Empresarios de Murcia ante la Justicia por Prostitución de Menores

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha estado revisando las penas impuestas a empresarios condenados por prostitución de menores. Este caso, que ha generado indignación y protestas, involucra a individuos de alto perfil en la región.

Palacio de Justicia de Murcia

Suspensión de Penas: Un Vistazo Detallado

El lunes, la Sala notificó 'in voce' a los condenados sobre la petición de las defensas de suspender las penas de prisión. Sin embargo, el fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, se opuso a la suspensión en el caso de J.C.A., quien acumulaba una pena mayor, así como en el caso de una de las 'madammes', R.D.T., y de uno de los 'taxistas' que transportaba a las menores.

En cambio, el fiscal sí apoyó la suspensión de la pena de entrada en prisión para otros tres empresarios condenados a penas menores. Cabe recordar que a uno de los 13 condenados, de 90 años, ya se le suspendió la pena.

Argumentos del Fiscal y Decisiones del Tribunal

El fiscal se opuso a la suspensión de la entrada en la cárcel de J.C.A. "por los múltiples delitos" que cometió, considerando que la "reiteración de los hechos" no le hacen beneficiario de esa medida. La Sala, sin embargo, decidió conceder a J.C.A. la suspensión de pena de forma provisional, teniendo en cuenta las dilaciones indebidas en el proceso y que la pena acumulada no supera los dos años de prisión.

La Sala ha condicionado esta suspensión de pena al cumplimiento de una serie de requisitos, como la prohibición de aproximarse a las cinco víctimas o comunicarse con ellas durante cuatro años, no cometer ningún delito en esos cuatro años y seguir un programa de conductual de reeducación sexual.

En el caso de M.D.T., el fiscal se opuso a la suspensión "porque es una pena de un año y tres meses de cárcel y porque forma parte del organigrama" de la organización. La Sala suspendió el ingreso en prisión porque la pena de cárcel era inferior a dos años, condicionando esta decisión a que el condenado cumpla una serie de requisitos.

El fiscal sí se mostró conforme con la suspensión de la pena a otros tres condenados: J.A.A.L., A.G.P. y J.J.A. En todos estos casos, el fallo sí ha sido declarado firme al contar con la conformidad del fiscal, los letrados de la defensa y de los propios condenados.

Reacciones de las Víctimas y la Sociedad

"Esta gente se merece pudrirse en la cárcel porque no hay derecho a que hayan destrozado diez vidas, aparte de la de mi hija", sentenció la madre de una de las menores que fueron víctimas de una red de prostitución en Murcia en 2014. Doce de los trece condenados han comparecido esta semana en la Audiencia para decidir sobre su situación personal.

Cuando se supo que los culpables iban a librarse de la cárcel, ella encontró la fuerza para luchar y que ninguna madre pase por lo que ella ha pasado: "A mí me han destrozado la vida y a las víctimas igual".

Revisión de la Condena a Otros Culpables

Este martes, en la segunda sesión, estaban convocados en los juzgados de Murcia otros cinco condenados: tres de los empresarios que eran clientes de la red y otras dos 'mamis'. En la puerta del Palacio de Justicia se ha reunido una veintena de personas para protestar al grito de "esto no es justicia, es impunidad".

La primera en comparecer ha sido una de las condenadas que ejercía de 'mami' cuyas iniciales son Y.B.C. Su abogada ha señalado que la acusada ya ha "redimido el daño" y que tiene un niño pequeño y una vida "totalmente reinsertada en la sociedad".

Otro de los comparecientes ha sido N.C.P, quien ejerció también como 'mami'. Su abogado ha solicitado la suspensión de su pena, seis delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización, por los que se le han impuesto dos años de cárcel por cada uno de ellos.

Finalmente, ha comparecido el empresario J.P.A., culpable de dos delitos de prostitución de menores, a un total de 10 meses de prisión, cuyo letrado ha pedido igualmente la suspensión de la pena y el fiscal no se ha opuesto "por coherencia". Ese acusado también ha tomado la palabra para afirmar que está "arrepentido" de todo lo que ha hecho.

