Adobe enfrenta demanda penal y controversia por el uso de IA y la protección de los creadores

Adobe, una empresa que ha posicionado su estrategia de inteligencia artificial (IA) bajo la bandera de la protección a los creadores, se encuentra ahora en el centro de una polémica legal y de reputación. Una demanda colectiva y el cambio en sus políticas de uso han generado preocupación sobre el entrenamiento de sus modelos de IA y el acceso al contenido de sus clientes.

La demanda colectiva por el entrenamiento de modelos de IA

La compañía enfrenta una demanda colectiva presentada en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California. Una autora, Elizabeth Lyon, acusa a Adobe de utilizar libros protegidos por derechos de autor, incluidos los suyos, para entrenar modelos de IA de la compañía, específicamente SlimLM, sin el debido permiso.

SlimLM: el modelo de IA en el centro de la controversia

El modelo señalado en la demanda no es Firefly, el sistema creativo más conocido de Adobe, sino SlimLM, una familia de modelos de lenguaje de menor tamaño diseñada para tareas concretas. Estos modelos están orientados a asistir a los usuarios en funciones relacionadas con documentos, especialmente en dispositivos móviles, operando en segundo plano en lugar de la generación creativa a gran escala.

Según la demanda, el conflicto no radica en SlimLM como producto final, sino en los datos empleados durante su fase de entrenamiento. Adobe ha explicado que estos modelos se preentrenaron con SlimPajama-627B, un conjunto de datos de código abierto publicado por Cerebras en junio de 2023. El escrito judicial sostiene que SlimPajama deriva de RedPajama, otro dataset ampliamente utilizado en la industria, y que este a su vez incorpora Books3, una colección masiva de libros protegidos por derechos de autor.

La narrativa pública de Adobe sobre inteligencia artificial se ha articulado principalmente alrededor de Firefly, un producto claramente identificado con el respeto a los creadores y el uso de contenidos con licencia. La empresa ha defendido que estos modelos se entrenaron con contenido con licencia, como Adobe Stock, y material de dominio público, y ha acompañado ese mensaje con programas de compensación para colaboradores de Adobe Stock. Sin embargo, la demanda se dirige a SlimLM, un modelo más discreto, integrado en tareas de asistencia y sin una presencia comercial directa.

Contexto de litigios en la industria de la IA

El procedimiento contra Adobe se enmarca en un contexto más amplio de litigios en Estados Unidos relacionados con el entrenamiento de modelos de IA. En los últimos años, autores y otros titulares de derechos han llevado a los tribunales a empresas tecnológicas como OpenAI o Anthropic, con demandas que alegan el uso de obras protegidas sin autorización. Algunos de estos procesos siguen abiertos y otros han terminado en acuerdos millonarios.

El crecimiento de la IA generativa ha generado debates sobre los límites del uso de datos protegidos para el entrenamiento de modelos. Los tribunales ahora deberán determinar si los procesos de recopilación y uso de datos por parte de empresas como Adobe cumplen con las normas de copyright vigentes. Las decisiones que surjan de este litigio sentarán precedentes clave sobre privacidad, consentimiento y responsabilidad legal, afectando no solo a grandes tecnológicas, sino también a startups que emplean IA.

Implicaciones legales y lecciones para startups tecnológicas

Para el ecosistema startup, esta y otras demandas similares envían una alerta: la necesidad de auditar fuentes de datos y asegurar cumplimiento normativo en el uso de contenido protegido para entrenamiento de algoritmos. Las startups en Latinoamérica que aplican IA deben tener en cuenta tanto normativas locales como internacionales, principalmente si buscan escalar globalmente. El caso Adobe también representa una oportunidad para negocios emergentes que ofrezcan servicios de gestión de datos, trazabilidad o verificación de permisos.

Las demandas por copyright han incrementado desde 2023, afectando a compañías como OpenAI y Stability AI. Ningún sector está exento: desde generación de imágenes hasta análisis de datos, los emprendedores deben anticipar regulaciones más estrictas. Las startups pueden posicionarse desarrollando soluciones transparentes y respetuosas de los derechos de autor, lo que también puede convertirse en un valor diferencial ante usuarios y aliados corporativos.

El caso contra Adobe refuerza la urgencia de tratar estratégicamente la legalidad en el entrenamiento de IA. Founders y equipos técnicos deben reaccionar creando procesos internos sólidos y consultando referentes legales expertos, sin perder agilidad ni capacidad de innovación.

