Aspectos Legales y Modelos de Estatutos en Sociedades de Crowdfunding en España

La financiación colectiva, también conocida como crowdfunding, ha emergido como una herramienta fundamental para que las startups y otros proyectos obtengan fondos, especialmente en el contexto de la economía colaborativa y los avances tecnológicos. En España, este fenómeno se enmarca dentro del ámbito FinTech (tecnología aplicada a las finanzas) y ha experimentado un crecimiento constante, impulsado en parte por la desconfianza en el sistema financiero tradicional tras la crisis económica de 2008. Sin embargo, la implementación de un proyecto de crowdfunding implica una serie de consideraciones legales y requisitos que deben ser cuidadosamente atendidos.

Este artículo explora en detalle los aspectos legales clave para la constitución y operación de sociedades de crowdfunding en España, incluyendo la necesidad de licencia, los diferentes modelos de financiación, la redacción de estatutos sociales, y el impacto de la reciente Ley de Startups.

La Licencia de Crowdfunding: Requisitos y Marco Legal

Una de las primeras preguntas que surgen al desarrollar una idea de negocio basada en crowdfunding es si se necesita una licencia específica. La respuesta es afirmativa, y los requisitos para obtenerla pueden ser complejos, a menudo requiriendo la ayuda de terceros especializados.

En España, los organismos de control como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han establecido la figura de la Plataforma de Financiación Participativa (PFP) para dotar de un marco legal a estas plataformas de crowdfunding. Esta regulación se materializó a través de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.

Gracias a esta normativa, se regulan específicamente los crowdfunding de inversión y préstamo, estableciendo límites a las cantidades máximas a solicitar, fijados en 5 millones de euros.

Tipos de Plataformas de Financiación Participativa

De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 5/2015, existen tres modelos principales de financiación:

• Plataformas de financiación participativa que promuevan proyectos instrumentados mediante obligaciones, acciones ordinarias y privilegiadas u otros valores representativos de capital.
• Plataformas de financiación participativa que promuevan proyectos de financiación participativa instrumentados mediante participaciones de sociedades de responsabilidad limitada.
• Plataformas de financiación participativa que promuevan proyectos de financiación participativa instrumentados mediante préstamos.

Documentación y Requisitos Generales para la Obtención de la Licencia

La documentación que debe prepararse y presentarse ante la CNMV es exhaustiva e incluye:

• La propia solicitud.
• La redacción de los estatutos sociales de la empresa.
• Información sobre la estructura actual de la empresa.
• El programa de actividades y su desarrollo.
• Las normas de conducta.
• La estructura organizativa aplicable.

Además, se establecen otros requisitos importantes, como la necesidad de acreditar la identidad de los inversores (con un límite de 3.000 euros por proyecto para cada inversor no acreditado) y la obligación de depositar el dinero de los inversores en cuentas separadas de la cuenta de la empresa de crowdfunding.

Requisitos Financieros

El artículo 56 de la Ley 5/2015 indica que todas las plataformas de crowdfunding deben acreditar un capital social mínimo de 60.000 € o tener un seguro de responsabilidad social. Este seguro tiene como finalidad proteger a los inversores contra cualquier posible negligencia de las plataformas. Si una plataforma financia inversiones en proyectos de más de 2 millones de euros, el capital social mínimo requerido se eleva a 120.000 €.

La plataforma también debe ofrecer una garantía de pagos. En caso de que la plataforma desaparezca, se deberá continuar pagando las cuotas de los préstamos aprobados hasta su total vencimiento.

Aspectos Clave en la Constitución de Sociedades para Startups y Crowdfunding

Las startups, por su naturaleza, requieren agilidad y flexibilidad, lo que influye en la elección de su estructura jurídica. En España, el primer paso en la constitución es la selección de la forma jurídica adecuada.

Selección de la Estructura Jurídica

• Sociedad Limitada (S.L.): Es la estructura preferida por muchas startups debido a su flexibilidad y menor requerimiento de capital inicial en comparación con una Sociedad Anónima. En este modelo, los socios limitan su responsabilidad al capital aportado, lo cual reduce el riesgo personal.
• Sociedad Anónima (S.A.): Aunque menos común en el ecosistema de startups, la S.A. es una opción atractiva para empresas que buscan captar capital mediante la emisión de acciones.

La elección de la estructura adecuada debe considerar factores como el nivel de riesgo, los objetivos de crecimiento y la flexibilidad para gestionar el capital y la incorporación de nuevos inversores.

