Guía Mercantil para PYMES: Aspectos Clave y Formas Jurídicas en España
Elegir la forma jurídica adecuada es una decisión clave para cualquier emprendedor o empresario al iniciar su negocio. La forma jurídica de una empresa define su identidad legal, así como la responsabilidad de sus socios ante la ley.
Las pequeñas y medianas empresas constituyen un número muy elevado de negocios a nivel mundial y su incursión en el mercado favorece el crecimiento de la economía nacional, fomentando tanto las inversiones y las exportaciones como la creación de empleo. Sin embargo, más allá de datos estadísticos, es necesario especificar los límites de las pymes.
En España, las principales formas jurídicas de empresas son el empresario individual, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la comunidad de bienes. A la hora de constituir una empresa hay que elegir la forma jurídica que adoptará.
Actualmente, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reconoce hasta 17 tipos de formas jurídicas de una empresa. Según este listado, se pueden hallar desde agrupaciones de interés económico, que exigen un mínimo de dos socios, hasta sociedades de garantía recíproca, que requieren un mínimo de 150 socios. En España existen casi una veintena de formas jurídicas para las empresas; sin embargo, las principales son las siguientes:
Principales Formas Jurídicas para PYMES en España
1. Empresario Individual (Autónomo)
La primera forma jurídica más básica es la del empresario individual o autónomo. Esta opción implica que el empresario es responsable legal y financiero por completo del negocio. Esto se traduce en que el empresario individual tiene una mayor libertad para tomar decisiones, ya que no tiene socios.
Entre sus ventajas se hallan que es una forma empresarial idónea para el funcionamiento de empresas de muy reducido tamaño y que es la forma jurídica de empresas que conlleva menos gestiones para su constitución. No hay ningún mínimo de capital necesario para iniciar la actividad.
Sin embargo, esta forma jurídica no permite que haya separación entre los bienes personales y los comerciales, lo que significa que cualquier problema económico en la empresa afectará directamente al patrimonio personal del empresario. En este caso, la responsabilidad sobre el devenir de la empresa es ilimitada, ya que no existe diferenciación entre el patrimonio mercantil y su patrimonio personal. Por tanto, si el negocio va mal, el empresario individual responderá de las deudas con su patrimonio propio.
2. Sociedad de Responsabilidad Limitada (SL)
La sociedad de responsabilidad limitada (SL) suele ser la forma jurídica de empresas más habitual. En este caso, se trata de una persona jurídica independiente, que requiere al menos un socio y un capital social mínimo requerido por ley de 1 euro.
Antes esta cantidad mínima era de 3.000 euros; sin embargo, se modificó a un euro con la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, con el fin de agilizar la constitución de sociedades limitadas. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada se divide en participaciones sociales, indivisibles y acumulables, y se forma con las aportaciones de todos los socios, quienes no tienen que responder personalmente a las deudas que contraiga la empresa. Como su propio nombre indica, su responsabilidad está limitada al capital aportado y es solidaria entre los socios.
Esta forma de empresa se puede constituir en el Registro Mercantil, tanto telemática como presencialmente. Su denominación social es libre, siempre que se indique que es una ‘Sociedad de Responsabilidad Limitada’, o sus abreviaturas ‘S.R.L.’ o ‘S.L.’. El administrador de la empresa debe encargarse de recopilar anualmente un libro de inventarios y las cuentas anuales de la empresa.
Esta modalidad de forma jurídica de empresas es apropiada para pequeñas y medianas empresas, con socios perfectamente identificados e implicados en el proyecto con ánimo de permanencia. Su régimen jurídico es más flexible que las sociedades anónimas, y da la posibilidad de aportar el capital en bienes o dinero. Este tipo de pymes tienen carácter mercantil y personalidad jurídica propia y obligación de tributar por el Impuesto de Sociedades.
Variantes de la SL:
- Sociedad Limitada Laboral (S.L.L.): Forma especial de S.L. El capital mínimo es de 3.000 euros y el número de trabajadores asalariados no puede superar al 25 % de los socios.
