El Círculo de Empresarios de España: Defendiendo el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica

El Círculo de Empresarios, una asociación que aglutina a directivos de la mayoría de empresas del Ibex, ha manifestado su profunda preocupación por la situación actual de España, uniendo su voz al coro de reacciones del mundo económico.

La Preocupación por el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica

La asociación de altos directivos del Ibex, a través de su presidente del comité de Economía y Unión Europea y futuro presidente, Juan María Nin, ha expresado su inquietud ante "la deriva histórica en la que se encuentra nuestro país y de la degradación moral, social y económica que ya se está produciendo". En este contexto, el libro "Sobre el imperio de la ley", de Javier Cremades, constituye una defensa rigurosa del Estado de Derecho como pilar de la democracia, la libertad individual y el desarrollo económico.

Cremades identifica varias amenazas crecientes en las democracias liberales: la politización de las instituciones, el debilitamiento de la separación de poderes, el uso del derecho con fines partidistas y el deterioro de la reputación del poder judicial. Desde la perspectiva empresarial, Cremades subraya una idea clave: sin seguridad jurídica no hay inversión. Cuando esta se debilita, se resienten el crecimiento económico, la creación de empleo y la generación de riqueza. Además, se fomenta el cortoplacismo y se penaliza a quienes cumplen las reglas, creando un círculo vicioso que perjudica al conjunto de la economía.

El Caso Español y los Pactos de Investidura

Aunque el libro tiene un enfoque general, presta especial atención al caso español. Advierte sobre una creciente tolerancia hacia la arbitrariedad y una progresiva normalización de las excepciones, en comparación con los estándares europeos.

El Círculo de Empresarios ha lanzado una dura declaración advirtiendo que los acuerdos de investidura son tan dañinos para la seguridad jurídica que van a condicionar "gravemente" decisiones sobre mantenimiento de inversiones y domicilios fiscales en España. "Alguno de esos pactos de investidura, como la amnistía, atentan directamente contra los derechos fundamentales de los españoles recogidos en nuestra Constitución, contra la soberanía del pueblo español y contra el principio de igualdad ante la ley, mientras que otros atentan contra el principio de solidaridad entre los ciudadanos", en alusión a las condonaciones de deuda a Cataluña. Y añaden: "Otras medidas acordadas dañarán seriamente nuestra convivencia y condicionarán gravemente futuras decisiones sobre gasto, inversión, residencia o domicilio fiscal, con el consiguiente deterioro de nuestra economía".

La seguridad jurídica, elemento esencial para el desarrollo de la actividad empresarial, está en entredicho, según el Círculo de Empresarios. La asociación justifica su irrupción en el debate porque, "como centro de pensamiento al servicio del conjunto de la sociedad, tiene el deber de advertir de la deriva histórica en la que se encuentra nuestro país y de la degradación moral, social y económica que ya se está produciendo". Se une así a comunicados similares de la patronal CEOE, el Instituto de Empresa Familiar y la Asociación para el Progreso de la Dirección.

Los pactos alcanzados "suponen un grave ataque a la separación de poderes y pueden conducirnos a una degradación efectiva de nuestro Estado de Derecho y al fin de nuestra prosperidad como nación", proclaman. "En Democracia no todo vale."

El mensaje central es claro: una democracia sin Estado de Derecho degenera en arbitrariedad. Cuando la ley deja de ser igual para todos, pierde su esencia. Por ello, la defensa del imperio de la ley exige convicción, compromiso y valentía. No basta con reconocer su importancia; es necesario actuar para preservarlo.

Efectos del Debilitamiento Institucional en la Economía

Desde el punto de vista económico, el debilitamiento institucional tiene efectos claros: eleva la prima de riesgo, reduce la confianza y desvía inversiones hacia países con marcos jurídicos más estables y previsibles.

Paradójicamente, mientras las empresas operan en entornos cada vez más regulados y exigentes, cumpliendo normas, códigos de conducta y estándares cada vez más complejos, algunos responsables públicos parecen sentirse menos vinculados por las reglas comunes. A pesar de ello, el tejido empresarial continúa desempeñando un papel fundamental, innovando, generando empleo y contribuyendo al bienestar social. Sin embargo, cuando estas se debilitan, la sociedad civil y en particular el mundo empresarial debe asumir un papel más activo.

Lucha contra la Corrupción y Propuestas de Mejora

Los empresarios anticipan medidas contra el sector privado en el nuevo plan de resistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y proponen su alternativa centrada en reformar el sector público.

La junta directiva del Círculo de Empresarios aprobó una inusual declaración institucional que plantea una revolución en la administración para combatir la corrupción. El Círculo, que preside el veterano de la banca Juan María Nin, propone "la adopción urgente de una Estrategia Nacional Anticorrupción, ausente hasta ahora en España". No niega que hay empresas que contribuyen al "círculo vicioso" de la corrupción, pero sostiene que la actual extensión de esta lacra "debilita nuestras instituciones públicas y privadas, frena el normal crecimiento económico y, además, deteriora la imagen de los verdaderos empresarios y empresas".

Medidas Propuestas por el Círculo de Empresarios

Entre los cambios que reclaman a los partidos políticos está la "aplicación de criterios objetivos de idoneidad ('fit and proper') en la selección de altos cargos públicos, similares a los exigidos en grandes y medianas empresas y especialmente en las cotizadas". La teoría es que si no se nombran amiguetes se evitará el tráfico de influencias e intentos de amaño de concursos públicos como aflora en el llamado 'caso Cerdán'.

También plantean un "refuerzo de la transparencia en la contratación pública y trazabilidad del gasto con rendición de cuentas efectiva en todas las etapas del ciclo presupuestario de adjudicación y ejecución" y la "adopción de las mejores prácticas de cumplimiento en gobernanza corporativa ya consolidadas en el entorno empresarial". En su opinión, se trata de que el Estado adopte "los controles internos que hoy se aplican con eficacia en el ámbito empresarial". Entre ellos, "el cumplimiento normativo" y la "auditoría interna y trazabilidad de controles de riesgos en los procesos que permite identificar riesgos, prevenir irregularidades y corregir disfunciones a tiempo".

Los empresarios recuerdan que muchas multinacionales tienen canales seguros para que un trabajador pueda denunciar una irregularidad y que la Administración también debe brindar "protección y promoción efectiva del denunciante o 'whistleblower', como herramienta clave para detectar y frenar malas prácticas".

Según esta asociación empresarial hay que "trasladar lo que funciona del sector privado al público". "Los mecanismos de control en el sector público son hoy insuficientes", afirma el Círculo. "Sin una arquitectura institucional que garantice la prevención, la detección temprana y la sanción efectiva, las malas prácticas seguirán aflorando y dañando a toda la sociedad".

En su opinión, "la regeneración no es solo posible, sino necesaria", y considera activos clave "una judicatura y fiscalía de primer nivel, unas fuerzas de seguridad eficaces y una prensa libre, todos ellos de gran prestigio internacional". "Romper el ciclo de corrupción percibida no es una cuestión táctica, sino estratégica."

Comparativa de Controles entre el Sector Público y Privado

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los mecanismos de control deseables para el sector público, inspirados en las buenas prácticas del sector privado:

La defensa del Estado de Derecho no es solo responsabilidad de jueces o instituciones públicas, sino también de la sociedad civil en su conjunto: empresarios, medios de comunicación y ciudadanos.