Controversia por la política de uso de Adobe

Adobe también ha generado controversia al actualizar su política de uso para reservarse el derecho de “acceder, ver o escuchar” el contenido que sus clientes generan y almacenan en sus servicios en la nube. La medida despertó preocupación entre los usuarios, quienes acusan que la empresa los obliga a aceptar términos y condiciones que ponen en riesgo la propiedad intelectual y privacidad.

Los clientes sostienen que el lenguaje utilizado en la nueva normativa es vago y sugiere que la compañía está usando proyectos concluidos o en proceso para entrenar a Firefly, su modelo de inteligencia artificial (IA) generativa.

La respuesta de Adobe a la polémica

El equipo de comunicación de Adobe ha publicado un documento para abordar estas inquietudes. Explicó que la modificación de sus condiciones de uso tiene el objetivo de brindar mayor “claridad en algunas áreas específicas” para los usuarios de Adobe Creative Cloud y Document Cloud. Requirió de una licencia limitada para acceder al contenido con el fin de operar o mejorar sus soluciones, para hacer cumplir sus términos con base en la ley y evitar casos de uso abusivo o ilegal.

Adobe enfatizó: “Adobe no entrena a los modelos de IA de Firefly Gen con el contenido del cliente. Los modelos de IA generativa de Firefly se capacitan con un conjunto de datos de contenido con licencia y de dominio público cuyos derechos de autor han expirado. La compañía nunca asumirá la propiedad del trabajo de un cliente”.

Scott Belsky, director de productos de Adobe, reconoce que “la redacción de la regla no es clara. Hemos tenido condiciones similares en nuestra política durante más de una década, pero la confianza y la transparencia no podrían ser más cruciales en estos días y debemos ser precisos cuando se trata de comunicar los términos de servicio”.

Indemnización de IP para Firefly for Enterprise

En el marco de la conferencia Adobe Summit EMEA 2023, Adobe anunció que pone a disposición de empresas de todo el mundo sus soluciones Express y Firefly, su herramienta de generación de imágenes a través de inteligencia artificial. Firefly for Enterprise busca abordar la creciente demanda de contenido digital y ayudar a las empresas a optimizar y acelerar la creación de contenido.

Además, la compañía asegura que Firefly for Enterprise está diseñado para ser seguro para uso comercial. En esta línea apunta que “las empresas también tienen la oportunidad de obtener una indemnización de IP de Adobe para el contenido generado por ciertos flujos de trabajo impulsados por Firefly, lo que les permite implementarlo en toda su organización con confianza”. Es decir, Adobe se compromete a ofrecer una indemnización financiera por los posibles problemas de derechos de autor y copyright relacionados con el contenido creado con su herramienta.

La compañía asegura que Firefly para empresas genera contenido comercialmente viable y de calidad profesional a gran velocidad. A este respecto, ha recordado que el primer modelo de la herramienta está entrenado con imágenes de Adobe Stock, contenido con licencia abierta y otro contenido de dominio público donde los derechos de autor han expirado. Esto, asegura, ayuda a “garantizar que Firefly no genere contenido basado en la propiedad intelectual de otras personas o marcas”.

Esta indemnización solo estará disponible para los clientes empresariales de Adobe, y la compañía no ha especificado detalles financieros o legales sobre el programa, es decir, ni qué cuantía se ha reservado para afrontar este tipo de situaciones ni qué requisitos habría que cumplir para ello. No obstante, supone un paso importante para la diferenciación de Adobe en el ecosistema de la inteligencia artificial generativa. Y es que, al no contar esta tecnología con unos estándares legales definidos ante la cuestión de los derechos de autor, muchas empresas se muestran reticentes de incorporarla a sus operaciones comerciales y sus procesos de trabajo.

Por otro lado, Adobe aún se encuentra definiendo cómo se compensará por su trabajo a los creadores de las imágenes de stock utilizadas para entrenar a Firefly. En el sitio web de la compañía, de momento solo se indica que está “desarrollando un modelo de compensación para los contribuyentes de Adobe Stock” y que se compartirán los detalles de este modelo cuando Firefly deje de estar en versión beta.

Impacto en las acciones de Adobe

A pesar de haber presentado resultados trimestrales sólidos, la acción de Adobe no logra estabilizarse. La incertidumbre regresa a los mercados tras la presentación de la demanda que ataca directamente el núcleo de lo que hasta ahora se consideraba una estrategia de inteligencia artificial jurídicamente segura. La cotización acumula una caída de casi un 30% desde principios de año, alejándose de sus máximos.

