Sindicatos detienen negociación de bajas laborales hasta completar la reforma de pensiones

Los sindicatos españoles han endurecido su postura frente al Gobierno, anunciando que no negociarán las bajas laborales hasta que se resuelvan los asuntos pendientes de la reforma de pensiones. Esta decisión llega tras meses de negociaciones sin avances sustanciales y el incumplimiento, según los sindicatos, de compromisos adquiridos.

La postura sindical: un alto en la negociación de bajas

Este lunes, UGT ha anunciado que no volverá a participar en la mesa de diálogo social mientras no se resuelvan los asuntos que, según denuncia, llevan cerca de dos años pendientes. La secretaria ejecutiva de UGT, Cristina Estévez, acusó a la Seguridad Social de incumplir los compromisos adquiridos, reprochando a los responsables del departamento que dirige Elma Saiz que hagan "oídos sordos" a las cuestiones que el sindicato considera prioritarias.

Entre las demandas sindicales se encuentran la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas, los coeficientes aplicables a las pensiones máximas tras expedientes de regulación de empleo (ERE) y los coeficientes reductores de la edad de jubilación para actividades penosas o peligrosas. Según Estévez, el Ministerio estaría centrando las negociaciones en los asuntos que le interesan, como la reducción de los costes asociados a la Incapacidad Temporal (IT), sin abordar el resto de materias comprometidas.

Uno de los puntos que ha generado mayor malestar es la falta de convocatoria de la Comisión de Evaluación encargada de analizar las solicitudes de aplicación de coeficientes reductores en actividades peligrosas o penosas. Este órgano debe recepcionar los expedientes y supervisar los informes técnicos de los sectores que soliciten la reducción de la edad de jubilación, pero, según UGT, todavía no se ha constituido formalmente.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, aseguraban haberse levantado de la mesa de negociación al existir todavía otros temas pendientes desde la última reforma de pensiones. Los representantes de los trabajadores también condicionaron la reforma a que se rectifique el aumento de la penalización sobre las pensiones máximas anticipadas. Aunque el Ministerio de Seguridad Social ya ha aclarado que rectificará en cuanto a la penalización, todavía no detalla cuándo se llevará a cabo esta corrección.

Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CCOO, aseveró que "la negociación colectiva está siguiendo sus propias pautas", y recordó que las organizaciones sindicales ya advirtieron al Ejecutivo de que "toda reforma laboral no consensuada tiene escaso éxito". En su opinión, el Gobierno debería de haber desistido en esta reforma una vez que las organizaciones empresariales rompieron las negociaciones con los sindicatos para lograr un acuerdo en esta materia.

Reformas de pensiones: avances y descontento

El Gobierno ha cerrado un acuerdo con las patronales y los sindicatos para reformar la regulación de la jubilación activa y parcial, además de reforzar el papel de las mutuas en los procesos de baja.

Jubilación parcial

Se permite anticipar tres años -hasta ahora eran dos- la edad a la que se puede acceder a la jubilación parcial, aquella a la que se puede acoger un empleado después de cumplir los 60 años y que es simultánea con el mantenimiento de un contrato de trabajo a tiempo parcial, estando vinculada habitualmente a la formalización de un contrato de relevo con un trabajador desempleado o que ya esté empleado por la empresa pero de forma temporal. A partir de ahora, quienes firmen ese contrato de relevo se beneficiarán de un contrato indefinido y a jornada completa. Aunque la jornada parcial se regula con carácter general, los empleados de la industria manufacturera que ya tenían este derecho lo verán prorrogado hasta 2029 con las mismas condiciones.

Jubilación activa, demorada y flexible

El acuerdo mejora también todas las formas de compatibilidad entre jubilación y empleo, tanto antes como después de llegar a la edad de jubilación, por medio de las figuras de jubilación activa, demorada y flexible. En cuanto a la jubilación activa, se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa, lo que facilita su acceso y tiene una especial incidencia desde la perspectiva de género. Este tipo de jubilación será compatible con los incentivos de demora y su compatibilidad se fijará en función del tiempo que se demore.

Por su parte, la jubilación demorada (para aquellos que quieren seguir trabajando más allá de la edad legal de jubilación, a cambio de ciertos incentivos económicos) se mejora con la posibilidad de recibir un incentivo adicional por cada seis meses de demora a partir del segundo año y no sólo cada doce meses. En lo que respecta a la jubilación flexible (la que es compatible con un contrato a tiempo parcial después de haber llegado a la edad legal de jubilación), el acuerdo prevé revisarla en un plazo de seis meses para mejorar los porcentajes de la prestación a percibir.

