El liderazgo político femenino en América Latina: un análisis de la representación y los desafíos democráticos

De acuerdo con las estadísticas de ONU Mujeres, a principios de este año solo existían 25 países gobernados por mujeres a nivel mundial, lo que significa que solo el 16,5 % de las 151 naciones representadas en la ONU tienen a una presidenta o jefa de gobierno en funciones (sin incluir los países con sistemas monárquicos). América Latina y el Caribe no escapa a esta realidad. De los 37 países que conforman esta región geográfica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), solo en seis de ellos (16,2 %) una mujer ejerce la jefatura de Estado: Barbados (Sandra Mason), Dominica (Sylvanie Burton), Honduras (Xiomara Castro), México (Claudia Sheinbaum), Perú (Dina Boluarte) y Trinidad y Tobago (Christine Kangaloo).

La representación femenina en cargos ministeriales

Durante 2024 en las Américas se registró un aumento en la ocupación de mujeres en cargos representativos y ministeriales en los diferentes Estados. A pesar de este aumento, la ocupación de dichos cargos se ve afectada por un sesgo de género que reubica a la mujer en áreas consideradas “secundarias” en la toma de decisiones, sin tomar en cuenta la importancia real que tiene el aporte de las mujeres en ambientes democráticos.

Según un informe de ONU Mujeres (2024), el 87% de las carteras ministeriales vinculadas en asuntos de igualdad de género y el 71% de las carteras de familia e infancia en las Américas son ocupadas por mujeres. En contraste, solo el 18% de las mujeres está presente en ministerios de relaciones exteriores y el 13% en defensa y asuntos internos. Estos datos evidencian que las mujeres se ocupan principalmente de importantes carteras de derechos humanos, igualdad y protección social, mientras que los hombres controlan espacios como asuntos exteriores, financieros y defensa, limitando su alcance en la toma de decisiones y reproduciendo más desigualdad que afecta gravemente la calidad democrática del continente.

Como muestra la gráfica, el 87% de los ministerios de mujer e igualdad están liderados por mujeres, así como el 71% de los asuntos de familia e infancia. En contraste, solo el 13% de los ministerios encargados de la defensa y asuntos internos son ocupados por mujeres y apenas un 16% en el ámbito financiero. Esto demuestra una evidente división sexual del poder; las mujeres tienen mayor incidencia en áreas sociales, mientras que los hombres siguen dominando las carteras de defensa, economía y relaciones exteriores. Este patrón confirma lo que Freidenberg (2017) define como una representación simbólica, pues esta exclusión minimiza el liderazgo femenino y su incidencia en la agenda pública.

El presente análisis argumenta que la representación política de las mujeres en el continente americano continúa siendo simbólica. Aunque ha aumentado su presencia en cargos ministeriales y legislativos, su papel es reducido por estereotipos de género que cuestionan su capacidad y reducen sus aportes a cuestiones de apariencia, más que a sus ideas y propuestas. Dicha dinámica no solo subvalora el liderazgo femenino, sino que debilita la diversidad y calidad de la democracia al restringir una participación política verdaderamente efectiva.

Conceptos clave

• Violencia simbólica: Esquemas que se ponen en práctica para percibirse y apreciarse, o para percibir y apreciar a los dominadores (…) producto de la asimilación de las clasificaciones, de ese modo naturalizadas, de las que su ser social es el producto (Bourdieu, 2000).
• Ley de cuotas: Norma por medio de la cual se dispone que un porcentaje de los altos cargos públicos (de máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios) deben ser ejercidos por mujeres, y de esta forma garantizar su participación en los espacios en los que se da la toma de decisiones de las políticas públicas, la provisión de bienes y la prestación de servicios públicos (El Tiempo, s.f). Países como Perú, Argentina, Honduras, Chile, Brasil, Bolivia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Venezuela implementan la ley de cuotas.

Las mujeres en los parlamentos de América Latina

De acuerdo con ONU Mujeres, “Las Américas cuentan con la mayor proporción de parlamentarias (el 34,5 por ciento) y presidentas de Parlamento (el 33,3 por ciento)” (ONU Mujeres, 2024). A pesar del aumento positivo en las estadísticas sobre ocupación de mujeres en cargos parlamentarios, la realidad es que estas mujeres están en un ambiente tradicional que sigue promoviendo la exclusión y desigualdad (Sanjuanelo, 2025).

