Alta de Oficio, Epígrafes del IAE y Sanciones para Autónomos: Un Análisis de la Jurisprudencia Española
El encuadramiento en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la correcta declaración de actividades son aspectos cruciales para los trabajadores por cuenta propia en España. Cualquier omisión o error puede derivar en procesos de alta de oficio por parte de la Administración, sanciones fiscales y complejos procedimientos de revisión que han sido objeto de abundante análisis jurisprudencial.
El Alta de Oficio en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
La Seguridad Social puede proceder a la afiliación y el alta de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) bajo ciertas circunstancias. El encuadramiento en este régimen no requiere la demostración de que la persona de que se trata lleva a cabo un trabajo real para la sociedad, sino que basta con que ejerza las funciones de dirección y gerencia de la sociedad mercantil de que se trate.
La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) se basa en informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) para realizar la afiliación de oficio. Un ejemplo de esto se vio en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias, (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª) de 28/12/2020, (JUR 2021, 73586), que repasa los requisitos necesarios para estar afiliado al RETA de un funcionario público que heredó el establecimiento de venta de artículos deportivos de pesca de su padre. En este contexto, el acto discutido era la resolución dictada por una dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuló y dejó sin efecto el alta de una persona en el RETA, al concluir que no se produjo una efectiva prestación de servicios que lo justificase.
Este es el antecedente necesario para estar asegurado y en alta en el sistema. Los requisitos generales para el acceso a la vía extraordinaria de actuación de oficio por la propia Administración, ante circunstancias patológicas o irregularidades, son claros.
Clave para Autónomos: La Correcta Elección del Epígrafe del IAE
A la hora de darse de alta como autónomos, los trabajadores por cuenta propia deben escoger el epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) que se ajuste a su actividad y si esta se considera empresarial o profesional, una selección que determina la forma de tributar en el futuro. El epígrafe del IAE identifica la actividad a la que se dedica un autónomo o una empresa y define su perfil tributario ante Hacienda.
Distinción entre Actividad Profesional y Empresarial
Es justo en esta elección donde se dirime si una actividad es empresarial o profesional, lo que determina cómo se aplican distintos impuestos como el IVA o el IRPF. Para la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), lo que importa es la actividad real que desarrolla el autónomo. Aunque parece algo fácil de diferenciar, actividades similares como la de un profesor particular o una academia pueden inducir a error a la hora de escoger el epígrafe.
Los expertos explican la distinción de la siguiente manera: «Si el valor del negocio reside en la persona -porque los clientes buscan sus servicios personales, como ocurre con médicos, abogados, consultores o programadores, estamos ante una actividad profesional». Por otra parte, «cuando el autónomo organiza personal y recursos materiales para ofrecer el servicio, actúa más como un director de orquesta, y su actividad se considera empresarial».
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Errores Fiscales Comunes y Consecuencias Sancionadoras para Autónomos
Sin embargo, algunos autónomos se dan de alta o se mantienen en epígrafes incorrectos o desactualizados, lo que puede derivar en errores fiscales y, llegado el caso, sanciones. Los expertos recalcan que la Agencia Tributaria se fija en la actividad desarrollada por encima de lo que figura en el epígrafe del IAE a la hora de revisar las declaraciones de los autónomos.
Incumplimientos en el IVA y el IRPF
Aunque la forma de cubrir el IAE no siempre provoca problemas de forma directa, el tratamiento posterior de los impuestos puede ser incorrecto y terminar perjudicando al autónomo. La forma de aplicar y tributar el IVA y el IRPF son los fallos más comunes en estos casos.
En el caso del IVA, algunos profesionales no lo aplican por creer que su actividad está exenta de este impuesto. Esto puede darse en la enseñanza, cuando un profesor «imparte formación no reglada, pero está dado de alta en el epígrafe 931, correspondiente a enseñanza reglada, exenta de IVA. En esta situación, el autónomo no sólo estaría declarando mal, sino que además habría repercutido menos IVA del que debía».
Por otra parte, no practicar retenciones en las facturas al IRPF cuando corresponde suele ser otro de los errores más comunes. En el caso de las actividades profesionales, las facturas deben contar con la retención correspondiente, mientras que las empresariales no la aplican. El problema en estos casos es que «Este tipo de fallos podría tener un efecto en cadena porque afecta a las declaraciones trimestrales de IRPF y también al resumen anual, obligando al autónomo a regularizar importes o asumir recargos por presentación fuera de plazo». En ambos casos, estos errores podrían suponer sanciones o una pérdida económica considerable a la hora de regularizar la situación.
