El Negocio de la Vejez: Residencias, Desafíos y Alternativas en España

En Portada estrena cada miércoles -a las 22:00 h- un documental titulado “El negocio de la vejez”, que aborda las dificultades económicas que soportan las familias con una persona mayor. En España, las residencias siempre han estado bajo sospecha a juicio del sociólogo José Ignacio Casas, quien cree que esto se debe a la falta de transparencia sobre la gestión de estos centros para mayores. Según Casas, "debería publicarse cada año la lista de residencias que suspenden, las que han sido sancionadas y por qué", una batalla abierta que no interesa resolver porque muchas comunidades autónomas no están de acuerdo con la publicación de los nombres de las que lo hacen mejor y peor, a pesar de ser un derecho social.

Fernando Rojo, a sus 74 años y con su esposa Chon, de 82, viviendo con Alzheimer, gasta cada mes más de tres mil euros en ayuda a domicilio, un costo similar al de una residencia. Aunque su hija le sugirió llevar a Chon a una residencia, él se negó, basándose en experiencias negativas previas con otros familiares.

El Envejecimiento de la Población y la Demanda de Plazas

España es el segundo país de la UE, después de Italia, con mayor población envejecida. Se calcula que en la próxima década se necesitarán un 15% más de plazas residenciales, lo que implica 89.324 plazas para alcanzar cinco por cada 100 personas mayores de 65 años, y no menos de 35.000 plazas para atender la demanda actual de personas en Dependencia Severa o Grandes Dependientes.

Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), solo un 14% de los centros dirigidos a personas mayores son de titularidad y gestión pública. El sistema residencial ofrece 381.514 plazas a personas mayores distribuidas en 5.188 centros, con una media de 73,5 plazas por centro. En estos centros, el 70% de las personas que residen son mujeres. La demanda de residencias aumenta y atrae a fondos de inversión, pero también aumentan las quejas de familiares y trabajadores por las carencias en la atención.

El aumento de la demanda se debe a varias razones:

• El progresivo envejecimiento de la población, y sobre todo el sobreenvejecimiento.
• Los cambios sociales, como la tendencia al individualismo y la transformación del modelo de familia tradicional, que han trasladado el cuidado de los mayores de la familia a terceros actores.

Acceso a Residencias y Costos

En la mayoría de los casos, la única alternativa es una residencia de mayores. Sin embargo, acceder a una pública no es fácil; se tarda entre uno y dos años en obtener una plaza pública o concertada, y se deben cumplir requisitos como tener un mayor grado de dependencia y menores ingresos.

El precio de una plaza de residencia privada cuesta más de 2.000 euros de media, asumido por la persona mayor, a veces con ayuda de sus hijos. Cuando el apoyo familiar no es suficiente, las administraciones públicas pueden intervenir. El incremento del precio de una residencia privada en España desde el año 2001 ha sido del 50%, situándose el precio medio en 1.777 euros más IVA, según Inforesidencias.

Raquel Martínez Buján, doctora en sociología del bienestar, se pregunta: "¿Quién puede costearse una residencia?". El foco está en el mercado privado, mediante el copago del usuario, que puede alcanzar hasta el 90% de la pensión. La pensión media en España es de 956,42 euros al mes. Para el resto, se recurre a ahorros o ayuda de los hijos, si hay plaza, ya que las listas de espera son tremendas.

Muchas residencias privadas funcionan como una solución puente mientras se espera una plaza pública o concertada. Gustavo García, de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, subraya que en casos de gran dependencia, el factor económico no interviene, ya que la dependencia grave da derecho a una plaza pública o concertada, o a una ayuda de la comunidad.

El Negocio de las Residencias Privadas

Son cinco o seis grandes empresas las que poseen el 40% de las residencias privadas. José Ignacio Casas explica que "es un negocio legítimo pero siempre que estén cubiertos los estándares mínimos de calidad necesarios".

El sector privado es el primer proveedor de servicios de atención residencial, y su presencia es aplastante. Según el CSIC, las residencias privadas acaparan un 72,9% de las plazas existentes, y en algunas comunidades como Cantabria, rozan el 85%. En la Comunidad Valenciana, las plazas privadas suponen el 80% del total; en la Comunidad de Madrid, el 76%. Solo en Extremadura y Canarias la proporción de plazas públicas es superior a la de las privadas. Las últimas estadísticas del Imserso (diciembre de 2015) muestran que el 75,6% de los 5.387 centros residenciales en España son de titularidad privada.