Pasos Administrativos y Legales para la Constitución

Constituir una sociedad para una startup implica una serie de pasos cruciales para garantizar una base sólida desde el inicio:

1. Definir la Estructura Jurídica: La elección de la estructura adecuada (por lo general una S.L. para startups) es un primer paso fundamental.
2. Registro de Nombre y Obtención del NIF: Es necesario registrar el nombre en el Registro Mercantil Central y obtener un Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional.
3. Redacción de los Estatutos Sociales: Los estatutos son el documento legal que establece las normas internas de la empresa, incluyendo la administración, el reparto de beneficios y los derechos de los socios.
4. Apertura de una Cuenta Bancaria y Aporte de Capital: Es obligatorio abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa y depositar el capital social mínimo.
5. Formalización ante Notario y Registro Mercantil: Los fundadores deben acudir a un notario para firmar la escritura pública de constitución, que luego se inscribe en el Registro Mercantil.

Pactos Parasociales Habituales en Startups

Más allá de los estatutos sociales, las startups a menudo recurren a pactos parasociales para regular aspectos específicos de la relación entre los socios. Estos pueden incluir:

• Aportaciones de cada socio.
• Gestión diaria de la startup.
• Funciones y responsabilidades de cada socio.
• Obligaciones en materia de permanencia, no competencia y compromiso de dedicación.
• Consolidación de las participaciones de los socios fundadores ("vesting").
• Retribuciones e incentivos.
• "Sindicato de voto" para acordar el sentido del voto en junta.
• Separación de socios ("good leavers" y "bad leavers").
• Políticas de contratación.
• Régimen de transmisión de participaciones.
• Derechos de adquisición preferente ("drag along" y "tag along").
• Valoración de la startup.
• Destino de beneficios o dividendos.
• Resolución de conflictos entre socios y situaciones de bloqueo.

La Ley de Startups y su Impacto en el Ecosistema del Crowdfunding

La "Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes", conocida como la Ley de Startups, marca un punto de inflexión en el apoyo legal y económico a las startups en España, respondiendo a muchas de las necesidades de agilidad y flexibilidad que estas empresas requieren.

Beneficios de la Ley de Startups

• Incentivos Fiscales: Introduce beneficios fiscales significativos para emprendedores e inversores que apuestan por empresas emergentes.
• Flexibilidad para Inversiones Extranjeras: Simplifica los trámites para que inversores y emprendedores extranjeros puedan establecer y financiar startups en España.
• Colaboración Público-Privada: Promueve la colaboración entre el sector público y el privado, facilitando el acceso de las startups a fondos de inversión, aceleradoras y programas de innovación pública.

Estos incentivos fiscales y financieros son un gran respaldo para una startup en sus primeras etapas, facilitando la obtención del capital necesario para crecer, a menudo a través de plataformas de crowdfunding.

Protección de Datos y Cumplimiento Normativo

En la era digital, uno de los mayores desafíos para las startups, especialmente aquellas en el sector tecnológico o que operan como plataformas de crowdfunding, es cumplir con las normativas de protección de datos y otras regulaciones. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en Europa exige a las empresas que recojan, almacenen y manejen los datos de los usuarios de manera responsable y transparente.

Obligaciones Clave en Protección de Datos

• Diseño de Políticas de Privacidad: Es crucial que las startups establezcan una política de privacidad clara y accesible para los usuarios.
• Medidas de Seguridad de Datos: Implementar sistemas de seguridad digital, como la encriptación y el control de accesos, es clave para proteger la información de los usuarios y prevenir fugas o accesos no autorizados.

El cumplimiento normativo no solo se limita a la protección de datos; una startup debe también estar al tanto de las regulaciones laborales y fiscales, asegurándose de inscribir a los empleados en la Seguridad Social y de cumplir con las obligaciones tributarias, como el Impuesto de Sociedades y el IVA.

Estatutos Sociales de una Asociación de Crowdfunding: Un Ejemplo Detallado

Aunque el material proporcionado se centra en una "Asociación Española de Crowdfunding", sus estatutos ofrecen una visión detallada de cómo se estructura una entidad en este ámbito, cubriendo aspectos como la denominación, los fines, el domicilio, los miembros, sus derechos y obligaciones, la Asamblea General y la Junta Directiva.

Capítulo I: La Denominación, los Fines y el Domicilio

La asociación se constituye bajo la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación. Su fin es representar a todas las empresas, organizaciones y profesionales dedicados al crowdfunding en España. Los objetivos principales son:

• Promover el crowdfunding como una forma viable de recaudación de fondos.
• Ser la voz de las plataformas y profesionales de crowdfunding ante los medios y políticos.
• Publicar un código de prácticas que proteja a los participantes.

