Acciones Legales de Afiliados contra Sindicatos: Defensa de Derechos Fundamentales

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. No obstante, al igual que cualquier otra entidad, la actuación de un sindicato está sujeta a normativas y principios que salvaguardan los derechos de sus miembros.

El conjunto de derechos contenidos en los preceptos antes mencionados engloba a un doble destinatario: el sindicato como organización y los trabajadores afiliados. El Tribunal Constitucional ha venido a diferenciar un núcleo mínimo, intangible e indisponible referido al artículo 28.1 de la Constitución Española, que consagra la libertad sindical. Este derecho no se limita ni restringe a que la información se transmita mediante comunicados escritos, sino que alcanza a todos los medios materiales, incluidos los nuevos medios técnicos o informáticos que están sustituyendo como instrumento de difusión informativa a los papeles o documentos escritos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un afiliado considera que su propio sindicato ha vulnerado sus derechos o no ha cumplido con sus obligaciones?

El Deber de Representación Justa del Sindicato

Un sindicato tiene el deber de representación justa para con todos los trabajadores a los que representa. Este deber exige que el sindicato actúe de forma justa, imparcial y sin mala voluntad ni discriminación al tramitar una reclamación de un trabajador o al negociar un nuevo contrato con el empresario.

El sindicato está obligado a tomar medidas razonables para investigar una queja y debe representar a sus afiliados de forma más que apropiada. Si considera que el sindicato le ha tratado de alguna de estas tres maneras y ha incumplido su deber de representación justa, puede emprender acciones legales contra él.

Conductas Ilegales de un Sindicato hacia sus Afiliados

Es ilegal que un sindicato trate a un afiliado de manera:

• Arbitraria: Por ejemplo, un sindicato se niega a tramitar su queja sin motivo.
• Discriminatoria: Por ejemplo, un sindicato se niega a tramitar las reclamaciones de todos sus trabajadores que no sean blancos.
• De mala fe: Por ejemplo, un funcionario del sindicato no responde a su queja solo porque no le cae bien.

Límites del Deber de Representación Justa

Es importante señalar que el deber de representación justa no obliga al sindicato a tramitar todas las reclamaciones hasta la última fase posible del procedimiento de reclamación ni a dar todos los pasos que el afiliado pudiera desear. El deber de representación justa ni siquiera exige que el sindicato haga un trabajo especialmente bueno en la representación de las quejas. Los sindicatos solo tienen prohibido actuar de forma arbitraria o discriminatoria, o de mala fe.

Los sindicatos tienen un amplio margen de maniobra para elegir las reclamaciones que van a tramitar. Si el sindicato cree honestamente que su caso no es lo suficientemente sólido como para continuar, puede legalmente dejar de representarle. La ley no exige que el sindicato resuelva sus quejas de una forma apropiada. Siempre que hayan sido razonablemente minuciosos y cuidadosos, no habrán incumplido su deber de representarle de forma justa, incluso si el resultado es peor que la situación que le llevó a presentar una reclamación en primer lugar.

Sin embargo, si cree que el sindicato dejó de tramitar su caso o gestionó mal su reclamación intencionadamente porque no le caía bien o por su raza, sexo u otro motivo discriminatorio, es posible que el sindicato haya incumplido su deber de representación justa y que usted tenga derecho a reclamar.

Representación de No Afiliados

Incluso si hay un sindicato donde se trabaja, pero se ha decidido no afiliarse, legalmente el sindicato tiene la misma obligación de representar de forma justa que a los afiliados. Se puede pedir al sindicato que presente una queja si le despiden o sancionan, aunque no esté afiliado.

Casos de Vulneración de Derechos de Afiliados y Procedimientos Internos

Diversos casos han ilustrado las situaciones en las que los afiliados han buscado amparo judicial contra sus propias organizaciones sindicales. Un ejemplo significativo lo encontramos en el contexto de una demanda donde se solicitó que se declarara la vulneración de derechos fundamentales regulados en los artículos 14, 18, 20, 24 y 28 de la Constitución Española.

En un caso judicial, las demandantes, Dña. Carolina y D. Gonzalo, miembros de la coordinadora de una sección sindical en una empresa, fueron objeto de un expediente de expulsión. Los actores interpusieron recurso de suplicación formulando diversos motivos, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales.

