El Crowdfunding: Marco Legal y su Impacto en la Financiación Empresarial en España y la Unión Europea

El crowdfunding, o "financiación en masa", ha emergido como un medio de financiación alternativo, especialmente para nuevos proyectos empresariales y startups. En los últimos años, el crowdfunding en España ha ganado popularidad como una forma innovadora y accesible de financiar proyectos diversos, incluyendo iniciativas empresariales, culturales, sociales y de inversión inmobiliaria.

En un entorno donde la digitalización y la innovación marcan la diferencia, las empresas, especialmente startups y pymes, buscan formas alternativas de financiar su crecimiento. La financiación participativa, también conocida como crowdfunding, se ha convertido en una solución atractiva y accesible, conectando a emprendedores con inversores a través de plataformas online.

¿Qué es la Financiación Participativa?

La financiación participativa permite a las empresas captar capital de múltiples inversores a través de plataformas digitales. Estos inversores, dependiendo del modelo, pueden recibir intereses a cambio de préstamos (crowdlending) o participaciones en la empresa que oferta el proyecto (crowdequity). Este modelo se ha popularizado por su agilidad, alcance y por facilitar el acceso al capital a empresas con una metodología distinta.

El crowdfunding, o financiación colectiva, es un modelo de financiamiento que ha ganado popularidad en los últimos años en España. Consiste en la obtención de pequeñas cantidades de dinero de un gran número de personas para financiar un proyecto, iniciativa o empresa. Este modelo ha demostrado ser una alternativa efectiva a los métodos tradicionales de financiación, ya que permite a emprendedores, artistas, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas obtener el capital necesario para llevar a cabo sus proyectos. En España, el crowdfunding se ha desarrollado principalmente a través de plataformas en línea que conectan a los promotores de proyectos con potenciales inversores.

Para operar legalmente, es imprescindible contar con una figura clave, el Proveedor de Servicios de Financiación Participativa (PSFP). Esta entidad actúa como intermediaria entre promotores (las empresas que buscan financiación para sus proyectos) e inversores, gestionando la plataforma bajo un marco legal claramente definido.

Las actividades financieras habitualmente conocidas como “crowdfunding” fueron reguladas por primera vez en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. Se trata de plataformas de financiación participativa, que suponen una alternativa a la financiación bancaria, siendo intermediarias en la captación de capital por parte de empresas a través de un sistema de servicios de la información accesibles por internet. Estas plataformas de crowdfunding permiten contactar a los promotores que requieren financiación con potenciales inversores.

Marco Legal del Crowdfunding en España y la Unión Europea

La regulación de la figura del crowdfunding en la legislación española y comunitaria con la Ley 5/2015 y el Reglamento (UE) 2020/1503 establece una serie de condiciones en lo que se conoce como financiación participativa empresarial. La necesidad de obtención de fondos y la inversión para obtener un beneficio son los puntos de partida de la normativa. Junto a ello, y teniendo en cuenta las TICs (tecnologías de la información y comunicación) se plantean diversos aspectos referentes a la protección de datos en la actividad del crowdfunding.

Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial

En España, el Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial establece por primera vez un régimen jurídico para el crowdfunding, convirtiéndose en el cuarto país europeo en regularlo. La Ley 5/2015 fue la primera legislación en España que abordó específicamente el crowdfunding. Esta ley tiene como objetivo fomentar la transparencia, seguridad y protección de los inversores, así como promover el crecimiento del ecosistema emprendedor en España.

El Proyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial, establece por primera vez en España, un régimen jurídico para el denominado “Crowdfunding”, convirtiéndose así en el cuarto país europeo en regularlo. El crowdfunding o “financiación en masa” es un medio de financiación que surge como consecuencia de las restricciones al crédito que se ha venido sufriendo, generalmente, en los nuevos proyectos empresariales o startups. Antes del Proyecto de Ley mencionado, la práctica del crowdfunding era un hecho en España cada vez más habitual, aunque carente de regulación. Hasta la fecha se caracterizaba como un negocio jurídico atípico amparado en Derecho español por la autonomía de la voluntad consagrada en el art. Como punto favorable se establece un marco adecuado para el crowdfunding con el objetivo de garantizar, de manera equilibrada, la correcta protección de los inversores y de impulsar, al mismo tiempo, esta nueva herramienta de financiación directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales.

Reglamento (UE) 2020/1503

Desde noviembre de 2021, todas las plataformas de crowdfunding que operan en la Unión Europea deben cumplir con el Reglamento (UE) 2020/1503, que establece normas comunes para todo el territorio comunitario. El objetivo es claro: proteger al inversor y fomentar la confianza en este sistema de financiación alternativa.

Este reglamento se aplica a los servicios que facilitan préstamos o inversiones en empresas a través de plataformas digitales, con límites de financiación por proyecto fijados en 5 millones de euros en un periodo de 12 meses. La nueva Ley Crea y Crece adapta la legislación española en este ámbito, en consonancia con el Reglamento 2020/1503. Esta norma unificó la regulación a nivel europeo, de manera que las plataformas de financiación participativa autorizadas y supervisadas de acuerdo con el Reglamento pueden prestar sus servicios libremente en toda la Unión Europea.

