Marco Legal para Emprendedores en España: Impulso y Desafíos

El ecosistema emprendedor en España se mantiene sólido, y con las dificultades para encontrar trabajo, emprender se presenta como una opción para muchos que buscan abrirse un nuevo camino en el mercado laboral o iniciar nuevos retos. La Ley de Emprendimiento (Ley 28/2022), también conocida como Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes o Ley de Startups, ha transformado el panorama, buscando convertir a España en un centro neurálgico de atracción de talento, inversión y crecimiento tecnológico.

Esta legislación, aprobada el 21 de diciembre de 2022, representa una respuesta integral del gobierno español al auge del ecosistema startup. Se alinea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con los objetivos de la Agenda España Digital 2026, ofreciendo un marco jurídico específico para startups y empresas emergentes que prioriza la flexibilidad, la digitalización de trámites y la competitividad fiscal. En este contexto, es fundamental que cualquier emprendedor conozca los aspectos legales clave al poner en marcha su actividad.

¿Qué es la Ley de Emprendimiento (Ley 28/2022)?

La Ley de Emprendimiento (Ley 28/2022) es una normativa española que regula y fomenta el ecosistema de empresas emergentes e innovadoras, comúnmente denominadas startups. Esta ley las reconoce legalmente como un tipo empresarial diferenciado, otorgándoles ventajas fiscales, administrativas y migratorias, al tiempo que promueve la inversión en proyectos de alto valor añadido.

Uno de los puntos más innovadores de la Ley de Emprendimiento es su definición legal de startup:

• Empresa de reciente creación (máximo 5 años, 7 en sectores estratégicos).
• Cuenta con un fuerte componente innovador.
• No cotiza en bolsa.
• Tiene una facturación inferior a 10 millones de euros anuales.
• No ha distribuido dividendos.
• Está domiciliada fiscalmente en España.
• Tiene al menos un 60 % de su plantilla con contrato en territorio nacional.

La ley también introduce la figura de ENISA (Empresa Nacional de Innovación S.A.) como la entidad responsable de validar si una empresa puede ser considerada una startup. Este proceso de acreditación es fundamental para que las empresas puedan acceder a los beneficios y exenciones que contempla la ley.

¿Para qué sirve la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes?

La finalidad principal de la Ley de Startups es crear un entorno legal y fiscal favorable para que estas empresas puedan crecer de manera sostenible, reduciendo la carga burocrática, incentivando la inversión y atrayendo talento internacional. Sus objetivos son aún más ambiciosos: construir una economía digital robusta, basada en la innovación, la sostenibilidad y la retención de talento.

Las principales utilidades que se asocian a la Ley de Startups son:

• Fomento de la innovación tecnológica, incentivando proyectos disruptivos mediante ventajas fiscales y apoyo institucional.
• Reducción de la burocracia, simplificando los procesos de constitución de empresas y permitiendo su creación completamente online en menos de 6 horas.
• Atracción de talento extranjero, introduciendo visados específicos para emprendedores, inversores y nómadas digitales.
• Incentivos a la inversión, mejorando la deducción fiscal por inversión en startups, pasando del 30 % al 50 % y elevando la base máxima de 60 000 a 100 000 euros anuales.
• Impulso del intraemprendimiento, favoreciendo la colaboración entre startups y grandes empresas.
• Apoyo al emprendimiento femenino y rural, contemplando medidas específicas para reducir la brecha de género y fomentar la innovación en zonas despobladas.

Beneficios de la Ley de Startups

Los beneficios que aporta la Ley de Startups son múltiples y abarcan diversos aspectos legales, fiscales, laborales y migratorios. En la práctica, se ha convertido en un escudo protector y, a la vez, en un trampolín para startups en etapas iniciales.

Beneficios Fiscales

• Aplica un tipo reducido del Impuesto de Sociedades, bajando del 25 % al 15 % durante los primeros 4 años con beneficios.
• Aplazamiento de deudas tributarias hasta 12 meses sin intereses de demora ni necesidad de garantías.
• Deducción por inversión en empresas emergentes: los inversores pueden deducirse hasta el 50 % del capital invertido, lo que incentiva el capital riesgo y el business angel.

