Los Abogados del Empresario Cursach: Defensa y Controversias en el Caso

El denominado 'caso Cursach', que ha puesto en el punto de mira al empresario del ocio Bartolomé Cursach, ha estado marcado por una serie de estrategias legales, denuncias de irregularidades en la instrucción y significativas retiradas de acusaciones que han reconfigurado el panorama judicial.

Retirada de Acusaciones: Un Giro Inesperado

Una de las noticias más destacadas en el desarrollo del juicio fue la retirada de acusaciones por parte de diversos actores. El abogado del empresario Ángel Ávila, que ejercía acusación particular, anunció la retirada de la acusación contra Bartolomé Cursach y otros siete acusados al inicio de una sesión de la vista oral. Esta decisión se produjo tras la retirada de toda la acusación por parte del Ministerio Fiscal el pasado viernes.

En concreto, Ángel Ávila retiró la acusación contra Bartolomé Cursach, Gabriel Mayans, Josep Mayol, Feliciano Franco, Gabriel Torres, Bartolomé Capó, Felipe Florit y Rafael Amengual.

La Abogacía de la Comunidad Autónoma balear también siguió los pasos de la Fiscalía Anticorrupción, retirando sus acusaciones contra el magnate, su mano derecha Bartolomé Sbert, la exdirectora general de Turismo del Govern Pilar Carbonell y otro funcionario del Ejecutivo autonómico, Bernardí Seguí.

La semana anterior, el Ministerio Público ya había rebajado drásticamente sus peticiones de condena contra Cursach y su exnúmero dos. De los ocho años y medio de prisión que reclamaba para Cursach, solicitaba ahora un año y medio por pertenencia a organización criminal y prevaricación, excluyendo los delitos de cohecho y coacciones. Esta rebaja se debe a la retirada del presunto delito de cohecho. Para Pilar Carbonell, quien previamente a su cargo en el Govern había desempeñado funciones en el departamento de Promoción Turística del Ayuntamiento de Calvià, el Ministerio Público la acusaba de mantener contacto directo con Sbert con la finalidad de beneficiar al grupo empresarial encabezado por Cursach. En su escrito inicial, la Fiscalía sostenía que Carbonell, al ocupar el puesto de directora general, mantuvo este trato de favor desde la administración autonómica, valiéndose para ello de la cooperación de Seguí. Finalmente, otros seis encausados, entre ellos la ex directora general de Turismo, Pilar Carbonell y el director de la discoteca Tito’s, Jaime Lladó, quedaron exculpados al retirarse todos los cargos contra ellos.

El abogado del magnate de la noche mallorquina, Enrique Molina, solicitó la absolución por "vulneración de sus derechos". El letrado Molina afirmó que Cursach, procesado por pertenencia a organización criminal, "no ha podido declarar ante un juez imparcial". También criticó la 'amputación' que sufrió el escrito de acusación de la Fiscalía días antes de que arrancara la vista oral y mostró el documento repleto de tachones, alegando por ello "una retirada de acusación tácita" respecto a Bartolomé Cursach. "No atribuye comportamientos concretos a Cursach", sostuvo.

Juicio del Caso Cursach

Denuncias de Irregularidades en la Instrucción

El juicio ha sido un escenario para la exposición de graves irregularidades presuntamente cometidas durante la instrucción del caso. Las defensas han arremetido con dureza contra los jueces Manuel Penalva y Miquel Florit y el fiscal Miguel Ángel Subirán, solicitando la nulidad del proceso y la consiguiente absolución.

