Antonio Torres: Trayectoria de un Empresario, Político y Activista Provida

Antonio Torres, nacido en Lebrija el 4 de agosto de 1949, es un empresario cuya vida ha estado marcada por su incursión en la política, su activismo en defensa de la vida y su implicación en controversias legales en Andalucía.

Formación y Carrera Profesional

Proveniente de una familia campesina, Torres estudió bachillerato en un seminario antes de licenciarse en Psicología. En 1975, comenzó a impartir Psicología Dinámica y Técnicas Psicoanalíticas en la Universidad de Sevilla, labor que desempeñó hasta 1985.

Entre 1979 y 1985, Antonio Torres compaginó su labor docente con la alcaldía de su localidad natal, Lebrija. Durante su tiempo como alcalde, Torres respaldó un encierro simultáneo de trabajadores del campo en el ayuntamiento lebrijano, reflejando los tiempos de lucha jornalera. Antonio Torres se llega a atribuir la creación del Plan de Empleo Rural (el antiguo PER) en Andalucía y Extremadura "como inversión transformadora de los pueblos".

Activismo Provida y el Nacimiento de Proyecto Avanza

La figura de Antonio Torres ha estado profundamente involucrada en el movimiento provida, participando activamente en la promoción de un nuevo partido político denominado Proyecto Avanza. Esta nueva formación se suma a otras opciones que defienden la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Bajo el lema 'Otra España es posible', el Proyecto Avanza fue impulsado por figuras como Benigno Blanco, expresidente del Foro de la Familia; el empresario Antonio Torres; y la exsenadora del PP Gari Durán, entre otros. El joven Ramón de Meer fue el creador del nombre del partido.

Proyecto Avanza aspira a representar principios del humanismo cristiano que considera olvidados por otros partidos. En su ideario, además de ser provida, defienden la libertad de pensamiento, educación y empresa, la lucha contra la exclusión social y una política abierta a todos.

La nueva formación se presentó en Madrid, buscando «sumar voluntades más allá de las ideologías para cambiar el sistema político y abrirlo a la sociedad». El proyecto se basa en un voluntariado político que busca superar «el actual sistema partitocrático» y consolidarse como una fuerza política transversal para «salir del actual secuestro de los poderes políticos por un grupo cerrado y no transparente».

Benigno Blanco, promotor del proyecto, destacó la propuesta de «una agenda reformista de nuestra democracia». También llamó a superar la "política del miedo", argumentando que «lo que de verdad tiene recorrido en la vida es compartir los ideales» y que «otra política será posible si nos dedicamos a ello». Por su parte, Antonio Torres enfatizó que «sin principios no hay forma de llegar a ningún sitio» y que «deseamos para España la igualdad y la libertad».

El Proyecto Avanza se enmarca en un contexto donde, según sus promotores, no hay ningún partido en el Congreso que defienda la vida. El derecho a la vida es, hoy, considerado extraparlamentario y políticamente marginal. Esta formación se une a una lista de partidos extraparlamentarios con principios similares:

Controversias Legales

La trayectoria de Antonio Torres también se ha visto salpicada por la controversia, destacando su implicación en el caso de la Faffe y el caso José Sivianes Sánchez.

El Caso Faffe

En un auto judicial, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla procesó a Antonio Torres por cobrar 491.203,03 euros “sin que conste que trabajara realmente” en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Torres apareció como empleado allí hasta mayo de 2011, momento en que la Faffe se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El magistrado señaló que “no existe ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal”. Según las investigaciones, el exdirector de la Faffe, Antonio Villén, creó un nuevo puesto para su amigo Torres, nombrándolo director de Relaciones Externas. El auto judicial indicaba que «ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación ni desempeñaba trabajo alguno».

Una auditoría encargada por el Gobierno andaluz cifró en 8.844 las personas que entraron a trabajar de forma irregular a la Faffe entre 2009 y 2011. Un juez ha desmontado la fachada de bonhomía social de Torres en este contexto. Ante las acusaciones, Torres había declarado previamente que «queda suficientemente clara mi dedicación y esfuerzo en las tareas de gestión realizadas».