El domicilio se establece en Mataró (Barcelona), y sus funciones se extienden por todo el territorio español.

Capítulo II: Los Miembros de la Asociación, sus Derechos y sus Obligaciones

Pueden ser miembros personas físicas y jurídicas interesadas en sus finalidades, cumpliendo requisitos de capacidad de obrar. Los derechos de los miembros incluyen asistir y votar en la Asamblea General, elegir o ser elegidos para cargos directivos, intervenir en la gestión y recibir información. Sus deberes son comprometerse con las finalidades, contribuir al sostenimiento con cuotas y cumplir con los estatutos.

Las causas de baja incluyen decisión del interesado, impago de cuotas o incumplimiento de obligaciones estatutarias.

Capítulo III: La Asamblea General

Es el órgano soberano de la asociación, donde los miembros deciden por mayoría los asuntos de su competencia. Sus facultades son amplias, incluyendo modificar estatutos, elegir y controlar a la Junta Directiva, aprobar presupuestos y liquidaciones de cuentas, acordar la disolución, entre otros.

La Asamblea General se reúne en sesión ordinaria al menos una vez al año y puede ser convocada de manera extraordinaria. Las convocatorias deben contener el orden del día, lugar, fecha y hora, y comunicarse con quince días de antelación.

Capítulo IV: La Junta Directiva

La Junta Directiva rige, administra y representa la asociación. Se compone de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales, todos elegidos por la Asamblea General y ejerciendo el cargo gratuitamente.

Los miembros de la Junta Directiva ejercen el cargo durante un periodo de dos años, sin posibilidad de reelección para el mismo cargo. Sus facultades incluyen representar, dirigir y administrar la asociación, cumplir las decisiones de la Asamblea, tomar acuerdos para comparecer ante organismos públicos, proponer cuotas, convocar asambleas, presentar balances y presupuestos, entre otras.

La Junta Directiva se reúne en sesión ordinaria al menos una vez cada trimestre y en sesión extraordinaria cuando sea necesario. Los acuerdos se toman por mayoría simple de votos de los asistentes.

Plataformas de Financiación Participativa (PFP) en la Práctica

Las condiciones de servicios de las PFP regulan el acceso a sus servicios y los requisitos para los clientes. Un ejemplo de PFP es "Capital Cell", una sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.

Estas plataformas se limitan a dar a conocer proyectos empresariales y a poner en contacto a promotores con inversores. Es importante destacar que no proveen asesoramiento de inversión ni valoran la viabilidad de los proyectos. Los proyectos no son objeto de autorización ni supervisión por la CNMV ni por el Banco de España, y la decisión de inversión corresponde a cada inversor, bajo su propio riesgo.

Categorías de Inversores

El Reglamento (UE) 2020/1503 (ECSP) establece la obligación de determinar la categoría de inversor a la que pertenecen los usuarios:

• Inversor Sofisticado: Persona o entidad con experiencia, conocimientos y capacidad financiera para invertir en proyectos de financiación participativa sin las protecciones adicionales de los inversores no sofisticados.
• Inversor No Sofisticado: Requiere una evaluación de idoneidad y conocimiento, y se le concede un periodo de reflexión de cuatro días naturales antes de que la inversión se haga efectiva, especialmente si la evaluación indica que la inversión no es apropiada o supera ciertos límites.

Proceso de Inversión y Protección del Inversor

Una vez que un usuario registrado decide participar en un proyecto, la inversión se realiza a través de un menú de opciones en la página del proyecto. El Acuerdo de Inversión constituye un vínculo contractual directo entre el inversor y el promotor, del cual la PFP no es parte.

Las PFP mantienen las inversiones en una cuenta de depósito (cuenta "escrow") hasta que se alcanza la cantidad requerida para el éxito de la campaña. Una vez logrado, la cantidad completa se transfiere a la compañía destinataria del proyecto.

Tanto el inversor como el promotor disponen de un plazo de siete días desde la fecha de suscripción del Acuerdo de Inversión para manifestar su "arrepentimiento", dejándolo sin efecto sin necesidad de manifestar motivo alguno. Además, la PFP puede revocar una inversión si detecta datos falsos, incompletos o desactualizados del inversor.

En resumen, la constitución de una sociedad para una startup en el ámbito del crowdfunding es un proceso que requiere una planificación cuidadosa y un cumplimiento riguroso de las normativas vigentes. La elección de la estructura jurídica adecuada, la redacción de estatutos claros y la comprensión de los requisitos de licencia son esenciales para establecer una base legal sólida y maximizar las posibilidades de éxito en este entorno competitivo.