Legislación sobre Crowdfunding: Un Marco Regulador Esencial para la Financiación Participativa

En un entorno donde la digitalización y la innovación marcan la diferencia, las empresas, especialmente startups y pymes, buscan formas alternativas de financiar su crecimiento. La financiación participativa, también conocida como crowdfunding, se ha convertido en una solución atractiva y accesible, conectando a emprendedores con inversores a través de plataformas online. Sin embargo, detrás de este modelo colaborativo y digital, existe un marco regulatorio exigente que garantiza la transparencia y la protección tanto de empresas como de inversores.

¿Qué es la Financiación Participativa (Crowdfunding)?

La financiación participativa permite a las empresas captar capital de múltiples inversores a través de plataformas digitales. Estos inversores, dependiendo del modelo, pueden recibir intereses a cambio de préstamos (crowdlending) o participaciones en la empresa que oferta el proyecto (crowdequity). Este modelo se ha popularizado por su agilidad, alcance y por facilitar el acceso al capital a empresas con una metodología distinta.

Para operar legalmente, es imprescindible contar con una figura clave, el Proveedor de Servicios de Financiación Participativa (PSFP). Esta entidad actúa como intermediaria entre promotores (las empresas que buscan financiación para sus proyectos) e inversores, gestionando la plataforma bajo un marco legal claramente definido.

Un Entorno Regulado a Nivel Europeo y Nacional

Desde noviembre de 2021, todas las plataformas de crowdfunding que operan en la Unión Europea deben cumplir con el Reglamento (UE) 2020/1503, que establece normas comunes para todo el territorio comunitario. El objetivo es claro: proteger al inversor y fomentar la confianza en este sistema de financiación alternativa. Este reglamento se aplica a los servicios que facilitan préstamos o inversiones en empresas a través de plataformas digitales, con límites de financiación por proyecto fijados en 5 millones de euros en un periodo de 12 meses. La justificación de esta extensión del período transitorio es evitar el colapso del sector europeo de plataformas de financiación participativa, pues es necesario que modifiquen significativamente sus disposiciones operativas y de gobernanza actuales.

En España, además, también encontramos normativa nacional como la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. Esta ley fue la primera en España en establecer un régimen jurídico para el denominado “Crowdfunding”. La nueva Ley Crea y Crece adapta la legislación española en este ámbito, en consonancia con el Reglamento 2020/1503. Esta norma unificó la regulación a nivel europeo, de manera que las plataformas de financiación participativa autorizadas y supervisadas de acuerdo con el Reglamento pueden prestar sus servicios libremente en toda la Unión Europea.

Las plataformas de financiación participativa deben estar autorizadas y registradas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este organismo vela por salvaguardar la neutralidad de las plataformas en su labor de intermediación entre los receptores de fondos y sus inversores.

Reglamento (UE) 2020/1503: Objetivos y Puntos Clave

El Reglamento (UE) 2020/1503 relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas tiene como objetivo establecer normas comunes para la prestación de servicios de financiación participativa, la organización, la autorización y la supervisión de los proveedores de servicios de financiación participativa, y la implementación de la transparencia y las comunicaciones publicitarias de los servicios de financiación participativa.

Los puntos clave para los proveedores de servicios de financiación participativa (PSFP) bajo este reglamento son:

• Estar autorizados oficialmente.
• Actuar de forma honesta, justa y profesional en el mejor interés de sus clientes.
• No aceptar ninguna recompensa por dirigir las órdenes de los inversores a una determinada oferta de financiación participativa.
• Llevar a cabo un nivel mínimo de diligencia debida respecto de los promotores de proyectos que se encuentren en búsqueda de financiación participativa.
• Disponer de procedimientos eficaces y transparentes para la gestión rápida, justa y coherente de las reclamaciones de los clientes.
• Cumplir con los requisitos sobre conflicto de intereses, como la prohibición de invertir en cualquier oferta en sus propias plataformas.
• Tomar medidas razonables para evitar riesgos adicionales al externalizar cualquier función.
• Cumplir con las salvaguardias prudenciales específicas.
• Proporcionar a las autoridades nacionales una lista confidencial anual de los proyectos financiados a través de sus plataformas.
• Conservar los registros de sus servicios y transacciones durante al menos cinco años.

