Acuerdo entre Empresarios y Gobierno en España: Un Pulso por el Registro Horario y la Jornada Laboral

Los empresarios españoles se encuentran en un momento de movilización estratégica para abordar las recientes propuestas del gobierno en materia laboral, especialmente en lo que respecta al registro horario y la reducción de la jornada laboral. Diversas patronales sectoriales están ejerciendo presión sobre ministerios del área económica del Gobierno, alertando sobre el impacto que el endurecimiento del control de las horas de trabajo podría tener en la actividad económica y el empleo.

Este esfuerzo coordinado abarca desde la construcción hasta el campo, pasando por el comercio y la hostelería, con un enfoque particular en las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos. Todos se preparan ante una reforma que, de concretarse, podría acarrear consecuencias significativas para los sectores productivos.

El Registro Horario en el Punto de Mira

Tras el estancamiento de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha impulsado la tramitación urgente de la modificación del reglamento del registro horario. Desde 2019, las empresas están obligadas a registrar las horas trabajadas por sus empleados. No obstante, la propuesta actual busca que estos registros sean obligatoriamente digitales, permitiendo el acceso remoto y en tiempo real a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Esta medida se presenta como una vía para endurecer el control sobre los horarios laborales, aunque de forma parcial, ya que estas modificaciones reglamentarias pueden realizarse por real decreto, sin necesidad de la aprobación del Congreso de los Diputados. La última palabra sobre esta modificación reglamentaria la tendrá el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que preside la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) que tiene que validar todas las normas con impacto económico antes de que aterricen en el Consejo de Ministros. Y los empresarios confían en él para frenar la medida. "Los ministerios inversores están preocupados y Economía ya ha asomado la nariz", asegura un dirigente empresarial.

La relación de los empresarios con Yolanda Díaz no atraviesa su mejor momento y en la patronal defienden abiertamente la interlocución con otros ministerios del área económica y el "clima de lealtad institucional" que se respira con Economía o Seguridad Social, por ejemplo, frente a Trabajo, donde acusan a la vicepresidenta de "dinamitar las mesas de negociación con sus políticas antiempresa".

Sectores en Alerta: Construcción y Campo

En este contexto, sectores clave como la construcción y el campo están presionando a través de sus respectivas patronales para frenar la iniciativa de Díaz. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), advierte que endurecer el registro horario sin permitir a los trabajadores realizar más horas extraordinarias podría reducir los salarios hasta en un 27%, aproximadamente 7.000 euros anuales. Esto, a su juicio, "restará atractivo al sector" y pondrá más "rigideces" y "palos en las ruedas" a la contratación en un contexto de escasez de mano de obra en el que será necesario cubrir hasta 700.000 puestos de trabajo de aquí a 2030 para atender a las necesidades de los proyectos de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación y del plan para construir las 184.000 viviendas prometidas por el presidente Pedro Sánchez.

En consecuencia, Alén advierte de que este real decreto incrementará aún más los costes laborales en la construcción, donde ya se pagan cerca de 3.300 euros por trabajador al mes, máximo de la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde el campo también alzan la voz de alarma ante los planes de la vicepresidenta. "El registro horario no es ni bueno ni malo, pero en sectores como el nuestro es imposible de cumplir", sentencia Pedro Barato, presidente de la patronal de agricultores Asaja. En su opinión, un registro digital e ineroperable es inviable en las actividades agrarias, tanto desde el punto de vista de la organización del trabajo como desde el punto de vista tecnológico. Así se lo han trasladado al ministro del ramo, Luis Planas, pero "la competencia es de Trabajo" y ese ministerio "pasa del sector agrario", denuncia Barato. "Cuando se legisla desde los despachos, sin conocer la realidad de los sectores productivos, las decisiones tienen consecuencias graves", incide el presidente de Asaja.