También la jueza ha hecho hincapié en que cinco de las víctimas han dicho expresamente que quieren conceder a todos los condenados "una segunda oportunidad" y que "no entraran en prisión".

El Acuerdo de Conformidad y sus Consecuencias

Todos los condenados de este caso vieron rebajadas sus condenas a menos de dos años por un polémico acuerdo que ha generado numerosas protestas. Siete condenados no irán a prisión.

El fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, ha mostrado su conformidad a la suspensión de la pena de seis de ellos, que habían reconocido entre uno o dos delitos de prostitución de menores en cada caso y se enfrentaban a penas que no sumaban más de 12 meses de cárcel. En estos casos, al haber consenso por parte de los acusados y del Ministerio Público, la suspensión de entrada en la cárcel se ha declarado firme.

Así, Lucerga este lunes solo se opuso a la de J.C.A, que era el que acumulaba una mayor pena ―25 meses de cárcel― al haber reconocido cinco delitos de prostitución de menores.

Un juicio que iba arrancar diez años después de que se conocieran los hechos y tuvieran lugar las primeras detenciones. Pero por si esto fuera poco, la Audiencia Provincial de Murcia anunció que se había llegado a un acuerdo de conformidad con estos abusadores sexuales, que han reconocidos los hechos, con el objetivo de que se les rebajen las penas y que el juicio no se celebre.

Para mayor escándalo, como parte del acuerdo, entre los atenuantes para reducir las condenas se encuentra el retraso de una década del proceso judicial. ¡Increíble! De los 24 a 56 años de pena máxima a los que se enfrentaban, finalmente serán condenados a entre 5 meses y 2 años por cada uno de los delitos, evitando así la entrada en prisión.

Y sus señorías han dictado que será suficiente con que paguen indemnizaciones de 500 a 2.000 euros por víctima y multas entre 450 y 720 euros. Así, estos pudientes pederastas tras reconocer sus brutales delitos y soltar algo de calderilla se van de rositas con la permisividad de esta justicia franquista, misógina y patriarcal.

La trama de proxenetismo se destapó en 2014. Captaban a niñas de entre 13 a 17 años procedentes de familias desestructuradas o en situación de necesidad y vulnerabilidad, en las puertas de los colegios o de discotecas de menores.

Entre los clientes procesados por hacer uso de esta red de menores se encuentran conocidos empresarios de Murcia, todos ellos con edades comprendidas entre los 60 y más de 80 años, como José Antonio Arce, Juan Peque, José Jara, Antonio Giménez, Antonio Morales, Juan Martínez y Juan Castejón Ardid.

El abogado murciano José Luis Mazón ha presentado una denuncia ante la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado contra el fiscal jefe de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, por el acuerdo al que llegó el Ministerio Fiscal con los empresarios acusados de prostitución de al menos 11 chicas menores, que les ha evitado penas de prisión.

Para el letrado, dicho acuerdo es "sospechoso de haberse seguido por criterios no jurídicos". La rebaja de penas "inexplicable" para unos acusados de prostituir a menores de edad usando la tardanza o dilación de procedimiento "carece de precedentes", indica Mazón en su denuncia.

La Audiencia Provincial de Murcia anunciaba hace unos días que solo irán a la cárcel tres personas relacionadas con la trama: dos captadoras y un hombre que trasladaba a las menores hasta los lugares donde eran prostituidas.

El Perfil de los Implicados

El 'caso Baúl' involucra a los conocidos como "empresarios", hombres bien posicionados, de intachable apariencia en sus entornos laborales y personales. "Farmacéuticos, investigadores del CSIC, empresarios que se dedican al comercio de fruta y verdura al por mayor, promotores inmobiliarios...", explica Elisa Reche, directora de 'eldiario.es' en Murcia.

La periodista también señala que "estamos hablando siempre de señores muy mayores, que algunos de ellos en el momento en el que fueron investigados, tenían 85 años".

En total, siete hombres que acaban condenados, aunque ninguno pisará la cárcel. En una sala de vistas en 2015 se van sentando las 10 menores víctimas de explotación sexual en el 'caso Baúl'.

