El Empresario del Pino: Desafíos y Oportunidades en el Sector Forestal

El sector forestal del pino presenta tanto oportunidades como desafíos para los empresarios. Desde la gestión sostenible de los bosques hasta la comercialización de la madera, los actores de este sector se enfrentan a diversas problemáticas legales, ambientales y económicas.

Desafíos Legales y Ambientales

Un ejemplo de los desafíos que enfrentan los empresarios del sector es el caso de Juan Márquez, fundador de la cooperativa Agromolinillo. Este empresario ha tenido que desmantelar 118 hectáreas de arándanos en la finca El Avispero de Bonares en cumplimiento de una sentencia firme que le insta a restaurar a su estado primigenio unos terrenos de carácter forestal, transformados para uso agrícola y utilizados antaño como coto de caza. El empresario ha tenido que desembolsar para ello 220.000 euros para cumplir con una sentencia penal que puede llevarle a la cárcel por delitos contra la ordenación del territorio.

Además, por imposición legal, está obligado a plantar unos 44.000 pies de eucaliptos a pesar del daño ambiental de un árbol de origen australiano conocido en el argot conservacionista como vampiros hídricos debido al ingente consumo de agua con respecto a otras especies autóctonas como el pino o la encina. Estas medidas se adoptan tras un arranque preliminar de 30 hectáreas de arándanos y la eliminación de una balsa de riego que nutría, junto con los pozos subterráneos, a la explotación agrícola.

El proceso judicial contra Juan Márquez Soriano, Manuel Martínez Cruz y Antonio Conejo Prieto finalizó en 2010. Fue el primer caso en el que se juzgaba penalmente a una terna de empresarios y agricultores por la transformación de suelo catalogados como forestal. Hasta entonces, en todo el territorio de la provincia imperaba, en el mejor de los casos, el concepto romano de la propiedad, la cual no conllevaba restricciones de ningún tipo al uso ni la construcción. El proceso penal se inició a instancia de una denuncia de Ecologistas en Acción en la que la Fiscalía abrió diligencias tras cotejar la Delegación de Medio Ambiente la transformación de 132 hectáreas de carácter forestal donde se plantaron arándanos, amén de la construcción de dos balsas de agua y movimientos de tierra que conllevaron una degradación topográfica con la desaparición de vaguadas y laderas, así como el desvío y soterramiento del cauce de arroyos que discurrían por la finca.

Contra el empresario pesan, además, penas de prisión por los delitos de ordenación y desobediencia a la autoridad, a razón de 16 y 8 meses respectivamente por cada uno de los delitos. Una sentencia que, desde la defensa del empresario, lamentan que persiga "un escarnio público y ejemplarizante", por lo que consideran que su cliente ha sido un "chivo expiatorio a los problemas de ordenación del territorio".

Nicolás Morón, letrado de Agromolinillo, explicó el "sinsentido" de que se decreten penas de prisión contra un empresario que ha construido su negocio en fincas de titularidad privada. En este sentido, lamenta que el artículo 319 del código penal sea "una norma en blanco, cuyo carácter viene determinado por decretos como el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), publicado en el BOJA el 3 de febrero del 2004. Esta normativa, que pone techo a la superficie de riego en la corona norte de Doñana, cataloga los terrenos en C, B y A, (máxima protección) y cualquier cambio de ordenación en esta última zona lleva aparejada delitos penales.

Morón insiste en que los agricultores no tenían la percepción de todo lo que se jugaba el sector con el Potad, como, a su juicio, demuestra que "los agricultores no presentaron ninguna alegación, mientras que el Plan Especial de Ordenación de Regadíos al Norte de la Corona Forestal de Doñana recibió en 2007 más de 3.000". En consecuencia, el letrado dejó entrever que fue el desconocimiento de los empresarios lo que motivó que se consolidara una norma autonómica que, a efectos prácticos, excluyó de su diseño a uno de los principales actores del desarrollo económico de Doñana.

"Nadie -explica- entendería que un empresario comprase por 400 millones de pesetas unas 300 hectáreas de terreno y no presentase objeciones a la aprobación, por parte de la Consejería de Medio Ambiente, de un decreto que llevaba aparejado que la cotización de esos terrenos agrícolas cayeran una décima parte". La defensa reconoce que su defendido era consciente de que administrativamente la tala de eucaliptos no era lícita administrativamente, si bien "jamás imaginó que su praxis tuviera trascendencia penal". En concreto, recuerda que "se ha condenado a un agricultor sin estudios", que carece de la base legal para discernir la diferencias entre las sanciones administrativas y las de índole penal.

Comercialización Ilegal de Madera y el Nematodo del Pino

Otro desafío significativo es la comercialización ilegal de madera, especialmente en zonas afectadas por el nematodo del pino. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal supuestamente liderada por un empresario mayorista del sector de la madera radicado en San Cristovo de Cea que comercializaba ilegalmente madera que adquiría en zonas infectadas por el nematodo del pino en el sur de la provincia de Pontevedra y la vendía en otras comunidades autónomas que estaban libres de esta infección fitosanitaria.

