La Trama de Poder y Dinero: Políticos y Empresarios en la Operación Madrid Nuevo Norte

La Operación Chamartín, ahora renombrada como Madrid Nuevo Norte (MNN), es un megaproyecto urbanístico que ha generado controversia y ha expuesto una intrincada red de intereses políticos y empresariales. Tras más de 25 años de bloqueos y trámites burocráticos, el proyecto que cambiará la fisionomía del norte de la ciudad ha conseguido luz verde, pero las batallas legales y las acusaciones de irregularidades persisten.

Trinitario Casanova y los Derechos de Reversión

En el centro de la polémica se encuentra Trinitario Casanova, fundador del Grupo Baraka y representante de 1.200 familias que reclaman un derecho de reversión sobre algunos terrenos de la antigua Operación Chamartín. Casanova relata cómo su grupo compró los derechos de reversión a estas familias en 2018, haciéndolas partícipes de los éxitos de una lucha que busca reparar una “injusticia cometida hace muchos años”.

El "Informe Fantasma" y la Mala Fe

La disputa se intensificó con la aparición de un "Informe Fantasma" de la Abogacía del Estado. Durante años, la base legal se sustentaba en un contrato de 2002 que negaba la existencia de derechos de reversión. Sin embargo, Casanova solicitó un informe anterior que afirmaba lo contrario, indicando que la adjudicación siempre estuvo condicionada a la resolución del problema con los reversionistas. Este informe, que Adif inicialmente no pudo encontrar, "apareció" en archivos físicos una semana después de ser presentado al juzgado.

Casanova considera que la aparición de este informe demuestra la “mala fe” de la parte contraria, ya que, según él, “si alguien es inocente no tiene nada que ocultar, lo enseña todo”. El informe confirma que los derechos de reversión existen y deben incluirse en el contrato y las escrituras de compra del suelo. La justicia, finalmente, tendrá la última palabra.

Además, ha surgido otra denuncia relacionada con la presunta desaparición “fraudulenta” de 1.250.000 m2 del centro de Madrid, a través de agrupaciones y divisiones realizadas por el Registro de la Propiedad número 54. Casanova asegura que la persona que inscribió la cancelación de los derechos de reversión lo hizo sin tener el título legítimo para ello, lo que considera "muy grave".

La Batalla Judicial contra Crea Madrid Nuevo Norte

Actualmente, el Grupo Baraka está en el Tribunal Superior de Justicia en un contencioso administrativo contra Crea Madrid Nuevo Norte, con Adif, BBVA y Renfe como parte contraria. Una medida cautelar sobre las fincas involucradas fue dictada hace meses, indicando la existencia de un pleito a favor de los reversionistas. Sin embargo, debido a la supuesta desaparición de los 1.250.000 m2, no se pudo inscribir. La orden cautelar, no obstante, fue emitida.

Casanova enfatiza que el BBVA, como único beneficiario de estas acciones, ha puesto a la venta el 100% de la sociedad, contratando a Banca Rothschild para vender "la mayor bolsa de suelo de Europa", que han controlado durante 30 años con coste cero. Además, la escritura de compra fue financiada por el Gobierno con un interés fijo del 3% a 20 años, garantizado solo por el suelo comprado.

Las Posibilidades de los Reversionistas

A pesar de que el informe de la Abogacía del Estado sugiere una posibilidad "remota" de victoria para los reversionistas, Casanova disiente rotundamente. Para él, si se aplica la justicia, la posibilidad de ganar es del 99,9%. Argumenta que el BBVA, al asumir la responsabilidad de tener el suelo, se comprometió a darle a los reversionistas lo que les pertenecía, pero solo llegó a un acuerdo con los padres jesuitas, dejando fuera a las 1.200 familias restantes con los mismos derechos y condiciones.

Un informe de la propia abogacía de 2001 ya advertía que el acuerdo exclusivo con los jesuitas creaba un agravio comparativo. Además, Casanova critica que el contrato de 2018, en el que se basó la escritura actual, eliminó el derecho de tanteo de los reversionistas y la obligación del BBVA de mantener al menos el 50% de las acciones de la sociedad, obligaciones presentes en el contrato de 2009. Estas modificaciones, llevadas a cabo por el señor Ábalos en el Ministerio de Fomento en 2018, son consideradas "fraudulentas" y nulas, según Casanova, ya que se trató de una enajenación de un bien público sin la debida publicidad ni licitación, como exige la ley para transacciones superiores a 20 millones de euros.

