Certificado Emprendedor y la Ley de Startups: Impulso a la Innovación en España

En los últimos años, el emprendimiento basado en la innovación ha ganado un espacio significativo en España, impulsado por el éxito de las empresas digitales, el acceso a un vasto conocimiento en internet y el avance científico y técnico. España ha desarrollado un incipiente ecosistema de empresas emergentes, concentrado en polos de atracción de talento, capital y emprendedores, que destacan en el panorama europeo. Sin embargo, es crucial fomentar el desarrollo de estos polos de atracción no solo en centros urbanos, sino también en ciudades periféricas y entornos rurales, promoviendo la interrelación de estas empresas con sus territorios para aumentar sus oportunidades de éxito.

Las empresas emergentes poseen características específicas que dificultan su encaje en el marco normativo tradicional en los ámbitos fiscal, mercantil, civil y laboral. Esta situación justifica un tratamiento diferenciado respecto a empresas con modelos de negocio convencionales.

La Ley de Startups y sus Medidas Clave

En este contexto, la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (conocida como Ley de Startups) incorpora un importante conjunto de medidas. Estas responden a un intenso proceso de consulta pública y buscan reducir significativamente los obstáculos legislativos, principalmente en cargas fiscales y sociales, exigencias mercantiles y trámites burocráticos. La ley también promueve la inversión en innovación, impulsa los instrumentos públicos de apoyo al ecosistema de empresas emergentes y refuerza la colaboración público-privada.

Esta ley se complementa con la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, y la reforma del marco concursal, buscando mejorar la calidad normativa y el clima de negocios, favoreciendo la eficiencia y productividad en todo el ciclo empresarial.

Beneficios y Requisitos para Empresas Emergentes

La Ley de Startups establece requisitos específicos que distinguen a estas empresas del resto del tejido empresarial. Con el fin de proporcionar una ventanilla única, la acreditación, ineludible para acogerse a los beneficios fiscales y sociales, será eficaz frente a todas las Administraciones y entes que deban reconocerlos. Los beneficios cesarán cuando la empresa se estabilice o haya transcurrido un tiempo razonable para encontrar un modelo de negocio sostenible.

No podrán acogerse a los beneficios de esta ley las empresas emergentes fundadas o dirigidas por personas que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o que hayan sido condenadas por ciertos delitos graves, como administración desleal, insolvencia punible, blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, o delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, entre otros, así como aquellas condenadas a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, recuerda que "la certificación de una startup en España, primer país europeo que contará con un sistema de emisión de certificados, estará basada en el cumplimiento de varios criterios, entre los que destaca la antigüedad de la empresa, que su facturación no supere los 10 millones de euros o que cuente con un 60 % de su plantilla en España, entre otros requisitos”.

"El establecimiento de este sistema otorga amplia seguridad jurídica al sector de las empresas emergentes en España, favoreciendo que cada vez más grandes fondos quieran invertir aquí. España no es sólo el mejor país para vivir, sino también para emprender y para invertir. Con esta orden culminamos el procedimiento del marco de la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes e iniciamos un nuevo tiempo de modernización y de grandes oportunidades no solo para el crecimiento económico, sino también para el mercado de trabajo."

Incentivos Fiscales y Fidelización del Talento

El Capítulo I del Título I y las disposiciones finales segunda y tercera de la Ley desarrollan un conjunto de incentivos fiscales:

• Reducción del Impuesto de Sociedades: Se reduce del 25 % al 15 % durante un máximo de cuatro años, siempre que la empresa mantenga la condición de emergente.
• Mejora de la fiscalidad de las stock options: Se eleva el importe de la exención de 12.000 a 50.000 euros anuales para la entrega de acciones o participaciones a empleados de empresas emergentes. Se permite diferir la imputación temporal de la parte que exceda de dicha cuantía hasta que se produzcan determinadas circunstancias, y en todo caso, en el plazo de diez años.
• Aumento de la deducción por inversión en empresa de nueva o reciente creación: El tipo de deducción se incrementa del 30 al 50 por ciento, y la base máxima de 60.000 a 100.000 euros. El plazo para suscribir las acciones o participaciones se eleva de tres a cinco años, y hasta siete para determinadas categorías de empresas emergentes.
• Mejora del acceso al régimen fiscal especial para trabajadores desplazados: Se disminuye de diez a cinco años el número de períodos impositivos anteriores al desplazamiento a España durante los cuales el contribuyente no pudo ser residente fiscal. Se extiende su aplicación a trabajadores a distancia y a administradores de empresas emergentes.

El Título I también se enfoca en la inversión extranjera y la fidelización del talento. Se reducen los requisitos burocráticos para inversores no residentes, facilitando la solicitud electrónica del número de identificación fiscal (NIF) y favoreciendo la equivalencia de documentos extranjeros.

Atracción de Nómadas Digitales y Simplificación de Trámites

La expansión del teletrabajo ha dado lugar al surgimiento del nomadismo digital. Para regular la residencia de estos profesionales, se crea una nueva categoría de visado y autorización de residencia. El visado para el teletrabajo de carácter internacional permite entrar y residir en España hasta por un año, mientras sus titulares trabajan para sí mismos o para empleadores en cualquier parte del mundo. Esta medida se rige por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, ofreciendo ventajas en plazos de tramitación y reagrupación familiar.

El Título II aborda aspectos formales y societarios que afectan a las empresas emergentes. La ley permite la creación de empresas emergentes en un solo paso, mediante el otorgamiento de un número de identificación fiscal, para que la empresa pueda completar los trámites de constitución posteriormente. Además, se excluye a las startups, durante los primeros tres años desde su constitución, de las exigencias relativas al equilibrio patrimonial a efectos de las causas de disolución.

