Àlex Romaguera: Periodismo, Memoria y la Lucha por los Derechos Humanos

Àlex Romaguera (Barcelona, 1970) es un periodista con una destacada trayectoria, especializado en movimientos sociales y en temas vinculados a la lucha por los derechos humanos y la memoria histórica. Su trabajo se enfoca en dar voz a quienes han sido afectados por la violencia política, buscando arrojar luz sobre sus experiencias y contribuir a un proceso de justicia y paz.

"Víctimes en so de pau": Un Mosaico de Resiliencia

Romaguera es el autor del libro Víctimes en so de pau (Pagès editors). En esta obra, el periodista recoge el testimonio conmovedor y valiente de quince personas a las que la violencia política ha arrebatado a un familiar. Explica que, de una lista de unas 40 personas que públicamente se han expresado en defensa de la conciliación y la paz, quiso repartirlas siguiendo tres criterios: que fueran parientes, que sus casos se enmarcaran en una de las tres etapas diferenciadas (postfranquismo, Transición y el actual periodo constitucional), y que los actores armados fueran diversos.

Este mosaico de experiencias, aunque a primera vista pueda parecer inconexo, revela un proceso común de resiliencia y una contribución fundamental a un escenario de justicia y paz. Los testimonios no solo visibilizan el drama personal, sino que también actúan como un referente ético y moral para la sociedad. Estas personas trabajan incansablemente para que nadie más tenga que vivir lo que ellos experimentaron, transformando su dolor en un activo que puede servir de guía para avanzar en la convivencia comunitaria, especialmente en el País Vasco, donde se está deconstruyendo la mirada de polarización y enfrentamiento.

Testimonios que Rompen el Silencio

Entre los testimonios recogidos en el libro se encuentran historias como la de Merçona Puig Antich, quien se vio obligada a buscar justicia en Argentina por la muerte de su hermano Salvador, ejecutado por garrote vil en la prisión Modelo en 1974. También la de Mavi Muñoz, madre de Palomino, asesinado en 2007 por un militar ultra en el metro de Madrid.

Romaguera, con el asesoramiento de Robert Manrique (víctima de Hipercor) y la psicóloga Sara Bosch (quienes crearon la Unidad de Atención y Valoración a Afectados por Terrorismo - UAVAT, con el apoyo del Ayuntamiento barcelonés, ante la deficiente respuesta del Gobierno a las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils en 2017), hace aflorar los sentimientos de rabia, supervivencia y acción de familiares de asesinados por ETA, los GAL, la policía o grupos de extrema derecha.

Las personas entrevistadas no esconden los síntomas sufridos, desde estrés postraumático hasta casos de cáncer, y las heridas que pueden reabrirse con otros atentados. La mayoría de estas personas, predominantemente mujeres, apuestan firmemente por la conciliación y la no repetición de la violencia.

La violencia política, como se define en el contexto del libro, es aquella que tiene una motivación o que se ejerce con la finalidad de cambiar los acontecimientos o condicionar el poder. En estos casos, el monopolio de la violencia se utiliza como instrumento para doblegar la disidencia.

Tabla de Casos Emblemáticos en "Víctimes en so de pau"

La Impunidad en la Transición Española y la Búsqueda de Justicia

Romaguera señala que entre el fin del franquismo y la disolución de ETA se produjeron alrededor de mil asesinatos, la mayoría durante la Transición y en casos poco conocidos por la sociedad. A diferencia de los crímenes de personas del Estado o figuras públicas, un "retablo de víctimas" ha pasado desapercibido, especialmente en el marco de la Transición.

El historiador David Ballester, en su libro Las víctimas de la Transición política (1975-1982), identifica a 135 personas, de las cuales 91 fueron asesinadas por el método del "gatillo fácil", es decir, por la violencia de los cuerpos policiales. Durante el tardofranquismo y la Transición, se actuó en un marco de impunidad. El Estado utilizó esta impunidad para reprimir la disidencia y defender un modelo de Estado de manera arbitraria, a través de cuerpos policiales provenientes del Franquismo. No hubo una depuración de estos cuerpos, ni de sus mandos, ni de las estructuras del Estado, como los tribunales de excepción (la Audiencia Nacional) o los magistrados, que mantuvieron la cultura de la represión.

