El Ecosistema Emprendedor Catalán y el Debate sobre el Uso del Catalán en el Ámbito Empresarial

Emprender es una aventura apasionante y compleja que requiere ilusión, esfuerzo, decisión y aprendizaje constante. En Cataluña, existe una amplia red de entidades y programas que acompañan a las personas emprendedoras en todas las fases de su proyecto, desde la idea inicial hasta la consolidación del negocio.

Apoyo Integral al Emprendimiento en Cataluña

En Cataluña, el ecosistema emprendedor está diseñado para ofrecer un soporte completo a quienes deciden iniciar un negocio. Este apoyo se estructura en varias etapas clave:

1. Diseño y Validación del Modelo de Negocio

Todo proyecto emprendedor comienza con una idea. Sin embargo, antes de invertir tiempo y dinero, es fundamental diseñar un modelo de negocio viable, validarlo en el mercado y planificar su lanzamiento y funcionamiento. Instituciones como Autoocupació, los servicios municipales para personas emprendedoras (como Barcelona Activa) y otras entidades de la red Emprèn del Departamento de Empresa y Trabajo, acompañan a los emprendedores desde el primer momento. Ofrecen información sobre los recursos disponibles y un servicio gratuito y personalizado de orientación y asesoramiento para evaluar la viabilidad del proyecto y planificar su puesta en marcha.

2. Formación y Capacitación Empresarial

La mayoría de las personas que emprenden tienen profundos conocimientos técnicos en su campo, pero a menudo carecen de experiencia en gestión empresarial. Emprender no es solo tener una buena idea; también implica saber vender, gestionar y tomar decisiones. Por ello, la formación es una de las mejores inversiones para cualquier emprendedor. El Consorcio de Formación Continua de Cataluña subvenciona una gran oferta formativa especializada en ámbitos como las habilidades transversales, el marketing digital o la gestión financiera. Las entidades de la red Emprèn y las cámaras de comercio también ofrecen cápsulas formativas gratuitas de introducción a diversas materias relevantes para emprender.

3. Acceso a la Financiación

La financiación es uno de los principales retos al iniciar un negocio. No obstante, las condiciones de acceso a la financiación han mejorado significativamente, y existen opciones adaptadas a la realidad de cada proyecto.

4. Consolidación y Crecimiento del Negocio

Las primeras etapas de un negocio son las más complicadas, y muchos no superan los primeros años. Por ello, comprar un negocio en marcha es una alternativa cada vez más atractiva y frecuente. El programa de mentoring voluntario de Autoocupació ha demostrado su eficacia para ayudar a consolidar y hacer crecer los negocios de reciente creación, con una tasa de supervivencia del 91% a los 5 años. Este programa cuenta con más de 1.000 empresarios en toda Cataluña que, voluntariamente, comparten su tiempo, experiencia y red de contactos con los emprendedores, ayudándoles a afrontar sus retos y a tomar las mejores decisiones. Además, una vez que el negocio ya está en marcha, llega el reto de hacerlo sostenible y de hacerlo crecer, y es en esta etapa en la que los emprendedores necesitan más apoyo.

5. Espacios de Trabajo y Apoyo Técnico

El espacio físico puede marcar la diferencia en los primeros meses. En Cataluña, existe una gran oferta de viveros de empresas municipales, incubadoras especializadas para proyectos tecnológicos y espacios privados de coworking. Estos ofrecen oficinas, servicios compartidos y apoyo técnico a precios asequibles.

En Cataluña, emprender nunca ha estado tan bien acompañado. Sea cual sea la etapa -madurando una idea, buscando financiación, arrancando un negocio o haciéndolo crecer-, los emprendedores encontrarán recursos, profesionales y programas adaptados a sus necesidades. Lo más importante es dar el primer paso: dirigirse a una institución de apoyo a las personas emprendedoras y aprovechar todos los recursos disponibles. Con el apoyo de entidades como Autoocupació, los emprendedores pueden decir: ¡Soy lo que quiero ser!

