La Ley de Startups: Transformando el Ecosistema Emprendedor en España

España ha venido atravesando una grave y larga crisis económica con agudas consecuencias sociales. Esta situación justifica por sí misma la necesidad de emprender reformas favorables al crecimiento y la reactivación económica. En un mundo cada vez más dominado por la innovación, la digitalización y la agilidad empresarial, los marcos legislativos deben adaptarse rápidamente a las nuevas formas de hacer negocios.

La Ley de apoyo a los Emprendedores está dentro del paquete de medidas con las que se busca la reactivación de la economía española, ya que fomentar el emprendimiento e impulsar el desarrollo de nuevas ideas abre todo un mundo de posibilidades. Durante muchos años, emprender en España ha sido una carrera de obstáculos. Con esta ley, se pretende cambiar ese paradigma, así como proporcionar herramientas legales específicas que protejan, impulsen y estimulen el desarrollo de proyectos innovadores.

La Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes (Ley de Startups)

La Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, conocida como Ley de startups, sitúa a España a la vanguardia de Europa en el ámbito del apoyo a estas empresas innovadoras de base tecnológica y en la atracción de talento y capital internacional. La Ley de Emprendimiento (Ley 28/2022) o Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes lo ha cambiado todo. Esta legislación no solo facilita el desarrollo de nuevas empresas, sino que también elimina muchos de los obstáculos burocráticos y fiscales que tradicionalmente frenaban la iniciativa emprendedora.

La norma se aprobó por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados el 1 de diciembre de 2022, tras incorporar numerosas aportaciones de los actores del sector y los diferentes grupos parlamentarios. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 22 de diciembre de 2022 y entró en vigor al día siguiente. La iniciativa forma parte de la Agenda España Digital 2026 y se enmarca en las reformas estructurales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para mejorar el clima de negocios, complementando la Ley Crea y Crece y la Ley Concursal. La Ley de Startups es uno de los hitos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Objetivo de la Ley de Startups

La norma busca apoyar a las empresas emergentes innovadoras de base digital, sobre todo en sus inicios, adaptando el marco administrativo, fiscal, civil y mercantil a sus especificidades. Con ese fin, incluye medidas para impulsar la creación y el crecimiento de este tipo de empresas, reforzar la atracción de talento e inversores internacionales a España, estimular la inversión pública y privada y fomentar la circulación del conocimiento. También se propone potenciar el emprendimiento rural y eliminar las brechas de género para que haya más mujeres emprendedoras.

La finalidad principal de la Ley de Startups es crear un entorno legal y fiscal favorable para que estas empresas puedan crecer de manera sostenible. Principalmente, reduce la carga burocrática, incentiva la inversión y atrae talento internacional. La Ley de Emprendimiento (Ley 28/2022) se erige como una pieza clave para dinamizar el tejido productivo español, fomentar el empleo de calidad y reducir la dependencia de sectores tradicionales.

¿Qué es una Startup o Empresa Emergente según la Ley?

Uno de los puntos más innovadores de la Ley de Emprendimiento (Ley 28/2022) es su definición legal de startup. La norma establece los requisitos que debe cumplir una empresa para entrar en esta categoría:

• No superar los 5 años de antigüedad (7 en el caso de sectores estratégicos como la biotecnología o que hayan desarrollado tecnología propia, diseñada íntegramente en España).
• No haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación de empresas que no sean consideradas emergentes.
• No distribuir dividendos.
• No cotizar en bolsa.
• Tener la sede social o establecimiento permanente en España.
• Tener al menos al 60 % de la plantilla con un contrato laboral en España.
• No superar un volumen de negocio anual de diez millones de euros.
• Desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio escalable. La innovación puede consistir en desarrollar productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica.

Certificación como Empresa Emergente e Innovadora

Los emprendedores que quieran acogerse a los beneficios de esta ley deben solicitar a ENISA (Empresa Nacional de Innovación) que certifique el cumplimiento de los requisitos. Además de rápido, la certificación como empresa emergente es un proceso sencillo y gratuito para quien quiera emprender. ENISA dispone en su página web de un buscador que permite consultar datos de estas empresas, como la fecha de la certificación o la comunidad autónoma. ENISA es la entidad responsable de validar si una empresa puede ser considerada como startup. Este proceso de acreditación es fundamental para que las empresas puedan acceder a los beneficios y exenciones que contempla la ley.

Beneficios Clave de la Ley de Startups

Incentivos Fiscales

Las principales medidas fiscales incluidas en la ley son un atractivo principal que contiene esta ley, es un paquete de incentivos fiscales. Se establecen importantes incentivos fiscales para las empresas, inversores y trabajadores de startups. También se introducen medidas fiscales destacadas.

