Samuel Tcherassi: Un Empresario Entre la Política, las Controversias y la Innovación

Samuel Tcherassi Solano, presidente de Akmios y propietario de la marca de ropa infantil Epeka (anteriormente EPK), es una figura empresarial prominente en la costa Caribe colombiana. Su trayectoria ha estado marcada por éxitos comerciales, disputas legales y una reciente y sorprendente incursión en el ámbito político de Barranquilla. Descendiente de migrantes balcánicos que llegaron a América en busca de nuevas oportunidades tras la Primera Guerra de los Balcanes en 1912, Tcherassi ha forjado un camino propio que hoy lo posiciona en el centro de debates públicos y empresariales.

Es dueño de la marca de ropa infantil Epeka, con presencia en varias ciudades de Colombia, y recientemente adquirió el control del diario La Libertad. Su empresa Consortium Infraestructura hizo parte de dos consorcios en los que estaba la multinacional portuguesa Mota Engil. Como empresario, Tcherassi ha mostrado una visión de emprendimiento, logrando participar con una firma del tamaño de Mota Engil, donde contribuyó como socio local a la tropicalización de sus conceptos.

De Aliado a Opositor del Clan Char

La relación entre Samuel Tcherassi y Álex Char, alcalde de Barranquilla, ha pasado de una amistad cimentada en las aulas del Liceo de Cervantes a una abierta confrontación política. Este punto de inflexión parece haber sido un contrato fallido por 20.000 millones de pesos para la construcción de una noria en el Malecón de Barranquilla. Tcherassi, amigo desde el colegio del alcalde Álex Char, fue uno de los contratistas del Malecón del Río, la obra insigne del desarrollo de Barranquilla bajo los Char. El empresario apoyó la campaña de Álex Char en 2015 y fue contratista de la segunda Alcaldía de Char, cuya familia lleva 17 años gobernando con distintos alfiles.

Según detalló el medio Cambio, Tcherassi ha sido un contratista reconocido en administraciones previas de Char, participando en proyectos emblemáticos como la construcción de un tramo del Malecón de Barranquilla, una de las obras más representativas de la ciudad. Este vínculo cercano con la casa Char hace que su actual postura crítica sea vista con escepticismo por algunos sectores. Tcherassi afirma que su interés en la política responde a una “convicción de que Barranquilla puede dar un paso adelante hacia una gestión más dinámica y adaptada a su realidad actual”. Sin embargo, analistas y expertos consultados han señalado que su cambio de postura podría estar motivado por diferencias económicas, específicamente relacionadas con el contrato fallido de la noria.

La Controversia de "La Luna del Río"

Barranquilla enfrenta una disputa legal y mediática en torno a uno de sus proyectos turísticos más ambiciosos: la instalación de una noria gigante en el Gran Malecón, anunciada por la Alcaldía como “La Luna del Río”. Mientras Samuel Tcherassi exige detener lo que califica como una “usurpación” de su obra, el Distrito continúa promocionando la atracción como parte de la transformación urbana de la ciudad. El 14 de noviembre, Samuel David Tcherassi emitió un comunicado y una orden formal de cese y desistimiento dirigida al alcalde Alejandro Char, la Alcaldía de Barranquilla, Puerta de Oro y la empresa italiana Fabbri Group.

Según el documento, Tcherassi es el titular exclusivo de las marcas “Luna”, “Luna de Barranquilla” y “Luna Park”, registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, así como de los derechos de autor sobre las obras artísticas y arquitectónicas que dieron origen al proyecto. El empresario sostiene que la iniciativa, concebida desde 2018 bajo el nombre “Luna Entertainment Park: Un tributo a la Luna de Barranquilla”, incluye una noria de 63 metros como elemento icónico del Gran Malecón. Afirma que la Alcaldía y sus aliados usurparon, replicaron y divulgaron indebidamente el proyecto, institucionalizándolo y presentándolo como propio, incluso con publicaciones oficiales en redes sociales.

“Todos en Barranquilla saben quién creó este proyecto y saben que está protegido. Lo que ha ocurrido es inaceptable. Nadie puede usar mi trabajo ni atribuírselo, y mucho menos desde lo público”, expresó Tcherassi en su comunicado. El requerimiento exige suspender cualquier divulgación, construcción o promoción, eliminar contenidos y emitir un pronunciamiento antes del 20 de noviembre, advirtiendo acciones civiles, penales y disciplinarias si no se cumple. Según la Alcaldía, la obra está en fase final: las cabinas ya fueron instaladas, se realizan pruebas técnicas y la inauguración está prevista para diciembre.

El Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

Otro punto controvertido en la relación entre Tcherassi y Char ha sido el impuesto de industria y comercio (ICA). Durante el tercer periodo de Char como alcalde, se propuso un aumento de este tributo para ciertos sectores económicos, con el argumento de fortalecer la autonomía tributaria de la ciudad. En un principio, Tcherassi respaldó públicamente esta medida, afirmando en su perfil de X que “el progreso requiere sacrificios” y que el impuesto era necesario para mantener el crecimiento y la inversión local. Sin embargo, Tcherassi cambió de opinión y ahora critica el aumento del ICA, argumentando que “asfixia a los pequeños y medianos empresarios”. Este giro ha sido interpretado por algunos como una estrategia para distanciarse de la administración de Char y posicionarse como una voz disidente.