Para ilustrar las diferencias y los errores más comunes, la siguiente tabla resume los puntos clave:
| Característica | Actividad Profesional | Actividad Empresarial |
|---|---|---|
| Definición | El valor del negocio reside en la persona; clientes buscan servicios personales (médicos, abogados, consultores). | El autónomo organiza personal y recursos materiales para ofrecer el servicio (director de orquesta). |
| IVA | Puede estar exenta (ej. enseñanza reglada) o sujeta (ej. enseñanza no reglada). | Generalmente sujeta a IVA. |
| IRPF (Retenciones) | Las facturas deben contar con retención correspondiente. | Generalmente no aplica retención en las facturas. |
| Errores Comunes | No aplicar IVA cuando corresponde o no practicar retenciones IRPF. | No aplicar retenciones IRPF (si se confunde con actividad profesional). |
Procedimiento y Límites de la Revisión de Oficio por la Seguridad Social
La revisión de oficio por parte de la Seguridad Social con respecto al alta de un trabajador adscrito al RETA por simulación de actividad profesional por cuenta propia no es directa. La Tesorería General de la Seguridad Social no puede ampararse en el privilegio de autotutela administrativa para revisar las altas de afiliación en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social, eludiendo la prohibición establecida en el artículo 146 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).
Marco Normativo y Jurisdiccional
La razón principal de esta limitación es que se habría omitido el procedimiento de demanda ante la Jurisdicción Social, que resulta preceptivo para la revisión de oficio de los actos declarativos de derechos o favorables para los interesados. Por ejemplo, si el alta de un trabajador extranjero requiere la presentación de la autorización para trabajar, la TGSS debió requerirla. Lo que ha hecho la TGSS es reconsiderar una decisión previa que produce efectos favorables para el interesado y ello solo es posible siguiendo el cauce del artículo 146 LRJS. Consecuentemente, la TGSS no puede instar el procedimiento de revisión de oficio y deberá interesar la revisión ante la jurisdicción social, al no concurrir el presupuesto contemplado en dicho artículo.
La revisión de oficio de los actos de gestión de la Seguridad Social no se rige por el artículo 103 de la Ley 30/1992, de acuerdo con lo previsto por la disposición adicional sexta de la misma, sino por su legislación específica. Y es igualmente exacto que dicha legislación específica viene dada por el artículo 145 de la Ley de Procedimiento Laboral (actual artículo 146 LRJS) y por otros artículos complementarios.
La regla general que impide la autotutela posee excepciones, como que se trate de una mera rectificación de errores de hecho, materiales y aritméticos. Esta última excepción tiene pleno sentido en aquellos procedimientos en que, tal como ocurre con la inclusión de un trabajador en un determinado régimen de la Seguridad Social, el acto se apoya en gran medida -cuando no totalmente- en datos declarados por los particulares. Se descarta que las rectificaciones de las altas y bajas sean meros actos de encuadramiento no declarativos de derechos para los interesados o favorables para los mismos.
El artículo 55 del Reglamento General sobre Inscripción de Empresas y Afiliación, Altas, Bajas y Variaciones de Datos de Trabajadores en la Seguridad Social (RGAAB) permite modificar la afiliación, altas, bajas y variaciones cuando no sean conformes con lo establecido en las leyes, en dicho Reglamento y demás disposiciones complementarias, revisión que podrá practicarse de oficio si está motivada por la constatación de omisiones o inexactitudes en las solicitudes y demás declaraciones del beneficiario. Tales actos declarativos de derecho, a los que se contrae la excepción, no pueden referirse a las consecuencias legales inherentes a tales variaciones, que no son actos sino consecuencia inmediata del acto administrativo. De otra manera quedaría sin efectividad la afirmación que realiza el precepto de poder practicarse de oficio tales cambios.
Evolución de la Doctrina Jurisprudencial
La jurisprudencia ha clarificado estos límites. El criterio abandonado indicaba que las Entidades Gestoras de la Seguridad Social estaban facultadas para exigir directamente, sin necesidad de acudir a los Juzgados y Tribunales laborales, el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas como consecuencia de la revisión o regularización de pensiones efectuada de oficio por el INSS. Sin embargo, el criterio actual establece que la Entidad Gestora no puede reclamar de oficio el exceso indebidamente percibido como consecuencia de haberse disfrutado pensiones por encima de los topes permitidos, sino que debe acudir al órgano judicial correspondiente.
Anteriormente, sentencias del Tribunal Supremo de 19 de marzo, 22 de mayo y 10 de octubre de 2001 declaraban que la entidad gestora podía realizar el cambio de encuadramiento de oficio sin necesidad de recabar la intervención de los órganos judiciales. Sin embargo, en casos como la anulación del alta de un trabajador por carecer de la autorización de residencia y de permiso de trabajo, la TGSS debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 146 LRJS.
