Empresario Zamorano Condenado por Delitos Sexuales: Un Caso que Sacude la Región

A dos meses de que la medida de prisión provisional para el empresario de Villaralbo, P.R.F., acusado de violar y abusar sexualmente de seis niñas de entre 12 y 16 años llegue a su fin, salvo que la Audiencia de Zamora acuerde su prórroga hasta la celebración del juicio, parece poco probable que el procesado logre salir de Topas si se tiene en cuenta la postura del Tribunal provincial hasta ahora. Y es que las magistradas y el magistrado de este órgano judicial han denegado en tres ocasiones la libertad provisional al industrial zamorano imputado por 8 delitos sexuales contra las menores, que eran amigas de sus hijas, algunas de ellas hijas, a su vez, de amigos de P.R.F., quien ingresó en la cárcel el 19 de febrero de 2022, tras su arresto el día anterior.

La cuestión volverá a dirimirse por la Audiencia el 25 de enero de 2024 en una vista oral fijada ante el cumplimiento del plazo máximo de dos años de reclusión del acusado sin haberse celebrado el juicio. El Tribunal provincial debe tomar una decisión antes del 19 de febrero de 2024, pues, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía de Zamora y de las acusaciones particulares que volverán a solicitar que no se le conceda la libertad provisional.

El Ministerio Público y los abogados de las seis familias de las niñas piden que se mantenga en Topas al industrial hasta la celebración del juicio y su posible condena, dada la gravedad de los delitos contra la indemnidad sexual de las menores que se le imputan a P.R.F., al estimar la titular del Juzgado número 4 de Zamora que existen indicios suficientes de que los cometió. Estos han sido argumentos que la Audiencia ha tenido en cuenta para denegar la libertad al industrial con raíces en Zamora capital, junto a la posibilidad de que pueda influir en las niñas para que modifiquen sus testimonios en el juicio. El auto del Tribunal provincial apuntaba textualmente a mantener la actuación cautelar para preservar "la seguridad y tranquilidad" de las menores.

Los términos de imputación se mantienen inalterables, agregó la Audiencia, próximo ya el procedimiento a la fase de calificación de los hechos y de establecimientos de penas de prisión por la Fiscalía antes de que lo hagan las acusaciones particulares y la defensa del encausado para cumplir el mismo trámite previo al juicio. El abogado del industrial volverá a pedir en la vista oral del 25 de enero de 2024 que se permita a su cliente salir de la cárcel, dado que la prisión provisional es una medida cautelar excepcional recogida en el Código Penal para impedir que el procesado pueda fugarse de la acción de la justicia, destruir pruebas. Reiterará la falta de indicios para imputarle los delitos denunciados, a pesar del criterio que guía a la Audiencia.

El procesado sostiene se ha confabulado contra él para obtener beneficios económicos, un hipótesis que la jueza instructora ha rechazado porque estima que no existen motivos espurios detrás de las denuncias de las seis familias que han visto cómo sus hijas sufrían graves consecuencias psicológicas por las experiencias que relatan y que se consideran ciertas, una vez evaluadas por expertos multidisciplinares de la Policía Nacional de Madrid que tomaron declaración a las seis menores en su día; por la Unidad Familia y Mujer (UFAM) de Zamora; y por los forenses y equipo multidisciplinar de los juzgados. La primera negativa de la Audiencia a poner en libertad al imputado fue en septiembre de 2022.

Los magistrados también han rechazado la petición del abogado del conocido industrial de que se sometiera a las menores a una nueva prueba pericial psicológica, puesto que ya fueron valoradas por los médicos forenses de los juzgados y por especialistas en la materia. "Sería someterlas a una revictimización", según jurisprudencia del Tribunal Supremo. De modo que, "cuando las denunciantes son personas que no han adquirido una determinada madurez no es pertinente ni necesario ese tipo de diligencias y que someterlas a ellas podría dar lugar a una victimización secundaria. Por tanto, no ha lugar a hacerlo".

El industrial de Villaralbo fue procesado por dos violaciones a otras tantas adolescentes, delitos cuyas penas de cárcel oscilan entre los 8 y los 12 años de cárcel; y por seis abusos sexuales a menores de 16 años, cada uno penado con hasta 5 años de cárcel. Los magistrados corroboran la decisión de la jueza instructora del caso de procesar al encausado, lo que implica que el conocido empresario, al que confirmó la prisión provisional hasta que tenga lugar el juicio, la misma línea que ha llevado la Audiencia de Zamora para mantener al acusado en la cárcel hasta el juicio.

De hecho, la presidenta de la Audiencia, Esther González, indicó en su día que se recordó al abogado del empresario, ante la tercera petición de libertad provisional, "que ya resolvimos en otras dos ocasiones de forma negativa" la petición de libertad provisional porque "se mantienen exactamente los mismos indicios" de comisión de las infracciones penales que condujeron a tomar esa medida cautelar.

Otros Casos de Condenas a Empresarios en España

El Juzgado de lo Penal de Zamora ha condenado al empresario de Puebla J.M. H a la pena de dos años de cárcel por un delito de violencia de género por acoso sexual a una trabajadora. El condenado tendrá que indemnizar con 3.000 euros por responsabilidad civil y no podrá aproximarse a menos de 100 metros de la mujer, ni a su domicilio, ni lugar de trabajo o estudio, ni los lugares que frecuente. Se le absuelve del delito de coacciones.

