A Contracorriente: Empresarios y Trabajadores Chinos en la Gigafactoría de Figueruelas

China ha comenzado la construcción de la mayor fábrica de baterías de España, un macroproyecto de 4.100 millones de euros impulsado por la empresa asiática CATL en alianza con el grupo automovilístico Stellantis. La planta, situada en Figueruelas, una ciudad de 1.300 habitantes en el noreste de Aragón, se espera que comience a producir a finales de 2026.

Este ambicioso proyecto creará más de 3.000 empleos y representa un gran desafío, no sólo desde el punto de vista industrial sino también en la integración y la gestión intercultural. La llegada de trabajadores chinos a la gigafactoría de Figueruelas ya se ha empezado a coordinar siguiendo todas las normas logísticas, laborales y habitacionales.

Un Desembarco de Talento Especializado

Alrededor de 2.000 trabajadores chinos ayudarán a construir el sitio. Durante este período se espera la llegada de 1.847 profesionales procedentes del lejano oriente y la mayoría corresponderán a la plantilla de CATL. No obstante, no todos los empleados pertenecerán a su plantilla; un porcentaje proviene de varias empresas contratistas externas. La primera oleada de trabajadores corresponde a los técnicos y operarios necesarios para levantar la fábrica, cuya tecnología, según los expertos, no tiene competición en el resto de Europa.

La razón por la que se producirá este “desembarco” de trabajadores chinos se debe a que se necesitan trabajadores especializados y experimentados en el montaje y operación de instalaciones de baterías de alta tecnología. “CATL trae la tecnología de baterías, que es además la mejor del mercado mundial, y trae sus máquinas y formas de trabajar”, argumenta la propia compañía.

Por este motivo, la especialización de sus trabajadores en el sector es imprescindible para aportar valor en la fabricación. El gigante asiático señala precedentes para apuntalar el éxito de sus proyectos: en las plantas de Erfurt (Alemania) y Debrecen (Hungría), CATL ha implementado estrategias similares, que incluyen plantilla propia especializada, con el fin de asegurar la efectividad de su proyecto.

Coordinación y Convenios Especiales

El proceso de selección de estos trabajadores se realizará en China, con perfiles altos y medios, desde operarios hasta directivos, todo en bloque, coordinado y documentado en origen. La llegada de los operarios chinos se gestionará mediante un proceso especial coordinado entre el Gobierno de Aragón y la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Se prevé un proceso de selección realizado en origen con toda la documentación en regla, organizando la llegada por fases para garantizar una adaptación progresiva.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, afirmó a principios que todo este proyecto tendrá un impacto positivo en todos los sentidos: “Lo normal será que vayamos en fases. Esto irá incrementándose. En el arranque necesitas gente que, bajándose del avión, sepa ya qué hacer en esa factoría más adelante”.

El Convenio Bilateral de Seguridad Social

España y China tienen un convenio bilateral en materia de Seguridad Social, firmado el 19 de mayo de 2017 y en vigor desde el 20 de marzo de 2018. Este acuerdo, que facilita la movilidad laboral entre ambos países, tiene como objetivo evitar la doble cotización, garantizar su protección social y reducir costes laborales a las empresas.

Según este acuerdo, los trabajadores chinos pueden estar desplazados temporalmente en España por un máximo de 72 meses y cotizan al sistema español por las prestaciones del régimen general, mientras que las cotizaciones por pensiones derivadas de contingencias comunes, accidentes laborales y desempleo se realizan al organismo chino. Para acogerse a los beneficios del convenio, es necesario obtener un certificado de cobertura emitido por la autoridad competente del país de origen.

En definitiva, los trabajadores chinos desplazados a Aragón estarán exentos en España de cotizar por pensiones contributivas (excepto por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) y por desempleo, pero deben cotizar por el resto de contingencias de la Seguridad Social española. CATL y sus auxiliares chinas deberán abrir en España una cuenta de cotización específica para estas contingencias y tramitar los procedimientos ante la Administración de la Seguridad Social correspondiente para registrar el desplazamiento en la base de datos.

Un Desafío Demográfico y Social para Figueruelas

El municipio de Figueruelas, que cuenta con apenas 1.273 habitantes empadronados, encara un desafío sin precedentes al prepararse para recibir a 2.200 trabajadores chinos que llegarán el próximo año. Esta cifra prácticamente triplicará la población del lugar, alterando por completo su demografía, economía y vida social. El futuro cambio poblacional del municipio supondrá un auténtico desafío demográfico, social y tecnológico.

El principal reto logístico para acoger a estos trabajadores radica en la escasez de viviendas disponibles en Figueruelas y municipios cercanos. El Ayuntamiento, presidido por Luis Bertol, ya ha ofrecido terrenos para edificar casas móviles, aunque no descarta apoyarse en localidades vecinas. Para los ingenieros de alto nivel y sus familias se busca alojamiento en Zaragoza, donde el alquiler se ha encarecido más de un 10% en el último año.

Vista aérea del municipio zaragozano de Figueruelas (Ayuntamiento de Figueruelas)

El alcalde de Figueruelas, Luis Bertol Moreno, también declaró que se apostaría por viviendas prefabricadas y móviles para acoger a los trabajadores que lleguen de China. Y la prensa local señala que, en principio, cinco podrían ser las localidades susceptibles de acoger a la población desplazada desde el gigante asiático: Figueruelas, Pedrola, Grisén, Bárboles y Alagón.

La situación recuerda a la llegada de trabajadores extranjeros en los años ochenta, los cuales llegaron al mismo municipio para formar parte de la plantilla de una instalación de General Motors. Entonces fueron americanos, alemanes y japoneses quienes llegaron para poner en marcha la planta automovilística. La implantación de lo que muchos ya han denominado ‘Chinatown aragonesa’ genera una gran expectación entre los habitantes de Figueruelas, un pequeño pueblo de Aragón que solo dispone de un bar y cuenta con un centenar de alumnos en su escuela.

El desenlace de esta apuesta demográfica y laboral está por verse. No existe certeza de si los trabajadores chinos se quedarán una vez termine la construcción o regresarán a su país, como ocurre en otros proyectos internacionales.

Condiciones Laborales y Derechos

Sara Martín, secretaria general de UGT en la factoría de Aragón, exige "que se cumplan, cuanto menos, los mínimos legales marcados en nuestra regulación española". Asegura que estos trabajadores, "por mucho que vengan de fuera", tendrán que adaptarse. El secretario regional de UGT en Aragón, José Juan Arceiz, ha advertido de la necesidad de que los nuevos empleados chinos respeten la normativa laboral española y las condiciones de trabajo locales.

Las fuentes consultadas indican que es «prematuro» detallar las condiciones específicas de estos trabajadores, aunque señalan como imperativo que cumplan con la legislación laboral española, incluyendo el Estatuto de los Trabajadores. Aseguran que el convenio que se aplicará al personal de las obras será el de construcción de la provincia de Zaragoza, algo que ha sido aceptado por CATL, cuya intención inicial era fijar otras condiciones. Esto implicará derechos como jornadas reguladas y un salario que parte de los 23.039,35 euros brutos anuales, una retribución notablemente superior a la que se paga en China para este trabajo.

El traslado de este voluminoso contingente de trabajadores asiáticos se hará al amparo de la Ley de Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos (Ley 14/2013), un marco legal diseñado para proyectos de alto impacto económico. No obstante, las fuentes consultadas señalan que será necesario un procedimiento administrativo para fijar las vacantes que deben ser objeto de cobertura por trabajadores extranjeros, algo que la comunidad autónoma no puede fijar de forma unilateral.