Las autoridades nacionales, por su parte, deben examinar a los posibles proveedores, decidir sobre su autorización en un plazo de tres meses y pueden revocarla por comportamiento ilícito o inactividad. También deben publicar información sobre las leyes nacionales aplicables, llevar a cabo investigaciones y cooperar con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).

La AEVM tiene la responsabilidad de elaborar normas técnicas y establecer un registro público de todos los proveedores de servicios de financiación participativa.

Protección del Inversor bajo la Normativa Europea

Las medidas destinadas a garantizar la protección de los inversores exigen a los proveedores de servicios de financiación participativa que:

• Garanticen que toda la información y los materiales de comunicación publicitaria proporcionados a los clientes sean imparciales, claros y no engañosos.
• Divulguen anualmente las tasas de impago de los proyectos de financiación participativa en sus plataformas basadas en préstamos durante al menos los tres años anteriores.
• Publiquen una declaración de resultados en los cuatro meses siguientes al final de cada ejercicio.
• Evalúen si alguno de sus servicios sería apropiado para los posibles clientes no profesionales («inversores no experimentados»), y concedan un período de reflexión de cuatro días antes de otorgarles pleno acceso para invertir en proyectos de financiación participativa.
• Faciliten a los posibles inversores una ficha de datos fundamentales de la inversión, incluyendo una advertencia sobre posibles pérdidas financieras.

El Reglamento no se aplica a los particulares que utilicen la financiación participativa para motivos personales ni a las campañas de más de 5 millones de euros, que están reguladas por la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados financieros (MiFiD II) y el Reglamento (UE) 2017/1129 sobre los folletos que deberán publicarse en caso de emisión y oferta pública de valores.

Diferencias entre Inversor Cualificado y No Cualificado

El proyecto de ley diferencia dos tipos de inversores:

• Inversores cualificados: con una renta de al menos 50.000 euros al año y un patrimonio de inversiones financieras de al menos 100.000 euros.
• Inversores no cualificados: a los que se establecen una serie de limitaciones sobre cuánto pueden invertir, con un máximo de 10.000 euros y un mínimo de 3.000 euros.

El reglamento europeo ordena que, siempre que un inversor no cualificado quiera destinar más de 1.000 euros a un proyecto o más del 5% de su patrimonio neto, deberá recibir una advertencia de riesgo, manifestar su consentimiento y demostrar que entiende los riesgos.

Aspectos Fundamentales de la Ley Crea y Crece en España

Con la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece, las plataformas que presten servicios en España deberán cumplir ya con la normativa del Reglamento Europeo, y en concreto con algunas de las principales obligaciones que el mismo impone para la prestación de este tipo de servicios. Estos son algunos de sus aspectos fundamentales:

• Las plataformas autorizadas obtienen un pasaporte europeo que les permite ofrecer sus servicios en todo el territorio comunitario.
• Posibilidad de realizar una gestión individualizada de las carteras de préstamo.
• Las plataformas pueden crear un tablón de anuncios en el que sus inversores muestren su interés en la adquisición de valores, préstamos u otros instrumentos negociados en la plataforma.
• Protección del inversor mediante una prueba inicial de conocimientos, y de una simulación de la capacidad de soportar pérdidas calculada como el 10% de su patrimonio neto.
• Se establece un límite único de inversión individual por proyecto para inversores minoristas, que se fija como el más alto entre una cantidad de 1.000€ o el 5% de la riqueza (sin incluir propiedades inmobiliarias y fondos de pensiones).
• Exigencia de una ficha de datos fundamentales de la inversión.
• Las ofertas de financiación participativa seguirán siendo vinculantes para el promotor del proyecto a partir del momento en que la oferta de financiación participativa figure en la plataforma de financiación y hasta su fecha de expiración o cumplimiento del objetivo de financiación.
• Posibilidad del inversor no experimentado de revocar la oferta durante el período de reflexión precontractual de 4 días naturales fijados desde la fecha de la oferta de inversión o la expresión del inversor no experimentado.
• Regulación de posibles conflictos de intereses, estableciendo ciertos requisitos con respecto a los proveedores de servicios de financiación participativa, sus socios y sus administradores y empleados, o cualquier persona física o jurídica estrechamente vinculada a ellos por una relación de control.