El Reglamento Europeo 2020/1503 es la base de la regulación del crowdfunding en la Unión Europea. Este reglamento fue un paso crucial para establecer normas claras que protegieran a los inversores y promotores en plataformas de crowdfunding inmobiliario y crowdlending. Este marco legal permite que las plataformas operen de manera transfronteriza dentro de la UE, fomentando la expansión del crowdfunding y abriendo nuevas oportunidades de inversión en toda la Unión Europea.

Coexistencia de normativas: Ley 18/2022 y su armonización

La Ley 18/2022 es la normativa más reciente en España y modifica aspectos de la Ley 5/2015 para alinearla con el Reglamento Europeo 2020/1503. La coexistencia de ambas leyes (5/2015 y 18/2022) es esencial para garantizar una transición fluida hacia el nuevo marco regulatorio. Un aspecto clave de la Ley 18/2022 es su enfoque en la seguridad jurídica y transparencia. La armonización también facilita el crecimiento del sector en España, ya que los promotores y plataformas tienen un marco legal claro en el que operar.

Es preciso tener en cuenta que el período transitorio, establecido por el Reglamento para el cumplimiento de la normativa europea por parte de los proveedores de servicios de crowdfunding -que ya hayan sido autorizados- y operan según la normativa nacional, ha sido extendido por la Comisión Europea, hasta el 10 de noviembre de 2023, o hasta que se les conceda la autorización si ya la hubieran solicitado. La justificación de esta extensión es evitar el colapso del sector europeo de plataformas de financiación participativa, pues es necesario que modifiquen significativamente sus disposiciones operativas y de gobernanza actuales.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece, las plataformas que presten servicios en España deberán cumplir ya con la normativa del Reglamento Europeo, y en concreto con algunas de las principales obligaciones que el mismo impone para la prestación de este tipo de servicios.

Tipos de Crowdfunding y su Regulación

Existen diferentes modelos de crowdfunding en España, cada uno con sus propias características y regulaciones:

Requisitos y Protección del Inversor

La regulación del crowdfunding en España busca fomentar la financiación empresarial a través de estas plataformas, al mismo tiempo que protege a los inversores y promueve la transparencia en este tipo de financiación. Las plataformas de financiación participativa deben estar autorizadas y registradas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este organismo vela por salvaguardar la neutralidad de las plataformas en su labor de intermediación entre los receptores de fondos y sus inversores. Su regulación se encuentra a caballo entre los mercados cotizados y la financiación bancaria.

Tipos de Inversores

El proyecto diferencia dos tipos de inversores:

• Inversores cualificados: Con una renta de al menos 50.000 euros al año y un patrimonio de inversiones financieras de al menos 100.000 euros.
• Inversores no cualificados (minoristas): A los que se establecen una serie de limitaciones sobre cuánto pueden invertir. Se establece un límite único de inversión individual por proyecto para inversores minoristas, que se fija como el más alto entre una cantidad de 1.000€ o el 5% de la riqueza (sin incluir propiedades inmobiliarias y fondos de pensiones). A los inversores minoristas no se les impide invertir por encima del límite, pero de querer hacerlo, recibirán una advertencia de riesgo y tendrán que dar su consentimiento expreso al proveedor de servicios de financiación participativa.

Requisitos para los Proveedores de Servicios de Financiación Participativa (PSFP)

Los PSFP deben cumplir con una serie de obligaciones técnicas, organizativas y legales que son esenciales para operar con transparencia y legalidad. Entre ellas destacan:

