colaboradores y del público en general un Canal de Denuncias, destinado a tales fines. Se garantiza que todas las denuncias formuladas serán manejadas con la máxima reserva y confidencialidad, implementando medidas de protección y reserva para quienes deseen denunciar actos irregulares, permitiendo incluso denuncias anónimas.

El tratamiento de los datos personales es responsabilidad de un profesional capacitado en el manejo de información sensible, quien se encarga de la correcta administración de las denuncias y reporta los hechos a los órganos internos competentes. Estos órganos realizan el análisis, la investigación, la respuesta y la solución de los casos. Se insta a proceder con seriedad, honestidad y veracidad al utilizar estas herramientas, cuyo objetivo es identificar, atender y mitigar cualquier acto que contravenga las leyes peruanas, así como las políticas y buenas prácticas de la empresa.

Recomendaciones para fomentar la formalización y la ética

A la luz de los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas del estudio sobre la informalidad de las micro y pequeñas empresas en la ciudad de Lima durante el periodo 2020-2022, se desprenden una serie de recomendaciones dirigidas a diversos actores clave.

En primer lugar, se sugiere que las autoridades gubernamentales y entidades reguladoras tomen medidas para simplificar y agilizar los trámites de formalización. Esto es crucial para reducir las barreras de entrada al sector formal y hacer que el proceso sea menos oneroso para los pequeños empresarios.

Para las empresas que operan en los sectores de comercio y servicios, donde se observa una mayor probabilidad de informalidad, se sugiere explorar opciones de colaboración y asociaciones con instituciones representativas, como la Cámara de Comercio de Lima (CCL). La CCL ha demostrado interés en colaborar con el gobierno y empresas, como su encuentro con el Ministerio de Educación para impulsar la educación dual y la capacitación empresarial. Una estrategia efectiva incluiría alianzas entre la CCL y empresarios informales para promover programas de capacitación y acceso a recursos que fomenten la formalización.

Además, se insta a las empresas a considerar la posibilidad de acceder a financiamiento formal. Los resultados sugieren que contar con financiamiento formal está relacionado con una menor probabilidad de operar en la informalidad.

Por último, se destaca la relevancia de la educación y la sensibilización de los empresarios sobre los beneficios de la formalización y los derechos laborales de los trabajadores. El Estado debe garantizar un proceso de adaptación y facilidades para que las MYPES puedan conocer los beneficios de la formalización, concertando acciones que contribuyan al crecimiento y facilidad de acceso a diferentes mercados nacionales e internacionales con el objetivo de incrementar sus ventas.

Es necesario, desde la academia, brindar nuevos paradigmas y pensar fuera de la caja para integrar a tantas empresas y personas que conviven con la informalidad. Es un largo camino por recorrer, pero es un problema que se puede y se debe resolver, ya que, si no se hace, el país podría quedar relegado en términos de desarrollo económico.

Reconocimiento de buenas prácticas laborales

El concurso de buenas prácticas laborales, en su octava edición, buscó promover el reconocimiento de prácticas ejemplares para sensibilizar a los empleadores sobre la importancia de estas desde la perspectiva de la responsabilidad social de las empresas. En esta edición se presentaron 65 empresas con 136 buenas prácticas laborales, y fueron reconocidas 46 prácticas.

Las categorías en las que postularon incluyeron:

• Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, no discriminación por credo, discapacidad, condición económica, raza, sexo e igualdad de grupos vulnerables.
• Erradicación de las peores formas de trabajo infantil y trabajo forzoso.
• Prevención de riesgos en salud y seguridad laboral, acoso sexual y hostigamiento laboral.
• Eficiencia en la gestión de remuneraciones, política salarial y beneficios a los trabajadores.

Las empresas reconocidas pertenecen a diversas regiones como Lima, Callao, Junín, Pasco, La Libertad, Ica, Piura, Cusco, Cajamarca y Áncash, y abarcan sectores económicos como la industria, construcción, financiero y de servicios. Algunos ejemplos de empresas y categorías reconocidas incluyen:

• Promoción de la igualdad de oportunidades: Ferreycorp S.A.A., Konecta BTO S.L Sucursal en Perú, Sodimac Perú S.A.
• Erradicación del trabajo infantil y forzoso: Red de Productores de Frutas y Hortalizas S., Teva Perú S. A., Red de Energía del Perú S.A., Demtac S.A., Monsanto Perú S.A.
• Prevención de riesgos en salud y seguridad laboral: Lácteos Verano E. I. R., Conalvías Construcciones S.A.S.
• Eficiencia en la gestión de remuneraciones y beneficios: Camposol S. A., Supermercados Peruanos S.A., Financiera OH S.A., Investur Cusco S.A.C.
• Otros reconocimientos: Lima Tours S.A.C., Tata Consultancy Services Sucursal del Perú, Telefónica del Perú S.A.A., Unión de Concreteras S.A.