Casanova advierte a la banca Rothschild sobre los riesgos inherentes a la operación, dada la posibilidad de que el contrato de 2018 sea declarado nulo.

¿Debería el Estado Pagar a los Reversionistas?

La forma en que se modificó el contrato en 2018 podría implicar que, en caso de que los reversionistas ganen, el Estado (es decir, los contribuyentes españoles) tendría que asumir una indemnización de 1.056 millones de euros, cantidad ya conocida por Adif y BBVA. Casanova insiste en que la obligación es “única y exclusivamente de la sociedad participada al 75% por el BBVA”, ya que la adjudicación inicial dejó claro que el adjudicatario debía hacerse cargo. De hecho, otras empresas que participaron en la puja en 1994 se retiraron al no eliminarse esa obligación. Argentaria, precursora del BBVA, asumió la responsabilidad, pero, según Casanova, “lo asumió para no cumplirlo”.

Las modificaciones de 2002, 2009 y especialmente la de 2018, que eliminaron las cláusulas de respaldo de la primera adjudicación, son consideradas la raíz del problema actual.

Riesgo de Paralización de la Operación Chamartín

Con este escenario, la antigua Operación Chamartín podría paralizarse. Los derechos de reversión representan una carga muy importante, ya que el Grupo Baraka representa el 35% de todo el ámbito. Ya se ha reclamado al Ayuntamiento su presencia en la Junta de Compensación, donde, llegado el momento, “habrá que abordar esta carga”. Casanova cree que las personas que han comprado de forma inocente no deben asumir el coste que corresponde al BBVA.

Alertas a la SEC y la CNMV

El Grupo Baraka ha comunicado la existencia del informe de la Abogacía del Estado a la SEC y a la CNMV. Esta acción fue motivada por el propio BBVA, que en febrero comunicó a la CNMV un aumento de su valor patrimonial de entre 1.200 y 1.500 millones de euros debido a la compra del proyecto Chamartín. Casanova argumenta que si el BBVA declara un activo de 1.200 millones, debe también informar sobre una contingencia o pasivo posible de 1.056 millones de euros, tal como lo exige la norma internacional de contabilidad número 37, que obliga a informar de forma clara y concisa sobre los riesgos. La intención es que el accionista esté debidamente informado sobre posibles deterioros en el futuro.

Ambos organismos han respondido que han recibido la información y aplicarán las normas correspondientes. Casanova considera que es su obligación buscar la verdad, y destaca una jurisprudencia clara sobre el asunto, incluyendo una sentencia de la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando era magistrada. Esta jurisprudencia establece que para el derecho de reversión, solo se tendrá en cuenta la fecha de solicitud de dicha reversión, y en su caso, se solicitó el 29 de octubre de 1999, antes de la entrada en vigor de la nueva ley el 6 de noviembre de 1999. Ejemplos similares en Huesca, donde la Administración reconoció el error y devolvió los terrenos, refuerzan la postura de los reversionistas.

La Aprobación de Madrid Nuevo Norte: Un Consenso Agrio

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad Madrid Nuevo Norte (MNN) con los votos a favor de Más Madrid, PP, Cs, PSOE y Vox. El exdelegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo (Ahora Madrid), reivindicó la autoría del proyecto y lo calificó como "un ámbito estratégico para el desarrollo presente y futuro de la ciudad". El alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), celebró el "consenso" y la vicealcaldesa Begoña Villacís (Cs) presumió de que "ha tenido que llegar un gobierno de PP y Cs para desbloquear la Operación Chamartín". Calvo, sin embargo, respondió que "eso no se lo cree nadie".

La aprobación del proyecto, una de las grandes apuestas de Manuela Carmena, le costó algunas de las mayores crisis en su gobierno. El informe de impacto medioambiental de la Comunidad de Madrid, requisito para el pleno, llegó al Ayuntamiento solo seis días antes de las elecciones municipales de 2019.

Un Proyecto de Gran Envergadura

Mariano Fuentes (Cs), nuevo delegado de Urbanismo, definió el desarrollo como la operación con "mayor envergadura en materia de renovación urbana de todo Europa". Aunque el nuevo gobierno de Cs y PP estuvo tentado de modificarlo para darle un "carácter más liberal", finalmente optaron por mantener el consenso para evitar más retrasos.

