Reelección de José Vicente González en Cierval y el declive de la patronal valenciana
José Vicente González fue reelegido presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval). La reelección de González, único candidato, fue recibida con aplausos.
Tras diez años de experiencia en el universo patronal, González logró meter cabeza en el “núcleo duro” de la CEOE. Procedente del sector del metal, amante de la navegación, independiente en lo político, y con vocación de renovar las estructuras patronales, es la segunda vez que trabaja en favor del dirigente empresarial catalán, convencido de que será receptivo a las posiciones de su organización.
En enero de 2015, Juan Rosell, presidente de la CEOE, acometió una reorganización de la patronal española. Redujo de nueve a cuatro las vicepresidencias y mantuvo en ellas a tres de las franquicias territoriales (Madrid, Cataluña y Valencia) que le habían dado un mes antes la victoria por apenas 33 votos frente a Antonio Garamendi, presidente de Cepyme. En uno de esos sillones se sentó José Vicente González, presidente de la valenciana Cierval.
En octubre de 2016, Juan Rosell acompañó a González en el acto en defensa de un nuevo modelo de financiación autonómica organizado por la Generalitat de Ximo Puig y Mónica Oltra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Fue uno de los pocos referentes del poder económico nacional que se acercó al evento, como un favor a su amigo valenciano.
En ese momento, tanto Rosell como González sabían que sus batallas estaban casi perdidas en sus respectivos feudos y por distintos motivos. El primero notaba sobre su aliento la presión de Garamendi, que ya había puesto de su lado al nuevo presidente de la patronal madrileña (CEIM), Juan Pablo Lázaro. La pesadumbre de González era mucho menos egoísta. Sencillamente ya era consciente de que el lastre heredado en forma de deudas, irregularidades en la gestión y cantonalismos en las organizaciones provinciales había convertido en papel mojado el proyecto que presentó en 2011 para tratar de transformar la patronal autonómica Cierval en una organización independiente del poder político, con voz propia en la interlocución con la Administración y con la fortaleza financiera suficiente como para ser un instrumento útil para las empresas.
El preconcurso de acreedores y el bloqueo interno
El comité ejecutivo y la junta directiva aprobaron acogerse al preconcurso de acreedores tras liquidar el ejercicio de 2015 con un resultado negativo de 1,5 millones de euros y ser incapaces de atender la reclamación de la Generalitat de 600.000 euros por minoraciones de fondos para cursos de formación ejecutados de forma irregular por la patronal provincial de Castellón (CEC), investigada judicialmente y en suspensión de pagos. El antecedente de la CEOE de Ciudad Real.
El plan pasaba por ganar cuatro meses y convencer a la alicantina Coepa y la CEC de un cambio en los estatutos que permitiera que las organizaciones sectoriales y las empresas se afilien directamente a Cierval y le abonen los cuotas. Los mayores ingresos permitirían presentar un plan de viabilidad a la Generalitat para arrancar otro aplazamiento de la deuda.
González no se rindió. Al igual que con su velero de 16 metros de eslora, quería seguir navegando y mantuvo interlocución con el ‘president’ Ximo Puig y con la Conselleria de Hacienda de Vicent Soler, algo que ya solamente era posible desde el articulado de la ley concursal.
Sin embargo, no todo fue tan sencillo. De entrada, se le agotaron los apoyos. La provincial de Valencia (CEV) que dirige Salvador Navarro desconfiaba de la disposición de Alicante y Castellón a ceder poder en favor de la autonómica y temía, además, que el procedimiento judicial abierto contra la patronal castellonense por fraude en cursos de formación derive responsabilidades penales y requerimientos económicos nuevos que dinamiten cualquier solución.
Se reprochó también a González, del que era notorio su alejamiento de la gran empresa representada en la AVE, cierta falta de mano izquierda para convencer a Alicante y Castellón. El cierre de la persiana no sería la primera vez que ocurre en España. Ciudad Real ya vio como su franquicia de la CEOE-Cepyme acabó en extinción. Empresarios y federaciones sectoriales no tardaron en unirse y montar otra patronal desde cero. Algo que también podría ocurrir también en Valencia, aunque ya sin José Vicente González.
Liquidación y fin de Cierval
La patronal autonómica echó definitivamente el cierre. Sus órganos directivos aprobaron solicitar con carácter inmediato el concurso de acreedores en su modalidad de liquidación ante la imposibilidad de que sus socias fundadoras afronten los cerca de 600.000 euros que el Consell les exige. Su desaparición, que está sujeta a los tiempos que establezca el juez, pondrá fin a 35 años de historia y dejará vía libre para que la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) construya una nueva organización autonómica a partir de su propia estructura.
El primer paso para asumir el legado de Cierval se materializó la próxima semana, una vez que la institución que preside Salvador Navarro modificó su ámbito territorial en una reforma exprés de sus estatutos. El objetivo fue que las empresas de la región no se queden huérfanas de representación ante los agentes sociales y la Administración autonómica.
