Tecnología y Transparencia en el Recuento Electoral: Innovación y Desafíos Globales

No deja de sorprender que en pleno siglo XXI, con los avances tecnológicos disponibles, muchas votaciones se sigan realizando a mano alzada o bien depositando papeletas en una urna. La modernización de los procesos electorales y la garantía de su transparencia son desafíos constantes que la tecnología busca abordar. En este contexto, diversas empresas emergen con soluciones innovadoras o se consolidan como actores clave en la infraestructura electoral global, no sin controversias.

éKratos: La Innovación Blockchain en Procesos Electorales

Como emprendedor con más de 20 años de experiencia, David Montserrat se propuso poner fin a este anacronismo. Montserrat contrató a un grupo de investigación de la Universitat de Girona para que aplicara la tecnología blockchain o de cadena de bloques a la digitalización de procesos electorales, garantizando la seguridad, privacidad y trazabilidad de los votos.

Para la fundación de la empresa, Montserrat confió en su amigo Ramón Pons, quien está al frente de la dirección comercial, y en su abogado Juan Ignacio Iturregi, responsable de la parte legal de la compañía. éKratos nació en el 2019, justo antes de la pandemia de covid, y comenzó a desarrollar su actividad en el 2021. Desde entonces, la empresa emergente ha participado en cerca de treinta consultas y procesos electorales en Catalunya, las islas Baleares y Andorra. Con sede en Barcelona e incubada por La Salle Technova, la startup debe su nombre a la ‘e’ de electrónico y a la palabra griega kratos, que significa gobernanza.

El desarrollo de la solución ha supuesto una inversión de 600.000 euros hasta la fecha, entre recursos propios y un crédito Enisa de 130.000 euros. Se trata de un modelo de software como servicio (SaaS) “que nos debe facilitar la internacionalización”, explica Montserrat. De forma paralela y con el fin de impulsar la comercialización de su plataforma a escala mundial, éKratos acaba de abrir una ronda de financiación en la que los socios fundadores prevén captar medio millón de euros.

El Debate sobre el Recuento de Votos: Aclarando el Papel de Indra

El bulo sobre que la empresa Indra se encarga del recuento de votos ha vuelto a resurgir. En varias ocasiones, la diana de estas noticias falsas ha sido Indra, compañía española especializada en defensa y tecnología que, entre otras competencias, asiste técnicamente a procesos electorales de distintos países. Sin embargo, Indra no se encarga del recuento electoral, sino que transmite los datos provisionales que las mesas le envían. Como explica Indra en declaraciones a Newtral.es, su software “no hace el recuento de los votos”, por lo que la empresa está “absolutamente alejada del método humano”.

El Proceso Manual del Escrutinio

Es un bulo. Indra no hace el recuento de votos en ninguna de las elecciones de España, sino que son los miembros de la mesa electoral (tanto los vocales como el presidente) quienes lo hacen. Cuando los colegios electorales cierran a las ocho de la tarde y después de introducir los votos recibidos por correo (art. 88 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG) y los de los miembros de la mesa y los interventores, empieza el escrutinio de los votos. Los miembros de cada mesa electoral son quienes abren las urnas, ordenan las papeletas, computan y reflejan en actas los resultados de cada urna. Al terminar, el presidente de la mesa introduce en la urna las papeletas del voto por correo. Después, votan las personas que componen la mesa así como los interventores.

El recuento de votos es manual y lo hace el presidente de la mesa, por lo que Indra no participa. Este extrae uno a uno los sobres de la urna correspondiente y lee en voz alta la candidatura o el nombre de los candidatos votados. El artículo 95 de la LOREG especifica que el recuento de votos lo realiza el presidente de la mesa electoral extrayendo uno a uno los sobres de la urna y leyendo en voz alta la candidatura votada (o, en caso de las elecciones al Senado, la de los candidatos elegidos). Después muestra la papeleta a los vocales, interventores y apoderados de los diferentes partidos políticos y la apunta. La ley desarrolla en detalle cómo se registran los resultados del escrutinio de cada mesa, su custodia y su traslado a la Junta Electoral.

Una vez que acaba el escrutinio, la mesa hace públicos los resultados en un acta y hace varias copias: una para colocarla en la parte exterior o en la entrada del colegio electoral, otra para cada uno de los representantes de cada candidatura que la solicite y otra para la persona designada por la Administración (art. 98 de la LOREG), que envía por teléfono o mediante una aplicación informática los resultados provisionales al centro de datos electorales, que se encarga de su difusión. La empresa adjudicataria (ya sea Indra o cualquier otra), por lo tanto, no efectúa el recuento, sino que se limita a transmitir los datos provisionales que el representante de la Administración le envía.

