Sentencias del Tribunal Supremo: Nuevos Paradigmas para Autónomos y Inspecciones de Hacienda

El Tribunal Supremo ha dictado una serie de sentencias cruciales que redefinen la relación entre los autónomos, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Estos fallos establecen nuevos términos a las actuaciones de la Agencia Tributaria y aclaran aspectos fundamentales sobre la inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), impactando directamente la fiscalidad y la protección de los derechos de los profesionales por cuenta propia.

Inspecciones de Hacienda: Fin al Factor Sorpresa y Refuerzo del Derecho de Defensa

En los últimos años, la multitud de inspecciones de Hacienda sin ningún tipo de aviso han estado en boca de la mayoría de autónomos. Sin embargo, el fallo de finales de julio establece nuevos términos a las actuaciones de la Agencia Tributaria. El Tribunal Supremo ha dictaminado que no es suficiente obtener una autorización judicial para realizar una entrada y registro en una empresa si no existe previamente un procedimiento de inspección formalmente abierto y conocido por la empresa investigada. Según expertos, aunque la sentencia no prohíbe las visitas sorpresa, en la práctica elimina el factor sorpresa en las investigaciones.

El Supremo implanta que para realizar una visita sorpresa en una empresa, no basta con la autorización judicial y la notificación al momento de la entrada. La notificación del inicio del procedimiento inspector debe realizarse antes de la entrada en el domicilio, y no simultáneamente con ella. Esta sentencia surge a raíz de una actuación de la Inspección General de Hacienda que, tras obtener un auto judicial, procedió a realizar la inspección sin haber comunicado previamente a la empresa que estaba bajo investigación. El Tribunal Supremo ha determinado que no basta con obtener el consentimiento de entrada a una empresa; debe existir un procedimiento inspector previo, ya iniciado y conocido por el negocio.

En el caso analizado, aunque la entrada y registro se realizaron con el consentimiento del administrador, el tribunal consideró que la autorización no era válida porque no había un procedimiento previo notificado. El Supremo estableció que el interrogatorio de directivos y empleados de una empresa durante un registro domiciliario, sin previo aviso, no viola la inviolabilidad del domicilio (artículo 18 de la Constitución), pero sí vulnera el derecho de defensa (artículo 24). Según el tribunal, esta práctica de la Agencia Tributaria crea una atmósfera intimidatoria destinada a obtener información de manera sorpresiva, lo que debilita las posibilidades de defensa de la empresa.

Un nuevo criterio del Tribunal Supremo refuerza de forma directa la posición de autónomos y pymes frente a inspecciones de Hacienda. Podrán impugnarlas cuando no se haya informado de forma clara de que pueden oponerse a la entrada. El Supremo llega a esta conclusión tras anular una liquidación del Impuesto sobre Sociedades y la sanción asociada, al considerar que la entrada de la Inspección se produjo sin las garantías exigidas. Concretamente, los jueces subrayan que no basta con la firma de una diligencia o documento de autorización, ni con la ausencia de oposición expresa durante la actuación inspectora.

En este sentido, la sentencia examina el contenido del documento informativo facilitado por la Inspección y concluye que no cumplía con este requisito, al no advertir de forma clara sobre la posibilidad de negarse a la entrada o de dejar sin efecto el consentimiento una vez otorgado. A partir de este análisis, el Tribunal Supremo declara que el consentimiento prestado en estas condiciones está viciado y no puede legitimar la entrada de la Administración. Tal y como se desprende de la resolución, la validez del consentimiento para la entrada en un domicilio constitucionalmente protegido exige que éste haya sido otorgado de forma libre e informada, con pleno conocimiento de la posibilidad de oponerse o revocar dicha autorización.

En esta misma línea, José María Salcedo explicó que el fallo viene a reforzar una doctrina ya existente, pero con mayor concreción práctica. “El consentimiento no es válido si no va acompañado de una información expresa sobre los derechos del contribuyente”. En el caso analizado, la Administración defendía que la entrada había sido consentida porque el administrador de la sociedad firmó las diligencias y no se opuso a la actuación inspectora. La Sala reconoce que en este asunto no aprecia intimidación, violencia ni engaño por parte de la Inspección, pero añade que eso no excluye la existencia de un error en el consentimiento. Tampoco considera suficiente el Tribunal Supremo que en las diligencias firmadas conste que el titular no se opuso. A su juicio, esos documentos acreditan que no hubo resistencia a la entrada, pero no prueban de forma clara e indubitada que el administrador supiera que podía negarse.