Hay plazas públicas cuya gestión se cede a una empresa privada, y plazas privadas que se conciertan con la Administración. La consultora DBK estima que de las 284.230 plazas existentes en residencias privadas, 100.930 son concertadas (el 35%).

La facturación agregada de este negocio, fundamentalmente privado, superó en 2017 los 4.300 millones de euros, frente a los 2.300 millones de nueve años antes. El sector atrae a nuevos actores como fondos de inversión, constructoras y aseguradoras, que ven una demanda asegurada, ingresos recurrentes y baja morosidad.

Grandes Operadores y Concentración del Sector

La tendencia a la concentración de grandes operadores en un sector tradicionalmente atomizado es clara. Pequeñas empresas y entidades sociales compiten con grandes grupos como DomusVi, Amavir, Ballesol, Eulen, Sanitas, Orpea, Caser e Ilunion, reunidas en la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE).

Grandes grupos difunden planes de expansión potentes: DomusVi integró a Geriatros y SARquavitae, y Vitalia también tiene planes para nuevas residencias. Sanitas Mayores, propiedad de Bupa, ha comprado Valdeluz y busca más adquisiciones. Amavir se creó de la fusión de Adavir y Amma en 2017. Healthcare Activos se ha hecho con tres residencias en alianza con La Saleta Care.

Según el secretario general de AESTE, Jesús Cubero, la atención a la dependencia es "un sector necesario y de futuro, generador de riqueza y que no se deslocaliza". Sin embargo, el sector se queja de que las tarifas que las administraciones pagan por cada residente con plaza concertada no cubren los costos. En la Comunidad de Madrid, varias empresas han reducido o eliminado las plazas concertadas, dejando a centenares de personas mayores sin hogar.

Un ejemplo de polémica fue la mantenida entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat sobre la falta de residencias. El Consistorio acusó al Gobierno catalán de "falta de inversión alarmante" en plazas residenciales, mientras que el Ejecutivo catalán prioriza "la concertación de plazas y servicios antes que la construcción de nuevos equipamientos".

Calidad de la Atención y Denuncias

Las quejas de familiares y trabajadores por las carencias en la atención han aumentado, según el Defensor del Pueblo, quien afirmó que "traslucen una pérdida de calidad en la atención residencial a mayores", con énfasis en la escasez de personal y medios. Afrontar este reto "parece imposible sin una mejora en la financiación del sistema de dependencia".

Tras varias denuncias en residencias de Madrid, se constituyó la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (PLADIGMARE), que denuncia:

• Insuficiencia de personal, lo que lleva a colas para usar el aseo y la indicación de usar pañales.
• Descontrol en la medicación y uso excesivo de sujeciones.
• Extravío de prendas y prótesis.
• Insuficiente atención para comer y falta de cambios posturales en encamados.

Ramón Saborit, presidente de la Asociación Valenciana de Familiares y Usuarios de Centros Geriátricos, afirma que "en algunas ocasiones se está mejor atendido en una prisión que en una residencia". La movilización consigue avances, pero es difícil porque las familias temen represalias sobre los residentes. La plataforma SOS Gent Gran critica que la mayoría de residencias gestionadas por empresas privadas "priorizan el beneficio económico en detrimento de la calidad".

Legislación y Ratios de Personal

La Asamblea General de Madrid dio el primer paso para impulsar una nueva ley que regula los centros geriátricos, con nuevos requisitos materiales, funcionales y de personal. El problema principal son las ratios de personal. La propuesta legislativa detalla el personal necesario por turnos y niveles de dependencia en cada área: administración, técnico-asistencial, atención sociosanitaria, cocina y comedor, limpieza y mantenimiento. Rafael Camargo, impulsor de la ley, remarca que "tener que ocuparse de 14 o hasta de 20 es inviable" y que la ratio de atención directa para personas con dependencia grave no debe superar la de uno por siete.

Las grandes empresas han criticado la propuesta, calificándola de "chapuza jurídica" y afirmando que triplicaría el precio de las plazas, haciendo inviable el sector. Sin embargo, el Defensor del Pueblo subraya la necesidad de revisar a fondo las necesidades de los centros residenciales.