Advertencias del Consejo Económico y Social (CES)

Durante la tramitación de la reducción de la jornada, el Consejo Económico y Social (CES) ya había advertido sobre el registro horario y su impacto sectorial. En su dictamen, el órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral solicitó al Ministerio de Trabajo que considere "la realidad productiva diferencial, entre otros, de los sectores agrario y pesquero, donde la aplicación de medios digitales para el registro de jornada puede resultar especialmente complicada por el propio carácter del trabajo realizado".

Por su parte, las patronales CEOE y Cepyme advirtieron en sus alegaciones de que "conlleva importantes costes para las empresas, siendo irrealizable para las de menor tamaño o capacidad tecnológica". Asimismo, pidieron que el registro no quede "a la libre determinación de los trabajadores" y que, en todo caso, se incluya "una nueva causa de despido disciplinario por falta de cumplimentación del registro o su realización irregular por parte del trabajador".

Acuerdo en Jubilaciones Activas

En otro frente, Gobierno, patronal y sindicatos han alcanzado un acuerdo para reformar las jubilaciones activas, la segunda parte de la reforma de las pensiones pendiente de la legislatura anterior. El comité ejecutivo de la CEOE ha validado el pacto y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que se trata del cuarto acuerdo en materia de pensiones desde que llegó a la Moncloa, sumado a otros catorce en materia laboral.

Los agentes sociales han acordado mejorar los incentivos en la jubilación demorada y hacerlos compatibles con la jubilación activa. En concreto, el incentivo por retrasar la percepción de la pensión se hará ahora por semestres, incrementándose el 2% del importe de la prestación o su equivalente a tanto alzado. Por otra parte, se mantiene la posibilidad del cobro mixto -una parte en incremento de la pensión y otra en abono de una cantidad a tanto alzado-. Otra novedad es la eliminación del requisito de contar con la carrera completa de cotización.

El acuerdo mejora los porcentajes de pensión compatibles con el trabajo, incluido el trabajo por cuenta propia. En el caso de los autónomos, si cuentan con un trabajador contratado de forma indefinida y con una antigüedad mínima de 18 meses, o si realizan una nueva contratación, podrán percibir el 75% de la pensión. La jubilación flexible también será revisada.

Tabla Resumen del Acuerdo en Jubilaciones Activas

En cuanto a la jubilación parcial, se acuerda un nuevo marco regulador. Con carácter general, el acceso esta modalidad de jubilación podrá producirse hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación, siempre que exista un contrato relevo. En el primer año de retiro parcial la reducción estará entre un 20% y un máximo del 33%.

Gobierno y agentes sociales acuerdan, asimismo, mejorar las garantías de empleo del trabajador relevista, que tendrá que ser indefinido y a tiempo completo. También se podrá concentrar la jornada de trabajo de las personas que accedan a la jubilación parcial a través de un acuerdo en el seno del centro de trabajo.

En el caso de la industria manufacturera, las condiciones anteriores a la reforma de pensiones del 2011 se aplicarán hasta el año 2029 con algunos ajustes. En concreto, la cotización de la empresa y del jubilado parcial se incrementará de forma progresiva en un 40% en el 2025, en un 50% en el 2026, en un 60% en el 2027, en un 70% en el 2028 y en un 80% en el 2029.

Los trabajadores empleados en profesiones con altos índices de penosidad, toxicidad y peligrosidad también verán mejorada su jubilación. En concreto, se establecerá un nuevo procedimiento para el reconocimiento de coeficientes reductores, así como varios indicadores objetivos.

Por último, se regula el marco para la firma de convenios de colaboración a suscribir entre las consejerías de Sanidad de cada una de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras. Esta reforma afectará sólo a bajas de carácter traumático. Las altas, confirmaciones y bajas seguirán correspondiendo al servicio público de salud.

La CEOE, por su parte, ha asegurado que el acuerdo alcanzado “permite encontrar soluciones flexibles y ajustadas a la nueva realidad y a las necesidades de la economía y del tejido empresarial de España”.

No obstante, este acuerdo nace sentenciado de muerte, porque el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso para sacar adelante el grueso que requiere de modificaciones legislativas. Es más, sus propios socios parlamentarios de partidos nacionalistas como ERC, Bildu o BNG ya manifestaron su rechazo a la ministra Saiz la semana pasada en la Comisión del Pacto de Toledo y exigieron cambios en la norma.