Resultados financieros sólidos frente a la incertidumbre

Desde una perspectiva puramente financiera, Adobe mantiene una posición firme. En el cuarto trimestre de su ejercicio fiscal 2025, la compañía reportó un incremento del 10% en sus ingresos, alcanzando los 6.190 millones de dólares. El beneficio por acción se situó en 6,06 dólares, por encima de las estimaciones consensuadas por los analistas. La dirección, además, reiteró su pronóstico para el año en curso.

El mecanismo de soporte adicional, el anunciado recompra de valores por 25.000 millones de dólares, parecía diseñado para infundir confianza. Sin embargo, la acción de Adobe tocó mínimos de 12 meses a pesar de estos resultados sólidos y el programa de recompra. La desconexión se explica por la transición en la cúpula directiva y, sobre todo, por la batalla por la supremacía en la inteligencia artificial generativa.

La volatilidad jurídica ha provocado un giro notable y rápido en las recomendaciones de los analistas. El cambio de tono es ilustrativo: mientras que Wall Street Zen elevó su calificación a "Compra" el 6 de diciembre, apenas una semana después, el 14 de diciembre, la rebajó a "Mantener". Este vaivén es interpretado por los observadores como una señal clara de la dificultad actual para sopesar el potencial de crecimiento de la tecnología de IA frente a un perfil de riesgo legal que se incrementa rápidamente.

La acción penal en el ordenamiento jurídico español: Un paralelo con el caso Adobe

Aunque la demanda contra Adobe se presenta en Estados Unidos, el concepto de acción penal es fundamental en muchos sistemas jurídicos, incluido el español, donde se garantiza la protección de derechos e intereses legítimos, como los derechos de autor.

Participantes en la acción penal española

En el ordenamiento procesal penal español, a diferencia de lo que sucede en otros países, la acción penal no está monopolizada por el Ministerio Fiscal. En España, la acción penal es pública y su ejercicio está legalmente configurado como un deber para el Ministerio Fiscal y como un derecho para todos los ciudadanos. En el proceso penal español pueden ejercer la acción penal, adquiriendo la condición de parte acusadora, el Ministerio Fiscal, la acusación popular, la acusación particular y el acusador privado.

• Ministerio Fiscal: Es el órgano público al que la ley encomienda el ejercicio de la acción penal con carácter general y en nombre del Estado.
• Acusador particular: Es el ofendido o perjudicado por el delito (sea persona física o jurídica), que igualmente puede constituirse en parte acusadora.
• Acusación popular: Cualquier ciudadano español (incluidas las personas jurídicas, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional), a pesar de no ser ofendido o perjudicado por el delito, puede ejercitar la acción penal, constituyéndose en acusación popular previo cumplimiento de unos requisitos legales. La legitimación de la acusación popular deriva del art. 125 de la Constitución Española, como derecho de participación de los ciudadanos en la administración de la justicia. Para el ejercicio de la acción popular es necesario formular querella, prestar la fianza para responder de las resultas del juicio (fijada por el Juez o Tribunal) y la intervención de abogado y procurador.
• Acusador privado: Es también perjudicado por el delito, pero en este caso es el único legitimado para ejercer la acción penal, porque el delito por el que se ha visto ofendido no afecta al interés común (figura residual).

Tipos de delitos y ejercicio de la acción penal

Los delitos tipificados en el Código Penal español se pueden clasificar en 3 categorías: delitos públicos, semipúblicos y privados.

Evidentemente en el ordenamiento jurídico español la mayor parte de los delitos son públicos, hay algunos semipúblicos (por ejemplo, los delitos societarios, con excepciones, el descubrimiento y revelación de secretos, el impago de pensión alimenticia, etc.), y solo los delitos de injuria y calumnia contra particulares son privados.

Importancia práctica del ejercicio de la acción penal por el ofendido

El hecho de que el ofendido o perjudicado por un delito pueda ejercitar la acción penal en el procedimiento penal español es de gran importancia, principalmente cuando se trata de infracciones penales contra el patrimonio y el orden socioeconómico, en los que con la acción penal se pretende la defensa de los derechos económicos de las víctimas de estos delitos.

El que es ofendido o víctima del delito puede intervenir en el procedimiento penal solo como actor civil, sin ejercitar la acción penal y sin actuar como parte acusadora, pero no hay que olvidar que para que haya lugar a la responsabilidad civil (reparación del daño e indemnización de los perjuicios) es necesario que antes quede probada la comisión del delito y la autoría del mismo (art. 109 del Código Penal). Las actuaciones judiciales, desde el inicio del procedimiento penal, han de estar dirigidas a la averiguación del delito y sus circunstancias, a la determinación de los responsables del mismo y aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias.