La Trayectoria de Juan Bilbao Hormaeche: Éxito Financiero, Controversias y Subsidios Agrícolas

Juan Bilbao Hormaeche, un nombre prominente en el panorama empresarial chileno, ha tenido una carrera marcada tanto por el éxito financiero como por importantes controversias. Desde sus inicios como estudiante de ingeniería comercial en la Pontificia Universidad Católica (PUC) a mediados de los 70', Bilbao demostró un talento precoz que lo llevó a codearse con figuras influyentes del mundo económico y político chileno.

Los Inicios y la Ascensión en el Mundo Financiero

En la PUC, Bilbao compartió aulas con Francisco Pérez Mackenna, actual gerente general de Quiñenco, el holding de inversiones de Andrónico Luksic. Antes de finalizar sus estudios, los tres fueron reclutados por Manuel Cruzat, un pionero inversionista de Sanhattan, a quien el expresidente Sebastián Piñera llamaba "el profe". Para 1980, Bilbao, Pérez Mackenna y otros becados partieron a realizar un posgrado en la Universidad de Chicago, reconocida cuna de muchos de los principales economistas de la dictadura. A su regreso, fundaron la consultora Bilbao, Moreno y Pérez Asociados.

En medio de sus negocios, se cruzaron con un joven Sebastián Piñera, quien dirigía Citicorp. Piñera reconoció el talento en Bilbao y Pérez Mackenna, decidiendo "apadrinarlos", lo que los llevó al "Citi". Sin embargo, en 1985, Piñera y Bilbao fueron sancionados en cuatro oportunidades por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS, actual Comisión para el Mercado Financiero).

Un año después de la sanción, a Bilbao se le abrió una nueva oportunidad. Bankers Trust Company Nueva York compró Consorcio Nacional de Seguros en medio de la crisis de los grandes grupos económicos y le ofreció ser su gerente comercial. De esta forma, Bilbao se separó de Piñera. En 1988, ya era gerente general de Consorcio y, posteriormente, sería su presidente por varios años. Tres años después, Bilbao vendería su paquete accionario después de que este fuera absorbido por Deutsche Bank, en una operación que lo haría rico.

Cercano al cambio de milenio, Deutsche Bank decidió vender lo que le quedaba de Consorcio, y ahí apareció Bilbao de nuevo, esta vez en sociedad con su viejo compañero y también "alumno" de Piñera, Patricio Parodi. Quedaron como accionistas minoritarios, pero ubicados como sus principales ejecutivos. Según el periodista Sergio Jara, mientras esto ocurría, Bilbao continuó operando, ya consolidado como un trader que lograba formar tendencia en el mercado.

En paralelo a su vida como exitoso ejecutivo, Bilbao practicaba una afición: la caza. El extrader es conocido por sus viajes con amigos a África, la selva del Paraná en Brasil y a Córdoba en Argentina, para realizar safaris de caza de animales exóticos.

El Escándalo de Uso de Información Privilegiada

La brillante carrera de Bilbao, sin embargo, fue empañada en 2014. En diciembre de ese año, la Securities & Exchange Commission (SEC), entidad reguladora del mercado de valores de Estados Unidos, interpuso una demanda en su contra por uso de información privilegiada. Se acusó que Bilbao habría comprado y vendido acciones de CFR a través de una sociedad en Islas Vírgenes Británicas, a sabiendas de que esta información todavía no era pública para el mercado al momento de la operación.

El implacable regulador de Wall Street lo acusó de ganar en forma ilícita US$ 10 millones en la venta de CFR. Tomás Hurtado, director de LarrainVial y ejecutivo de Consorcio, fue señalado como su cómplice. Según el documento presentado por los abogados de la SEC, Bilbao hizo masivas compras de ADRs de CFR entre marzo y mayo de 2014 en Estados Unidos, teniendo información confidencial de la oferta de Laboratorios Abbott, dada su posición como director de la firma, y que el mercado solo conoció públicamente el 16 de mayo de 2014.

