Empresario Farmacéutico Detenido: Motivos y Acusaciones de Corrupción
La empresa farmacéutica lucense Farmadismo S.L. se encuentra en el centro de una investigación por un presunto delito de corrupción en transacciones internacionales. La firma reconoce la existencia de una causa abierta vinculada a un supuesto soborno, pero asegura que se trata de una denuncia “falsa” presentada contra el gerente.
Sede de Farmadismo en el polígono de O Ceao en Lugo
Investigación por Corrupción en Transacciones Internacionales
El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo dirige la causa sobre este presunto delito de corrupción en transacciones internacionales y que implicaría un supuesto soborno a un ministro de Guinea Ecuatorial. Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirman que el proceso se encuentra en fase de instrucción y que continúan practicándose diligencias.
Un auto del Tribunal Supremo emitido en julio, resolvió una cuestión de competencia atribuyendo la causa a los juzgados de Lugo. Entre los motivos expresados por el alto tribunal se enumera que en esta ciudad se desarrollaron los principales elementos del delito investigado y que en ella radican las cuentas objeto de las operaciones. Según la documentación judicial, la acusación sostiene que el gerente de Farmadismo habría abonado cantidades de dinero en reuniones mantenidas con el alto cargo guineano en Madrid y en Lugo. También se cree que habría hecho ingresos en una cuenta vinculada a ese dirigente.
Defensa de Farmadismo
A través de su abogado, Xosé Manuel Fernández Varela, Farmadismo S.L. ha reiterado que “no existe ningún acto de corrupción internacional” en su actividad. La empresa señala que dicho pago fue destinado a una constructora para obras de adecuación en dos almacenes, uno en Bata y otro en Malabo. El abogado Fernández Varela explicó además, que la operación señalada por la investigación judicial respondía únicamente al “mantenimiento de los negocios” que la compañía mantiene desde hace años con el país africano, a donde exporta de forma continuada medicamentos y productos de parafarmacia.
El letrado subraya que los almacenes objeto de las obras eran y siguen siendo los puntos de recepción de los pedidos monetarios enviados desde Lugo. Según el abogado, Farmadismo colaboró “en todo” durante el registro de las instalaciones. También ha señalado que en ningún momento se han adoptado medidas restrictivas contra su responsable ni contra la empresa, que sigue operando con normalidad. La farmacéutica confía en que “la causa sea archivada una vez que se terminen las diligencias”. Junto a esto, Farmadismo anuncia que emprenderá acciones legales contra el denunciante cuando concluya la investigación.
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Contexto de la Investigación
El paso dado este lunes por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado supone el fin de la instrucción abierta en octubre pasado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por, presuntamente, facilitar a medios de comunicación un correo electrónico vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), procesado por fraude fiscal. El juez ve indicios suficientes para atribuir al máximo representante de la Fiscalía, así como a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, la filtración de información con datos sensibles del empresario, lo que conllevaría un presunto delito de revelación de secretos.
La causa, que ha implicado que por primera vez un fiscal general del Estado se vea envuelto en una investigación penal, se ha centrado en la filtración de un correo electrónico, con fecha del 2 de febrero de 2024, en el que la defensa de González Amador remitió a la Fiscalía ofreciendo un reconocimiento de delitos fiscales a cambio de cerrar un pacto de conformidad; así como en una nota de prensa, difundida el 14 de marzo de 2024, con la que el ministerio público desmintió el bulo que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña de que la iniciativa de acuerdo había partido de la Fiscalía.
Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado
Próximos Pasos en el Caso del Fiscal General
El auto de procedimiento abreviado pone fin a las pesquisas y abre una fase intermedia para acercar a García Ortiz y Rodríguez al juicio. En dicha resolución, el juez Hurtado señala los indicios que considera que hay contra el fiscal general del Estado para llevarle a juicio y emplaza a las acusaciones a formular sus conclusiones provisionales o a solicitar el archivo de la causa.
El procesamiento de García Ortiz puede suponer un nuevo escalón en la batalla que mantiene con parte de la carrera fiscal, que lleva pidiendo su dimisión desde que el Tribunal Supremo abrió la causa. Tras conocerse la decisión del magistrado Hurtado de proponerle juzgar, el fiscal general del Estado ha reiterado su inocencia y ha insistido en que no va a dejar el cargo y que se reafirma en “su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa al frente de la misma”.
Las defensas de Álvaro García Ortiz, representado por la Abogacía del Estado, y de Pilar Rodríguez, que recientemente ha fichado para su representación al exfiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, tienen la posibilidad de recurrir el auto ante el mismo juez Hurtado o ante la Sala de Apelación con el objetivo de que sea revocado y evitar que el dictado de la apertura de juicio oral. Por el momento, todos los recursos presentados contra las diligencias ordenadas por el juez instructor han sido desestimados.
Si los recursos no prosperan, el caso acabará en juicio, que se celebrará en los próximos meses en el Tribunal Supremo, independientemente de que el fiscal general decida o no dimitir antes de que empiece.