Además, esos resultados que conocemos en la noche electoral y que ha transmitido Indra (o la empresa adjudicataria en cada cita electoral) son sólo provisionales. El resultado final se da el quinto día natural después de las elecciones, cuando se procede al escrutinio general, realizado por la Junta Electoral (art. 103)*. En el escrutinio general y definitivo de las elecciones, la Junta Electoral, formada por magistrados y catedráticos y profesores de Derecho y Ciencia Política, coteja que las actas coinciden y recuentan y añaden los votos de los españoles residentes en el extranjero (CERA).

Es decir, el escrutinio se realiza primero por las mesas electorales, que envían los resultados provisionales a la empresa encargada de enviar los resultados al Gobierno, y después por la Junta Electoral, que hace el recuento definitivo. Indra dijo que había detectado "una incidencia" en el servicio de recuento provisional para las elecciones locales de 2023 que afectó a la difusión de resultados a través de la página web del Ministerio del Interior. Como la misma empresa explica en su web: ofrece tecnología la transmisión de los datos de votación desde los colegios electorales al centro de procesamiento de la información. La empresa española Indra, sin embargo, había recibido la adjudicación, por 130 millones de dólares, de la organización de las elecciones en Irak para acabar con el sistema de voto por tinta indeleble.

Historia y Estructura Accionarial de Indra

No es la primera experiencia electoral de Indra. Desde antes incluso de que se denominara así, la multinacional española gestiona procesos electorales en todo el mundo. En España, desde la llegada de la democracia, ha realizado el escrutinio electoral de casi todas las elecciones, tanto a nivel autonómico como nacional. Aunque lo monopoliza, Indra no está sola en el mercado de logística electoral.

Indra es un gigante con muy buenas relaciones con el Estado, más allá de las tripas electorales y la logística de la democracia. Desde su creación en 1993 con mayoría accionarial estatal (mediante el extinto Instituto Nacional de Industria, renombrado SEPI en 1996) la empresa ha dominado el sector de los servicios al sector público. Esa buena relación con el Estado se observa también en su accionariado. Hasta 1998, Indra fue esencialmente pública. Ese año, el Gobierno de Aznar, enfrascado en un amplio proceso de privatizaciones, vendió la participación estatal en Indra, que comenzó a funcionar con capital privado.

Pero el sector público no tardó en volver, aunque fuera de forma indirecta, a la multinacional. En 2005, Caja Madrid se convirtió en el accionista mayoritario, con un 15% que en 2008 se elevó a casi un 20%. Tras el rescate de Bankia, la entidad comenzó un proceso de desinversión que le llevó a vender, en 2013, sus acciones de Indra a la SEPI. Al 20% de la SEPI, controlada por el Ministerio de Hacienda, se le une en el accionariado de Indra la Corporación Financiera Alba, propiedad de Banca March, con un 11%; y Casa Grande de Cartagena, el grupo de inversión de la familia Del Pino, con un 4%.

Principales Accionistas de Indra

En el consejo de administración de Indra coinciden antiguos miembros de empresas públicas y algún que otro expolítico. Los dos representantes de la SEPI son caras conocidas de la política española. Juan Carlos Aparicio fue secretario de Estado de la Seguridad Social y ministro de Trabajo con Aznar, y hasta 2011 alcalde popular de Burgos. En Indra es vocal de la comisión de Auditoría. Su compañero, Adolfo Menéndez Menéndez, socio del prestigioso bufete de abogados Uría Menéndez, ha sido subsecretario tanto en el Ministerio de Defensa como en el de Interior, y es también Secretario General de la Fundación Príncipe de Asturias. Tiene una larga experiencia en empresas públicas (Renfe, Tabacalera, Telefónica), en las que ha sido consejero hasta su privatización. El ex ministro socialista Julián García-Vargas, que ocupó las carteras de Sanidad y Defensa entre 1986 y 1995, y presidió el Instituto de Crédito Oficial (ICO), completa el plantel de excargos públicos en Indra.

Smartmatic: Controversias y Desafíos en la Votación Electrónica Global

Como una de las principales empresas de votación electrónica del mundo -"la líder indiscutible", según su propia valoración- Smartmatic no es ajena a la controversia. Sus raíces están firmemente ancladas en Venezuela. Para empezar, tanto Mugica como el cofundador y actual presidente de la empresa, Róger Piñate, son venezolanos. Su primera elección fue el referendo presidencial de 2004 en el que un 58% de venezolanos le dijo "No" a la propuesta de la oposición de revocar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. La empresa ha proporcionado servicios a Venezuela desde 2004, cuando el presidente Hugo Chávez salió vencedor en un referendo revocatorio citado por la oposición.

