Novedades de la Ley de Startups en España: Impulso al Ecosistema Emprendedor

La "Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes", más conocida como "Ley de Startups", incorpora un importante conjunto de medidas dirigidas a facilitar la creación y crecimiento de estas empresas y a promover la inversión en innovación. Esta Ley pone en marcha instrumentos de apoyo al ecosistema de empresas emergentes y a reforzar la colaboración público-privada, con el fin de impulsar su crecimiento y de favorecer el establecimiento en España de emprendedores y trabajadores pertenecientes a startups, así como de trabajadores a distancia de todo tipo de sectores y empresas, conocidos como “nómadas digitales”.

La "Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes", conocida como Ley de startups, sitúa a España a la vanguardia de Europa en el ámbito del apoyo a estas empresas innovadoras de base tecnológica y en la atracción de talento y capital internacional. La norma se aprobó por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2022, tras incorporar numerosas aportaciones de los actores del sector y los diferentes grupos parlamentarios. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 22 de diciembre de 2022 y entró en vigor al día siguiente.

Las principales novedades de la ley de start-ups surgen con ánimo de mejora fiscal tanto para trabajadores como para inversores, así como para ganar agilidad administrativa. Este proyecto de ley, que formará parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se encuentra pendiente de aprobación parlamentaria pero, ¿qué implica si se valida finalmente en las Cortes?

A diferencia de otras regiones del mundo, en Europa, la regulación en torno a las startups no está lo suficientemente desarrollada. La tecnología y el ingenio humano siempre han ido por delante de la legislación, y en este contexto, muchas empresas no han encontrado un marco legislativo propicio para desarrollar su actividad.

La iniciativa forma parte de la Agenda España Digital 2026 y se enmarca en las reformas estructurales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar el clima de negocios, complementando la Ley Crea y Crece y la Ley Concursal.

Objetivos de la Ley de Startups

¿Cuál es el objetivo de la Ley de startups?

La norma busca apoyar a las empresas emergentes innovadoras de base digital, sobre todo en sus inicios, adaptando el marco administrativo, fiscal, civil y mercantil a sus especificidades. Con ese fin, incluye medidas para impulsar la creación y el crecimiento de este tipo de empresas, reforzar la atracción de talento e inversores internacionales a España, estimular la inversión pública y privada y fomentar la circulación del conocimiento. También se propone potenciar el emprendimiento rural y eliminar las brechas de género para que haya más mujeres emprendedoras.

¿Qué es una Startup o Empresa Emergente?

Hasta ahora, el concepto de startup en España siempre ha sido difuso, al menos desde el punto de vista de su regulación legislativa.

La norma establece los requisitos que debe cumplir una empresa para entrar en esta categoría:

• No superar los 5 años de antigüedad (7 en el caso de sectores estratégicos como la biotecnología o que hayan desarrollado tecnología propia, diseñada íntegramente en España).
• No haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación de empresas que no sean consideradas emergentes.
• No distribuir dividendos.
• No cotizar en bolsa.
• Tener la sede social o establecimiento permanente en España.
• Tener al menos el 60 % de la plantilla con un contrato laboral en España.
• No superar un volumen de negocio anual de diez millones de euros.
• Desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable. La innovación puede consistir en desarrollar productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica.

Además, la Ley de startups incorpora unos criterios específicos que determinan qué empresas emergentes pueden acceder a las medidas de apoyo en ella previstas, incluyendo específicamente a las empresas nacidas en el sistema de ciencia y tecnología, conocidas como empresas de base tecnológica o científica, además de aquellas innovadoras en procesos, productos y servicios, o en modelo de negocio.