Testimonios de Abogados y Testigos

Una abogada que representó a un acusado en el caso Cursach denunció diversas irregularidades cometidas durante la instrucción y aseguró que temía ser encarcelada. La letrada, Rosario Molina, contó que Penalva la situaba como miembro «de la organización criminal de Cursach para amenazar a los testigos». Relató cómo a su despacho llegó un joven acusado por un testigo protegido -un antiguo empleado de Tito’s- de agredirle y amenazarle. La abogada explicó que «cuando intentaba explicar que lo que decía el testigo era mentira», nunca le hicieron caso. Afirmó que en las declaraciones judiciales el fiscal Subirán anunció a los compañeros de piso de su cliente que «irían a la cárcel si no decían la verdad» y que había policías «con pistola en la sala del juez». También contó que en una ocasión «dos policías» le impidieron entrar en un careo de su cliente con el denunciante, aunque precisó que en esa diligencia no estaba Penalva, sino una jueza. Molina aseguró que a raíz de los enfrentamientos con los investigadores fue situada «como miembro de la organización criminal de Cursach», para quien «nunca» ha trabajado. «Les dije a mis compañeros de despacho que en cualquier momento podía ir a prisión. La carga de la prueba se invirtió y teníamos que demostrar que nuestros clientes eran inocentes», sentenció. También acusó a Subirán de haber tergiversado las declaraciones de los testigos durante las pesquisas.

Asimismo, compareció una extrabajadora de Tito’s que fue citada a declarar por los investigadores del caso Cursach y aseguró haber sido amenazada «con ir al calabozo» tras asegurar que no sabía nada de las fiestas con drogas y prostitutas para policías locales en la discoteca de Cursach. «Decían que mentía porque otros compañeros habían declarado sobre eso. Me enseñaron caras de algunos policías, pero yo no conocía a nadie», afirmó. También detalló que le preguntaron por un prostíbulo de Palma del que fue encargada y al que, según los investigadores, habrían acudido Gijón y Rodríguez. «Me enseñaron una agenda, pero no coincidía nada», aseguró. A preguntas del abogado de Penalva y Subirán, aseguró que el acta de su declaración recogió fielmente sus palabras.

Por su parte, el abogado José Manuel Madroñero, que representaba a José María Rodríguez, afirmó que en el caso Cursach «no se corroboraba lo que decían los testigos y se les daba plena credibilidad». «Había asuntos de los que nos enterábamos antes por la prensa que por el procedimiento judicial. De Gijón y Rodríguez se ha dicho de todo, pero luego obviamente no se comprobaba nada», aseguró.

Argumentos de las Defensas

Los abogados de Cursach y Sbert cargaron contra la instrucción de la causa, arremetiendo con dureza contra los jueces Manuel Penalva y Miquel Florit y el fiscal Miguel Ángel Subirán, para pedir la nulidad del proceso y la consiguiente absolución. Ambos aseguraron que se vulneraron sus derechos fundamentales y que la investigación «se llevó a cabo de espaldas a las defensas», sin que ninguno de los dos tuviera la posibilidad de «declarar ante un juez imparcial». Los letrados Enrique Molina y Antonio Martínez llegaron a comparar a Cursach y Sbert con Rafael Vera, el exsecretario de Estado de Seguridad condenado por un secuestro de los GAL, y esgrimieron varias veces una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Aquel fallo consideró que el juez Baltasar Garzón «no respondía a la exigencia de imparcialidad», pero descartó que se hubieran vulnerado los derechos fundamentales de Vera.

En esta línea, Molina argumentó que la «instrucción [del caso Cursach] estaba completamente viciada por los intereses espurios del juez y el fiscal», en referencia a Penalva y Subirán. Su tesis orbita en la recusación del magistrado, que fue apartado del caso «por haber perdido la apariencia de imparcialidad» y posteriormente procesado por las presuntas irregularidades, para solicitar la nulidad de todas las diligencias llevadas a cabo. El abogado de Cursach argumentó que al haberse apartado a Penalva, el empresario «nunca tuvo la oportunidad de prestar declaración ante un juez imparcial». Y atacó entonces la actuación de Miquel Florit, que cuando asumió el asunto «no quiso tomar declaración a los acusados» antes de cerrar la investigación y llevar el caso a juicio. «No hay una instrucción justa ni imparcial. Es manifiestamente nula», sentenció.