Otras Alternativas a las Residencias

Existen otras opciones para las personas mayores:

• Cooperativas de viviendas: Se vive en una cooperativa donde se toman decisiones colectivas, pero para ser socio hay que comprar la vivienda (entre 90.000 y 200.000 euros) y pagar una mensualidad de unos mil euros. Lo habitual es vender la propia casa para invertir en el proyecto.
• Nuda propiedad: Se vende la propiedad, pero se reserva el usufructo vitalicio de la vivienda, es decir, el derecho a disfrutarla hasta el fallecimiento, con la obligación de conservarla.
• Hipoteca inversa: Es un préstamo hipotecario donde la vivienda se usa como garantía. La cantidad que el propietario debe al prestamista aumenta con el tiempo debido a los intereses y cargos. Los propietarios o sus herederos deberán pagar el préstamo, generalmente vendiendo la vivienda. Si la persona muere, el banco o la compañía de seguros se quedarían con el piso a menos que los herederos lo rescaten, lo que, según José Ignacio Casas, "suena un poco a estafa" por los altos intereses.
• Alquiler vitalicio: Similar a la compraventa con alquiler vitalicio. Se obtiene una cantidad de dinero inicial, y el vendedor paga un alquiler hasta su fallecimiento. Suele ser rentable para el comprador cuando el mayor tiene más de 75 u 80 años.

Gestión Pública de Residencias y Contratación

En el caso de un municipio que desea municipalizar un servicio de residencia que era gestionado por monjas y luego por personal municipal y privado sin contrato, se deben seguir ciertos procedimientos.

Para municipalizar el servicio, se debe asumir previamente la competencia por la vía del art. 7.4 de la Ley 7/1985 (LRBRL) y proceder a la municipalización conforme al art. 97 del RDLeg 781/1986 (TRRL).

En cuanto a la calificación del contrato, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP 2017) establece una nueva relación de contratos típicos. Se entiende que la naturaleza de la relación es la de una concesión de servicios, regulada por los arts. 284 a 297 LCSP 2017. El art. 15 LCSP 2017 establece que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional, abarcando el riesgo de demanda o el de suministro.

La Obligación de Subrogar a los Empleados

La subrogación tiene su regulación en la normativa laboral, específicamente en el RDLeg 2/2015 (ET/15). El Tribunal Supremo ha reiterado que la obligación de subrogar a los trabajadores viene impuesta por disposiciones legales o convenios colectivos, no por el propio Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La cláusula de subrogación empresarial excede el ámbito subjetivo de los pliegos al afectar a terceros ajenos al vínculo contractual, como son los trabajadores de la anterior empresa adjudicataria. Desde un punto de vista objetivo, dicha cláusula impone obligaciones de contenido netamente laboral que forman parte del estatus del trabajador, y cuyo cumplimiento corresponde a la jurisdicción social, no a la contencioso-administrativa. Por tanto, la imposición de la subrogación del personal no procedería si no estuviera avalada por la normativa laboral, como defiende la jurisprudencia.

Características de los Servicios de Acogida Residencial

Servicio de Acogida Residencial (autonomía suficiente)

• Destinatarios: Personas de 75 años y mayores con un grado de autonomía suficiente para las actividades de la vida diaria, que requieren un determinado nivel de organización y apoyo personal.
• Objetivo: Facilitar un entorno sustitutorio del hogar.
• Funciones: Alojamiento, manutención, acogida, convivencia y apoyo personal.
• Personal: Equipo profesional con responsable del servicio y responsable higiénico-sanitario, así como personal suficiente para asegurar presencia permanente y continua durante 24 horas.

Servicio de Acogida Residencial (no autonomía suficiente)

• Destinatarios: Personas mayores que no tienen un grado de autonomía suficiente para realizar las actividades de la vida diaria, necesitan supervisión constante y tienen una situación sociofamiliar que requiere la sustitución del hogar.
• Adaptación: El servicio se adapta al grado de dependencia de las personas usuarias.
• Equipo profesional: Pluridisciplinar, formado por enfermeros, auxiliares de gerontología, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y profesionales de la educación social, la psicología y la medicina.

La mayoría de personas mayores prefieren no cambiar de entorno, optar por ayudas y quedarse en su domicilio, pero los centros residenciales son un recurso necesario para personas en situación de mucha vulnerabilidad, y no hay una estrategia clara para afrontar el reto del sobreenvejecimiento.