• Autorización formal: Toda plataforma debe estar autorizada por la autoridad competente (en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores), que evalúa la idoneidad del equipo gestor y la viabilidad del modelo de negocio.
• Gobernanza interna robusta: Se exige una estructura organizativa clara, con funciones de cumplimiento, auditoría y gestión de riesgos bien definidas.
• Gestión de conflictos de interés: No se permite aceptar como promotores de proyectos a personas que estén directamente relacionadas con el PSFP. Y si alguna de estas personas actúa como inversor en algún proyecto deberá comunicarse a todos los inversores en un apartado o tablón de anuncios en la plataforma digital. El objetivo es evitar que la PSFP beneficie a sus propios proyectos.
• Evaluación del conocimiento del inversor: Se debe aplicar un test que ayude a los inversores no profesionales a comprender los riesgos de sus decisiones.
• Periodo de reflexión de 4 días: Cualquier inversor minorista tiene derecho a desistir de su inversión sin penalización en ese plazo. Posibilidad del inversor no experimentado de revocar la oferta durante el período de reflexión precontractual de 4 días naturales fijados desde la fecha de la oferta de inversión o la expresión del inversor no experimentado.
• Transparencia informativa: Las plataformas deben publicar información clara y actualizada sobre los proyectos, condiciones de inversión, comisiones y riesgos. Exigencia de una ficha de datos fundamentales de la inversión. Mecanismos para garantizar un adecuado nivel de transparencia en las solicitudes de financiación empresarial a través de plataformas de financiación participativa.
• Protocolo de reclamaciones y gestión de quejas: Debe establecerse un sistema eficaz para atender cualquier incidencia del cliente.
• Plan de continuidad operativa: Las plataformas deben estar preparadas para seguir funcionando o cerrar ordenadamente en caso de crisis o cese de actividad.
• Prohibición de asesoramiento financiero: La ley prohíbe a las plataformas ofrecer asesoramiento financiero, lo que significa que no pueden recomendar inversiones específicas a los usuarios. Si bien las plataformas tienen expresamente prohibido prestar asesoramiento financiero, así como la utilización de fondos sin autorización, sí que podrán, a partir de ahora, invertir en nombre de los inversores en base a un mandato que deberá recoger las características del servicios e inversiones a realizar.
• Pasaporte europeo: Las plataformas autorizadas obtienen un pasaporte europeo que les permite ofrecer sus servicios en todo el territorio comunitario. Aquellas plataformas no armonizadas, por prestar servicios a promotores que sean consumidores, o cuyas ofertas de financiación participativa sean superiores a 5 millones de euros en un plazo de 12 meses, no disfrutarán de este “pasaporte europeo” y deberán desarrollar su actividad conforme a la Ley española, aunque la misma hace remisión también en este punto a las obligaciones establecidas en el Reglamento.
• Agrupaciones de inversores: Se permite agrupar a los inversores en una sociedad limitada cuyo objeto social y única actividad consista en ser tenedora de las participaciones de la empresa en que se invierte, en una entidad sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o en otras figuras que se utilicen habitualmente para estos fines en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Como podemos observar, existen una serie de requisitos especialmente estrictos en un sector tan sensible como el financiero, donde la confianza es uno de los activos más valiosos.

Crowdfunding Inmobiliario en España

El crowdfunding inmobiliario en España ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, convirtiéndose en una opción atractiva tanto para inversores como para promotores inmobiliarios. Esta forma de financiación colectiva ofrece una serie de ventajas y oportunidades tanto para aquellos que buscan invertir en el sector inmobiliario como para aquellos que buscan financiación para sus proyectos.

Una de las principales ventajas del crowdfunding inmobiliario es la posibilidad de diversificar la cartera de inversión. Los inversores pueden participar en proyectos inmobiliarios de diferentes tipos y ubicaciones, lo que les permite reducir el riesgo al no depender de un solo activo. Además, el crowdfunding inmobiliario brinda la oportunidad de invertir en el mercado inmobiliario con cantidades más pequeñas de capital, lo que lo hace accesible para un mayor número de personas.

Para los promotores inmobiliarios, el crowdfunding ofrece una alternativa a la financiación tradicional, permitiéndoles acceder a capital de una manera más ágil y flexible. Al abrir sus proyectos a una red de inversores, los promotores pueden obtener financiación de manera más rápida y con menos trámites burocráticos.

En España, el crowdfunding inmobiliario está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que establece ciertas normas y requisitos para las plataformas de crowdfunding y los proyectos inmobiliarios que se financian a través de ellas. Esta regulación tiene como objetivo proteger los intereses de los inversores y promover la transparencia en el sector, lo que ha contribuido a generar confianza en esta forma de financiación.

Estrategias para una Campaña Exitosa de Crowdfunding

Para que una campaña de crowdfunding sea exitosa, es importante seguir una serie de estrategias. Estas estrategias se pueden dividir en tres fases:

• Fase de Preparación: Definir el objetivo de la campaña, el tipo de crowdfunding que se va a utilizar, el público objetivo y el presupuesto.
• Fase de Lanzamiento: Crear un buen plan de comunicación y marketing para llegar al público objetivo.
• Fase de Cierre: Mantener el contacto con los inversores y dar seguimiento a la campaña.

Algunas de las estrategias específicas que se pueden utilizar para aumentar las posibilidades de éxito de una campaña de crowdfunding son:

• Crear un vídeo de presentación atractivo que explique el proyecto de manera clara y concisa.
• Definir una oferta atractiva para los inversores, como recompensas exclusivas o descuentos en productos o servicios.
• Lanzar la campaña con suficiente antelación para permitir que los inversores tengan tiempo de conocer el proyecto y decidir si quieren invertir.
• Promocionar la campaña en redes sociales y otros canales de comunicación.

La Importancia del Asesoramiento Legal Especializado

Cumplir con todos estos requisitos puede parecer abrumador, pero con el acompañamiento adecuado, es posible estructurar una plataforma de financiación participativa que no solo cumpla con la ley, sino que inspire confianza y crezca con solidez.

Es fundamental contar con una asesoría legal que acompañe en todo el proceso de obtención de la autorización para ser PSFP. Una asesoría especializada no solo ayuda a redactar y formalizar toda la documentación requerida por la autoridad competente, sino que también asesora a las partes involucradas sobre los riesgos y beneficios, asegurando que ambas partes comprendan completamente sus derechos y responsabilidades. El crowdfunding es una alternativa de financiación con enorme potencial, especialmente en sectores como el fintech, el tecnológico o el de impacto social.