Irregularidades Alegadas por los Afiliados

Se alegó que la actitud del sindicato no tenía más causa que el ejercicio de la actividad sindical de los demandantes, en el ámbito interno del sindicato y en su faceta externa y representativa del mismo en el sector. Argumentaron que ninguna justificación encontraba la actitud arbitraria, negando información, imposibilitando acceder a ella, a conocer las propuestas, críticas, comentarios y a coordinar sus inquietudes y propuestas con otros miembros del sindicato; y que todas estas actuaciones fueron llevadas a cabo con antelación a la aprobación de solicitar a la comisión de garantías la apertura de expediente sancionador.

Se constató que en el acta donde se propuso la apertura del expediente de expulsión no se hacían constar los cargos imputados a los actores, y que un documento clave como el Reglamento del Comité de Garantías no estaba sellado, registrado ni firmado, ni reconocido por los actores. A mayor abundamiento, no constaba que una de las demandantes recibiera la comunicación de las actuaciones, y la Asamblea Nacional que ratificó la expulsión se celebró sin la asistencia de la Federación a la que pertenecían los actores. Don Gonzalo presentó impugnación de los acuerdos y Doña Carolina presentó impugnación de la Asamblea Nacional.

Los actores alegaron que se les negaron derechos básicos de información como afiliados y el ejercicio de los cargos de dirección y representación que ostentaban. Asimismo, denunciaron el impedimento de la utilización de recursos como el teléfono móvil y el correo electrónico; la retirada de sus cargos representativos de manera arbitraria, unilateral, sorpresiva y sin respeto a ningún procedimiento; y la suspensión de su afiliación, lo que les llevó a acudir a instancias judiciales para que fueran reconocidos sus derechos básicos.

Requisitos Legales para Decisiones Internas Sindicales

La disolución, y consiguiente sustitución en sus funciones, de los órganos directivos de una unión territorial, o la expulsión de afiliados, son ciertamente de las decisiones más graves que pueden adoptarse en la vida interna de una organización sindical. Su licitud o posibilidad jurídica depende de que tal medida disciplinaria cumpla con el mandato constitucional (art. 7 CE) y legal (arts. 2.1.a, 2.1.c y 4.2.c de la Ley Orgánica de Libertad Sindical - LOLS).

En aplicación de los principios que informan el ordenamiento jurídico de los sindicatos y de las asociaciones, se han de exigir los siguientes requisitos a tales actos de disolución, sustitución de funciones o expulsión:

1. Que estén previstos en los estatutos sindicales.
2. Que los hechos o situaciones que los justifiquen tengan gravedad y trascendencia.
3. Que el acuerdo de disolución o sustitución de funciones se lleve a efecto a través de un procedimiento adecuado.

El Tribunal Constitucional ha sostenido de forma reiterada que el derecho de asociación (art. 22 CE), en su vertiente del derecho a su autoorganización, impide al Juez entrar a revisar la calificación que de las conductas consideradas sancionables han hecho los órganos de la Asociación de que se trate. Esto, salvo para constatar el cumplimiento de las garantías procedimentales previstas en los propios Estatutos para la válida imposición de la sanción o para comprobar si la decisión adoptada fue arbitraria por carecer de una base razonable.

No obstante, aplicar tal doctrina en su puridad a la expulsión de un sindicalista puede producir el efecto inaceptable de que, por mantener uno de los aspectos del contenido del derecho de asociación en su faceta autoorganizativa, se podría conculcar el derecho fundamental de todo trabajador a permanecer en el sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo, conforme al art. 2.1.b) de la LOLS.

Tabla: Criterios para la Revisión Judicial de Sanciones Sindicales Internas

Conflictos de Intereses: ¿Para quién trabaja el sindicato?

Es crucial que los afiliados entiendan las motivaciones detrás de ciertas acciones sindicales. En ocasiones, la estrategia de un sindicato puede generar un conflicto de intereses entre los beneficios para la organización y los intereses directos de los trabajadores. Se ha señalado que hay un tipo especial de demandas, las de tutela de derechos fundamentales, donde se puede pedir una indemnización especial por daños y perjuicios. En algunos casos, cuando el demandante es el sindicato, el dinero lo piden para el sindicato y no para los trabajadores. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se organizan huelgas y la empresa las combate ilegalmente, o cuando a los afiliados no se les deja participar en la negociación de un convenio, no se les deja poner un tablón sindical, o no se les dan horas sindicales a los delegados.