Es importante destacar que no podrán acogerse a los beneficios de esta ley aquellas empresas emergentes fundadas o dirigidas por sí o por persona interpuesta, que no estén al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, hayan sido condenadas por sentencia firme por un delito de administración desleal, insolvencia punible, delitos societarios, delitos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos, así como a aquellas condenadas a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

Certificación como Empresa Emergente por ENISA

Con el fin de proporcionar una ventanilla única, la obtención de esta certificación se convierte en necesaria para poder acogerse a los beneficios fiscales y sociales establecidos en esta Ley, y será eficaz frente a todas las Administraciones y entes que deban reconocerlos. ENISA, Empresa Nacional de Innovación SME, SA, es la entidad designada como gestora de este proceso y emisora de dicha certificación, mediante un proceso sencillo, rápido y gratuito para el emprendedor.

Los emprendedores que quieran acogerse a los beneficios de esta ley deben solicitar a ENISA (Empresa Nacional de Innovación) que certifique el cumplimiento de los requisitos. Además de rápido, la certificación como empresa emergente es un proceso sencillo y gratuito para quien quiera emprender. ENISA dispone en su página web de un buscador que permite consultar datos de estas empresas, como la fecha de la certificación o la comunidad autónoma.

La Empresa Nacional de Innovación (ENISA) es la entidad encargada de certificar a las empresas que solicitan ser reconocidas como startups. Esta certificación, regulada por la Ley 28/2022 y la Orden PCM/825/2023, permite acceder a los beneficios previstos para empresas emergentes.

Criterios de Evaluación de ENISA

Con el objetivo de conseguir evaluar el grado de innovación de las empresas, la Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima (ENISA) ha colaborado en la creación de un criterio de evaluación.

ENISA valora los siguientes aspectos:

1. Si la empresa desarrolla productos, servicios o procesos nuevos o significativamente mejorados.
2. Si la empresa opera en un mercado con potencial de crecimiento y si ha generado interés o tracción.
3. Si la empresa ha alcanzado un grado de madurez suficiente en su producto o servicio.
4. Si el modelo de negocio es escalable, es decir, si tiene capacidad de crecer de forma sostenible.
5. Si la empresa se diferencia claramente de otras en su sector.
6. La experiencia, formación y complementariedad del equipo fundador y directivo.
7. La dependencia o vinculación de la empresa con proveedores, clientes clave u otros operadores económicos.
8. El volumen y perfil de la base de clientes o personas usuarias.

Incentivos Fiscales para Startups

En el capítulo I del título I y en las disposiciones finales segunda y tercera, se desarrollan un conjunto de incentivos fiscales para favorecer las necesidades específicas de este tipo de empresas.

¿De qué incentivos fiscales se pueden beneficiar las startups?

Las principales medidas fiscales incluidas en la ley son:

• Reducción del tipo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes: del 25 % al 15 % en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva.
• Ampliación de la aplicación del régimen fiscal especial de los trabajadores desplazados: se extiende a los profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español, que podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) durante el periodo impositivo de cambio de residencia y los cinco siguientes. Deben cumplir la condición de no haber residido en España durante los 5 periodos impositivos anteriores, frente a los 10 exigidos antes de la entrada en vigor de la ley.
• Posibilidad de extender el aplazamiento del pago de la deuda tributaria correspondiente a los dos primeros períodos impositivos en los que la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no Residentes sea positiva. En caso de necesitar el aplazamiento de la deuda tributaria, esta se podrá aplazar sin garantías ni intereses de demora en los dos primeros años de actividad con base imponible positiva, supeditada siempre a que la empresa esté al corriente de sus obligaciones tributarias.
• Ampliación de la base máxima de deducción por inversiones en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros anuales. También se eleva el tipo de deducción (del 30 al 50 %). La parte inversora también se ha visto beneficiada tal y como se venía reclamando, sobre todo por parte del inversor minoritario, es decir, los business angels. En concreto, aquellos business angels que inviertan en empresas de reciente creación, se aumentará la deducción en el IRPF desde los 60.000 euros vigentes en la actualidad hasta los 100.000 euros, incrementándose además el tipo de deducción desde el 30 al 50 por ciento. Asimismo, se eleva, con carácter general, de tres a cinco años el plazo para suscribir las acciones o participaciones, a contar desde la constitución de la entidad, y hasta siete para determinadas categorías de empresas emergentes.
• Mejora del tratamiento fiscal de las stock options (opciones sobre acciones) usadas para retribuir a los trabajadores de la startup. El importe exento de tributar se eleva de los 12.000 euros a los 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de 'startups' de acciones o participaciones. Con la nueva ley de start-ups, la intención es que las stock options sean más atractivas fiscalmente para los empleados. El límite de la exención de impuestos hasta ahora era muy bajo (12.000 €) y se debía tributar por ellas desde el momento en el que se adquirían, cuando la mayoría de las veces carecen de liquidez y sólo se pueden vender en mercado secundario. Adicionalmente, para la parte del rendimiento del trabajo en especie que exceda de dicha cuantía se establece una regla especial de imputación temporal, que permite diferir su imputación hasta el período impositivo en el que se produzcan determinadas circunstancias, y en todo caso, en el plazo de diez años a contar desde la entrega de las acciones o participaciones.