A partir de todo ello, el Supremo concluye que, cuando se trata de la entrada en un domicilio constitucionalmente protegido, no es suficiente con haber entregado un anexo genérico ni con la firma de la autorización. Para que el consentimiento sea válido, debe quedar acreditado de forma inequívoca que el titular conocía su derecho a negar la entrada y, en su caso, a revocar el consentimiento. Este mismo enfoque fue subrayado por Salcedo, quien recordó que esta obligación recae directamente en la Administración. La sentencia del Tribunal Supremo refuerza la importancia de las garantías en las entradas de la Inspección en domicilios constitucionalmente protegidos, al exigir que el consentimiento del contribuyente sea realmente libre e informado. Según se desprende de la resolución, la entrada sin autorización judicial solo tiene validez si existe un consentimiento plenamente válido, es decir, prestado con conocimiento de que puede negarse o revocarse. Esta recomendación se basa en que la intervención de un juez delimita el alcance de la inspección. Por último, incluso cuando exista autorización judicial, los negocios deben mantenerse vigilantes.

En principio, tanto la Ley 23/2015 como el Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), permiten a la Inspección entrar en el negocio a cualquier hora del día o de la noche. Sin embargo, según las fuentes laboralistas consultadas, la sentencia es clara y crea jurisprudencia según el principio de jerarquía normativa. Éste impide que ninguna ley contradiga o vulnere la Constitución Española (CE). Para ello, el TS matiza en su doctrina que si el local o establecimiento del autónomo es también el domicilio social, no se puede acceder. A menos que exista una separación evidente y la actuación se pueda limitar solo a la zona no protegida. Tanto el Tribunal Constitucional (137/1985) como el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en 2002 (Asunto C-94/00) ya reconocieron la extensión de este derecho al ámbito de las personas jurídicas.

Implicaciones de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre el Consentimiento en Inspecciones

La sentencia del Tribunal Supremo, reforzando la protección del domicilio constitucionalmente protegido, exige que el consentimiento para la entrada de la Inspección sea libre e informado. Esto tiene varias implicaciones:

• Consentimiento Viciado: No basta con la firma de una diligencia o la ausencia de oposición expresa. Si el documento informativo no advierte claramente sobre la posibilidad de negarse a la entrada o revocar el consentimiento, este será considerado viciado.
• Carga de la Prueba: La Administración es quien tiene la carga de la prueba para demostrar que el contribuyente conocía su derecho a negar o revocar la entrada.
• No Anulación Automática: Un consentimiento inválido no anula automáticamente la inspección, pero las pruebas obtenidas en esa entrada no podrán ser utilizadas.
• Alcance Limitado: Esta protección no se aplica a cualquier espacio, sino a domicilios constitucionalmente protegidos.

Inclusión en el RETA para Socios y Administradores: Más Allá del Alta Formal

El Tribunal Supremo ha puesto fin a una práctica administrativa que la Agencia Tributaria llevaba años usando para generar liquidaciones, sanciones y litigios. La Sentencia 1313/2025 (STS 4614/2025) llega a través del caso de un médico especialista, socio y administrador de su propia clínica, que en 2016 declaró como actividad económica los rendimientos satisfechos por su sociedad. Hacienda recalificó aquellos ingresos como rendimientos del trabajo al constatar que no constaba alta efectiva en el RETA ni en una mutualidad alternativa. TEAR y TSJ de Madrid avalaron esa tesis.

El núcleo jurídico del fallo está en la interpretación del art. 27.1 LIRPF y de los arts. 305 y 307 LGSS. El Supremo explica que la “inclusión” en el RETA no depende del trámite administrativo del alta, sino del hecho material de que la actividad del profesional está legalmente dentro del campo obligatorio de cotización. El tribunal distingue dos planos. Primero: la inclusión es objetiva, deriva de realizar una actividad profesional encuadrada en la Sección Segunda del IAE y de desempeñarla como socio profesional o administrador con control efectivo. Segundo: el alta es un acto formal, obligatorio, sí, pero meramente declarativo. Su incumplimiento genera sanciones, pero no altera la naturaleza del ingreso ni permite convertir rentas de actividad en salario. “El Supremo es explícito en este sentido. Si el legislador hubiera querido exigir alta formal, lo habría dicho, pero no lo hizo”.

La sentencia aclara que la AEAT no puede reetiquetar como “salario” lo que, materialmente, es trabajo profesional autónomo, solo porque no exista alta formal en el RETA. Además, el fallo viene a consolidar la doctrina iniciada en la STS 1250/2025, lo que refuerza la estabilidad del criterio. El alivio fiscal tiene, sin embargo, su reverso. La sentencia insiste en que la falta de alta formal en el RETA sigue siendo una infracción en el ámbito de la Seguridad Social. El Supremo no elimina la obligación de alta, ni su coste, ni la eventual regularización retroactiva. Lo que elimina es la deriva de Hacienda consistente en convertir la infracción administrativa en una transformación fiscal de la naturaleza del ingreso.

La sentencia abre un escenario en el que los profesionales que facturan a su sociedad pueden defender la calificación como actividad económica incluso si la AEAT argumenta falta de alta. Además, para asesorías y despachos se abre una nueva vía, ya que hay margen para recurrir procedimientos abiertos en los últimos ejercicios, siempre que no hayan prescrito los plazos o el acto no sea firme. Esta resolución reafirma la doctrina ya fijada por la STS 1250/2025, consolidando un criterio estable.