La STS-CONT de 8 de julio de 2014 aclara que la revisión de los actos de la Seguridad Social no se rige por el artículo 103 LRJ-PAC, sino por su legislación específica, tal como ordena la disposición adicional sexta de la propia LRJ-PAC. Esta doctrina concuerda con lo previamente acuñado en otras sentencias del Tribunal Supremo y subraya que no existe infracción del artículo 3.f) de la LRJS y del artículo 1 de la LJCA, ni se altera la distribución de materias entre la Jurisdicción Social y Contencioso Administrativa, pues la previsión general de dicho precepto sobre las materias de las que no conocerá la Jurisdicción Social debe interpretarse de manera integrada con el resto del ordenamiento jurídico.
Existen supuestos en que las omisiones e inexactitudes constatadas en las declaraciones del beneficiario permiten la revisión de oficio por parte de la TGSS, y, en particular, en los casos en que se constate por la Inspección de Trabajo o por cualquier otro medio, la omisión del preceptivo permiso de trabajo.
El Valor Probatorio de las Actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene un valor probatorio que es analizado en las sentencias. Los hechos constatados por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social gozan de presunción de certeza o veracidad.
Presunción de Certeza y su Alcance
Respecto de esa presunción, la doctrina jurisprudencial la basa en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al funcionario público actuante. Queda limitada a solo los hechos que por su objetividad hubiera percibido directamente el inspector o controlador laboral, o a aquellos inmediatamente deducibles de los primeros o acreditados en virtud de medios de prueba referidos en la propia acta, sin que se reconozca la inicial infalibilidad o veracidad a las simples apreciaciones globales, juicios de valor o calificaciones jurídicas.
Si bien, la presunción de que se trata, por su misma naturaleza "iuris tantum", cede y decae cuando se aportan pruebas acreditativas de la falta de correspondencia entre lo consignado en el acta y la realidad de los hechos. La traslación de la presunción de inocencia al ámbito administrativo sancionador perfila su alcance, y solo cobra sentido cuando la Administración fundamenta su resolución en una presunción de culpabilidad del sancionado carente de elemento probatorio alguno. Lo que exige el respeto a los derechos que declara el artículo 24 de la Constitución no es negar todo valor probatorio a las actas, sino modular y matizar su eficacia probatoria. En el ámbito de la actividad sancionadora, las infracciones pueden deducirse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1253 del Código Civil, cuando entre un hecho o hechos demostrados y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.
Casos Prácticos y la Necesidad de Pruebas
Un ejemplo claro es el caso de Doña Remedios, titular de una actividad por cuenta propia como astróloga desde 2/04/2001 hasta 30/05/2009, estando de alta en el IAE y en el RETA. El 1/12/2009 volvió a causar alta en el IAE por el ejercicio de la misma actividad, sin haber solicitado su alta en el RETA. La actuación de la TGSS se basó en la comunicación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que comprobó el ejercicio de la actividad al existir liquidaciones del impuesto (IVA e IRPF) correspondientes a la misma.
Los hechos relatados por el inspector no fueron desvirtuados por la actora, que no practicó prueba alguna suficiente en el recurso. La prueba practicada en vía administrativa, consistente en la aportación de una sentencia de divorcio y dos ingresos efectivos en concepto de pensión alimenticia, así como un contrato de prestación de servicios, no fueron pruebas suficientes para desvirtuar los hechos constatados por la inspección.
Se argumentó que los ingresos bancarios eran posteriores a la primera actuación de la inspección y dos de ellos fueron efectuados por la propia recurrente. El contrato de prestación de servicios evidenciaba la obtención de una retribución por la utilización de un servicio telefónico de tarifación adicional. Entre estos hechos, acreditados según consta en el acta de inspección por el examen de los documentos tributarios correspondientes, y que ni siquiera han sido negados por la parte, existe el enlace preciso y directo respecto a la conclusión de que la recurrente ejercía una actividad profesional realizada por cuenta propia.
Para alcanzar tal conclusión, no es preciso que la Inspección se desplace o se constituya en el lugar donde se realice tal actividad, ya que los documentos examinados permiten constatar sin ningún género de dudas que dichas actuaciones tributarias, realizadas voluntariamente por la Sra. Remedios, evidencian el ejercicio por cuenta propia de la actividad profesional a que se refiere el acta. La sentencia explicó de manera precisa por qué no se consideró desvirtuada la presunción de certeza de los hechos constatados por el examen de la documentación tributaria.