- Sociedad Limitada Nueva Empresa (S.L.N.E.): Forma jurídica transitoria. A los tres años se transforma en otra sociedad.
3. Sociedad Anónima (SA)
Las sociedades anónimas (SA) son el segundo tipo de sociedad mercantil más utilizada en España. Estas también necesitan, como mínimo, un socio, pero también requieren, como mínimo, un capital inicial de 60 mil euros.
Esta forma jurídica también requiere que la empresa se constituya mediante escritura pública y posterior inscripción en el Registro Mercantil. La denominación también es libre, pero debe figurar la expresión “Sociedad Anónima” o su abreviatura “S.A.”. En este tipo de forma jurídica, el empresario también debe encargarse de actualizar el libro de inventarios y las cuentas anuales.
Las sociedades anónimas tienen dos órganos sociales: el administrador, encargado de la gestión permanente de la sociedad, y la junta general de accionistas, que sirve para expresar con sus acuerdos la voluntad social de la empresa. En el caso de las Sociedades Anónimas se llevará un Libro-registro de acciones nominativas, en el que se harán constar las sucesivas transferencias de estas acciones.
Esta forma jurídica tiene mayores posibilidades de financiación mediante la emisión libre de acciones bursátiles, aunque también implica mayores costos administrativos e impositivos. Además, están sujetas a regulación especializada propia del mercado de valores nacional e internacional.
Aunque ambas sociedades (SL y SA) son capitalistas, una de las principales diferencias entre ambas es que en las sociedades anónimas el capital social se divide en acciones y este es resultado de las aportaciones de cada uno de sus socios.
4. Comunidad de Bienes
La comunidad de bienes es una opción adecuada para empresas pequeñas o negocios familiares, ya que no hay una persona jurídica independiente, sino que los propietarios comparten responsabilidades legales y financieras por igual. Requiere como mínimo dos socios y no exige una aportación de capital mínimo. De hecho, esta forma jurídica permite que solo puedan aportarse bienes, no dinero ni trabajo.
Para ejercer la actividad de una comunidad de bienes se requiere la existencia de un contrato privado en el que se detalle la naturaleza de las aportaciones y el porcentaje de participación que cada comunero tiene en las pérdidas y ganancias de la Comunidad de Bienes. Esta se constituye mediante escritura pública cuando se aportan los bienes inmuebles o derechos reales.
5. Sociedad Cooperativa
Una sociedad cooperativa es una forma de organización empresarial que involucra a personas que se asocian voluntariamente para llevar a cabo actividades económicas de manera conjunta. La característica principal de una cooperativa es que sus miembros comparten la propiedad y la gestión democrática de la empresa.
En una sociedad cooperativa, se halla la asamblea general, formada por todos los socios de la cooperativa. Cada socio tiene un voto. Su objetivo es deliberar y adoptar acuerdos sobre asuntos que, legal o estatutariamente, sean de su competencia. Los participantes no solo toman decisiones de manera colectiva, sino que también contribuyen económicamente, beneficiándose mutuamente de los resultados. La cantidad mínima de capital que tiene que aportar cada miembro viene fijado en los estatutos de cada cooperativa.
Las cooperativas se basan en principios como la adhesión voluntaria, la gestión democrática y la participación económica de los miembros. En España, las sociedades cooperativas se constituyen a través de escritura pública y deben ser inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas.
6. Sociedad Comanditaria
En una sociedad comanditaria existen dos tipos de socios: los socios comanditados, que tienen responsabilidad ilimitada (es decir, responden con su patrimonio personal por las deudas de la empresa) y participan activamente en la gestión de la empresa, y los socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita a su aportación y no participan en la gestión.
Esta forma jurídica es especialmente interesante para quienes buscan invertir en un proyecto sin intervenir en su gestión. Es el caso de los socios comanditarios, que pueden beneficiarse de su inversión en este tipo de sociedades sin necesidad de gestionar la misma.