Catalanes, vascos y gallegos se quejan de que el Ministerio no ha explicado la reforma en la comisión parlamentaria hasta el último momento y de que, a día de hoy, tampoco les ha presentado una memoria que recoja el impacto económico de las modificaciones que plantea el acuerdo. Sólo en el acceso a la jubilación anticipada para determinadas actividades consideradas penosas o peligrosas el agujero en las arcas públicas será considerable, ya que la Seguridad Social dejará de ingresar las cotizaciones de los trabajadores que se jubilen con antelación y tendrá que abonarles una pensión.

El Otro Frente: La Reducción de la Jornada

Tras la solemne firma en La Moncloa los sindicatos se han dirigido a la celebración de una asamblea conjunta en la que buscan presionar tanto al Gobierno como a los partidos políticos para la aprobación de otra de las reformas que en estos momentos tampoco está garantizada y que es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. La CEOE por ahora se niega a pactarla y CCOO y UGT temen que no salga adelante en el Congreso con un acuerdo sólo bipartito.

Por eso el otro foco de la actualidad laboral se encuentra hoy en Barcelona, hasta donde se ha desplazado la vicepresidenta Yolanda Díaz para tratar de convencer a las patronales catalanas de que muevan hilos con Junts, el otro socio 'rebelde' del Ejecutivo por el conflicto abierto con Carles Puigdemont, e intentar arrancar su apoyo a la reforma.

Los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE-Cepyme han firmado el nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC), que establece una subida de salarios del 4% en 2023 y del 3% en 2024 y 2025, así como una cláusula de revisión del 1 % en función de la inflación.

Antonio Garamendi, de la CEOE: "Esto no va en contra de nadie, va a favor de todos y de España". El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha destacado tras la firma del acuerdo que es un día "muy importante", porque, además de "poner en valor" el diálogo social bipartito, este acuerdo da "estabilidad" a empresas y trabajadores. "Esto no va en contra de nadie, va a favor de todos y de España", ha afirmado.

El líder empresarial ha subrayado que se trata de un "gran y un buen acuerdo en un momento complicado desde el plano económico". "Estamos demostrando por encima de todo nuestra responsabilidad", ha añadido.

Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha resaltado que es un acuerdo que beneficia a la pyme y ha hecho hincapié en que en un momento de incertidumbre como el actual, genera "certidumbre" y aporta "estabilidad".

Por la parte sindical, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha definido el AENC como una "gran aportación" a la negociación colectiva, si bien ha indicado que "el gran reto" es que marque un "punto de inflexión" para desbloquear los más de 1.300 convenios colectivos que se encuentran bloqueados.

Pepe Álvarez, de UGT: "El acuerdo va a permitir no solo mantener el poder adquisitivo de los salarios, sino recuperarlo". Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido que un momento de crecimiento económico como el actual "requería un acuerdo de estas características que permita resolver los convenios colectivos que quedan pendientes".

El AENC es un texto en el que sindicatos y empresarios recogen recomendaciones para sus negociadores de convenios colectivos, en el que suelen incluir tanto una senda salarial, como otras materias relacionadas con el empleo, por ejemplo cuestiones relativas a la contratación. No es de obligado cumplimiento, pero sirve de guía a ambas partes cuando se sientan a negociar un convenio colectivo.

En el acuerdo, sindicatos y empresarios recomiendan subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% tanto para 2024 como para 2025, con una cláusula de revisión salarial que, en caso de desviación de la inflación, podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los años del acuerdo (2023-2025), que se aplicarían al inicio del siguiente ejercicio.