Un ejemplo de esta impunidad es el caso de Eduardo Hellín, uno de los verdugos de Yolanda González, la joven de Bilbao que estudiaba en Madrid y fue secuestrada y asesinada en 1980 por militantes de Fuerza Nueva. Hellín, tras escapar con ayuda de antiguos policías de Carrero Blanco, regresó y, con una identidad cambiada, dio clases de seguridad informática en el Ministerio del Interior, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. Su impunidad fue descubierta por el hermano de Yolanda, Asier, quien incluso se entrevistó con el entonces conseller de Interior, Felip Puig, para denunciar la situación.

Los Tres Pilares de Naciones Unidas: Verdad, Justicia y Reparación

Naciones Unidas cita tres derechos fundamentales para las víctimas: verdad, justicia y reparación. Si bien hay casos en los que se ha conocido al victimario, los procesos judiciales han sido deficientes, sin garantías procesales, exonerando actuaciones o concediendo indultos y condecoraciones a los responsables.

Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch, relata que cuando ETA mató a su padre en el año 2000, tuvieron dificultades para que el Gobierno reconociera a su compañera, Montserrat, como víctima. El Estado, a menudo, se resiste a reconocer como víctimas a personas afectadas por sus propios cuerpos de seguridad o funcionarios de prisiones.

La ley de víctimas del terrorismo de 1999, reformada en 2011, si bien amplió su perímetro para incluir crímenes de Fuerza Nueva, la Triple A, grupos parapoliciales y los GAL, no incluyó ninguna víctima perpetrada por cuerpos policiales del Estado en su lista de unas 6.000 víctimas (con aproximadamente 1.000 asesinatos). En 2013, el gobierno del PP introdujo un artículo en la ley de presupuestos que listó 54 familias que cumplían los requisitos como víctimas de los GAL. Sin embargo, muchas fueron excluidas de las ayudas bajo el pretexto, a menudo no probado, de que los fallecidos habían participado en alguna acción, como ayudar a ETA. Es el caso de Pili Zabala, por su hermano Joxi, quien nunca fue acusado de ser miembro de ETA, o la mujer y la hija de Josu Muguruza, diputado de Herri Batasuna, asesinado en 1989 por Ynestrillas.

Reconocimiento, Resiliencia y la Búsqueda de la No Repetición

La mayoría de las víctimas han experimentado una falta de apoyo, ayuda y atención por parte de las autoridades, que no les han garantizado una justicia diligente y justa, ni un proceso de reparación adecuado. El reconocimiento, aunque fundamental, a menudo ha llegado tarde y gracias al impulso de la sociedad civil. Un caso es el de Eva Barroso, cuyo hermano Romualdo fue asesinado en la huelga del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Años después de un reconocimiento inicial por parte de Santiago Carrillo, el Partido Comunista se desentendió de ellos. Otros reconocimientos, como las placas dedicadas a Palomino en Vallecas o a Yolanda González en Bilbao, no llegaron hasta 2016 o incluso más tarde, impulsados por la presión vecinal y de asociaciones.

El panadero Ángel Berrueta, fallecido en 2004 por la tensión vivida tras el 11-M, sin afiliación política, obtuvo el reconocimiento gracias a las firmas de los vecinos de Donibane en Pamplona, una vez que el gobierno municipal cambió de signo político.

El Camino hacia la No Repetición

El principio de no repetición se busca alcanzar a través de medidas legislativas. En el País Vasco y Navarra, se han aprobado leyes que incluyen a las víctimas de ETA y de los aparatos policiales entre 1978 y 2019, ampliando los parámetros de la ley estatal, que excluye a las víctimas causadas por los aparatos del Estado. El Estado no puede admitir que bajo su amparo se hayan cometido crímenes. La lógica del Estado, para garantizar su legitimidad, y el coste administrativo impiden que admita tales hechos. Por ello, el tema de los GAL sigue amparado por la ley de secretos oficiales.

El relator de la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitan la abolición de la ley de Amnistía y la de secretos oficiales. En el caso de Puig Antich, aunque se ha declarado ilegítima la sentencia, esta no se ha anulado. Las víctimas, a menudo, ya no esperan justicia, aunque es esencial en una democracia moderna. Reclaman la igualdad de todas las víctimas, que ningún asesinato es justificable, que todos tienen derecho a una segunda oportunidad, y que quienes ejercieron la violencia por ideología reconozcan el daño causado.