Ventajas Administrativas de la Ley de Startups

¿Qué ventajas administrativas ofrece la Ley de startups?

• Posibilidad de crear una empresa emergente en un solo paso, obteniendo un número de identificación fiscal, de manera que la empresa puede completar los trámites para su constitución posteriormente. Se elimina el doble trámite registral y notarial y se prevé un procedimiento íntegramente electrónico. En este sentido, la presente ley prevé la creación de empresas emergentes en un solo paso, mediante el otorgamiento de un número de identificación fiscal, de manera que la empresa pueda completar los trámites para su constitución con posterioridad.
• Coste mínimo de aranceles notariales y registrales por la inscripción de sociedades de responsabilidad limitada. En concreto, los aranceles de notarios y registradores, así como la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) serán gratuitos.
• La ley exime a las startups de la exigencia de equilibrio patrimonial durante los tres primeros años desde su constitución. Esto implica que, en general, no tendrán que disolverse si sufren pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social. Además de las disposiciones específicas sobre la generación de autocartera, la ley excluye a las startups, durante los primeros tres años desde su constitución, de las exigencias relativas al equilibrio patrimonial a los efectos de las causas de disolución.

Medidas para Atraer Talento Emprendedor

La norma busca atraer y retener el talento nacional e internacional con medidas específicas como:

• Ampliación de la vigencia de las autorizaciones iniciales de residencia para emprendedores, inversores y estudiantes extranjeros. Además, la norma facilita la expedición del Número de Identificación de Extranjeros (NIE) para los solicitantes de autorizaciones de residencia.
• Creación de un visado especial de 'nómadas digitales' -personas cuyos empleos les permiten trabajar en remoto y cambiar de residencia frecuentemente- para titulares que trabajen en territorio nacional para sí mismos o para empleadores de cualquier lugar del mundo. Por otro lado, también se apuesta por atraer talento e inversión extranjera, para lo cual se aplican medidas de mejora del acceso al Impuesto de la Renta para No Residentes. Otra de las nuevas medidas incluidas es la que hace referencia a la figura de “nómadas digitales”, es decir, aquellos emprendedores y teletrabajadores que se desplacen a territorio español. Las personas que quieran venir a vivir a nuestro país tendrán la posibilidad de residir y trabajar en España durante 5 años, así como acogerse al régimen tributario especial y tributar por el impuesto sobre la renta de no residentes. Para regular la residencia de este perfil de profesionales itinerantes y de otros muchos que puedan elegir España como un lugar de teletrabajo más estable, se crea una nueva categoría de visado y de autorización de residencia. El visado para el teletrabajo de carácter internacional permite entrar y residir en España durante un máximo de un año mientras que sus titulares trabajan para sí mismos o para empleadores en cualquier lugar del mundo. Este supuesto se añade a los previstos en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, para facilitar la inmigración de interés económico para España, y se rige por ella, para beneficiarse de todas las ventajas que otorga esa Ley no solo en cuanto a los ajustados plazos de tramitación, con silencio positivo a su término, sino también por la posibilidad de reagrupación familiar.
• Eliminación de la obligación de obtener el NIE para los inversores no residentes. Solo se exige tanto a ellos como a sus representantes la solicitud de los números de identificación fiscal (NIF) a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través de un procedimiento electrónico y con un plazo de resolución de 10 días hábiles. En cuanto a la inversión extranjera, se reducen los requisitos burocráticos para los inversores que no vayan a residir en España, que no estarán obligados a obtener el número de identidad de extranjero (NIE), facilitando la solicitud electrónica del número de identificación fiscal (NIF), requisito imprescindible para materializar y documentar la inversión.
• Eliminación durante tres años de la doble cotización a la Seguridad Social en caso de pluriactividad para emprendedores que, de forma simultánea, trabajen por cuenta ajena para otra empresa.