Marta Latorre es profesora de Sociología en la Universidad de Murcia y miembro del colectivo feminista Fuste, que 10 años después de empezar el caso ha estallado de rabia contra el acuerdo de conformidad entre los empresarios acusados, que reconocen los hechos, y la Fiscalía por el que todos quedarán libres.

Miguel Rivera, magistrado de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, el tribunal que ha juzgado los hechos, defiende que el juez tenía poco margen para conseguir que los acusados entraran en la cárcel "cuando hay un acuerdo entre las acusaciones y las defensas".

Decisiones Recientes del Tribunal

La Sección 3 de la Audiencia Provincial acuerda no conceder el beneficio de suspensión de las penas de seis años de prisión a Ruth D.T., Nelly C.P. y Walter D.M. Limite que no afecta a las penas de multa (4.300, 3.240 y 4.320 euros, respectivamente) y la medida de libertad vigilada por un tiempo total de cinco años, que los tres deberán cumplir íntegramente, además del pago de las indemnizaciones a las víctimas que ascienden a un total de 17.000 euros.

Consideran en estos tres casos, por un lado, “que la especial naturaleza y gravedad de los hechos que dan lugar a los delitos aquí cometidos, la reiteración de conductas prolongadas en el tiempo y el número tan alto de víctimas, apuntan a un pronóstico claramente negativo de reiteración delictiva”.

Por el contrario, en caso de Yesenia B.C., también condenada por la modalidad agravada de prostitución de menores, el Tribunal sí aplica el supuesto excepcional de suspensión, en contra de la petición del Ministerio Fiscal, al entender que la penada cumple con los requisitos exigidos por la legislación. Suspensión que también se acordó en el caso de Martín D.T.

Por otro lado, la Sección 3, de acuerdo con la petición realizada por sus defensas, y a la que la Fiscalía sólo se opuso en un caso, ya suspendió la ejecución de las penas de prisión para el resto de los condenados por prostitución de menores cuya pena de prisión no superaba los dos años de prisión.

Según la sentencia, los siete condenados a los que les suspende provisionalmente la prisión, mantuvieron, “contactos de contenidos sexual” con jóvenes o adolescentes a cambio de precio, “a sabiendas de la minoría de edad de las chicas”.

La Audiencia, de acuerdo con la legislación penal, concede el beneficio de la suspensión de la ejecución de esas penas de prisión, al entender que en estos casos los penados cumplen con los requisitos exigidos en el artículo 80.1 y 2 del Código Penal.

Recuerdan en este punto que, el transcurso de más de diez años desde que se cometieron los hechos hasta que se dictó la sentencia, determinó la apreciación por parte del Ministerio Fiscal de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

Antes de tomar esta decisión, en consonancia con lo establecido en el Estatuto de la víctima del delito, la Sala escuchó a las perjudicadas en audiencia reservada.

Reacciones y Manifestaciones

Desde que se conoció la sentencia de conformidad han sido varias las organizaciones que han pedido el ingreso en prisión de los condenados. La última de esas manifestaciones fue anoche a las puertas de la Audiencia, que se ha repetido este lunes.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, el Tribunal dictó una sentencia de conformidad a la vista del acuerdo alcanzado por Fiscalía y los acusados, después de que éstos reconocieron los hechos y aceptaron las penas solicitadas.

En concreto, para los cinco acusados que reconocieron haber buscado "jóvenes y adolescentes -algunas a sabiendas de su minoría de edad- para proponerles contactar con personas adultas, normalmente hombres, algunos de avanzada edad y buena situación económica a fin de que tuvieran contactos sexuales con ellos a cambio de dinero", bien en el papel de "mamis", bien ocupándose de trasladar a las menores, "beneficiándose de parte de las ganancias", las penas impuestas llegan hasta los 16 años de cárcel.

Tras declararse la firmeza de la sentencia, en la misma vista las defensas solicitaron la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas, para lo cual el Tribunal realizó los requerimientos oportunos y los emplazó para los días 7 y 8 de octubre.

Manifestaciones frente al Palacio de Justicia de Murcia

Tabla Resumen de las Decisiones Judiciales