La mayoría de las personas entrevistadas por Romaguera prefieren no cronificarse en el concepto de "víctima", como hacen Consuelo Ordóñez y otras, ya que consideran que esto extiende el dolor y la amargura. Se ven a sí mismas como supervivientes o resilientes. Aceptan el término "víctimas" si el Estado las reconoce así jurídicamente en la ley. Su principal demanda es que aquello que causó la muerte de sus parientes no se vuelva a reproducir.

Paz Positiva y Justicia Restaurativa

La paz positiva, sin dejar de mirar al pasado, se enfoca en la acción de poner en valor las capacidades humanas, los actos y afectos, y compartir espacios de encuentro. El programa Adi-adian, financiado por el gobierno vasco, es un ejemplo. Dirigido por mediadores y psicólogos, lleva a personas que han sufrido la muerte de un familiar por violencia política a los institutos, donde explican sus vivencias y los alumnos preguntan. Los expertos señalan que esto tiene un efecto "inmunizador" de la violencia y "humanizador" de las relaciones sociales.

También se han realizado encuentros en prisiones, con 14 encuentros restaurativos entre exmiembros de ETA y familiares de víctimas, impulsados por Maixabel Lasa, entonces directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del gobierno vasco. Estos encuentros, que se llevaron a cabo entre 2011 y 2012 (tras la tregua unilateral de ETA en octubre de 2011 y antes de su autodisolución en 2018), fueron prohibidos por el gobierno de Rajoy, lo que Romaguera interpreta como una señal de que estaban allanando el camino a la conversación y la distensión. La izquierda abertzale, con Arnaldo Otegi, contribuyó a este proceso al expresar el reconocimiento del daño causado, usando la misma frase de los activistas de la vía Nanclares.

Iniciativas a nivel local, especialmente en Guipúzcoa y el Bidasoa (Tolosa, Errentería), zonas muy afectadas por la violencia, han propiciado encuentros con mediadores y la iniciativa de la "plaza de la memoria". Estos ejemplos demuestran cómo la sociedad civil ha impulsado a los partidos a tomar medidas y a fomentar la empatía y la comprensión del dolor ajeno.

El Estado debería iniciar un proceso de justicia restaurativa de la violencia que ha causado, un concepto utilizado en otros contextos como Colombia o Argentina. Esto implica reconocer lo sucedido y establecer mecanismos para que todas las personas que no han recibido una atención adecuada y todos los casos que no han sido depurados lo sean. Sin embargo, el Estado juega con la prescripción de los casos, y sin resoluciones judiciales, no se pueden llevar a otras instancias, como sucede con las hermanas de Puig Antich o el caso de Mikel Zabalza, cuya muerte bajo custodia de la Guardia Civil fue reconocida por el gobierno vasco, pero sin una resolución judicial.

De 1975 a 1982 se concentra un gran número de casos en un marco de impunidad. Romaguera señala una "continuidad biológica, biográfica y política" con figuras como Manuel Fraga o Martín Villa, que forman parte de grandes familias y empresas forjadas en el tardofranquismo y de las estructuras del Estado. El PP, además de intereses económicos (como la empresa de seguridad de Mayor Oreja), nunca ha querido una solución dialogada en el País Vasco, y la dispersión de los presos se interpreta como una forma de cronificar el conflicto, castigando a las familias y los hijos.

Actualmente, la réplica es VOX, con un discurso de menosprecio y estigmatización. Más allá de la violencia física, la violencia cultural y simbólica también contribuye a la represión y a alimentar un ambiente de persecución hacia el diferente. El "A por ellos" es fruto de este discurso que genera un enemigo interior, ya sean inmigrantes o catalanes, una plantilla que se ha mantenido en democracia. El Estado continúa muy centralizado, con élites extractivas y estructuras que lo protegen, con mecanismos de control y represión. Algunas asociaciones de víctimas, monopolizadas por la extrema derecha, con "puertas giratorias" entre cargos del PP, Ciudadanos o Vox, hacen afirmaciones que no comparten las víctimas reales, lo que evidencia un uso perverso de las víctimas del terrorismo.