Facilidades Migratorias

• Introducción del visado para nómadas digitales, permitiendo a trabajadores extranjeros que operen en remoto para empresas fuera de España residir legalmente.
• Mejora de la residencia para emprendedores y sus familias.
• Procesos simplificados y digitalizados para obtener permisos.

Facilidad de Constitución

• Las startups pueden crearse 100 % online y en menos de 6 horas.
• Eliminación de tasas notariales y registrales para la constitución de empresas con capital inferior a 3100 euros.

Facilidades para el Stock Options

• Aumento del límite exento de tributación de 12 000 a 50 000 euros anuales.
• El pago de impuestos se difiere hasta la venta de las participaciones, facilitando su uso como herramienta de retención de talento.

Innovación Abierta

La Ley de Emprendimiento promueve acuerdos de colaboración entre startups y grandes empresas, fomentando la innovación compartida y la transferencia de conocimiento.

Requisitos Jurídicos y Trámites Imprescindibles para Emprender

Antes de crear una compañía, es esencial desarrollar un plan de empresa y conocer los trámites legales necesarios para constituirla. Además, se debe elegir la forma jurídica en la que el emprendedor quiere constituir su nuevo negocio, ya sea una sociedad anónima (SA), sociedad de responsabilidad limitada (SRL) o empresario individual, puesto que cada forma jurídica tiene sus propias características y requisitos legales. A continuación, se detallan algunos de los requisitos jurídicos y trámites imprescindibles para garantizar que el negocio tenga éxito:

1. Constitución Legal de la Empresa

Es fundamental dar de alta a la nueva empresa, es decir, dar de alta la actividad empresarial o profesional. Este trámite puede realizarlo de forma telemática el propio emprendedor. No hay emprendimiento si no se da de alta la actividad, puesto que no se pueden emitir facturas ni prestar servicios a terceros de forma legal.

• Los autónomos deben darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, a través del modelo TA 0521.
• También deben dar de alta la actividad en Hacienda (sede electrónica AEAT) cumplimentando el modelo 036/037 (declaración censal de empresarios y profesionales) o acudir a un Punto de Atención al Emprendedor, más aconsejable en el caso de constitución de sociedades.
• Para la constitución de sociedades, se debe rellenar el Documento Único Electrónico (DUE) y tramitar de forma electrónica el alta de la empresa para enviarlo a las administraciones pertinentes (Hacienda, Seguridad Social y Registro Mercantil en este caso).

Una vez realizada el alta de la empresa en los organismos correspondientes, es posible que se requiera obtener licencias específicas según el tipo de negocio, como la licencia de apertura o autorizaciones sanitarias.

2. Declaración Censal ante la Agencia Tributaria

Mediante este documento, la persona física o jurídica que ha puesto en marcha la empresa proporciona sus datos personales a la Agencia Tributaria, dándose de alta en la actividad. Para la declaración censal es necesario rellenar el modelo 036/037 de la Agencia Tributaria previamente al inicio de la actividad. Este documento se puede presentar tanto en la Administración como en la delegación de la AEAT correspondiente al domicilio fiscal por vía telemática.

Las entidades solicitan por medio de dicho modelo la asignación del NIF (provisional o definitivo) y comunican u optan a los regímenes y obligaciones tributarias con respecto al IRPF, Impuesto de Sociedades o IVA. En caso de no realizarse este trámite, no sería posible emitir facturas ni recibir pagos por la actividad, de manera que el emprendedor quedaría expuesto a la imposición de sanciones tributarias.

3. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE): Modelo 840

Este se corresponde con una tasa municipal encargada de gravar actividades económicas cuando existe establecimiento abierto vinculado a la actividad, la cual puede ser empresarial, artística o profesional. El alta es obligatoria y debe solicitarse en un plazo máximo de un mes desde el inicio de la actividad, incluso en los casos en los que se preste de forma ocasional, a excepción de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. Los contribuyentes tendrán que darse de alta en los epígrafes que más se ajusten a su actividad.

Cabe mencionar que el alta no implica obligatoriamente el pago del impuesto. Las personas físicas están exentas de pago. Únicamente tendrán que afrontar este pago aquellas entidades cuya cifra de negocio anual sea igual o superior a un millón de euros, aunque existe una exención de pago a lo largo de los dos primeros años a contar desde el inicio de la actividad. En caso de no hacerse, se incidiría en un procedimiento de comprobación tributaria que podría acabar en una posible sanción.