Bilbao tiene reputación de operar al borde de la regulación y su participación en la apertura en Bolsa de CFR dos años antes ya había sido cuestionada. Ante la SVS, CFR solo indicó el 16 de mayo de 2014 que su controlador, Alejandro Weinstein, había alcanzado un acuerdo con la estadounidense Abbott para venderle el control de la compañía. El documento de la SEC reveló que el 9 de marzo (más de dos meses antes que se hiciera público el acuerdo) la estadounidense hizo una propuesta confidencial a la firma chilena. Al día siguiente, Juan Bilbao se enteró.

Según la SEC, el 10 de marzo, el presidente de Consorcio participó vía conferencia telefónica en un directorio de CFR, donde se acordó seguir un proceso de conversaciones con Abbott. Dos días después, comienzan las operaciones de Bilbao y Hurtado, usando, según la SEC, información confidencial obtenida como director de CFR para comprar ADRs con una cuenta ligada a una entidad ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, Somerton Resources Limited. El 17 de marzo, Abbott y CFR firmaron un acuerdo de confidencialidad. Pero Bilbao y Hurtado no pararon. El 19 de marzo, CFR tuvo un directorio especial, donde Bilbao participó nuevamente vía telefónica. El 2 de abril, el directorio se reunió y discutió detalles relativos a la negociación, donde Bilbao siguió teniendo presencia remota.

Según el regulador de Wall Street, Bilbao invirtió US$ 14,36 millones en ADR y recibió US$ 24,5 millones, por lo que ganó US$ 10,1 millones. Las cifras no son menores, considerando que, de acuerdo a la información de la SEC, los ADR que vendió Bilbao como parte de la OPA de Abbott, representaron un 11,3% del total de ADR que Abbott adquirió en la megatransacción con CFR. Las consecuencias para Bilbao en Chile no fueron muy relevantes inicialmente. Abandonó sus puestos y cargos que tenía en diversas empresas y se relegó a vivir en los terrenos de su propiedad en la Región del Maule.

Sede de la Securities and Exchange Commission (SEC) en Washington D.C., la entidad que demandó a Juan Bilbao.

Subsidios de la Ley de Riego a Empresas Agrícolas de Bilbao

A pesar de las controversias, Juan Bilbao y su familia han sido beneficiarios de significativos subsidios estatales a través de la Ley de Riego. Datos proporcionados por la Comisión Nacional de Riego (CNR), solicitados a través de la Ley de Transparencia por la Fundación Terram, revelan un total de $1.493.047.315 entregados a sociedades y personas naturales ligadas a Juan Bilbao y a su familia, cifras adjudicadas entre 2011 y 2019. En específico, han sido 18 proyectos a los que se les han entregado fondos para ejecutar obras privadas a través de la Ley de Riego. De esos 18, en 12 aparece directamente como representante de las sociedades que accedieron a los fondos.

De igual forma, su hija María Carolina Bilbao aparece como beneficiada, en calidad de persona natural, de dos subsidios pagados en 2017 y 2020, por $78.123.788 y $131.445.649 respectivamente. En ambas, está catalogada como “Pequeño Empresario Agrícola”. En total, las subvenciones estatales le permitieron a Bilbao y a su familia aumentar la superficie de riego en 1.280,1 hectáreas.

De todas, la subvención más grande fue por más de $169 millones entregados a la sociedad Agrícola Los Alicantos, de Juan Bilbao Hormaeche, con el fin de instalar un “sistema de riego por aspersión con pivote central” y con lo que recuperó parte de la inversión para aumentar en 141.28 hectáreas la superficie de riego en sus terrenos en San Rafael.

Críticas al Sistema de la Ley de Riego

“Acá no hay nada fuera de la ley”, aclaran y critican Iván Pizarro y José Vial, dirigentes de la Asociación de Funcionarios de la Comisión Nacional de Riego. La posibilidad de que a sociedades de grandes empresarios se les asignen subvenciones y queden calificados para estos efectos como “medianos” o incluso “pequeños empresarios agrícolas” ocurre porque el sistema que establece la ley lo permite.

“La principal brecha que nosotros identificamos es mantener este criterio de estratificación que está fundamentado en lo que se denomina la hectárea ponderada”, adelanta Pizarro. Vial complementa que “los ingresos de quienes postulan no se miden en la postulación a la Ley de Riego, no es una variable. Ahí está el truco: el problema es que solamente se está midiendo cuán grande o de qué estrato pertenece el postulante a través de este concepto de la hectárea ponderada.”