Ventajas Administrativas

La ley también introduce medidas para agilizar los trámites administrativos:

• Posibilidad de crear una empresa emergente en un solo paso, obteniendo un número de identificación fiscal, de manera que la empresa puede completar los trámites para su constitución posteriormente. Se elimina el doble trámite registral y notarial y se prevé un procedimiento íntegramente electrónico. Las startups pueden crearse 100 % online y en menos de 6 horas.
• Coste mínimo de aranceles notariales y registrales por la inscripción de sociedades de responsabilidad limitada. Se prevé la gratuidad de aranceles respecto a notarios y registradores, en la constitución de sociedades limitadas, así como en la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
• La ley exime a las startups de la exigencia de equilibrio patrimonial durante los tres primeros años desde su constitución. Esto implica que, en general, no tendrán que disolverse si sufren pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a menos de la mitad del capital social.

Atracción de Talento y Movilidad Internacional

La norma busca atraer y retener el talento nacional e internacional con medidas específicas. Se facilita y agiliza la concesión de visados y autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y talento a España.

• Ampliación de la vigencia de las autorizaciones iniciales de residencia para emprendedores, inversores y estudiantes extranjeros. Además, la norma facilita la expedición del Número de Identificación de Extranjeros (NIE) para los solicitantes de autorizaciones de residencia.
• Creación de un visado especial de 'nómadas digitales' -personas cuyos empleos les permiten trabajar en remoto y cambiar de residencia frecuentemente- para titulares que trabajen en territorio nacional para sí mismos o para empleadores de cualquier lugar del mundo. Estas personas tendrán la posibilidad de residir y trabajar en España durante 5 años.
• Eliminación de la obligación de obtener el NIE para los inversores no residentes. Solo se exige tanto a ellos como a sus representantes la solicitud de los números de identificación fiscal (NIF) a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), a través de un procedimiento electrónico y con un plazo de resolución de 10 días hábiles.
• Eliminación durante tres años de la doble cotización a la Seguridad Social en caso de pluriactividad para emprendedores que, de forma simultánea, trabajen por cuenta ajena para otra empresa.

Apoyo al Ecosistema Emprendedor

La Ley de Startups también fortalece el entorno general para el emprendimiento:

• Crea la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE), el organismo encargado de coordinar los servicios de apoyo al emprendimiento. Su portal web funciona como punto de encuentro virtual del emprendimiento innovador en España y ofrece información sobre trámites, ayudas, convocatorias y jornadas, entre otros contenidos. Los Puntos de Atención al Emprendimiento (PAE) y la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) actuarán como puntos de información sobre medidas de apoyo y ayudas, con el apoyo de un portal web de referencia en español e inglés.
• Facilita las convocatorias para el diseño de soluciones innovadoras que resuelvan problemas o necesidades de la Administración (compra pública innovadora).
• Entornos Regulados de Pruebas (Sandboxes): Las empresas emergentes que operan en sectores regulados pueden solicitar a la autoridad administrativa reguladora de su ámbito de actividad una licencia de prueba temporal para el desarrollo de sus actividades. Los poderes públicos deben promover la creación de entornos controlados de pruebas (sandboxes, en inglés) para evaluar, durante períodos limitados, la utilidad, la viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en distintos sectores.
• Favorece la colaboración público-privada para crear empresas emergentes de base innovadora en el entorno universitario, así como las iniciativas para impulsar el emprendimiento de los estudiantes.
• Reduce las cargas correspondientes a las startups para el acceso a ayudas públicas.

Acompañan a este proyecto de Ley distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno para favorecer la financiación de las startups en España, entre las que destaca el FondoICO Next Tech, cuyo objetivo de inversión es alcanzar los 4.000 millones de euros, diseñado para apoyar financieramente a las empresas en fase de crecimiento. Y la línea de financiación de ENISA, que cuenta con 51 millones de euros, orientada a la creación de startups lideradas por mujeres, con la que se pretende reducir la brecha de género en el ámbito del emprendimiento innovador.

La Ley de Emprendedores (Ley 14/2013) y su Evolución

La Ley de Emprendedores actualmente vigente en España fue aprobada el 28 de septiembre de 2013 mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta ley nació en un contexto de un país que había vivido una recesión salvaje con gran destrucción de empleo en los últimos años y una balanza negativa de destrucción y creación de empresas. El paro juvenil en España duplicaba la media europea, entre otras cosas, se apuntaba, porque no había habido iniciativa emprendedora entre los jóvenes faltos de contratos.

Según el gobierno, esa falta de iniciativa entre nuestros jóvenes tenía que ver con un sistema educativo y una sociedad que no habían valorado lo suficiente la actividad emprendedora o la asunción de riesgos. La ley también señalaba lo engorroso de la normativa actual, las dificultades para acceder a la financiación y la importancia, reflejada en las normativas de otros países, de facilitar el desembarco de talento en nuestro país con una normativa más ágil y flexible.