4. Afiliación a la Seguridad Social

En cuanto al empresario individual, este debe solicitar el alta en el régimen de autónomos. Actualmente, se ha establecido la llamada "tarifa plana", medida mediante la cual se establece un coste reducido de la cuota a lo largo del primer año de ejercicio de la actividad, que puede alargarse hasta el segundo año en algunas circunstancias. Asimismo, hay algunas comunidades autónomas en las que se ha establecido la llamada "cuota cero".

Igualmente, el Administrador o socio mayoritario de la sociedad que la ha constituido debe solicitar el alta en el régimen de autónomos societarios. Por otro lado, para dar de alta a trabajadores en la empresa se necesita presentar la siguiente documentación para completar la solicitud de afiliación:

• Documento de afiliación (modelo TA-1). Solicitud de afiliación a la Seguridad Social, asignación de número de seguridad social y variación de datos.
• Documento de declaración de alta (modelo TA-2/S). Solicitud de alta, baja o variación de datos trabajador por cuenta ajena o asimilado.
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del trabajador o, en caso de ser extranjero, del documento identificativo del mismo.

5. Comunicación de Apertura del Centro de Trabajo

Si se quiere abrir un centro de trabajo, el emprendedor deberá informar de ello a la Dirección General de Trabajo, o delegación que le pertenezca por zona, previamente o en los 30 días siguientes a la apertura. Si no lo hace, se le puede imponer una sanción que será gradual, dependiendo de si la infracción es leve (porque no se corresponda con una actividad o industria considerada peligrosa, insalubre o nociva) o grave (en caso de darse las anteriores circunstancias).

6. Licencia de Apertura y Actividad

Se trata de dos licencias municipales obligatorias para poder realizar actividades comerciales, industriales o de servicios en un local o establecimiento. Responde a un documento que concede un permiso para llevar a cabo la actividad solicitada, además de confirmar las buenas condiciones del espacio para su habitabilidad. Hay dos tipos de licencias en función de las actividades que se vayan a desarrollar: inocuas y calificadas. Solo las actividades profesionales, artesanales o artísticas que se realicen en el domicilio están exentas de estas licencias, siempre y cuando no se implique la venta o atención directa al público y no genere molestias a los vecinos.

Este permiso se ha de pedir en el Ayuntamiento y se otorgará tras elaborar un informe técnico, abonar algunas tasas municipales por la apertura y disponer de un visado de un técnico que confirme que el establecimiento cumple con la norma (prevención de incendios, accesibilidad, etc.). Igualmente, dependiendo del servicio ofrecido por la sociedad en cuestión, se tienen que solicitar permisos obligatorios para tratar con productos sanitarios, mercancías peligrosas, etc. A su vez, se requerirá una licencia de obras en el caso de realizarse obras en el local.

7. Protección de la Propiedad Intelectual

En caso de que la empresa constituida desarrolle productos, marcas o tecnología innovadora, es necesario proteger los derechos de propiedad intelectual. Un proceso que se puede llevar a cabo por medio del registro de patentes, marcas comerciales o diseños industriales. La protección de la propiedad intelectual evita que otros copien o hagan uso de dichas creaciones sin autorización, hecho que puede resultar determinante en la búsqueda del éxito de la empresa y su competitividad.

8. Contratos y Acuerdos Legales

También es importante disponer de contratos y acuerdos legales que estén bien redactados, con el fin de proteger los intereses comerciales. En esta categoría entran contratos de arrendamiento, contratos de trabajo, contratos de distribución, acuerdos de confidencialidad y contratos de colaboración. Igualmente importante es suscribir los seguros de responsabilidad civil para cubrir los posibles riesgos en torno al negocio, así como sus necesidades.

9. Obligaciones Fiscales y Contables

Es mandatorio para cualquier compañía cumplir con las obligaciones fiscales y contables, incluyendo llevar una contabilidad adecuada, presentar las declaraciones de impuestos correspondientes, así como abonar los impuestos y contribuciones sociales necesarios.