Postura de la Patronal ante la Reducción de Jornada

La patronal se inclina por el 'no' a la reducción de jornada que pretende aprobar el Gobierno. Después de que Trabajo presentara ayer martes la “última” oferta del Ejecutivo a los empresarios, con ayudas a pymes de hasta 6.000 euros, el líder de la CEOE ha afirmado que “en ningún caso vamos a compartir el intervencionismo puro del Gobierno”, al que acusa de animar a las pequeñas empresas a que “se tiren por un barranco”.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este miércoles lo que ha tildado de “triultimátum” del Ministerio de Trabajo a la patronal para que apoye la reducción de la jornada laboral de las 40 horas a la semana actuales hasta las 37,5 horas en 2025. “Que hagan lo que tenga que hacer, pero yo tengo derecho, representando a las empresas españolas, especialmente en este caso a las pequeñitas y a los autónomos, a decir qué es lo que pensamos y esto es malo para la economía y para las pequeñas empresas”, ha afirmado Garamendi.

Sin un acuerdo tripartito en el diálogo social, el Ministerio de Trabajo ha avisado de que el Ejecutivo buscará un acuerdo con los sindicatos para llevar la legislación “cuanto antes” al Consejo de Ministros y al Parlamento, donde el Gobierno deberá lograr los apoyos necesarios para sacarla adelante.

Trabajo ha reclamado a la patronal abandone los posicionamientos políticos y se centre en “los intereses” de las pequeñas empresas. Yolanda Díaz ha advertido de que las ayudas ofertadas por el Gobierno están condicionadas a un pacto en la regulación. Por tanto, estas decaerán si los empresarios se descuelgan de la negociación . El Ejecutivo ha planteado ayudas directas de hasta 6.000 euros a micropymes de cinco sectores (hotelería, comercio, peluquerías, limpieza y agricultura), y también bonificaciones a nuevas contrataciones en empresas de hasta 10 empleados fruto de la aplicación de la jornada de 37 horas y media.

Garamendi ha sostenido que, con la reducción de la jornada laboral, el Gobierno “está animando a las pequeñas empresas a que se tiren por un barranco”.

Frente a la gran ola de derecha y ultraderecha que domina buena parte de Europa y América, Pedro Sánchez se está concentrando en los focos de resistencia, los países aún en manos de progresistas, como España, para unirse entre todos y trasladar la idea de que hay otra visión del mundo diferente a la de Donald Trump y sus aliados.

El presidente español ha aprovechado un viaje a Uruguay, un país que de nuevo ha pasado a manos progresistas, con Yamandú Orsi, pupilo del recientemente fallecido José Mujica para lanzar un mensaje a favor del multilateralismo, de la cohesión social, y sobre todo contra la visión de Trump, a quien ha lanzado un aviso por los aranceles del 30% con los que el presidente de EE UU amenaza a la UE.

Sánchez también ha defendido el acuerdo de Mercosur, clave para esta región pero también para Europa, asegura, porque es una forma precisamente de salir del mundo en conflicto que busca Trump para trabajar por otro que se basa en acuerdos y reglas claras. “Creemos en un mundo de colaboración. España y Uruguay apoyan el acuerdo con Mercosur. Vamos a crear un área de libre comercio con 700 millones de habitantes. Es un mensaje positivo de entendimiento entre bloques comerciales y regiones, en un mundo cada vez más complejo”, ha dicho Sánchez.

El presidente del Gobierno ha recibido aquí un respaldo políticamente importante, el del líder de la patronal, Antonio Garamendi, que en esta cuestión está totalmente en sintonía con el Ejecutivo. Garamendi ha bromeado con las resistencias de Francia al acuerdo de Mercosur para proteger a sus agricultores, el principal obstáculo en este momento . El líder de la patronal, que se incorpora al viaje y al avión presidencial, una forma de mostrar un regreso a la normalidad después de unas semanas políticas turbulentas, ha defendido el acuerdo de Mercosur sin matices.

Tanto Sánchez como Garamendi han lanzado muchos mensajes positivos hacia Uruguay, una isla de estabilidad política y económica en un continente muy convulso. “Nos los dicen todos los empresarios españoles, hay más de 100 empresas aquí instaladas, y nos hablan de la seguridad jurídica de este país y de un contexto muy favorable para emprender en Uruguay”, ha dicho Sánchez. España es el primer inversor en el país sudamericano.

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