Porcentaje de mujeres en parlamentos de América Latina (2024)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos por ONU Mujeres (2024)

Las cifras muestran una tendencia creciente hacia la inclusión femenina en los diferentes parlamentos del continente. En promedio, los parlamentos unicamerales concentran alrededor del 37% de mujeres liderando la región, con países como Cuba (56%), Nicaragua (55%) y Costa Rica (49%). En contraste, Guatemala (20%), San Vicente y las Granadinas (22%) y Panamá (22%) registran los porcentajes más bajos. Por otra parte, en sistemas bicamerales, el promedio total de inclusión se encuentra en un 34,3% dividido por un promedio de cámaras altas del 32,2% y en cámaras bajas un 36,5%. Países como Bolivia (56%), Canadá (54%) y México (50%) han alcanzado una alta proporción de mujeres en cargos legislativos a pesar de que se mantiene una clara brecha institucional en el acceso de las mujeres a los espacios de mayor jerarquía política.

Estos datos muestran un avance en la representación descriptiva, pero no garantizan por sí mismos una participación sustantiva. En el caso de Cuba, por ejemplo, según Vara-Horna (2023) aunque las mujeres ocupan más de la mitad de los escaños, se enfrentan a barreras relacionadas con el limitado acceso a la información, problemas de confianza de sus habilidades políticas y enfermedades físicas y mentales, a las cuales están expuestas e imposibilitan su acceso a un cargo público. En ese contexto, “el poder se concentra principalmente en el Partido Comunista, donde la representación femenina (…) en las estructuras de dirección del partido ha disminuido” (Vara-Horna, 2023, p.5).

De manera similar, en Bolivia, a pesar de la alta presencia femenina (56% en cámara alta, 46% en cámara baja), factores como el nivel socioeconómico, las cargas domésticas, la desconfianza en las instituciones y la percepción de inseguridad e intimidación en procesos electorales influyen en la participación política, pues se limita su tiempo y capacidad del ejercicio pleno de la política por parte de las mujeres. Así mismo, como lo mencionan Noh, Grewal y Kilavuz (2024), la adopción de las cuotas de género no solo se ve en ambientes democráticos, sino en autocracias, especialmente basados en partidos políticos. Lastimosamente, no son adoptadas para generar un igualitarismo de género, sino que son adoptadas para obtener una legitimidad nacional e internacional, logrando aumentar su reputación internacional mediante la opción de estas cuotas. Esta participación se convierte en una pantalla de compromiso con los valores que se defienden en la comunidad internacional; sin embargo, las mujeres que asumen la representación son dejadas de lado en la toma de decisiones que afecten la agenda política.

Aun en democracias consolidadas, se mantienen las complicaciones para una representación femenina efectiva. En países como México, por ejemplo, aunque la reforma constitucional de paridad de 2019 representó un hito al establecer que el 50% de los cargos de elección popular deben ser ocupados por mujeres, todavía queda camino por recorrer en variables como la cultura política, con actitudes tradicionales, prejuicios machistas y el sexismo que limitan la inclusión de las mujeres en cargos públicos (Vicerrectoría Educación Continua y Posgrados, 2024).

Así, el análisis comparado de los datos revela que la calidad del régimen político y el diseño institucional son clave para una representación femenina plena. Mientras las cifras en autoritarismos como Cuba pueden aumentar para reforzar la legitimidad sin alterar sus estructuras de poder, en democracias consolidadas como México es posible evidenciar procesos más orgánicos de inclusión. Esto confirma que el reto central ya no es garantizar una representación descriptiva, sino avanzar hacia una representación sustantiva que asegure la participación plena y efectiva de las mujeres en la política regional.

¿La apariencia influye en la legitimidad de las políticas?

Otra de las variables que afecta la participación femenina en cargos públicos es que la narrativa que rodea a las mujeres políticas suele estar enfocada en su apariencia más que en sus ideas y aportaciones a la democracia. Marcela Ríos, en una entrevista publicada por El País (2024) menciona que los ataques en redes sociales a las mujeres que están o aspiran a llegar a altos cargos “contienen mensajes cargados de odio que insultan sus capacidades, vida personal y apariencia”. Estos discursos no solamente están hechos por internautas ciudadanos, también son dirigidos desde las élites políticas masculinas que refuerzan la deslegitimación de las mujeres a través de la violencia simbólica (Bourdieu, 2000).

Un ejemplo de esto ocurrió en julio de 2020, cuando la representante Alexandria Ocasio-Cortez testificó ante el Congreso de los Estados Unidos que su colega el representante Ted Yoho “me llamó repugnante, me llamó loca, (...) y frente a los periodistas, el representante Yoho me llamó, y cito, 'una maldita perra'” (Byrd, 2020). Este tipo de comentarios refuerzan los prejuicios de género contra las mujeres en la política, y como lo explica Dovi (2025) “fortalece la disposición emocional de la audiencia para encontrar fallas y rechazar no solo a las mujeres de alto perfil sino, en general, a otras mujeres que comparten sus identidades políticas colectivas” (p.1059). Explícitamente este tipo de comentarios y situaciones desmotiva la participación femenina al dejar ver que no se tiene un espacio seguro para la exposición de ideas y proyectos para las mujeres, siendo estas relegadas a un simple cumplimiento de leyes que promueven la inclusión como lo es la ley de cuotas.