10. Protección de Datos y Privacidad

Por último, otro punto fundamental es el relativo a la protección de los datos personales, tanto de clientes como de empleados. Con este fin, hay que cumplir las leyes de protección de datos y privacidad, como en el caso del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea. Es necesario desarrollar medidas de seguridad adecuadas, disponer del consentimiento previo de las personas involucradas para utilizar sus datos y garantizar su confidencialidad. En el caso de no proteger estos datos, existe la posibilidad de que se apliquen las sanciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos por cometer una infracción.

Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS)

La Ley de Emprendimiento prevé la creación de una nueva figura de sociedad, la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva (SLFS), sin capital mínimo, cuyo régimen será idéntico al de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, excepto ciertas obligaciones específicas tendentes a garantizar una adecuada protección de terceros. Esta figura se inspira en las reformas adoptadas por otros países y su objetivo es abaratar el coste inicial de constituir una sociedad.

Estas sociedades estarán sometidas a límites y obligaciones para reforzar sus recursos propios y para impulsar que estas empresas crezcan a través de la autofinanciación (inversión de los resultados de la actividad empresarial). En particular, se endurece el deber de dotación de reserva legal (siempre deberá dotarse por un veinte por ciento del beneficio) y se prohíbe la distribución de dividendos hasta que el patrimonio neto alcance el capital mínimo requerido para las sociedades de responsabilidad limitada. Asimismo, se limita la retribución anual de los socios y administradores, que no podrá exceder del veinte por ciento del beneficio del patrimonio neto.

Simplificación de Cargas Administrativas y Apoyo Financiero

La Ley de Emprendimiento prevé diversas medidas de reducción de cargas administrativas. Se revisará el clima de negocios a través de la mejora de la regulación de las actividades económicas. Se garantiza que los empresarios no deban contestar más de una encuesta para el Instituto Nacional de Estadística durante el primer año de actividad, si tienen menos de cincuenta trabajadores. Además, se elimina la obligación de que las empresas tengan, en cada centro de trabajo, un libro de visitas a disposición de los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Por otro lado, se crean los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE), que serán ventanillas únicas electrónicas o presenciales a través de las que se podrán realizar todos y cada uno de los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad empresarial. Se garantiza la existencia de al menos un Punto de Atención al Emprendedor electrónico en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que prestará la totalidad de los servicios previstos en esta Ley. Este punto nace de la integración de las múltiples ventanillas que hoy existen de asistencia en el inicio de la actividad a nivel estatal.

En cuanto al apoyo financiero, la ley afronta la dificultad de acceso al crédito de las empresas españolas. Para ello, se sistematizan los organismos financieros de la acción del Gobierno en materia de internacionalización de la economía española y las empresas (el Instituto de Crédito Oficial, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo y la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, S.A.), así como los instrumentos de apoyo financiero.

Movilidad Internacional y Fomento del Emprendimiento

La Ley de Emprendimiento también regula determinados supuestos en los que, por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y talento a España. La medida se dirige a inversores, emprendedores, trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, profesionales altamente cualificados e investigadores, así como a los cónyuges e hijos mayores, a través de un procedimiento ágil y rápido ante una única autoridad, y por un plazo variable en función de los distintos casos contemplados.

Asimismo, se reconoce a la "miniempresa" o empresa de estudiantes como herramienta pedagógica, a través de la cual se podrán realizar transacciones económicas y monetarias, emitir facturas y abrir cuentas bancarias. Estas empresas durarían un año, prorrogable a dos, transcurridos los cuales se liquidarían, permitiendo a los estudiantes realizar transacciones reales sin necesidad de embarcarse en el riesgo que supone crear una empresa real.

El cumplimiento del marco jurídico vigente exige frecuentemente, no sólo la contratación de servicios de asesoramiento, sino también la dedicación de recursos humanos a este fin, lo que resulta especialmente gravoso para las empresas de menor dimensión. Por ello, la Ley de Emprendimiento (Ley 28/2022) representa un cambio de paradigma en el ecosistema empresarial español, posicionando a España como uno de los países más atractivos para la creación de empresas tecnológicas, destacando en incentivos fiscales, facilidad de constitución, atracción de talento y apoyo al capital riesgo.