Preguntas Frecuentes sobre la Sentencia del Supremo y el RETA para Socios Profesionales

A continuación, se presenta una tabla con las preguntas más comunes y sus respuestas, basadas en la doctrina del Tribunal Supremo:

Complemento de Maternidad para Hombres Autónomos Jubilados

El TS resuelve el RCUD interpuesto por el INSS y TGSS contra una sentencia del TSJ Madrid que reconoció a un varón el derecho al complemento de maternidad por aportación demográfica en su pensión de jubilación. El demandante, padre de 4 hijos, cesó en su actividad como autónomo el 31/12/2015 de modo que la pensión se hizo efectiva a partir del 1/1/2016. Al solicitar el complemento años después se le denegó alegando que de acuerdo con el art 90 Orden 24/09/1970 el hecho causante se habría producido en diciembre/2015 cuando no estaba vigente el complemento que estableció la LPGE de 2016. Tras recordar los antecedentes normativos y la STJUE 12/12/2019 que declaró discriminatorio limitar ese complemento solo a las mujeres, el TS confirma que la fecha relevante para causar la prestación es el primer día en que la pensión surte efectos, es decir, el 1/1/2016. Por tanto, la norma aplicable era la prevista para ese momento, de modo que el complemento debía reconocerse también a los hombres que cumplieran los requisitos. El Tribunal afirma que no puede prevalecer la regulación contenida en una OM sobre una Ley posterior y con rango superior que clarifica la entrada en vigor de la prestación.

La Opción de Afiliación a la Mutualidad Alternativa para Profesionales Colegiados

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y posteriormente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, han abordado la interpretación de la Disposición Adicional Decimoctava del Real Decreto Legislativo 8/2015, que regula el encuadramiento de los profesionales colegiados. Esta disposición establece como regla general la inclusión en el RETA de quienes ejerzan una actividad por cuenta propia que requiera la incorporación a un colegio profesional.

No obstante, la misma norma prevé una exención para los colegiados que opten o hubieran optado por incorporarse a una mutualidad de previsión social establecida por su colegio profesional antes del 10 de noviembre de 1995. La clave de la controversia reside en la frase: "Si el interesado, teniendo derecho, no optara por incorporarse a la mutualidad correspondiente, no podrá ejercitar dicha opción con posterioridad."

El Tribunal Supremo, en su análisis, ha tenido en cuenta la evolución normativa y sentencias anteriores de la Sala. La jurisprudencia ha establecido que la opción de encuadramiento entre la Mutualidad o el RETA, si bien es vinculada a la obligatoriedad de figurar en uno u otro régimen, no prohíbe la permanencia en ambos, pudiendo ser compatibles. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había estimado el recurso de un ingeniero colegiado que, tras haberse dado de alta en el RETA y luego de baja por cese de actividad, al reiniciar su actividad profesional, optó por incorporarse a la Mutualidad de Ingenieros. La Administración de la Seguridad Social argumentaba que la opción era única e irreversible.

Sin embargo, la Sala de instancia consideró que la literalidad de la expresión no conduce a la interpretación restrictiva de la Administración. Sostiene que, habiéndose dado de baja en su momento en el RETA por cese de actividad, cuando el recurrente inicia una nueva actividad como autónomo, no está ya vinculado por su anterior elección de afiliación y puede incorporarse a la mutualidad de previsión elegida. La resolución recurrida entiende que tal posibilidad está vedada por la Disposición Adicional 18 antes citada. Sin embargo, de la literalidad de la expresión “Si el interesado, teniendo derecho, no optara por incorporarse a la mutualidad correspondiente, no podrá ejercitar dicha opción con posterioridad”, no puede interpretarse en el sentido que le da la Administración de la Seguridad Social.

El Tribunal Supremo ha ratificado que la irrevocabilidad de la opción ha de circunscribirse a cada vez que surja la obligación de darse de alta en el RETA, lo que permite una nueva opción cada vez que, tras una baja por cese de actividad, se reinicia la actividad profesional por cuenta propia. Esto implica que, en ciertos supuestos, un profesional colegiado puede cambiar su régimen de encuadramiento si ha habido un cese y posterior reinicio de su actividad profesional.

Exenciones IRPF para Administradores: Más Allá del Cargo

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo en la Sentencia 790/2022, de 20 de junio, (Rec 3468/2020) los administradores no están excluidos por el mero hecho de serlo del marco de aplicación del artículo 7, letra p), de la LIRPF. No obstante, como ha establecido también el Tribunal Supremo, lo que sí se debe acreditar es que, al margen de tener la consideración de administrador, se realiza un trabajo por cuenta ajena, es decir, que realice no solo actividades de dirección, gestión, administración y representación de la sociedad que son las propias del cargo de administrador, sino además otro tipo de labores, de forma que se puedan diferenciar con toda claridad las funciones desarrolladas como administrador y como trabajador, en cuyo caso existirán dos relaciones jurídicas, una mercantil y otra laboral.