Los hechos probados recogidos en la sentencia señalan que la joven comenzó a trabajar en 2019 en el establecimiento de panadería pastelería del que era el titular el acusado, ambas familias se conocían y tenían relación de amistad. Durante tres años, la joven trabajó temporalmente en el establecimiento, la última solo cinco días de abril de 2021.

Desde el comienzo de la relación laboral, el acusado tuvo un comportamiento demasiado cercano a la joven y con insinuaciones sexuales, tanto verbales como por mensajes. La sentencia refleja la agresividad verbal hacia la joven con frases como "te invito a un rabo de pulpo ya que el mío no te gusta". El conocido empresario mandaba infinidad de mensajes de manera insistentemente, aprovechando cuestiones de trabajo como el pretexto de hacerle un seguro médico, y que tenía que quedar con él para firmarlo, a lo que se negó. No cesaba de escribirle y en todo momento la controlaba y quería saber dónde estaba.

El Acoso se Intensifica

Los hechos más graves se registraron el 31 de agosto de 2020, cuando el acusado tratando de influir en la joven, la llamó diciendo que quería verla que estaba en la presa de Castellanos y que si no acudía se quitaría la vida. Cuando la joven llegó se lo encontró con una soga al cuello. En octubre de 2020 vivió otra situación de acoso, mientras ella estaba en Zamora haciendo un curso de veterinaria, el empresario se presentó en el lugar en que se alojaba para controlarla. Con posterioridad, en el mes de octubre, el acusado habló de nuevo con los padres para contratarla y seguir controlándola. La joven accedió porque en esos momentos tenía problemas económicos. A los cuatro o cinco días se marchó, no aguantaba más.

En su declaración la joven negó mantener una relación con el empresario y relató llamadas, mensajes de móvil, fotos, etc. de manera insistente porque el acusado se quería acostar con ella alegando que la necesitaba para ser feliz. Trató de contarle a una compañera el problema, pero ésta, avisó al jefe. La testigo declaró en el juicio que veía una relación normal.

La joven procuraba siempre llegar media hora tarde al trabajo para que hubiera gente en la tienda, mientras él llamaba a los padres para que llegara 15 minutos antes. El acusado llegó a amenazarla con despedirla si no se acostaba con él. Manipulaba a los padres, que no sabían nada de la situación, diciendo que era una "vaga".

Un testigo, pariente del acusado y amigo de la joven, ratificó los mensajes de móvil que le envió el propio acusado diciéndole que llevaba dos años "tirándose" a la joven, audios de conversaciones donde el acusado proponía droga a cambio de sexo. La joven, que en ese momento tenía novio, le relató a su amigo que el empresario la perseguía. Lo pudo comprobar al ver que la seguía en coche hasta la puerta de casa. Este testigo fue quien le dijo que denunciara y que contara la situación a sus padres que no sabían nada, confiados en la relación de amistad entre las dos familias. La madre de la joven testificó que su hija estaba muy afectada y no sabía el motivo. Lloraba, no comía, necesitó tratamiento. La joven, después de contar lo que ocurría, disuadió a su madre de hablar con él porque le iba parando los pies y por la amistad que mantenía con los hijos. La joven finalmente relató que el día de los hechos en la presa de Castellanos "había abusado de ella".

Actitud del Condenado

La sentencia señala sobre la actitud del condenado en su declaración "mostró una actitud casi jocosa al relatar los hechos, todo era normal y no había pasado nada" manteniendo que había tenido una relación sentimental. No dio explicaciones por la cantidad de llamas y mensaje que envió a la víctima ni por el control de saber dónde estaba en cada momento.

El acusado ratificó la amistad con la joven y su familia y afirmó mantener una relación sentimental de dos años y medio con ella, con un intercambio continuo de mensajes. Sobre la amenaza de suicidarse "estaba mal, con depresión y mal en casa". Achacó la denuncia de su empleada a que su novio descubrió que ella tenía relación con él y otro hombre. Sobre los mensajes, algunos no los recordaba como proponerle droga y dinero por sexo o hacerle fotos cuando se encontraba subida a un taburete, además de negar que se colocara una cuerda al cuello en Castellanos cuando la citó. En cuanto a los mensajes soeces afirmó que eran porque "él le compraba pulpo".

Las investigaciones de la Guardia Civil corroboran llamadas y mensajes diarios "más allá de lo razonable" con los audios de lo que ocurrió en la presa. Constataron conversaciones con algún familiar del acusado con lo que estaba ocurriendo en la presa, con la soga al cuello. Extremo que el acusado no recordaba.

La psicóloga de atención urgente a las víctimas de Violencia de Género, en el momento de la denuncia la joven lloraba, no podía hablar, estaba muy nerviosa y necesitó atención médica. La psicóloga percibió que la joven "no tuviera ningún ánimo de venganza o estuviera fabulando". En su testimonio sentía "culpa, vergüenza, miedo a que no la creyeran y quería dejar de vivir" propio de estas situaciones. Tampoco apreció que la joven mantuviera una relación con el acusado y quisiera ocultarlo.

En otro orden de cosas, la Audiencia Nacional condena a cinco años y seis meses de cárcel a Gerardo Díaz Ferrán, una pena que el expresidente de la CEOE había aceptado tras un acuerdo con la Fiscalía en el primer día del juicio celebrado el pasado 2 de julio. La Audiencia de Las Palmas ha condenado a cinco años de cárcel al exconcejal de Obras de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) Francisco G.