Apoyo al Ecosistema Emprendedor

¿Cómo apoya la ley al ecosistema emprendedor?

• Crea la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE), el organismo encargado de coordinar los servicios de apoyo al emprendimiento. Su portal web funciona como punto de encuentro virtual del emprendimiento innovador en España y ofrece información sobre trámites, ayudas, convocatorias y jornadas, entre otros contenidos.
• Facilita las convocatorias para el diseño de soluciones innovadoras que resuelvan problemas o necesidades de la Administración (compra pública innovadora).
• Entornos regulados de pruebas. Por una parte, las empresas emergentes que operan en sectores regulados pueden solicitar a la autoridad administrativa reguladora de su ámbito de actividad una licencia de prueba temporal para el desarrollo de sus actividades. Por otra, los poderes públicos deben promover la creación de entornos controlados de pruebas (sandboxes, en inglés) para evaluar, durante períodos limitados, la utilidad, la viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en distintos sectores. La ley también regula los entornos controlados de prueba, conocidos como regulatory sandbox en la terminología anglosajona. La finalidad de estos espacios es exceptuar la normativa general, bajo la supervisión de un organismo o entidad reguladora, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva.
• Favorece la colaboración público-privada para crear empresas emergentes de base innovadora en el entorno universitario, así como las iniciativas para impulsar el emprendimiento de los estudiantes.
• Reduce las cargas correspondientes a las startups para el acceso a ayudas públicas. En el ámbito de las subvenciones, se reducen las cargas correspondientes a las startups para el acceso a ayudas públicas. Se aumenta la transparencia y la coherencia del sistema estatal de subvenciones al emprendimiento basado en innovación, para evitar duplicidades en el gasto público e informar debidamente a los agentes sobre las subvenciones disponibles y su eficacia en el logro de los objetivos que se persiguen.

La Administración puede proyectar, tanto al interior como al exterior, información sobre las características del sistema español de empresas emergentes, para facilitar la interconexión entre los distintos agentes que lo conforman y la atracción de capital y talento internacional. Con el mismo espíritu de retroalimentación y mejora, se prevé la realización de un informe anual, que se elevará a las Cortes Generales, sobre la aplicación de la ley y sus resultados.

Contexto y Fundamentos de la Ley

En los últimos años, el emprendimiento basado en la innovación va ganando espacio, empujado por el éxito de las empresas digitales que nacieron de pequeños proyectos innovadores, del acceso a un caudal inmenso de conocimientos y datos en internet sobre los que pueden desarrollarse nuevos productos y servicios y por el avance en los conocimientos científicos y técnicos que hacen posible transformar los resultados de la investigación en empresas viables. En España se ha desarrollado un incipiente ecosistema de empresas emergentes en torno a algunos polos de atracción de talento, capital y emprendedores, que despuntan en el panorama europeo.