El Debate sobre el Uso del Catalán en el Ámbito Empresarial

En el contexto del apoyo al emprendimiento y el desarrollo económico en Cataluña, también ha surgido un intenso debate sobre el uso del catalán en el ámbito empresarial, especialmente en la atención al cliente.

Propuestas de Financiación y el Papel del Empresariado Catalán

Un total de 22 entidades del sector económico y empresarial, lideradas por el Cercle d’Economia, Barcelona Global, Cámaras de Comercio, FemCat y Pimec, a las que se sumó Foment del Treball, consideran la propuesta de financiación presentada por el Gobierno y pactada con ERC como un "buen punto de partida" para superar lo que consideran "un sistema caduco desde 2014". No obstante, también la califican de insuficiente en varios aspectos y "con matices que se deben trabajar".

Las organizaciones, que incluyen al conocido como G8 (Cambra de Comerç de Barcelona, Pimec, Col·legi d'Economistes, Cercle d'Economia, Fira de Barcelona, FemCat, RACC y Barcelona Global), urgen a los partidos políticos catalanes a trabajar juntos "para mejorar el modelo propuesto y garantizar que los cambios previstos en él se consoliden en el futuro". Insisten en que es "una mejora muy importante" respecto al actual modelo, pero que eso no significa que "renuncien a lo que consideran que sería ideal".

Los firmantes del escrito destacan que la propuesta que hay sobre la mesa "no solo beneficia a Cataluña, sino que mejora la situación de otras comunidades infrafinanciadas como Murcia y la Comunidad Valenciana". Celebran que, al eliminar fondos como el de suficiencia global o los de convergencia, se vaya a reducir la arbitrariedad del Estado en el reparto de recursos y valoran positivamente el fin de los pagos a cuenta para pasar a una recaudación en tiempo real, lo que otorga mayor previsibilidad a las finanzas autonómicas.

Con todo, la nota es especialmente dura con el déficit de infraestructuras, cuya cuantía acumulada ya es similar al presupuesto anual de la Generalitat, y denuncia que Cataluña fue, en 2023 y por tercer año consecutivo, la comunidad con el grado de ejecución más bajo de la inversión estatal. "Mientras que la media de ejecución en España entre 2015 y 2023 fue del 72,6%, en Cataluña se desplomó hasta el 55,6%", constata. En este ámbito, entre las opciones de mejora que se recogen en el documento de las organizaciones empresariales, destaca la de la creación de un consorcio de inversiones entre la Generalitat y el Estado para garantizar que lo presupuestado se convierta en realidad.

Incorporación de Foment del Treball

Cuando se presentó la nueva propuesta de financiación a principios de enero, Foment del Treball fue una de las patronales que más rotundamente mostró su discrepancia. Los empresarios de la patronal calificaron de "claramente insuficiente" los 4.685 millones de euros adicionales conseguidos para Cataluña. Y recordaron que su posición "siempre ha sido ambiciosa" y que querían "una Agència Tributària Catalana que recaudara, gestionara, liquidara e inspeccionara todos los impuestos generados en Cataluña". Ahora, se han sumado a la posición común favorable a la negociación después de recibir la llamada de la Cambra de Comerç de Barcelona.

A mediados de la semana pasada se iniciaron los contactos para incorporarlos a la declaración conjunta y, tras incluir cuatro matices que para Foment eran importantes, el comité ejecutivo lo aprobó. Concretamente, la patronal reclamaba que se incorporara una referencia explícita al déficit de inversión en infraestructuras, cercano a los 42.500 millones de euros; así como la trascendencia de avanzar en la "gestión, recaudación, liquidación e inspección de las agencias tributarias propias". También resultaba clave añadir al documento firmado, según la patronal, la importancia de blindar la ordinalidad y remarcar que la propuesta presentada "no es un acuerdo suficiente".