El Partido Socialista, a pesar de las quejas por la falta de respuesta a sus alegaciones, votó a favor. Sus demandas incluían la creación de un consorcio público para la gestión, un parque público de vivienda de al menos el 50% para "frenar la emergencia residencial", la división de la operación en cinco ámbitos en lugar de cuatro, y mejoras en la movilidad, ante la previsión de 79.000 desplazamientos en transporte privado al día.

El desarrollo se articula en torno a la estación de Chamartín, que será remodelada y sus vías, soterradas. Sobre una superficie de 2,65 millones de metros cuadrados se construirán 10.476 viviendas, de las cuales 2.565 (24%) tendrán algún tipo de protección, además de oficinas, comercios y zonas verdes. El Ayuntamiento calcula un impacto económico de 18.260 millones de euros en toda la región y la creación de 241.700 nuevos empleos.

Cambios Introducidos por Ahora Madrid

Cuando Manuela Carmena llegó al Ayuntamiento en 2015, frenó el plan de Ana Botella y retomó el proyecto buscando consenso. Aunque no consiguió el apoyo del ala más a la izquierda de su propio partido ni de organizaciones vecinales y ecologistas, su equipo introdujo tres cambios fundamentales:

1. Movilidad: Se situaron los edificios privados cerca de la estación de Chamartín para promover el transporte público.
2. Reducción de edificabilidad: Se pasó de 3,37 millones a 2,65 millones de metros cuadrados edificables, impidiendo construir sobre las vías del tren.
3. Apuesta por la vivienda pública: Se aumentó el porcentaje de vivienda protegida del 10% al 20%, y el 10% de cesión de suelo al Ayuntamiento se dedicó a vivienda protegida y libre.

Críticas y Acusaciones de "Pelotazo"

Quique Villalobos, presidente de la FRAVM, calificó la operación como un "pelotazo", señalando que supone "regalar el 80% del suelo de titularidad pública para que se construyan viviendas de lujo y solo una exigua cuarta parte va a tener algún grado de protección, lo que significa que no son viviendas sociales". Maria Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, denunció la actuación como "insostenible desde el punto de vista medioambiental y social" y recordó que la operación está en los tribunales. Ambos críticos coinciden en que el transporte público no será capaz de absorber el flujo de trabajadores y residentes, y las zonas verdes se ven reducidas y perjudicadas.

El Papel de Distrito Castellana Norte (DCN) y el Caso Villarejo

Detrás del proyecto está la promotora Distrito Castellana Norte (DCN), participada en un 75,5% por el BBVA y en un 24,5% por la constructora San José. La empresa anunció el cese de su presidente, Antonio Béjar, imputado en el caso Villarejo, una investigación judicial que busca esclarecer el papel del banco en la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para actividades de espionaje a empresarios, políticos y periodistas.

Tras la aprobación definitiva de la Comunidad de Madrid, se espera que las obras de urbanización comiencen a finales de 2020, con una duración estimada de ocho a nueve años, hasta al menos 2028. La edificación completa del desarrollo podría extenderse por 24 años, abordándose los cuatro ámbitos por fases, siendo la del Centro de Negocios la de mayor duración. Las Tablas Oeste se terminará en 2033 y el ámbito Malmea-San Roque-Tres Olivos en 2037.

Luz Verde a las Cocheras de Cuatro Caminos

El pleno también aprobó, con el voto en contra del PSOE, el proyecto para construir 443 viviendas en las antiguas cocheras de Metro de Cuatro Caminos, una estructura del arquitecto Antonio Palacios que asociaciones vecinales piden proteger. El exdelegado de Urbanismo, José Manuel Calvo, recordó que su gobierno heredó este proyecto, considerándolo "discutible si la lleva a cabo una administración pública" y pidió que "ni uno más" de este tipo. Alertó sobre la vulnerabilidad del expediente y la inseguridad jurídica, con dos recursos admitidos a trámite. Los tribunales podrían tumbar el proyecto a pesar de la aprobación, ya que varias asociaciones han solicitado su protección como Bien de Interés Cultural, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegó la solicitud.

Para el PSOE, la aprobación del proyecto es "una oportunidad perdida" que contribuye a una ciudad "absurda". La concejal Mercedes González afirmó que las cocheras simbolizan el origen del metro y el cambio en la movilidad de Madrid, por lo que deberían protegerse, buscando "encajar los intereses de los cooperativistas, metro y ciudadanos".

El proyecto se extiende por 42.401 metros cuadrados, con 37.714 destinados a parcelas residenciales, 16.026 a zonas verdes y 864 a dotaciones públicas. Se prevé la construcción de más de 400 viviendas, 60 de ellas de protección oficial.