Caso de la "Manada de Empresarios" en Murcia: Un Escándalo de Prostitución de Menores

El caso de la "manada de empresarios" en Murcia ha generado una ola de indignación y debate en la sociedad española. Este escándalo, que involucra a empresarios de la Región de Murcia acusados de participar en una red de prostitución de menores, ha puesto en tela de juicio la efectividad del sistema judicial y la protección de las víctimas de explotación sexual.

La trama se destapó en 2014, cuando la Policía Nacional desarticuló una red que captaba a jóvenes de entre 14 y 17 años en colegios y discotecas de la Región de Murcia, o bien a través de anuncios de Internet para que se prostituyeran en pisos de alterne y a domicilio. En el operativo inicial fueron arrestadas 29 personas, entre las que figuraban las tres máximas responsables de la organización y 15 demandantes de servicios sexuales que solicitaron expresamente a menores de edad.

Pacto con la Fiscalía y Evitación de Prisión

Un total de siete empresarios de la Región de Murcia han reconocido que pagaron a cambio de mantener sexo con menores de edad, pero evitarán ir a la prisión tras pactar con la Fiscalía una pena de cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos. Asimismo, en la causa figuran otros seis acusados que pertenecían a la red de captación y prostitución de las menores que también han pactado con la Fiscalía y que, previsiblemente, tampoco irán a prisión.

Ninguno de los 13 acusados irá previsiblemente a la cárcel porque el cómputo de las penas pactadas por cada uno de ellos no excede los dos años de prisión, siempre que satisfagan el pago de la pena en concepto de responsabilidad civil. No obstante, el juez convocará una nueva sesión para ver si suspende las penas o no.

Este acuerdo ha generado una fuerte controversia, ya que muchos consideran que las penas son insuficientes y que se ha priorizado la agilidad del proceso judicial sobre la justicia para las víctimas. La indignación se ha extendido entre la sociedad, que ve en este caso un ejemplo de impunidad y de falta de protección a las menores.

El Relato de los Hechos

Los hechos ajusticiados tuvieron lugar hace una década. De hecho, fue en 2015 cuando la Policía Nacional dio por desarticulada esta red que captaba a jóvenes de entre 14 y 17 años en colegios y discotecas de la Región de Murcia, o bien a través de anuncios de Internet para que se prostituyeran en pisos de alterne y a domicilio.

La red actuaba en Murcia, sus pedanías y municipios de alrededor como Lorquí. El perfil de los clientes, por su parte, era "muy variado", con edades de 40 a los 80 años, y llegaban a pagar desde 80 a 200 euros por cada servicio. Parte de este montante se lo llevaban las víctimas y otra los organizadores, tal y como trascendió cuando se dio a conocer el operativo.

La investigación comenzó en agosto de 2014, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la desaparición de una menor. Sus progenitores indicaron que desde hacía tiempo su hija mantenía un alto nivel de vida, pero que no le conocían trabajo remunerado alguno, por lo que la Policía sospechó que podía estar prostituyéndose.

Tras llevar a cabo numerosas gestiones indagatorias, la Policía Nacional logró localizar a la menor en un piso de la capital murciana, en el que también residían otras chicas y un matrimonio dueño de la vivienda. Los agentes pudieron también constatar que en dicho domicilio la menor y otras jóvenes, algunas también menores de edad, estaban siendo explotadas sexualmente por los propietarios del inmueble.

Los Acusados y sus Roles

La Fiscalía acusaba a tres mujeres que actuaban de madames o mamis, es decir, las encargadas de captar a las menores de edad en puertas de discotecas y colegios. Asimismo, entre los acusados figuraban dos hombres que se encontraban de los traslados y una cuarta mujer que actuaba de vínculo entre las 'mamis' y las menores.

En el momento en el que la Fiscalía redactó la acusación figuraban nueve clientes de esta red de prostitución procesados. Para cada uno de los responsables de la red de prostitución, la Fiscalía demandaba siete años de cárcel por cada una de las menores captadas. En el caso de los clientes, el Ministerio Público solicitaba cuatro años de prisión por cada uno de los delitos.

Sin embargo, tras el pacto alcanzado entre las defensas de los clientes y la Fiscalía, la pena se ha rebajado a cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos y no tendrán que pasar por prisión.