Actualización del Sistema cada Cinco Años

Los firmantes consideran que, aunque la suficiencia financiera de la Generalitat aún no está plenamente garantizada, la reforma "avanza en la dirección correcta". Y añaden que, para evitar que el desequilibrio vertical vuelva a producirse en el futuro, es necesario incorporar mecanismos de revisión automáticos que se activen cinco años después de su entrada en vigor.

A su entender, uno de los problemas más claros del actual sistema de financiación autonómica son los pagos a cuenta que el Estado entrega cada año a las comunidades, conocidos como anticipos. Estas cantidades se calculan a partir de previsiones de recaudación y, más adelante, se ajustan según los ingresos reales. El resultado puede ser un quebradero de cabeza para las comunidades, que sufren desequilibrios de tesorería mientras esperan el ajuste final. Por eso, para las entidades, la idea de sustituir este sistema por otro que permita a las autonomías recibir la recaudación en tiempo real facilitaría su gestión presupuestaria, y reforzaría la responsabilidad fiscal de cada territorio, una de las reclamaciones más destacadas del informe publicado por los firmantes en marzo de 2024.

Otra de las objeciones que han encontrado en la propuesta remitida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es que en el cálculo no se haya incluido el coste de la vida como factor de ajuste, lo que penaliza, en su opinión, la capacidad real de prestar servicios públicos en Cataluña. Por contra, destacan como "paso fundamental" que se abra la puerta a que los diferentes territorios avancen en el fortalecimiento de las agencias tributarias propias. Un paso que reconocen que no es fácil "y que hay que hacerlo bien".

En un apartado final de calado político, las 22 entidades rechazan las críticas que se centran en el origen del acuerdo. Consideran que es irrelevante que la propuesta nazca de un pacto entre partidos catalanes y el Gobierno central, ya que históricamente el sistema de financiación autonómica siempre se ha reformado así. Por ello, instan a los partidos a centrarse en el contenido y a trabajar juntos en el trámite parlamentario para consolidar estos avances.

La Plataforma per la Llengua y la Aplicación de Señalización

La Plataforma per la Llengua, o la “ONG del catalá” como se hace llamar, ha creado una aplicación móvil para señalar a aquellos comercios en los que no se atienda en catalán a los clientes. Esta ONG, financiada por la Generalitat con más de 4 millones de euros desde 2012, tiene como objetivo garantizar el uso del catalán en todos los ámbitos y conseguir que sea la lengua común.

La aplicación, disponible tanto en iOS como en Android, hace uso de un geolocalizador para detectar el establecimiento en el que se encuentra en ese momento el usuario y facilitarle el uso y la valoración. Así, los usuarios podrán valorar y comentar la atención oral y escrita en este idioma, para después elaborar un ranking del millón y medio de comercios existente. Y este será el único baremo para puntuar del 1 al 5 a un negocio: el uso total, parcial o nulo del catalán.

El Pacto de Junts per Catalunya con el Gobierno para "Blindar" el Catalán

Ha comenzado a permear entre las empresas el pacto de Junts per Catalunya con el Gobierno para "blindar" el catalán en los servicios de atención al cliente de las grandes compañías. En concreto, el partido de Carles Puigdemont ha conseguido una enmienda al proyecto de Ley de Atención a la Clientela para que los empleados de compañías con plantillas de más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones de euros estén obligados a responder en el mismo idioma (catalán u otra lengua cooficial) a cualquier consulta, queja o reclamación.

A la espera de conocer el texto y el alcance de lo pactado, patronales como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han encontrado la forma de manifestar su "preocupación" por el aumento de burocracia, así como costes operativos y de adaptación que supondrá para las empresas de todo el ámbito nacional este pacto. Fuentes de la unión empresarial transmiten que dicho aumento va "en contra de la necesaria reducción que venimos defendiendo en España y en el ámbito de la UE", además de una "pérdida de competitividad" para las empresas, en especial en territorios donde no se habla el catalán.