La hectárea ponderada es una forma que tiene la ley para clasificar los distintos proyectos postulantes. Establece una tabla de equivalencia que va desde el “I” al “VIII”, dependiendo del estado de los suelos. Los primeros cuatro (I a IV) corresponden a aquellos suelos aptos para el riego y se les asigna una ponderación. Mientras que desde el V en adelante, sumados a los suelos de secano, la ponderación que se da es de cero hectáreas y no se cuentan dentro del total. De esta manera, a los terrenos solo se les considera su área “ponderada” según la tabla de equivalencias, sin que se contabilice el total.

Esta ponderación es el componente fundamental para determinar si la persona o sociedad postulante será catalogada como “pequeña”, “mediana” o “gran” empresa. Es decir, la CNR no considera el patrimonio o el volumen de ventas que tenga una empresa agricultora determinada o una persona natural, solo se aboca al proyecto específico. “El RUT de una misma empresa puede estar calificada en distintos estratos: grande, mediano y pequeño. Depende del proyecto en particular con el cual postuló.”

La importancia de esta clasificación tiene que ver con el tope de bonificación que dará la CNR para el proyecto. “Lo que hacen los estratos, aparte de clasificarlos, es definir el monto de bonificación máxima al que pueden optar. El estrato A actual, que es el pequeño productor Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario), que lo define el mismo Indap, llegan hasta las 12 hectáreas de riego básico y puede bonificar hasta un 90% del costo de su obra. El estrato B que es el pequeño empresario, donde está todo este ‘bolsón’ y que bonifica hasta un 80% del costo máximo de la obra.”

Distribución de Subsidios de la Ley de Riego a Entidades Relacionadas con Juan Bilbao (2011-2019)

Sistema de riego por aspersión con pivote central, una de las obras financiadas por subsidios en las propiedades de Bilbao.

La asignación de las bonificaciones se realiza por medio de una corrida de puntaje, en la que se ordenan aquellos proyectos que se hayan postulado a concurso y cumplan con los requisitos técnicos y legales definidos tanto en la ley, su reglamento y las respectivas bases de concurso. Además, explicaron que al momento de postular se realiza una declaración sobre la superficie y el tipo de propiedad, la que “es contrastada en el proceso de revisión, con antecedentes como los certificados de avalúo fiscal de las propiedades.”

No obstante lo anterior, desde la CNR destacaron que el objetivo de la ley de “aumentar y mejorar la superficie regada del país se ha cumplido cabalmente”. “En los últimos 10 años esta ley ha apoyado con financiamiento público el mejoramiento de casi 1.500 km. de canales, la acumulación en pequeños tranques prediales de casi 20 millones de m3 y la tecnificación de 190.000 hectáreas. Esto significa que se han beneficiado más de 274 mil agricultores gracias a una inversión pública que bordea los $500 mil millones en bonificaciones, que complementa la inversión que hacen los privados”, enfatizaron. “En este mismo período más del 80% de los recursos de esta ley han favorecido a la pequeña agricultura, ya sea a través de proyectos individuales o comunitarios”, agregaron.

Problemáticas y Propuestas de Cambio

Existe otra problemática que no permite tener claridad sobre si efectivamente son los pequeños productores quienes reciben finalmente los subsidios. Vial explica que “la mayor parte de las bonificaciones van a obras civiles, obras comunitarias, y dentro de estas no se puede diferenciar a quién le estamos entregando en la práctica los recursos. El dato que tenemos es que un 62% de la ley de riego van a obras civiles y ahí es un saco, un gran saco. Lo que se está actualmente exigiendo es que cuando se bonifican a organizaciones de usuarios de agua, un 70% de quienes componen estas organizaciones sean ‘pequeños’. Es por esto, insiste, que consideran que no es posible determinar que un 80% de los recursos han ido a pequeños agricultores.

“Nosotros nos afirmamos en un informe que hizo la Dipres (Dirección de Presupuestos). La ley fue evaluada el año 2019 y la principal conclusión que ellos hicieron es que el subsidio no se justifica, no identificaron el fallo de mercado. No se justifican los montos que están actualmente bonificándose, esa es la conclusión que ellos hacen.”