Molina apuntó que «se debe revocar el auto de apertura de juicio oral», pero no para rehacer investigando, ya que «el plazo máximo de instrucción ha vencido» y «solo queda una sentencia absolutoria». El abogado de Cursach consideró también vulnerado su derecho de defensa por la posición de la fiscalía y las acusaciones particulares en sus escritos. «Ninguno de ellos atribuye comportamientos concretos a Cursach», aseguró, mientras exhibía el documento presentado por el ministerio público diez días antes del juicio, con páginas enteras tachadas, en el que recortaba drásticamente sus imputaciones y desconectaba casi por completo al empresario de la trama corrupta en la Policía Local de Palma al retirar los cargos por cohecho.

La postura del abogado de Sbert, Antonio Martínez, fue casi calcada. También argumentó que Florit cerró la instrucción «sin darle la posibilidad de declarar ante un juez imparcial», pese a que tuvo casi tres meses y medio para hacerlo. Aseveró que buena parte de las diligencias llevadas a cabo por Penalva fueron bajo secreto de sumario y sin que su abogado pudiera interrogar a los testigos de cargo. «El juzgado era un búnker y las defensas, enemigos», sentenció. Martínez victimizó a Sbert asegurando que cuando estuvo preso «fue tratado como un terrorista» y se le prohibió recibir documentos de manos de su abogado. «Durante dos meses renunció a pagar la fianza pese a haber reunido el dinero porque tenía miedo de salir a la calle», añadió. También afirmó que cuando fue arrestado en febrero de 2017, «uno de los policías le pidió que incriminara a un político del PP, José María Rodríguez, o si no se iba a chupar cinco meses de prisión».

Sospechas sobre Florit

El abogado de Sbert, en sus críticas al segundo instructor de la causa, el juez Miquel Florit, aseguró que «fue engañado por su entorno». «No repitió las diligencias porque la fiscalía no se lo pidió para que no se destapara el pastel», dijo en clara alusión a Subirán. También acusó a Florit de haber firmado el auto de procesamiento de los acusados «creado por otra persona». Como hizo el representante de Cursach, el abogado de Sbert consideró que la única salida es la absolución de su cliente, ya que las diligencias son «nulas sin posibilidad de subsanación».

El resto de abogados defensores se adhirieron, al menos parcialmente, a estas cuestiones previas presentadas por Molina y Martínez. La segunda sesión del juicio finalizó sin que el abogado de Sbert acabara sus planteamientos iniciales.

Daño Reputacional y Consecuencias

Finalmente, un perito contratado por Álvaro Gijón detalló por qué cifra el daño reputacional padecido por el expolítico en cerca de un millón de euros, basado en las noticias aparecidas sobre él.

Los abogados del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como de otros cuatro funcionarios de la Policía Nacional, que se enfrentan a 576 años de prisión por cometer irregularidades durante la investigación de una supuesta trama corrupta en torno al empresario Bartolomé Cursach, han pedido la nulidad del procedimiento y, por ende, de una sentencia absolutoria para todos los imputados en la causa, al entender que se han usado pruebas nulas que han llevado a la celebración del juicio.

En la primera sesión del juicio, el fiscal Juan Carrau alegó que pese a estar prohibida la presentación de un nuevo escrito de acusación antes de que empiece un juicio, sí se pueden modificar algunos de los hechos y las acusaciones, como ha ocurrido en este caso, en el que se ha rebajado sustancialmente la petición de prisión para Cursach y sus colaboradores y se ha retirado directamente para ocho encausados.

Panorama Actual

A partir de este martes, la juez decidirá si envía la causa al Tribunal Superior. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la jubilación del anterior instructor del ‘caso Cursach', Miquel Florit.

Bartolomé Cursach ha visto rebajada hasta siete años la petición de cárcel que hace la Fiscalía al retirar el presunto delito de cohecho.

Reacciones de los Acusados

Bartolomé Cursach, visiblemente afectado, expresó su enfado: «Estic emprenyat». Así se lo dijo en el patio de la Audiencia Provincial de Palma a una persona que se acercó a saludarle y le preguntó cómo estaba. Como ya hizo el primer día, el empresario llegó al Palacio de Justicia de la mano de su pareja, que no pudo acceder al edificio. En la puerta se encontró con su mano derecha en los negocios, Bartolomé Sbert, y ambos entraron juntos al juicio. En el banquillo de los acusados se sientan 17 personas.