Finalmente, las deudas de Castellón y Alicante terminaron arrastrando a la quiebra a Cierval, que cerró el pasado ejercicio con unas pérdidas cercanas a los 270.000 euros y fondos propios negativos por valor de 1,5 millones. Ayer, el que será su último presidente, José Vicente González, presentó con crudeza la realidad de las cifras ante el comité y la junta de esta organización empresarial.
González, que el lunes reconoció no ser partidario de apurar los plazos del preconcurso de acreedores, al que Cierval recurrió en diciembre, apuntó el camino a seguir. La liquidación. Ninguna de las territoriales puso objeciones a esta propuesta. Se aprobó por unanimidad, con una única abstención.
Los órganos de gobierno reconocieron, eso sí, el trabajo desarrollado por el presidente y toda la plantilla de Cierval «en un contexto de recortes y dificultades económicas». Los directivos quieren que la liquidación se realice «lo mejor posible» para evitar un perjuicio aún mayor a sus trabajadores, que no podrán integrarse en la futura organización regional para evitar incurrir en una sucesión de empresas.
Lo cierto es que la patronal estaba condenada desde hace meses después de todos los intentos de rescate encallaran por las reticencias de Coepa y CEC. Tras el preconcurso ni siquiera se han reunido para diseñar un plan de viabilidad. «No había viabilidad posible, por eso no hay razón para agotar los plazos», explicó a este diario José Vicente González, quien quiso salvaguardar su gestión al frente de la patronal autonómica de los problemas que han terminado conduciéndola al abismo.
A su juicio, se trata de una responsabilidad que comparten dos sus socias fundadoras, la alicantina Coepa y la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC). «Cierval sería rentable si se elimina el impago de las cuotas [antes de la quita del 95% a Coepa, sumaban entre las dos más de 700.000 euros] y otros abonos que ha asumido la autonómica en auxilio de sus territoriales», sostiene González. «No es tan raro que una empresa arruine a sus socios. Aquí sucede al revés, son los socios los que han arruinado a la empresa», sentenció.
El dirigente patronal no será quien cierre la persiana. Tiene previsto dimitir cuando presente en los juzgados la solicitud formal de concurso de liquidación. Presumiblemente será una gestora la que dirija la nave hasta el final del proceso.
Tras la votación de ayer, el asunto está en manos del despacho jurídico al que se ha encomendado la elaboración de un informe técnico. La idea es que el cierre ordenado de la institución se pueda completar a la mayor brevedad, pero los tiempos ya no los marcarán sus patronos. El juez ha de valorar el expediente y designar a un administrador judicial, que a su vez deberá estudiar las cuentas de la entidad antes de proceder a su liquidación ordenada. Según las fuentes jurídicas consultadas, el proceso podría prolongarse durante varias semanas, incluso más allá del mes. Hasta que se produzca el cese definitivo de la actividad, Cierval continuará prestando servicios a sus asociados.
El plan pasa, en cualquier caso, porque la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) asuma el papel de la actual patronal regional antes de que ésta desaparezca. El propio González avala la operación: «Estoy convencido de que es necesaria una organización para mantener el diálogo social con la Administración y los sindicatos, que también tienen una estructura autonómica». Precisamente el próximo viernes 3 de marzo la CEV modificará sus estatutos para ampliar su ámbito territorial. Se trata del primer paso, ya que se auguran nuevas reformas en el horizonte con el fin de dar forma a la nueva organización.
Su presidente, Salvador Navarro, expondrá hoy las líneas básicas del proyecto, aunque todavía hay margen para la negociación. La idea es que la futura CEV autonómica integre espacios territoriales -que se bautizarán como consejos-, donde las empresas podrán elegir libremente a sus representantes provinciales. La propuesta cuenta con un amplio respaldo entre los principales sectores de la región.
Ante el inminente final de Cierval, la CEC se erige en la principal damnificada. Su futuro es más que incierto. En concurso de acreedores desde hace meses, su viabilidad está ligada a la de su matriz regional, ya que carece de liquidez para afrontar deudas. De hecho, ni la patronal de Castellón ni la de Alicante carecen de músculo financiero para abonar su parte de los 567.000 euros que la Generalitat exige a Cierval, y que han terminado dinamitando la institución.
Finiquitada la receptora formal de las ayudas, la Administración valenciana reclamará ahora estos fondos a las tres provinciales que participaron de este programa con deficiencias en la tramitación. La CEV ya ha aprovisionado los 240.000 euros, no así Castellón, a la que se le reclaman 174.790; o a Alicante, que ha de hacer frente a 151.869.
En apenas unas semanas, la sentenciada Cierval cumplirá 36 años. Será su último aniversario antes de su definitiva desaparición. La patronal autonómica nació en marzo de 1981 y se convirtió en todo un hito para la fragmentada clase empresarial. Hasta entonces, los patronos valencianos carecían de una organización autonómica. Se organizaban por provincias como reflejo de una sociedad todavía por vertebrar. En este contexto, se planteó un proyecto común: la Confederación Interprovincial de Empresarios Valencianos (Cierval). La iniciativa, que lideró su primer presidente, Vicente Iborra, salió adelante pese a las reticencias iniciales.