Si un trabajador individual quiere demandar a su empresa por violación de sus derechos fundamentales, a menudo encontrará dificultades o negativas por parte de algunos sindicatos para representarlo, incluso si lleva muchos años afiliado. Sin embargo, cuando se trata de pedir dinero para ellos mismos, sí que presentan demandas de tutela de derechos fundamentales y las llevan hasta las últimas instancias judiciales, incluyendo el Tribunal Superior de Justicia autonómico, el Tribunal Supremo e incluso el Tribunal Constitucional. Es obvio que podrían hacer lo mismo en los casos de los trabajadores individuales, pero se sugiere que esto iría contra la base de su negocio de la afiliación, que consiste en cobrar siempre las cuotas pero luego intentar que los afiliados no hagan gasto, especialmente gasto de demandas judiciales hasta el final.

Cómo Presentar una Reclamación contra el Sindicato

Si cree que el sindicato no le ha representado de forma justa, es importante seguir un procedimiento estructurado para defender sus derechos.

Pasos Iniciales y Procedimientos Internos

A veces, un delegado sindical u otro representante puede negarse a presentar una reclamación. Si esto ocurre, puede pedir a un empleador sindical o a otra persona que ocupe un cargo de poder en el sindicato que presente una queja en su nombre. Los sindicatos no tienen por qué representar a todos los empleados en todas las reclamaciones, pero el sindicato debe aceptar al menos investigar su queja y, en función de la solidez que el representante sindical considere que tiene su caso, decidir si presenta una reclamación y hasta dónde llegará representándole en el procedimiento de reclamación.

Si le han despedido y el sindicato aún no ha decidido si va a presentar una reclamación, debería plantearse presentarla por escrito, sobre todo antes de que expire el plazo de reclamación. Si cree que el sindicato no responde a sus peticiones, puede hacerles sugerencias sobre cómo gestionar su reclamación. Por ejemplo, puede pedirle que entreviste a testigos concretos, solicite determinados documentos al empresario e investigue las experiencias de compañeros de trabajo similares a la suya. Ser proactivo con respecto a su caso de estas formas puede animar al sindicato a tomarse más en serio su reclamación.

Primero debe seguir todos los demás procedimientos internos. Por ejemplo, puede que tenga que apelar la decisión de su sindicato local de no llevar una queja a arbitraje ante la oficina internacional de su sindicato. Documente todo.

Vías Legales Externas

Si sigue sin conseguir una reparación completa o que se restablezca su reclamación, puede presentar una demanda ante la oficina más cercana de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) o ante un tribunal federal de distrito. (Para los empleados de la administración existen requisitos diferentes; por ejemplo, los empleados de la administración estatal y local presentan reclamaciones ante la Junta de Relaciones con los Empleados Públicos de California o «PERB»). La presentación ante la NLRB, a diferencia de la presentación ante un tribunal, es gratuita y no necesita abogado.

En cualquier caso, dispone de 6 meses a partir del día en que haya agotado todos los demás procedimientos internos de reclamación para presentarla. Su demanda se dirigirá contra el sindicato por incumplimiento de su deber de representación justa. Sin embargo, también puede presentar una demanda contra su empresa por su reclamación original si la razón por la que no obtuvo una solución satisfactoria fue que el sindicato no le representó de forma justa. En la demanda contra el empresario, primero debe demostrar que su sindicato no le representó de forma justa, independientemente de si también presenta una demanda contra el sindicato.

Remedios y Protecciones Legales

Si su demanda prospera ante la NLRB o el tribunal, puede recuperar su antiguo empleo y el salario que dejó de percibir (en caso de despido). El Pleno del Tribunal Constitucional ha sido claro: este tipo de despido represalia vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los trabajadores. Es la protección constitucional que impide que las empresas tomen represalias contra trabajadores que reclaman sus derechos o acuden a los tribunales.

El Tribunal Constitucional ha ido ampliando la protección de las personas trabajadoras frente al despido a lo largo de los años. En los años 90, la protección contra despidos por acudir a los tribunales se consolidó. Un punto de inflexión jurisprudencial se produjo con la STC 55/2004, que amplió los supuestos de activación de la garantía, consolidada después por otras resoluciones como la STC 120/2006. Reclamar tus derechos laborales, incluso a través del comité de empresa, está protegido.

En un caso juzgado, un trabajador reclamó ante el presidente del comité porque la empresa no cumplía sus condiciones laborales. Solicitó que el comité intermediara con la empresa para solucionar el problema, función de estos representantes según el Estatuto de los Trabajadores. El trabajador alegó que su despido vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).