El Papel de ENISA en la Certificación de Empresas Emergentes

La Empresa Nacional de Innovación, S.M.E., SA (ENISA) ha sido elegida como responsable de implementar esta certificación en la Ley de Startups, gracias a su vasta experiencia en la financiación de pymes y empresas emergentes. Los emprendedores que deseen acogerse a los beneficios y especialidades de esta ley deberán solicitar a ENISA que evalúe sus características, tal como se recoge en los artículos 3 y 6. Según José Bayón, CEO de ENISA, "poner en marcha esta certificación es un hito para nuestro país, para el ecosistema emprendedor y para el Gobierno que, desde el principio, ha querido colocar en el centro el talento y la calidad empresarial pujante y variada con la que contamos".

ENISA ha invertido más de 1.260 millones de euros en préstamos participativos, distribuidos en 8.280 préstamos, beneficiando a 7.220 empresas. Este apoyo se ha centrado principalmente en actividades relacionadas con la economía digital, biotecnología, ingeniería genética, medicina, salud, servicios financieros, hostelería, ocio y sostenibilidad.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Startups, se ha observado un incremento en la solicitud de visados y autorizaciones de residencia por parte de emprendedores extranjeros interesados en España. Las búsquedas en Google con el término "nómadas digitales España" se multiplicaron por cuatro en febrero de 2023 en comparación con el año anterior. La inversión en España también ha experimentado un crecimiento notable, multiplicándose por cinco entre 2015 y 2021, alcanzando los 10.000 millones de euros en este último año.

Fomento del Emprendimiento y la Innovación: Programa Bandera

La Ley de Startups se alinea con la Estrategia España Nación Emprendedora, que busca impulsar el emprendimiento para mejorar la tasa de actividad emprendedora (TEA) por encima del 6,1 % en 2023. La inversión en "emprendimiento" del componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye medidas bajo el paraguas del Marco Estratégico en Política de PYME 2030, la Estrategia España Nación Emprendedora y la Agenda España Digital 2025.

Dentro de las acciones de "difusión y comunicación" se encuentra el Programa Bandera, con el objetivo de difundir la cultura emprendedora y la Estrategia España Nación Emprendedora en todas las Comunidades Autónomas. Este programa busca posicionar a España a nivel global, generar puntos de encuentro y desarrollo de negocio, y promover la participación activa en los debates del ecosistema emprendedor. Incluirá la financiación de actividades y eventos de apoyo a emprendedores mediante concurrencia competitiva.

La Fundación EOI, FSP, actuará como entidad ejecutora de este proyecto, verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Unión Europea para el Plan de Recuperación. La orden de ayudas se dicta de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento, y las bases reguladoras y la convocatoria se tramitarán de forma conjunta, priorizando la presentación por medios telemáticos.

Certificados Profesionales: Acreditación y Requisitos

Los certificados profesionales acreditan las cualificaciones profesionales o unidades de competencia que las componen. Se pueden obtener al superar toda la formación asociada a un título, siempre que el centro y los formadores estén acreditados y la formación cumpla con los requisitos normativos. Alternativamente, personas que han adquirido competencias profesionales a través de la experiencia laboral pueden obtenerlos mediante un procedimiento de acreditación.

Los requisitos generales de participación en estos procedimientos son:

• Ser mayor de 18 años (nivel 1) o 20 años (niveles 2 y 3).
• Tener nacionalidad española, ciudadanía de la Unión Europea o autorización de residencia o residencia y trabajo en vigor en España.
• Acreditar experiencia laboral o formación relacionada:
  • Nivel 1: Más de dos años de experiencia laboral (mínimo 1.000 horas) en los últimos 15 años o 200 horas de formación en los últimos 10 años.
  • Nivel 2 y 3: Tres años de experiencia laboral (mínimo 2.000 horas) en los últimos 15 años o 300 horas de formación en los últimos 10 años.

El procedimiento consta de tres fases: asesoramiento, evaluación y acreditación. La Administración expedirá una acreditación de las unidades de competencia demostradas. El plazo para resolver es de seis meses, con silencio administrativo desestimatorio.

Para acceder a la formación de certificados profesionales de nivel 2 y 3, se requieren titulaciones mínimas o la superación de pruebas de competencias clave en matemáticas, lengua castellana y, si aplica, lengua extranjera. Para el nivel 1 no hay requisitos de acceso.

La formación profesional de Grado C incluye un período obligatorio de formación en empresa u organismo equivalente, salvo exenciones por experiencia laboral acreditada (6 meses a tiempo completo en los últimos 5 años).

La economía española se ha caracterizado por su dinamismo, pero también ha acumulado desequilibrios económicos y financieros. Las reformas estructurales implementadas desde 2012 buscan estabilidad macroeconómica, solidez financiera y un entorno propicio para el crecimiento. Las pymes y los autónomos, que son cruciales para el tejido empresarial español, necesitan un impulso desde las administraciones públicas para adaptarse a los cambios y potenciar la iniciativa empresarial.

Medidas para la Promoción de la Empleabilidad y el Emprendimiento Joven

En el ámbito laboral, se han introducido medidas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades y fomentar el espíritu emprendedor. Estas incluyen incentivos para la incorporación de jóvenes a la economía social y estímulos a la contratación de jóvenes desempleados. También se busca mejorar la intermediación laboral, eliminando trabas y garantizando el acceso a las ofertas de empleo.

Además, se han flexibilizado las limitaciones para la financiación no bancaria de las empresas, levantando la restricción de que el importe total de las emisiones de las sociedades no puede ser superior al capital social desembolsado más las reservas. Esta flexibilización se aplicará únicamente cuando las emisiones se dirijan a inversores institucionales, garantizando la protección de los inversores minoristas.