Más allá de los centros urbanos, es fundamental fomentar el desarrollo de polos de atracción de empresas emergentes en ciudades periféricas, así como en entornos rurales, favoreciendo la interrelación de estas empresas y de los territorios para así aumentar su oportunidad de éxito. Las empresas emergentes presentan características específicas que hacen difícil su encaje en el marco normativo tradicional. Todas estas características de las empresas emergentes encajan mal con los marcos normativos tradicionales en el ámbito fiscal, mercantil, civil y laboral. Ello justifica un tratamiento diferenciado respecto a empresas con modelos de negocio convencionales.

Asimismo, España presenta importantes activos para la atracción de profesionales altamente cualificados que desarrollan su actividad, por cuenta propia o ajena, mediante herramientas electrónicas. Es el primer país en despliegue de fibra óptica dentro de la Unión Europea, lo que proporciona unas buenas condiciones de conectividad, incluso en zonas rurales. La atracción de este tipo de perfiles tiene efectos positivos en su nuevo lugar de residencia. El más obvio es el económico: se trata de profesionales altamente cualificados cuyos ingresos procedentes del exterior se destinan a vivir en el entorno de su elección. Contribuyen a activar el consumo, con el consiguiente impacto sobre la economía local. Además, a través de sus conexiones, enriquecen el talento local y generan red y oportunidades de valor para otros profesionales.

En este contexto, la presente ley incorpora un importante conjunto de medidas que responden al resultado del intenso proceso de consulta pública y a la audiencia pública del anteproyecto de ley. Dichas medidas reducen significativamente los obstáculos detectados a la creación y crecimiento de estas empresas de tipo legislativo, referidos fundamentalmente a las cargas fiscales y sociales, a las exigencias del derecho mercantil y a los trámites burocráticos. Además, la ley promueve la inversión en innovación, impulsa los instrumentos públicos de apoyo al ecosistema de empresas emergentes y refuerza la colaboración público-privada con el fin de impulsar el crecimiento de estas empresas.

Por otro lado, esta ley se ve complementada con las medidas previstas en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, así como en la reforma del marco concursal, dirigidas a mejorar la calidad normativa y el clima de negocios, favoreciendo la eficiencia y la productividad a lo largo de todo el ciclo de creación, crecimiento y restructuración empresarial. En concreto, se establecen unos requisitos específicos que hacen que estas empresas destaquen sobre el resto del tejido empresarial.

Dado el distinto tratamiento de estas empresas respecto a otras, los beneficios deben acabar cuando la empresa haya conseguido estabilizarse o haya pasado el tiempo que se estima razonable para encontrar un modelo de negocio sostenible. En relación con el emprendimiento en serie, la experiencia demuestra que llevar a cabo varios proyectos consecutivos o simultáneos aumenta las probabilidades de éxito de liderar empresas económicamente rentables. Las estadísticas confirman que más de la mitad de los emprendedores en España han participado directamente en varios proyectos de emprendimiento.

Los proyectos de emprendimiento innovador, normalmente con un alto componente tecnológico, tienen un alto índice de fracaso.

Asimismo, está recogida en la Agenda España Digital 2025, presentada el 23 de julio de 2020, y es uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por las instituciones europeas el 13 de julio de 2021.

Esta ley se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La proporcionalidad de la norma se asegura porque contiene la regulación imprescindible para minimizar la carga administrativa que impone, frente a los beneficios e incentivos otorgados en diferentes ámbitos.

El principio de seguridad jurídica queda reforzado al ser la reforma plenamente congruente con el ordenamiento jurídico y haberse buscado, en todo lo posible, la alineación del régimen jurídico nacional con el régimen jurídico europeo y el mantenimiento de los instrumentos legislativos vigentes.

El principio de transparencia se garantiza a través del Boletín Oficial del Estado y todos los trámites de consulta, audiencia e información pública, donde las partes interesadas han tenido oportunidad de influir en el proceso de elaboración de esta ley.