Medidas de la Ley 14/2013

Las medidas introducidas por la Ley de 2013 tenían por objetivo facilitar la iniciativa empresarial, promoviendo la cultura emprendedora y ofreciendo una serie de facilidades para crear y desarrollar proyectos empresariales que puedan generar empleo y valor añadido. Algunas de sus principales disposiciones incluían:

• Emprendedor de Responsabilidad Limitada: No tendrá que responder con sus bienes personales, en este caso su vivienda, con un valor de hasta 300.000 euros (o 450.000 euros en poblaciones de más de 1.000.000 de habitantes), de las deudas contraídas en su actividad empresarial. Para beneficiarse de esta medida es necesaria la inscripción del Emprendedor de Responsabilidad Limitada en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio, y su inscripción en el Registro de la Propiedad. En caso de no depositar las Cuentas Anuales en el plazo de 6 meses desde el cierre del ejercicio social el emprendedor perderá el beneficio de la limitación de la responsabilidad por las deudas contraídas.
• Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS): Se trata de un subtipo societario que se regula de la misma forma que una sociedad limitada (S.L.) pero para la que no hace falta aportar un capital social mínimo. Su objetivo es abaratar el coste inicial de constituir una sociedad. Estas sociedades están sometidas a límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios y para impulsar que crezcan a través de la autofinanciación.
• Tarifa Plana de 50€ para Autónomos: Las principales medidas adoptadas fomentan el emprendimiento y el trabajo por cuenta propia entre los jóvenes menores de 30 años, entre las medidas destacan la cuota inicial de autónomos reducida. La cuota inicial de autónomos reducida, la conocida como «Tarifa Plana de 50€», ahora también está disponible para mayores de 30 años.
• Régimen Especial del Criterio de Caja en el IVA: Los autónomos podían retrasar el pago del IVA al cobro efectivo de las facturas que hubieran emitido en ese periodo de tiempo, a partir del 1 de enero de 2014. Para poder incluirse en este régimen deben cumplirse una serie de requisitos, como solicitarlo en el momento del alta inicial o tener un volumen de operaciones inferior a 2.000.000€ durante el año natural anterior.
• Puntos de Atención al Emprendedor (PAE): Se crearon los Puntos de Atención al Emprendedor, que son ventanillas únicas electrónicas o presenciales a través de las que se pueden realizar todos y cada uno de los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial.
• Acuerdo Extrajudicial de Pagos: Se preveía un mecanismo de negociación extrajudicial de deudas de empresarios, ya sean personas físicas o jurídicas, similar a los existentes en los países próximos.

La Ley de Emprendimiento (Ley 28/2022) se articula también como parte de una estrategia nacional más amplia, complementando y evolucionando estas medidas previas con un enfoque más específico en el ecosistema de startups y la innovación tecnológica.

Profesionales y la Ley de Startups: ¿Cómo especializarse?

Con el auge del ecosistema emprendedor, la figura del abogado corporativo especializado en startups se vuelve cada vez más necesaria. La complejidad de las operaciones legales, fiscales y societarias en este entorno requiere de perfiles altamente cualificados y con conocimiento práctico de la Ley de Emprendimiento (Ley 28/2022) o Ley de Startups. Para ejercer como abogado corporativo en este ámbito, se recomienda seguir el siguiente itinerario formativo:

• Grado en Derecho: Es la base obligatoria. Durante esta etapa, conviene elegir asignaturas optativas relacionadas con Derecho Mercantil, Derecho Internacional Privado, Derecho Fiscal y Contratación.
• Máster de Acceso a la Abogacía: Resulta imprescindible para ejercer. Se puede complementar con especializaciones en Derecho Empresarial, Derecho Digital o Propiedad Intelectual.
• Especialización en Derecho Corporativo o Legaltech: Existen másteres específicos en Derecho de Empresas, Derecho Corporativo o Derecho Tecnológico que profundizan en operaciones como ampliaciones de capital, rondas de inversión, pactos de socios y constitución de startups.
• Formación Continua en Emprendimiento e Innovación: Los abogados que asesoran a startups deben tener un perfil híbrido, para comprender tanto los aspectos legales como los retos operativos y tecnológicos de una empresa emergente. Hacer cursos en blockchain, IA, smart contracts o fiscalidad internacional son un plus.
• Idiomas y Soft Skills: El inglés jurídico es imprescindible. Además, deben cultivarse habilidades blandas como la negociación, la comunicación efectiva y el pensamiento estratégico.

Adicionalmente, es clave mantenerse actualizado sobre la evolución de la Ley de Emprendimiento (Ley 28/2022) y cualquier modificación legislativa que afecte a startups, inversores o fondos de venture capital. Por otra parte, muchos abogados corporativos también optan por emprender sus propias asesorías legales especializadas en startups. En ellas ofrecen servicios como redacción de pactos de socios, acompañamiento en rondas de inversión, registro de propiedad intelectual, y análisis de riesgos regulatorios.