Mejora del Acceso a la Financiación y Aumento de la Competitividad para las PYMES: Un Enfoque en la Simplificación Regulatoria

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley de transposición de distintas normativas europeas sobre mercados de valores, con el objetivo principal de mejorar el acceso a la financiación y reducir las cargas administrativas para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

Simplificación Regulatoria para un Mejor Acceso a la Financiación

Este paquete de medidas tiene un primer eje en la mejora del acceso a financiación, eliminando las barreras que impiden a las empresas, especialmente PYMES, acudir a financiación no bancaria. Esta es una alternativa real y complemento a la financiación bancaria.

En línea con la UE, para atraer inversión internacional, la norma es un paso decisivo en la construcción de la Unión de Ahorros e Inversiones.

Avances Clave en la Reducción de Costes y Requisitos:

• Reducción de costes y requisitos de salir a cotizar: Se elevan los umbrales para la exención de elaborar un folleto. Se aumenta el límite (de 8 a 12 millones de euros) para que las emisiones puramente nacionales no tengan la obligación de elaborar un folleto informativo.
• Reducción del free float mínimo: Se reduce del 25% al 10% el porcentaje mínimo de capital flotante exigido en el momento de la admisión a cotización en mercados regulados. Esta medida facilita que más empresas puedan plantearse la salida a bolsa en condiciones más adaptadas a su estructura accionarial.
• Aligeramiento del reporte: Se reducen y simplifican las obligaciones de información.
• Ampliación de las fuentes y oportunidades de inversión: Con medidas orientadas a ampliar los canales de financiación de las empresas y el abanico de vehículos a través de los cuales puede canalizarse el ahorro hacia la economía real.

Mayor Protección para el Inversor

El paquete incluye medidas para que los inversores minoristas inviertan con más información y menos conflictos de interés. También refuerza la protección del inversor minorista, aumentando la transparencia y la información disponible y previniendo conflictos de interés en la canalización de órdenes.

Modificación de los Criterios de Tamaño para las Empresas

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley que modifica los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera. El texto de Economía introduce como principal novedad que las pautas que toman como referencia el valor de los activos y de la facturación de las empresas se incrementen un 25%.

Según ha explicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, con este anteproyecto se elevan un 25% los umbrales en materia de los activos o del volumen de negocio para poder considerar a la empresa como pequeña, mediana o grande, "ajustándose así a la evolución de la inflación en los últimos años".

Nuevos Umbrales para Clasificación de Empresas:

Con los nuevos umbrales, se considerarán pequeñas empresas las que presenten activos por menos de cinco millones de euros anuales y un volumen de negocio de hasta diez millones de euros, frente a los límites máximos de cuatro y ocho millones anteriores, respectivamente.

En concreto, esta norma eleva los umbrales de las consideradas pequeñas empresas para que más compañías accedan al régimen simplificado de información financiera (modelos abreviados), reduciendo sus cargas administrativas y favoreciendo un entorno empresarial más eficiente.

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los umbrales anteriores y los nuevos para la clasificación de las empresas:

Se estima que 5.813 empresas se van a beneficiar de esta medida. De esta manera, el 98,5% de las empresas españolas podrán acceder así a un modelo contable de cargas administrativas reducidas.

Estas modificaciones permitirán que menos empresas afronten obligaciones más complejas y más costosas, facilitando así que redirijan esos recursos a inversión, digitalización o empleo, y reforzando su competitividad.

Impacto en la Auditoría Obligatoria

Otra de las novedades de esta norma es el incremento del 25% en los umbrales que determinan qué sociedades están obligadas a auditarse. Unas cifras que no se actualizaban desde 2013. Este cambio se alinea también con la agenda europea de simplificación regulatoria.

Debido al aumento de los umbrales de auditoría obligatoria, se calcula que unas 4.300 empresas ya no estarán obligadas por su tamaño. Estas modificaciones permitirán que menos empresas enfrenten obligaciones complejas y costosas, facilitando redirigir esos recursos en inversión, digitalización o empleo, y reforzando su competitividad.

Opiniones sobre el Aumento de los Umbrales de Auditoría

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado el visto bueno a la propuesta del Ministerio de Economía para modificar los límites que obligan a que una empresa tenga que ser auditada obligatoriamente. El organismo dirigido por Cani Fernández ha declarado que no existen riesgos para la competencia en el contenido del anteproyecto, aunque ha propuesto justificar mejor los umbrales elegidos.

La CNMC valora positivamente la introducción de medidas de modulación “para que operadores de diferente tamaño puedan competir en el mercado, como es el caso de las pymes”. Y pese a que no aprecia restricciones a la competencia “que resulten innecesarias o desproporcionadas”, sí sugiere algunas modificaciones. El supervisor plantea la utilización de un instrumento de actualización automática de los umbrales al cumplirse ciertas circunstancias -por ejemplo, de inflación elevada- en el conjunto de la Unión Europea. En este sentido, recomienda reforzar la justificación de los parámetros elegidos en España dentro del margen que permite la normativa comunitaria. Por lo que sugiere coordinar los nuevos límites con otros instrumentos europeos que también utilizan criterios de tamaño empresarial, como los relacionados con ayudas de Estado.

Preocupaciones sobre la Fiabilidad y la Transparencia

El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) expresó su disconformidad con los umbrales propuestos por Economía. Los auditores explicaron que el 25% fijado en el anteproyecto se estableció con base en el índice de precios en Europa del decenio 2013-2023. Pero destacaron que en España estas cifras tuvieron un comportamiento distinto y concluyeron, en un documento en el que solicitaban al Gobierno la retirada de la propuesta, que de usarse como referencia el dato de la inflación, “lo normal es que se adapte a la evolución de los precios en España y la propuesta se corrija a la baja”.

Competencia añade a sus recomendaciones la reducción de potenciales efectos negativos de la normativa con medidas complementarias. Advierten, en concreto, de la posibilidad de que los operadores puedan ofrecer una menor fiabilidad de solvencia financiera frente a terceros inversores. Esta misma situación despertó una gran preocupación entre los censores de cuentas que alertaron de una posible merma en la transparencia económica. Tanto el ICJCE como el Consejo General de Economistas de España (CGE) trasladaron a Economía sus observaciones al anteproyecto de ley en junio. Entre varios alegatos, los auditores manifestaron que eliminar las auditorías obligatorias en las pymes desgastará la calidad de la información a la que tienen acceso los accionistas, las entidades financieras y las Administraciones públicas. También que aumentará el riesgo de cometer errores contables y provocará un mayor riesgo de evasión de impuestos y de otros delitos de carácter económico. Asimismo, aseguraron que la medida representa un retroceso en la lucha contra la economía sumergida. De acuerdo con los auditores, en lugar de generar ahorro, la propuesta podría implicar mayores costes a medio plazo para las empresas. Además, -velando por evitar una potencial pérdida de negocio- sostuvieron que el cambio normativo podría tener efectos negativos en la competencia de su sector e impactar la viabilidad de los despachos de auditoría más pequeños, así como destruir empleos.

Programas de Apoyo al Crecimiento Empresarial

ACTIVA Crecimiento es un programa de asesoramiento especializado y personalizado, realizado por consultoras acreditadas y con experiencia en implantación de proyectos de crecimiento industrial, que se realiza con la metodología desarrollada por la Secretaría General de Industria y de la PYME. Este programa incluye un Plan de Crecimiento con propuesta de acciones de mejora concretas en alguna de las siguientes áreas, entre otras: innovación, recursos humanos, operaciones, digitalización, marketing y comercialización y finanzas.