Por el contrario, se trata de una estructura más compleja de administrar debido a la necesidad de coordinación entre los distintos tipos de socios en cuanto a la toma de decisiones empresariales.
1.5. Formas Jurídicas para Emprender II
La Denominación Social es uno de los factores que requiere algo de ingenio y originalidad y que viene a ser algo así como el nombre y los apellidos para una persona física. La denominación social se obtiene previa adquisición de una certificación favorable que recoja la denominación que va a dar nombre a la empresa.
En el caso concreto de las sociedades anónimas y limitadas, estas pueden tener una denominación subjetiva o razón social o, en su defecto, una denominación objetiva. No hay que confundir, sin embargo, la denominación social con la marca comercial (nombre que identifica a un producto, empresa o servicios en el mercado) y el nombre comercial (denominación que distingue a las empresas en el ámbito mercantil y que permite diferenciarlas entre otras empresas que llevan a cabo actividades parecidas).
Este es uno de los aspectos más relevantes sobre las pymes que no está exento de confusión. Las pymes situadas en territorio español, siempre y cuando sean personas físicas, están obligadas por ley a abonar impuestos por haber obtenido un rendimiento con sus actividades económicas. En términos de contabilidad, las pymes se atienen al Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas. Este tiene la misma estructura que el Plan General de Contabilidad, pero consiste en un documento que recoge un plan contable más ajustado a las necesidades de este tipo de empresas.
Impuestos clave:
- IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido): Este impuesto se grava por el simple hecho de desarrollar actividades en territorio español, con la particularidad de que las pymes ejercen como meras recaudadoras de un porcentaje en favor de Hacienda. Se declara de dos maneras: mediante una liquidación trimestral (modelo 303) donde se da cuenta del IVA repercutido y del soportado y una declaración anual (modelo 390), que sirve de resumen de todas las declaraciones del IVA de un ejercicio fiscal.
- Impuesto de Sociedades: Es el que grava las rentas de las empresas y entidades con personalidad jurídica y con actividad en todo el territorio español. El tipo impositivo desde el 2 de enero de 2016 asciende a un 25 %, siendo este algo menor para entidades de nueva creación (15 %), para cooperativas (20 %), para las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (10 %) y para las sociedades de inversión (1 %).
- IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas): El impuesto sobre la renta a las personas físicas es inherente a las pequeñas y medianas empresas. Así, cuanto mayor sea el rendimiento obtenido, mayor es el IRPF que cada pyme tiene que abonar.
- IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas): Afecta tanto a personas jurídicas como físicas que realizan actividades económicas en todo el territorio nacional y, asimismo, tienen “la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.” (Artículo 35.4 sobre obligados tributarios de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
Dado que las pequeñas y medianas empresas llevan a cabo actividades vinculadas a productos y servicios, estas deben tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual a fin de obtener garantías jurídicas frente a los competidores. En relación a esto es imprescindible mencionar el Sistema de Madrid, que registra y da protección a las marcas a nivel mundial y que permite gestionarlas en un amplio sector del comercio mundial.
Tras haber puesto de relieve algunos de los aspectos más importantes en torno a las pymes, cabe indicar que, como en cualquier negocio, este tipo de empresas también están sujetas tanto a ventajas como a inconvenientes durante su concepción y desarrollo, aspectos que habrá que tener en cuenta a la hora de registrar una pyme.
Ventajas:
- Relación más cercana con clientes: Al darse un trato más directo, es posible conocer mejor las necesidades de los clientes y ofrecerles soluciones más personalizadas.
- Detección de nichos de mercado: Su sencilla infraestructura simplifica la búsqueda de nichos de mercado con mayores posibilidades de adquirir clientes potenciales.
- Mayor capacidad de decisión: En las pymes, la toma de decisiones es responsabilidad de un grupo reducido de personas, lo que da lugar a procesos de gestión más sencillos y breves.