Calidad democrática y la representación femenina

La falta de una representación sustantiva de mujeres en la política afecta directamente la calidad democrática en América. En efecto, una democracia incluyente requiere no solo la presencia descriptiva de las mujeres en los cargos públicos, sino también que sus voces y decisiones incidan en la definición de las agendas políticas, así como lo sostiene Phillips (1996). En ese sentido, cuando se excluyen o marginan las perspectivas de grupos oprimidos, la democracia puede llegar a perder legitimidad y pluralidad.

En países de América Latina, investigaciones del PNUD (2018, p.12) muestran que, aunque existen las leyes de cuotas que permiten incrementar la presencia femenina en los parlamentos, aún se mantiene una concentración de poder en políticos masculinos y los estereotipos de género limitan la capacidad real de las mujeres para influir en las decisiones estratégicas. La incidencia de las mujeres en la política estuvo marcada por su participación en movimientos sociales que impulsaron la tercera ola democratizadora del continente americano, como lo menciona Jiménez Polanco (1999). Más adelante, la necesidad de las élites masculinas de contrarrestar las consecuencias económicas de los procesos de democratización promovió de manera indirecta la inclusión de las mujeres en las agencias estatales y partidos políticos a finales de los ochenta y noventa. Sin embargo, esta inclusión, a pesar de acelerar la transición democrática, atomizó el movimiento feminista y con él la inclusión de mujeres en el diseño de procesos de liberación económica (p.74).

En el ámbito de las relaciones internacionales, Tickner (1992) menciona que: “La fuerza, el poder, la autonomía, la independencia y la racionalidad, todas características típicamente asociadas a los hombres y la masculinidad son las que más valoramos en quienes confiamos la conducción de nuestra política exterior y la defensa del interés nacional. Las mujeres en los movimientos pacifistas… son con frecuencia calificadas como ingenuas, débiles e incluso antipatrióticas” (Tickner, 1992, p. 5).

Esta percepción ha relegado a la mujer en espacios “blandos y domésticos” bajo la narrativa generada de que las mujeres serían demasiado “ingenuas” para tomar decisiones en ámbitos “duros” como la política exterior o la seguridad. No es posible que se tomen decisiones solamente desde una mirada de la población; es necesario que se incluyan a las mujeres en la toma de decisiones, como lo menciona la misma autora: “el conocimiento sobre el comportamiento de los Estados (…) depende de supuestos que provienen de las experiencias de los hombres, este ignora una gran parte de la experiencia humana que tiene el potencial de ampliar el rango de opciones y de abrir nuevas formas de pensar las prácticas interestatales” (Tickner, 1992, p. 9).

En consecuencia, mientras la representación de las mujeres en la política siga siendo simbólica, se restringe la capacidad libre de deliberación, debilita la legitimidad institucional y se pierde la oportunidad de construir sistemas democráticos más sólidos y equitativos en el continente. Además de esto, se reduce la pluralidad del debate público y no hay soluciones equitativas e innovadoras que puedan satisfacer las necesidades de todos los que pertenecen a una nación. Por otro lado, las instituciones pierden legitimidad al no representar completamente a la población. Por ello es necesario garantizar una representación paritaria en todos los ámbitos de la agenda pública para poder asegurar una verdadera democracia en la que la voz de las mujeres tenga el peso que les corresponde en la toma de decisiones.

Recomendaciones para fortalecer el liderazgo político femenino

• Ley de cuotas 50/50: Los países con cuotas mínimas del 30% como Brasil, Chile y Colombia deben reformar su normativa para garantizar la paridad obligatoria en un 50% tanto en parlamentos como en gabinetes ministeriales, incluyendo carteras estratégicas (economía, defensa, relaciones exteriores).
• Campañas de sensibilización y educación política: Los gobiernos deben impulsar campañas en redes, medios y partidos que erradiquen estereotipos de género y discursos de odio, promoviendo debates centrados en ideas y propuestas. En Argentina, un informe de la Cámara Nacional Electoral y Meta (2022) revela que el 82% de las parlamentarias sufrió violencia psicológica y el 44% amenazas graves, lo que evidencia la urgencia de mecanismos de protección y justicia que aseguren una participación sustantiva.