El Caso José Sivianes Sánchez

Además, Antonio Torres Granado, hijo de Antonio Torres García, está implicado en el caso del empresario José Sivianes Sánchez, acusado de fraude en subvenciones para la formación. La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández Franco, procesó a José Sivianes Sánchez, propietario de la empresa Formación Integral para el Empleo, y a otras ocho personas. El caso se relaciona con ayudas que, en el período entre 2008 y 2011, ascendieron a 5.646.152,50 euros en subvenciones destinadas a cursos de formación de desempleados.

La juez considera que los imputados prepararon un «entramado documental» para justificar los gastos ante la administración, «sin haber realizado, realmente, buena parte de los gastos justificados, que sólo corresponderían a un 30% de los importes facturados, habiendo defraudado importes superiores a los 120.000 euros en los ejercicios fiscales 2011 y 2012».

Entre los «cedentes de profesorado» figura Antonio Torres Granado, hijo del ex alcalde de Lebrija Antonio Torres García (PSOE) -cuya contratación en la Faffe también fue investigada. Según la magistrada, Antonio Torres Granado es el «mayor proveedor irregular de servicios de cesión de horas docentes» y solo tenía un «único cliente», Formación Integral para el Empleo.

En la cuenta de Antonio Torres Granado figuran entradas por facturación de actividades de formación por importe de 661.000 euros y salidas, en su mayoría en efectivo, por importe de 553.000 euros. Estas cifras, junto «con el hecho de que su padre trabajase en un organismo público pagador de las subvenciones, permiten presumir que la retribución estipulada con Antonio Torres Granado por su colaboración era superior a la de otros moduleros», precisó la instructora.

La juez concluyó que, aunque los cursos subvencionados se impartieron, el coste real de los mismos era «muy inferior al justificado», con la hora de clase de un docente facturada a 80 euros cuando su coste real era de 20 euros.

El fraude, según la juez, fue posible al amparo del sistema que regulaba la "Orden de 23 de Octubre del 2009, artículo 102", que permitía la transferencia del 75% del importe concedido al inicio, limitando la administración a una comprobación formal del dinero empleado, sin valorar la realidad de las partidas. Un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa reveló que uno de los presuntos testaferros o «moduleros» habría obtenido ganancias de más de 300.000 euros en solo diez meses.

Participación en la Estrategia del Valle de los Caídos

Antonio Torres también ha jugado un papel decisivo en la estrategia jurídica y política de los monjes del Valle de los Caídos. Aunque sin cargo formal, diversas fuentes señalan su influencia en la toma de decisiones, asumiendo, de facto, la dirección estratégica en un momento crítico para la comunidad benedictina y la naturaleza del Valle.

Torres habría apostado por alcanzar un acuerdo con el ministro Félix Bolaños para “blindar” el futuro del Valle, un plan que, según relató a un arzobispo español, sería “infalible, sin fisuras”. La estrategia desplegada en torno al Valle ha respondido a una lógica de repliegue continuo, donde cada cesión se presenta como un sacrificio necesario para preservar lo esencial, aunque las pérdidas son tangibles y acumulativas.

Este patrón incluye la exhumación de Francisco Franco y, posteriormente, la de José Antonio Primo de Rivera, justificado en términos tácticos para cerrar el conflicto, pero sin lograr la prometida pacificación. La evidencia empírica desmiente la premisa de que el adversario alcanzará un umbral de satisfacción que le llevará a detenerse. En este contexto, propuestas como la apertura de una grieta monumental en la basílica o la creación de un museo de reinterpretación ideológica son vistas como la consecuencia lógica de haber aceptado el principio de que el Valle debe ser redefinido para sobrevivir.

La figura de Antonio Torres, sin legitimidad institucional para una dirección estratégica de este calibre, ha generado riesgos. Haber contribuido económicamente o haber ofrecido respaldo jurídico no otorga mandato para decidir el futuro de un conjunto que no es propiedad privada. Fuentes consultadas advierten que las decisiones impulsadas bajo esta orientación han conducido a fracasos relevantes en la capacidad de resistencia de la comunidad, consolidando una dinámica en la que cada paso atrás se convierte en condición para el siguiente.

El problema de fondo es de criterio: no es posible defender una realidad aceptando las premisas de quien busca transformarla radicalmente. Lo que se observa es una incapacidad para fijar líneas rojas y sostenerlas en el tiempo, resultando en que el Valle ya no está siendo defendido en su integridad, sino administrado en su transformación.