Acusaciones de Manipulación y Vínculos Políticos

En 2006, el FBI abrió una investigación sobre los dueños de Smartmatic buscando determinar si el gobierno de Venezuela tenía algún tipo de control sobre la firma, según reportó en ese entonces The New York Times. En un artículo del New York Times de la época se menciona un préstamo gubernamental de US$200.000, garantizado con un 28% de las acciones de una empresa vinculada a Smartmatic, como una de las primeras causas de sospecha. Dicho préstamo, realizado siete meses antes de la obtención del contrato para el referendo revocatorio, fue luego justificado como parte de esfuerzos más amplios por ayudar a las pequeñas empresas y pagado antes del referendo. Pero según The New York Times, los tres primeros contratos de Smartmatic con Venezuela también le garantizaron la nada despreciable cifra de US$120 millones, y eso alimentó aún más las sospechas de Washington. Además, se afirmó que, aunque la empresa declara origen estadounidense, "sus verdaderos dueños -probablemente miembros de la élite venezolana de diferentes afiliaciones políticas- permanecen ocultos detrás de una red de holdings en Holanda y Barbados".

En 2017, los responsables de Smartmatic hicieron una declaración explosiva. Según la empresa, respaldan todos los resultados de las elecciones venezolanas desde 2004 hasta 2015 “independientemente del partido político que haya ganado”, pero afirmaron “sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación”. Según los responsables de la empresa a cargo del sistema de voto electrónico empleado en la polémica elección impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, "la diferencia entre la cantidad (de votos) anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores". En una conferencia de prensa celebrada en Londres, el director ejecutivo de la compañía, Antonio Mugica, aclaró que por el momento no podían precisar el número exacto. La oposición, que calificó la votación de la Constituyente como un proceso fraudulento porque no se le consultó al pueblo, decidió no participar en la elección.

Desde Caracas, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena, rechazó las acusaciones de la compañía. Lucena calificó las denuncias como una "opinión sin precedente por parte de una empresa cuyo único rol es el de proveer ciertos servicios y soporte técnico no determinante en sus resultados". Y luego de dos semanas desde el señalamiento, Lucena anunció que el CNE "rompe relaciones" con Smartmatic y será otra firma la que se encargue de los conteos de votos.

Expansión Global y Otros Desafíos

En los últimos años la empresa ha crecido e internacionalizado, alejándose cada vez más de sus polémicos orígenes venezolanos. Sus cuarteles generales se mudaron a Londres en 2012 y en la actualidad Smartmatic cuenta con 600 empleados en 16 oficinas alrededor del mundo. Su historial da cuenta de su participación en diferentes tipos de proyectos en México, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Haití, Curazao, Filipinas, Omán, Uganda, Zambia, Sierra Leona, Kirguistán, Reino Unido, Estonia y Armenia. No todos esos proyectos están vinculados a procesos electorales, pero esa es la indiscutible fortaleza de Smartmatic. De hecho, la empresa presume de haber ayudado a cientos de millones de electores a emitir más de 3.700 millones de votos en elecciones por todo el mundo.

Entre su portafolio de servicios figuran sistemas biométricos de registro y autentificación de votantes, identificaciones electorales, software y servicios electorales, computación y transmisión de resultados, administración de jornadas electorales y voto online. No todo ha sido perfecto: varios de los comicios en los que ha participado -como las elecciones presidenciales de Filipinas de 2010 y 2016- han estado marcados por críticas a la seguridad de los sistemas de Smartmatic e incluso por acusaciones de fraude. Sin embargo, la situación de 2017 en Venezuela fue la primera vez que la empresa entró en conflicto no con los candidatos perdedores sino con las autoridades electorales del país en el que estaba operando.

En cuanto a la integridad de sus sistemas, la empresa asegura que su sistema está diseñado para que, en caso de manipulación, su detección sea inmediata y muy fácil de identificar gracias a los mecanismos de auditoría instalados. Específicamente, el sistema produce automáticamente sus propios "reportes de totalización", tanto a nivel de mesa de votación como de todo el proceso. En Bulgaria, la prensa local calificó una situación como un "teatro" en el que, más que competir, las dos empresas que optaban al contrato de votación electrónica, incluyendo Smartmatic, estaban cooperando, levantando sospechas sobre la transparencia del proceso de adjudicación.