La Fundación Terram ha estudiado a profundidad la Ley de Riego y ha elaborado estudios donde se da cuenta de sus principales falencias. “Nos parece que esta ley es bastante antigua y, por tanto, antes de prorrogarla una vez más, como quiere el gobierno, los parlamentarios y la población en general debería conocer informes de los impactos ambientales y sociales que ha generado este subsidio. Una de las principales críticas que hace la Fundación Terram es que el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso no tiene las consideraciones medioambientales necesarias dado el momento actual. Liberona coincide en que es necesario cambiar el sistema de hectáreas ponderadas, ya que pueden “enmascarar la realidad.”

“Lo más importante es que esta ley no puede seguir subsidiando a grandes empresarios, como tampoco a cultivos que se dedican a la exportación, particularmente frutas. Hoy el país requiere poder autoabastecerse de alimentos básicos y no seguir importándolos.” La CNR también reconoce que son necesarios cambios a la ley. Para Iván Pizarro “esto es un engaño. Si no modifican la forma en que están midiendo, nunca vas a saber en definitiva a quién estás bonificando.”

Lo que proponen desde la Asociación de Funcionarios es, para el caso de la estratificación, “suprimir la hectárea ponderada y evaluarlo de acuerdo a las ventas anuales, como están clasificados en el Servicio de Impuestos Internos. Junto con lo anterior, proponen potenciar un programa especial para la pequeña agricultura que les permita acceder a la ley. Los requisitos que establece exigen tener tierra, agua y capital, lo que es difícil para muchos. “El pequeño agricultor no tiene los fondos para hacer la inversión inicial.”

Aseguran que no participaron del proceso de elaboración del proyecto de ley antes de que esta se comenzara a tramitar en el Congreso. Junto con lo anterior, Vial sostiene que la CNR tiene “un problema de falta de personal, de sobrecarga tremendo”. “Se ha triplicado el presupuesto a la ley y los funcionarios somos los mismos. En este gobierno se han jubilado varios funcionarios y no se ha restituido ni un solo funcionario” y agrega que “se está discutiendo esta ley (...) nos pasan más recursos y el clima laboral acá es terrible.” Finalmente, destacan que el problema no se resuelve eliminando la ley. “La agricultura como la conocemos hoy en día está sostenida, se basa, en el subsidio que nosotros entregamos a través de la ley de riego.”

“Somos funcionarios públicos, tenemos el deber de invertir los recursos públicos de manera más justa y esto no es justo desde el punto de vista ético. Nos parece que en la práctica el impacto que nosotros debiésemos tener debería ser en quienes lo necesitan.”

Extorsión a la Familia de un Empresario en Lo Barnechea

Un singular hecho protagonizó un empresario, identificado como Juan José, en la comuna de Lo Barnechea. Este habría recibido una extorsión donde pedían a su esposa una millonaria suma de dinero a cambio de no contar quién era el verdadero padre biológico de su hija. Todo partió el 17 de febrero pasado, según Radio Bío Bío, cuando la víctima llegó a su casa y entre la correspondencia vio un sobre blanco. Dentro, había una foto y tres hojas.

La foto que había dentro del sobre era de su hija. En la misiva decía que si no recibía la suma de 100 millones de pesos, le contaría a todos en la familia, incluso a Juan José, que ella no era la hija biológica de este último. Además, la carta en que se describía esta extorsión, señalaba que sabía las direcciones de trabajos del hombre y que incluso era director de una empresa. La denuncia llegó al Ministerio Público, quien ante la falta de mayores antecedentes, según el medio citado, pidió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago abstenerse a la investigación. La Fiscalía señaló que se trataban “más bien de actos preparatorios para cometer un posible ilícito que afecte a la referida, hecho que no ha generado ningún perjuicio económico para esta.” Desde el Cuarto Juzgado respondieron de forma tajante que la investigación continuaba. Y es que para ellos, los hechos sí constituían la figura de extorsión. Si bien la fiscalía no comparte la decisión, la investigación sigue su curso tras la orden del tribunal.