- Establecimiento de vínculos internos: El hecho de tener un equipo de trabajo reducido mejora el rendimiento y la comunicación entre los empleados.
- Mayor libertad de cambio: Su estructura reducida permite una adaptabilidad a los cambios más idónea en función de las necesidades tanto de los clientes como de la propia empresa.
Desventajas:
- Menor cantidad de recursos y capital: Esto hace que las posibilidades de desarrollo se vean mermadas en muchos casos y que no puedan ser partícipes en proyectos de gran envergadura a menos que recurran a financiación externa.
- Mayor competitividad: Debido al elevado porcentaje de pymes existentes, tratar de conseguir un puesto en el mercado es una lucha constante.
- Necesidad de campañas de marketing y publicidad efectivas: Debido a la elevada competencia, se hace inevitable desarrollar medidas de marketing llamativas para lograr un lugar destacado.
- Límites en la negociación con los clientes: Debido a un volumen de negocios reducido, las pymes ven su capacidad de negociación limitada.
Uno de los problemas principales con los que se encuentran las pymes, autónomos o emprendedores que quieren iniciar su actividad es el de la obtención de financiación. Las sociedades pueden contar con financiación interna, constituida principalmente por las aportaciones de sus socios, o externa, que viene dada por terceros ajenos al capital social. Mayores problemas encuentran a veces los autónomos, que solo pueden recurrir a la financiación externa, respondiendo en muchos casos con sus propios bienes y derechos.
Por otro lado, en el ámbito de pymes y emprendimiento, nos encontramos de forma mayoritaria con sociedades de responsabilidad limitada, las cuales disponen de menos formas de financiación alternativas al capital que las dispuestas para la sociedad anónima (dado que la ley es más severa en la regulación de la emisión de obligaciones y les prohíbe la emisión de obligaciones convertibles en participaciones).
A la luz de estas vicisitudes y ante la necesidad imperiosa de capital que presentan estos proyectos, esta guía práctica pretende ilustrar las opciones de financiación habituales de las que se puede disponer, así como una explicación de las garantías a constituir para obtener dichos fondos.
La Cámara de Comercio de España, en el marco de su Comisión de Financiación, ha lanzado la Guía de Financiación para pymes y emprendedores, un instrumento diseñado para informar y facilitar el acceso a la financiación a las pequeñas y medianas empresas. La guía incluye una Brújula de Financiación, herramienta interactiva que identifica el instrumento financiero más adecuado según las necesidades de cada empresa. Según la situación de la empresa y el destino de la financiación, el usuario recibe recomendaciones adaptadas a sus necesidades.
Según Juan Carlos Gallego, presidente de la Comisión de Financiación de Cámara de España, “esta guía se ha realizado poniendo el foco en las pymes, micropymes y emprendedores, que a menudo se enfrentan a desafíos que van desde la simple falta de conocimiento a la complejidad administrativa, o las dificultades para obtener avales y garantías, además del elevado coste del crédito”.
La Guía legislativa de la CNUDMI sobre los principios fundamentales de un registro de empresas ofrece a los encargados de formular políticas, registradores y expertos que participan en la reforma de los registros de empresas un instrumento de referencia sobre las características de un registro de empresas eficaz y eficiente y sobre los requisitos mínimos para la inscripción registral de una empresa. La Guía parte de la idea de que racionalizar y simplificar los procedimientos de inscripción es beneficioso para las empresas de todos los tamaños, y especialmente para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (MIPYME), dado que reduce la carga, y frecuentemente el costo, que supone la inscripción para las empresas.
Importancia para el comercio internacional:
Como se destaca en la Guía, la existencia de registros de empresas eficientes y eficaces permite al público acceder fácilmente a información sobre las empresas, lo que facilita la búsqueda de posibles socios comerciales, clientes o fuentes de financiación y reduce los riesgos que implica asociarse con un fin comercial. Los registros que cumplen sus funciones de manera eficiente pueden desempeñar, además, un papel importante en el contexto transfronterizo, puesto que permiten el acceso de los usuarios de otros Estados a la información relativa a las empresas del modo más sencillo y rápido posible. Esto reviste especial importancia en un momento en el que las empresas, incluidas las MIPYME, están ampliando cada vez más sus actividades fuera de las fronteras nacionales. Asimismo, contribuye a la transparencia y la seguridad jurídica en la economía y reduce considerablemente los costos para las empresas que operan más allá de sus fronteras nacionales.