Finalmente, la principal novedad, al margen de la adaptación de la normativa europea, es la creación de las agrupaciones de inversores. De esta forma, se permite agrupar a los inversores en una sociedad limitada cuyo objeto social y única actividad consista en ser tenedora de las participaciones de la empresa en que se invierte, en una entidad sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o en otras figuras que se utilicen habitualmente para estos fines en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Actos de Ejecución y Delegados del Reglamento (UE) 2020/1503

La Comisión Europea ha adoptado diversos reglamentos de ejecución y delegados para la aplicación del Reglamento (UE) 2020/1503. Estos actos complementarios detallan aspectos específicos como:

• Normas y formatos de datos para la comunicación de información sobre proyectos financiados.
• Modelos de formularios y procedimientos para la cooperación e intercambio de información entre autoridades competentes y la AEVM.
• Requisitos relativos a los conflictos de interés de los proveedores de servicios de financiación participativa.
• Requisitos y modalidades de la solicitud de autorización como proveedor de servicios de financiación participativa.
• Prueba inicial de conocimientos y simulación de la capacidad de soportar pérdidas para inversores potenciales no experimentados.
• Metodología para calcular las tasas de impago de los préstamos.
• Medidas y procedimientos del plan de continuidad de las actividades de los proveedores de servicios de financiación participativa.
• Requisitos, modelos y procedimientos para la tramitación de reclamaciones.
• Normas sobre la gestión individualizada de carteras de préstamos.
• Normas relativas a la ficha de datos fundamentales de la inversión.

Importancia del Asesoramiento Legal Especializado

Cumplir con todos estos requisitos puede parecer abrumador, pero con el acompañamiento adecuado, es posible estructurar una plataforma de financiación participativa que no solo cumpla con la ley, sino que inspire confianza y crezca con solidez. Es fundamental contar con una asesoría legal que acompañe en todo el proceso de obtención de la autorización para ser PSFP. Una asesoría especializada no solo ayuda a redactar y formalizar toda la documentación requerida por la autoridad competente, sino que también asesora a las partes involucradas sobre los riesgos y beneficios, asegurando que ambas partes comprendan completamente sus derechos y responsabilidades.

El crowdfunding es una alternativa de financiación con enorme potencial, especialmente en sectores como el fintech, el tecnológico o el de impacto social.

Referencias Legislativas y Académicas

La regulación del crowdfunding se sustenta en un amplio cuerpo legal y doctrinal. A continuación, se mencionan algunas de las principales referencias:

Legislación de la UE:

• Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas.
• Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFiD II).
• Reglamento (UE) 2017/1129 sobre los folletos que deberán publicarse en caso de emisión y oferta pública de valores.
• Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la unión.

Legislación Nacional (España):

• Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.
• Constitución Española de 29 de diciembre de 1978.
• Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores.
• Ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad.
• Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
• Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Literatura Académica y Artículos:

• Alemany, L. y Bultó, I. (2014). “Crowdfunding”: una nueva forma de financiación para los emprendedores. Harvard Deusto business review.
• Estevan de Quesada, C. (2021). Crowdfunding financiero en la Unión Europea: el Reglamento (UE) 2020/1503. Revista española de capital riesgo.
• Tapia Hermida, A. J. (2020a). Decálogo de la nueva regulación europea del crowfunding. Diario La Ley.
• López Ortega, R. (2021). Las plataformas de financiación participativa a la luz de la nueva regulación europea del crowdfunding. Revista de derecho bancario y bursátil.
• Entre otros autores y publicaciones que analizan diversos aspectos legales, económicos y sociales del crowdfunding.