Del análisis de más de 3.000 documentos de transporte y guías de recepción en las empresas destinatarias, se estima la salida ilegal de 218 transportes con más de 6.000 toneladas de madera de pino de la zona demarcada por el nematodo. El Seprona de Pontevedra tuvo conocimiento de que una empresa dedicada al comercio mayorista de madera "estaba comprando gran cantidad de madera de pino" en una zona forestal de esa provincia que tenía restringida su comercialización "al tratarse de espacios infectados por el organismo larva del vector (Monochamus gallo provincialis) propagador del nematodo del pino, que provoca graves daños en esta especie vegetal.

El nematodo del pino es un parásito procedente de Norteamérica que fue detectado por primera vez en Europa en Portugal en 1999. Se trata de un gusano microscópico que ataca a las coníferas y coloniza los canales de resina, provocando una reducción en la transpiración de manera que el árbol se seca y sus hojas se amarillean en cuestión de semanas.

Con el objetivo de evitar la propagación, la administración, en base a la existencia de los positivos detectados, creó una zona profiláctica de contención de 20 kilómetros, paralelos a la frontera portuguesa, ya que este país es el foco de origen de la infección. También se prohíbe la salida de madera de esta zona a cualquier lugar del territorio nacional, salvo control oficial y, en cualquier caso, sometiendo el producto a determinadas condiciones de transporte y conservación.

El Seprona desplegó un dispositivo de vigilancia discreta en la zona de extracción de madera de pino y más concretamente en la zona demarcada del municipio de As Neves (Pontevedra), que permitió comprobar como un vehículo articulado efectuaba el transporte de un cargamento de pinos, procedentes del área vigilada, con destino a una empresa procesadora de Segovia. El responsable del transporte resultó ser un empresario mayorista del sector maderero ubicado en San Cristovo de Cea, al que se le atribuye la presunta responsabilidad de la extracción y comercialización de toda la madera de pino en rollo que salía ilegalmente de As Neves con destino a varias empresas ubicadas en distintas provincias no infectadas (Segovia, Burgos y Cantabria, Asturias y Navarra).

El empresario ourensano que gestionaba la extracción y transporte de la madera tenía autorizaciones para cortar y transportarla dentro de la zona demarcada de As Neves. Para eludir los posibles controles a los que se podía enfrentar, "diseñó un complejo entramado organizativo con diferentes escalas de participación que él mismo dirigía, auxiliado directamente por una empresa de transportes de la que también es administrador", destaca el Instituto Armado.

Aprovechando que tenía autorizaciones de corta en zonas no demarcadas, se sirvió de ellas para realizar los albaranes de expedición, haciendo constar en ellos que la madera procedía de zonas no infectadas en ese momento (Nigrán). Estos albaranes se los entregaban a los diversos transportistas que supuestamente eran conocedores de la falsedad que contenían.

Iniciativas para la Sostenibilidad y el Valor Añadido

A pesar de los desafíos, existen iniciativas que buscan promover la sostenibilidad y el valor añadido en el sector del pino. El sello Pino de Galicia, que está impulsando la Fundación Arume, ha elegido como presidente de su comité de marca a Venancio Salcines, un economista con una dilatada trayectoria como empresario y en el ámbito académico.

Tras el nombramiento, Salcines se mostró agradecido por la distinción y se comprometió a trabajar por este sello, que nace con el reto de generar valor a través de la innovación en la cadena del pino, una especie que -destaca-, es fuente de riqueza ambiental, pero también social y económica para Galicia. El objetivo último de la certificación Pino de Galicia, que se está poniendo en marcha, es garantizar el origen, la trazabilidad y la calidad de la madera de pino procedente de los montes gallegos.

La Fundación Arume es una entidad impulsada desde el sector forestal de Galicia para fomentar la plantación de pino en los montes y apoyar la innovación e investigación en el ámbito de la madera de coníferas.

Otra iniciativa se centra en los Montes Universales-Alto Tajo, donde se busca dar una nueva función al pino silvestre en el área de reforma y construcción de inmuebles. Mucha de la madera actual de la zona se está utilizando para embalaje y trituración, la misma que históricamente se utilizó para la construcción de catedrales, grandes edificios ilustres y construcción de ciudades, alrededor de España que aún se mantienen en pie.

Por ello, el grupo operativo conformado por Fundación COPADE, los Ayuntamientos de Orea y Orihuela del Tremedal, Azentúa, Leroy Merlin, FSC® España y Cesefor, desarrolla el plan de acción que incluye estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental y social para el desarrollo de un modelo de negocio que permita el aprovechamiento de los montes públicos. Por su parte, el proyecto apuesta por la sostenibilidad, principalmente en el proceso de extracción y recuperación de los bosques.

La iniciativa tiene el objetivo de conservar los bosques de los Montes Universales-Alto Tajo y aun así incentivar al aumento de la producción de las zonas y el desarrollo de las pequeñas comunidades que los habitan y que son propietarios de los mismos.

Estos estudios se realizan por el Centro de Estudios Forestales CESEFOR donde se determina el uso potencial de las tablas producidas, ya sea madera estructural, estética, carpintería, mueble u otro, lo que permite identificar perfectamente el potencial de los bosques estudiados para los diferentes usos determinados en el proyecto. El proyecto es financiado al 80% por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), gestionado por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tabla resumen de iniciativas y desafíos