Reacciones y Manifestaciones

La decisión judicial ha provocado una ola de indignación en la sociedad, especialmente entre los colectivos feministas. Se han organizado manifestaciones y protestas para denunciar la impunidad y exigir justicia para las víctimas. Los manifestantes consideran que la sentencia es una muestra de la persistencia de patrones machistas en la administración de justicia y que no se ha tenido en cuenta el daño causado a las menores.

El Colectivo Fuste ha desplegado pancartas frente a la sede del Palacio de Justicia de Murcia como protesta, denunciando que la sentencia "libra de la cárcel" a los acusados de prostituir menores. Las pancartas resaltan que las víctimas "Eran menores" y que provienen de hogares vulnerables. El colectivo lamenta que la dilación del procedimiento ha servido como atenuante para los acusados, pero nadie ha llamado la atención sobre el hecho de que la ausencia de un plazo razonable para tramitar una causa ha sido aún más lesiva para las víctimas.

¿Quiénes pagaban por sexo con niñas?

Tenían apodos, acuñados en algunos casos por las propias niñas, que los usaban para hablar entre ellas: "el del Mercedes", "el Cabezablanca"... Pero tras esos motes había hombres mayores, de entre 60 y 80 años, con vidas perfectamente consolidadas. Un guardia civil jubilado, dos abogados, el dueño de varias farmacias, un empresario agrícola, y hasta un candidato a diputado regional. De todos ellos, quienes más protagonismo han despertado durante el proceso son dos: el sepulturero del cementerio de Alhama de Murcia, Juan Martínez, y el exvicepresidente de los empresarios de la región de Murcia, Juan Castejón; 'Cabezablanca' y 'el Petrolero', dos depredadores que no se detenían ante nada.

Lo único que acabó parando a Castejón fue su imputación. Tras conocerse los cargos en su contra, dimitió rápidamente de su puesto en la patronal regional.

También se le acabó el empleo a Juan Martínez, tras cuatro décadas como enterrador profesional, aunque su caso resultó todavía más singular por el asombroso apoyo vecinal que despertó. Tras ser cesado fulminantemente por el párroco de Alhama, varias decenas de personas organizaron una plataforma exigiendo su restitución. Hubo manifestaciones en plena calle para defenderle.

Salvados por (el colapso de) la Justicia

Si sabían que pagaban por sexo con niñas menores, ¿cómo ha sido posible que 'Cabezablanca', 'el Petrolero' y los demás clientes de la red eviten las penas de hasta 25 años de cárcel que se pedían para ellos? Parte de la respuesta está en el Código Penal. Cuando ocurrieron los hechos, entre 2013 y 2014, la edad mínima para mantener relaciones sexuales en España era de 13, no de 16, como fijó una reforma justo un año después.

Sin embargo, la clave que realmente los ha exonerado ha sido la llamada dilación indebida, la demora de un procedimiento judicial que se ha alargado casi 10 años y que las defensas han utilizado a su favor como atenuante. El 'caso Baúl' se ha eternizado, en parte, porque faltan jueces y falta personal en las oficinas judiciales -los juzgados en la Región de Murcia lideran los atascos en todo el país-. Pero solo en parte. Porque en el retraso también ha sido fundamental la capacidad económica de unos acusados dispuestos a pagar lo que hiciera falta para interponer todos los recursos posibles.

Las Niñas, Frente a una Justicia de Otro Siglo

En el lado opuesto han estado las niñas, todas procedentes de entornos pobres y desestructurados. Han sufrido la misma dilación que los demás encausados, pero a ellas nadie las ha defendido: en el procedimiento no ha habido acusación, ni popular ni particular.

Cuando declararon, nadie parecía capaz de tratarlas como lo que eran, menores llenas de miedo y de vergüenza. Los vídeos de la instrucción, que en laSexta columna hemos revisado de forma exhaustiva, son una clara muestra de crudeza y falta de sensibilidad contra ellas.

Conclusión

El caso de la "manada de empresarios" en Murcia es un ejemplo de cómo la justicia puede fallar a las víctimas de explotación sexual. La impunidad de los acusados, la falta de apoyo a las menores y la dilación del proceso judicial han generado una profunda sensación de injusticia en la sociedad. Es necesario que se tomen medidas para garantizar la protección de las víctimas y para que los responsables de estos delitos sean castigados de forma proporcional a la gravedad de sus actos.