Disposiciones más importantes:
La Guía se vertebra en 58 recomendaciones extraídas de las mejores prácticas internacionales, con el comentario pertinente, y trata todos los aspectos relativos al establecimiento y el funcionamiento de un registro de empresas eficiente.
En la Guía se aplica un enfoque centrado en los usuarios y se recomienda que la inscripción registral de las empresas se conciba desde la perspectiva de una empresa y en consonancia con sus necesidades: es decir, debería ser posible acceder al sistema por una sola vía de ingreso; se debería permitir la inscripción simultánea en el registro de empresas y en todos los demás organismos públicos competentes (por ejemplo, en el organismo tributario y en el sistema de seguridad social); y los servicios se deberían prestar en el plazo más breve posible con procedimientos sencillos y fáciles de seguir. De acuerdo con ese enfoque, la Guía apoya el uso de registros electrónicos (donde “electrónico” significa cualquier tecnología actual e incipiente) y de identificadores únicos de las empresas, para garantizar la identificación inequívoca de cada empresa en sus relaciones con las autoridades estatales y las entidades privadas, y la creación de ventanillas únicas, es decir, oficinas físicas o virtuales que permitan la inscripción simultánea en todos los organismos implicados en la creación de empresas.
Para que la inscripción registral sea propicia para las empresas, el acceso al sistema debería ser fácil para todos los posibles usuarios, tanto si desean inscribir una empresa como si desean buscar información sobre una empresa inscrita. Consecuentemente, en la Guía se recomienda que los servicios de inscripción estén a disposición de todo el mundo sin discriminación por motivos de raza, color, género, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El acceso de los posibles solicitantes de inscripciones a los servicios del registro de empresas debería estar condicionado únicamente al cumplimiento de los requisitos de edad mínima y de los requisitos de procedimiento aplicables a la utilización de esos servicios. Se debería permitir el acceso del público a la información registrada, con la única excepción de la información confidencial que se deba proteger.
Por último, en la Guía se reconoce que las tasas de inscripción pueden suponer un obstáculo para las empresas e influir en su decisión de inscribirse, en particular en el caso de las MIPYME.
Holdings Empresariales en PYMES
Cada vez son más frecuentes en la práctica los denominados holdings empresariales y, en general, los grupos de sociedades. Y no solo en el ámbito de las grandes empresas y multinacionales, sino también al nivel de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), mucho más numerosas, incluidas las de marcado carácter familiar. No en vano, la creación de un holding de empresas puede resultar muy interesante, tanto desde el punto de vista empresarial, económico y organizativo; como también, muy especialmente, desde la perspectiva fiscal. De ahí que a través de esta guía se trate de ofrecer una visión de conjunto en torno a este fenómeno, aunando la perspectiva mercantil y tributaria.
Así, tras una primera aproximación a sus ventajas fiscales más destacadas y a otros aspectos básicos de su régimen, se realiza un amplio repaso de algunas de las principales operaciones de reestructuración empresarial que pueden encontrarse en la base del holding o producirse en su seno (fusiones, canjes de valores, aportaciones de ramas de actividad, etc.). A continuación, se profundiza en las cuestiones tributarias que pueden resultar de interés en este ámbito (a nivel de IS, IRPF en caso de socios personas físicas, IVA, ITPyAJD, IP, ISD e incluso IIVTNU) y en las de naturaleza contable.
Esta guía busca ser un recurso fundamental para cualquier empresario o emprendedor que desee navegar con éxito el complejo panorama mercantil de las PYMES en España.