Profesiones penosas y peligrosas

Las personas con contratos fijos discontinuos recuperan el multiplicar de 1,5 por los periodos que tengan cotizados como fijos discontinuos, lo que les permitirá acceder a mejores pensiones en el momento de su jubilación. Para los trabajadores de actividades penosas, tóxicas, insalubres o peligrosas, se ha reformado el sistema de coeficientes reductores para acceder a la jubilación, siempre y cuando no existan alternativas de mejora por la vía de la prevención de riesgos laborales. Esta nueva regulación se basa, fundamentalmente, en determinar las circunstancias objetivas que permiten establecer coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación, como puedan ser: la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja médica; así como las declaraciones de incapacidades permanentes y los fallecimientos.

Tabla de modalidades de jubilación y sus características

Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva

El dirigente de CCOO se refirió a la renovación del Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva, que establece la moderación de los salarios y que sindicatos y empresarios empezarán a revisar en las próximas fechas. Górriz recordó que el requisito establecido por los sindicatos para sentarse a negociar la prórroga del acuerdo era que se desbloquee la negociación de los convenios pendientes en 2011, algo que parece haberse resuelto tras el acuerdo firmado con las organizaciones empresariales el pasado viernes.

Sin embargo, el dirigente sindical recordó que el acuerdo actual está vigente hasta que acabe 2012, por lo que todavía hay tiempo para negociar su prórroga. Asimismo, el secretario de Acción Sindical de CCOO apuntó que los sindicatos están "dispuestos" a ampliar el acuerdo "a 2013, 2014, 2015 o hasta lo que nos pongamos de acuerdo", pero añadió que han establecido "una serie de condiciones". Entre estos requisitos, Górriz destacó la necesidad de que los empresarios lleven a cabo un "control de los precios", para lograr que crezcan por debajo del resto de países de la zona euro.

El absentismo laboral y la presión de la patronal

Finalmente, se ha reforzado el papel de las mutuas para que pongan a disposición de los médicos de atención primaria sus recursos para acelerar la recuperación de quienes estén de baja y su posterior reincorporación a su empleo, algo que podrá reducir el absentismo laboral. La patronal reclama medidas reglamentarias para avanzar en medidas relacionadas con la Incapacidad Temporal que puedan adoptarse por vía reglamentaria, mientras continúan las negociaciones sobre posibles soluciones estructurales en materia de bajas médicas.

El 'impasse' en la mesa de negociación llega en un contexto de crecimiento en las cifras de bajas laborales, una tendencia que la patronal ya sitúa entre los principales problemas para las empresas. El incremento en el número de casos supone mayor coste para la Seguridad Social y para las empresas, un desembolso que el último informe realizado por la Asociación de Mutuas de la Seguridad Social (AMAT) cifra en 32.798,87 millones de euros a cierre de 2025.

Movilizaciones y rechazo a las reformas anteriores

Miles de personas, en su gran mayoría pensionistas, han desbordado las calles de Bilbao, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Santander, Vitoria y Murcia en la última demostración de fuerza de los jubilados ante el Gobierno. Los jubilados han centrado, de nuevo, sus protestas contra la subida del 0,25% anual -en virtud de la reforma de las pensiones que aprobó en solitario el Ejecutivo en 2013- y han demandado la revalorización de las pensiones conforme a los precios.

Pero los pensionistas recuerdan que solo es una pieza de un engranaje de políticas económicas a las que se oponen: rechazan el conjunto de la reforma de 2013, y especialmente el opaco factor de sostenibilidad que entrará en vigor al año que viene; la reforma laboral de 2012 y la precarización del trabajo, “con salarios de miseria” que limitan las cotizaciones a la Seguridad Social; las medidas de austeridad que restringieron el gasto social, como el copago farmacéutico; el rescate de las autopistas quebradas, protagonista de la indignación de la mayoría de los jubilados entrevistados, y un largo etcétera de medidas con la firma de Montoro, Rajoy y Báñez.

Los pensionistas sitúan especialmente en la diana el rescate a las autopistas quebradas y a la banca, así como los límites presupuestarios de Montoro para cumplir con los objetivos de déficit, como reflejo de unas políticas que consideran que han antepuesto el rescate de los poderes económicos al de las personas. La presión social frente al Gobierno continuará “y más le valdría a los políticos que bajaran a las calles y miraran a la cara a estas madres y padres, que sepan lo que hay”, recomienda Luz, de 61 años y prejubilada.

Los pensionistas aseguran que, de no dar marcha atrás a sus políticas, seguirán movilizándose. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y los representantes de los sindicatos CCOO y UGT han finalizado su reunión sobre la reforma de las pensiones sin alcanzar ningún acuerdo, aunque han decidido continuar negociando. El principal escollo de la negociación es el retraso de la edad de jubilación a los 67 años que pretende el Gobierno y que rechazan frontalmente los representantes de los trabajadores, que han amenazado con una nueva huelga general.