Por otro lado, fuentes de Cámara de Comercio de España recuerdan que ya son muchas las compañías que interactúan con sus clientes en las lenguas cooficiales en las regiones en las que estas se hablan. Recuperan el mensaje de CEOE al incidir en que extender ese tipo de atención a toda España, independientemente de la sede de la empresa o de la CCAA en la que se sitúe el cliente, obliga a un incremento extraordinario, así como de carga burocrática que podría limitar la competitividad de las empresas.

Ambas instituciones son las más representativas entre las grandes empresas del ámbito nacional. En el plano autonómico, no ha habido, hasta el momento, valoraciones por parte de las patronales de las comunidades donde hay un idioma cooficial, como es el caso de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Foment del Treball Nacional (Cataluña) o la Confederación Empresarial Vasca (Confebask).

Sí ha roto el silencio la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), a través de un comunicado donde rechaza con contundencia la propuesta de Junts, aceptada por el PSOE. "Es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales", alegan, en base a que "debe respetarse el margen de autonomía de dirección para el empresario, característica inherente a cualquier empresa privada". A los empresarios de Madrid, refleja el texto, les sorprende que el Gobierno, "que debería velar por el interés general", acepte intervenir en las empresas privadas fuera de Cataluña, y manifiestan que esta es una medida que "obedece solamente a un acuerdo político ajeno al interés general, que implica contentar a los nacionalistas y seguir en el poder".

Que desde el Gobierno se obligue a las grandes empresas a atender en lenguas distintas al castellano no es, de ninguna manera, "una buena noticia", como ha coincidido el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. La intervención del Ejecutivo se hace, una vez más, "a costa de las empresas en este país", ha lamentado, a lo que ha añadido que "últimamente la política es págalo tú". "Siempre, todo, como la reducción de jornada, a costa de las empresas. Al final, de cara a la galería, queda todo muy bien", ha expresado, antes de apostillar que considera el pacto una estrategia política para distraer la atención mediática.

Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) transmiten que no tienen problema con el uso de varias lenguas oficiales en el entorno empresarial, dado que están habituadas a ello, incluso las multinacionales. No obstante, puntualizan que "no tiene ningún sentido que el Gobierno interfiera en las excelentes relaciones que suelen existir entre las empresas y sus clientes por mero interés político". Y marcan la necesidad de certidumbre en la regulación normativa y evitar "injerencias partidistas en contra de la libertad empresarial".

Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES, la patronal de los principales operadores de telecomunicaciones en España (y sector señalado dentro de la enmienda introducida por Junts), ha declarado en un comunicado que su asociación, si bien apoya las mejoras en atención al cliente, considera que algunos de los cambios en el proyecto de ley, lejos de mejorar el servicio, podrían generar efectos contraproducentes". Las empresas de telecomunicaciones "ya garantizan los derechos lingüísticos de los ciudadanos a través de distintos canales de atención, sin que sea necesario formar a la totalidad del personal en todas las lenguas cooficiales", ha aclarado.

La Enmienda de Junts

En el texto divulgado por Junts, y en el que se recoge los cambios para el proyecto de Ley de Atención a la Clientela, se expresa la obligatoriedad para los trabajadores de que "conozcan el catalán para poder atender a los usuarios respetando sus derechos lingüísticos", y por ello se incluye la formación obligatoria en lenguas cooficiales de las plantillas. Asimismo, sustituye la obligación de responder, como mínimo, "en castellano" (recogida en el proyecto de ley original) por la de hacerlo "con la misma lengua con la que el cliente se haya dirigido a la empresa", tanto de forma verbal como escrita.

Las medidas ahora planteadas afectarán a empresas eléctricas, de suministro de gas y agua, telefónicas, aeronáuticas, de transporte, servicios postales, plataformas audiovisuales, entidades financieras o aseguradoras.