El funcionamiento de la primigenia Cierval nada tenía que ver con el actual. La presidencia y la sede eran rotatorias. Es decir, los presidentes de la CEV, Coepa y CEC se turnaban el liderazgo y era la estructura de sus respectivas organizaciones empresariales las que asumían las tareas administrativas de esta suerte de institución autonómica virtual. Al principio de año en año. Luego de tres en tres.
Con la plasmación de la España de las autonomías y la extensión del autogobierno a la Comunidad Valenciana, el invento de los empresarios fue ganando relevancia sin menoscabo de los feudos provinciales, que siempre han tenido un protagonismo determinante en sus áreas de influencia. Y en algunos casos también a escala regional. Cierval ejercicía entonces un papel secundario. Si bien se erigía en el interlocutor empresarial con la Administración autonómica, la mayor parte de los convenios colectivos se rubricaban (y continúan haciéndose) a escala provincial.
La cumbre de Orihuela, en 1989, supuso un salto cualitativo en la trayectoria de una patronal repleta de altibajos. Por primera vez, los empresarios de la región se unieron para reivindica un cambio de rumbo en las políticas económicas de los ejecutivos central y autonómico. Entonces lideraba la organización Pedro Agramunt, que pocas semanas después dio el salto a la política como presidente del nuevo PP valenciano.
Las reformas que introdujeron ambos culminaron con la elección directa del presidente en asamblea. Fue entonces cuando se pactó el actual reparto de poderes entre las tres organizaciones provinciales: Valencia ostenta un 42%, Alicante un 32% y Castellón un 26%. Una estructura de mayorías que no ha facilitado precisamente la toma de decisiones durante estos últimos meses.
Otra cumbre, esta vez en Peñíscola, en 2005, puso de manifiesto la relevancia de un proyecto común de ámbito autonómico. En esta cita se abordó la situación del empresariado, se plantearon propuestas de futuro y se reclamó visibilidad en Madrid. Tras doce años al frente de institución, Ferrando cedió en 2011 el testigo a José Vicente González, que logró rescatar a la CEV de una crisis similar a la que ha acabado con Cierval. Su experiencia previa, esta vez, no le ha permitido evitar su cierre.
El Presidente de Cierval, José Vicente González, destacó la figura de Roca como un "trabajador incansable y honesto, que ha dedicado tres décadas al servicio de las organizaciones empresariales, tanto durante su etapa como presidente de la CEC como de Cierval" y ha pedido que conste este reconocimiento empresarial en el acta de la sesión de la Junta Directiva. Además, González ha explicado el proyecto de reforma-refundación de las organizaciones empresariales, de la misma forma que lo ha hecho previamente ante las organizaciones territoriales que conforman Cierval.
José Vicente González fue reelegido ayer por aclamación como presidente de Cierval. «La deuda, simplemente, no la podemos pagar», aseguró el presidente de Cierval, que cimentó sus argumentos en datos como que la Comunitat tiene el 10,7% de la población y recibe sólo un 7,5% de las inversiones regionalizables del Estado.
Además, recordó que la Comunitat percibe 1.325 millones menos al año que lo que le corresponde por la población que tiene. Los cálculos de González son que si se coge como referencia la infrafinanciación que ha sufrido la Comunitat durante los diez últimos años «salen 15.000 millones, que más o menos es la mitad de la deuda».
La solución propuesta por González es una quita, que se podría hacer de varias maneras. La primera sería una quita en la extensión exacta que tiene dicho término, es decir, que un porcentaje de la deuda se deje de pagar. González matizó que el que no cobraría sería la Administración Central.
La segunda opción es hacer una refinanciación que tenga un resultado igual que si se hiciera estrictamente una quita. Por ejemplo, «reestructuración de toda la deuda a muy largo plazo con tipos de interés simbólicos y varios años de carencia».
El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, salió ayer al paso para asegurar que el hecho de que la Comunitat Valenciana está «mal financiada e infrafinanciada es una evidencia». «Está dicho por el Ministerio de Hacienda, reconocido por el Gobierno», aseveró.
Moragues no entró a valorar la petición de Cierval de una quita (que parte de la deuda no se pague) y recordó que la mutualización de la deuda ya supone un importante ahorro de los intereses que está abonando la Generalitat por su deuda.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró que el Gobierno central «no puede seguir mirando hacia otro lado» después de conocerse que el déficit de la balanza fiscal de la Comunitat Valenciana es de 1.453 millones, el tercero de España. Puig apunto que, tras abrir «las puertas al diálogo social» con la patronal, «coincide» con el análisis de González sobre los grandes desequilibrios de la Comunitat que «tienen que ver con la infrafinanciación, la deuda histórica y las inversiones del Estado».
Juan Rosell, presidente de la CEOE (patronal nacional que está potenciando la vicepresidencia que ostenta José Vicente González), no contestó cuando se le preguntó por la situación de infrafinanciación que sufre la Comunitat.