Tcherassi ha expresado su preocupación por la presión tributaria: "Para mí la ciudad se va a colapsar. El sistema actual te lleva al colapso, no hay manera que no colapse. Este es un modelo válido para arrancar, porque toda industria necesita apalancarse, pero nos quedamos con la costumbre de apalancarnos". También ha manifestado su desacuerdo con el uso de los recursos del ICA: "No estoy de acuerdo en coger ese ICA para meterlo en otro malecón. Cuando salió el incremento del ICA, todo el mundo le cayó encima. Pero lo tenían que hacer o la ciudad se revienta".

Epeka: La Marca y Sus Desafíos Legales

Samuel Tcherassi pasó de ser dueño por mitades de EPK con Patrick Lerek a adquirir la totalidad de la marca de ropa infantil, que alcanzó a tener registro en 67 países. Un año después de esa transacción, se inició una de las más grandes disputas empresariales. Tcherassi tenía solo un contrato verbal que afortunadamente había sido inscrito en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), donde decía que su socio le otorgaba plenas facultades para utilizar la marca sin ninguna limitación. No obstante, Lerek empezó la reclamación, alegando que había vendido la empresa, pero no la marca, por lo que pretendía obtener regalías. Las demandas llovieron durante seis años.

En septiembre pasado, una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio puso fin a la disputa jurídica de más de cinco años entre Samuel Tcherassi y Bridgewood Capital por los derechos de la marca de ropa infantil EPK. “Después de todo este proceso, quedó claro que fueron nuestra visión, nuestros esfuerzos y nuestras estrategias los que permitieron construir y posicionar la marca que hoy conoce el consumidor colombiano”, afirmó Tcherassi. Ahora, tras la decisión de la SIC de levantar las medidas cautelares que llevaron al cierre de todas las tiendas, parecería que la pelea ya no tiene más camino, pero quedan los reclamos de muchos afectados.

Tcherassi ha expresado que durante las medidas cautelares: "Mientras estuvieron vigentes las medidas cautelares, yo no podía hablar. Hubo hasta una campaña de desprestigio y mis demandantes se despacharon solos, lo que causó que los proveedores, quienes no podían desacatar la orden de la Superintendencia, me dejaran de vender insumos para la operación de Epeka: no me proveían bolsas con la marca, los que hacen las etiquetas no me las vendían, los centros comerciales me cuestionaban, pero lo peor fue que nos empezamos a quedar sin mercancía, porque tampoco podíamos importar."

Al 15 de diciembre de 2023, de las 86 tiendas que operaban, solo quedaba una tienda física y la página web. La compañía ha estimado pérdidas por un valor cercano a los 260.000 millones de pesos. Tras la ratificación de Tcherassi como titular de los derechos de la marca EPK por la Superindustria, la empresa planea retomar sus operaciones y negociar con los acreedores para evitar la ley de quiebras. Sin embargo, Bridgewood Capital ha demandado de nuevo, esta vez a la SIC ante el Consejo de Estado, un proceso que podría demorar años.

Demandas por Presunta Estafa de Epeka

Una docena de empresas textileras denunciaron lo que consideran una presunta estafa por parte de Epeka, la marca especializada en prendas para niños explotada en Colombia por Samuel Tcherassi. Entre los afectados hay 10 empresarios paisas, a quienes, según sus declaraciones a EL COLOMBIANO, se les adeudan unos $2.000 millones por varios pedidos que despacharon y nunca les pagaron. De hecho, algunos resistieron el golpe y otros se fueron a la quiebra. Por ejemplo, Adriana López, fundadora de Idetex, quedó en bancarrota porque la cartera que no le reconocieron asciende a $170 millones.

Según los textileros, Epeka los contactó a través de su director comercial, Alberto di Colloredo, entre julio y agosto de 2022. El acuerdo consistía en un adelanto para la producción y el pago restante a 30 días después de la entrega. Sin embargo, los pagos se retrasaron, y para enero del año pasado, muchos no habían recibido el dinero por los pedidos entregados. En varias reuniones, Epeka argumentó dificultades en el flujo de ventas, pero prometió honrar las obligaciones. Posteriormente, se propuso un cambio de dueño de Epeka, con la marca supuestamente cedida por Samuel Tcherassi a una nueva empresa, Iqonica, de Di Colloredo y Juan Camilo Ramírez, con la promesa de un inversor extranjero. Esta propuesta no se concretó, y los textileros la interpretaron como una "jugada" para ganar tiempo y obtener más producto. Actualmente, los textileros han iniciado procesos jurídicos y Suratex ha interpuesto una denuncia por el presunto delito de estafa en contra de Samuel Tcherassi, Alberto di Colloredo y Juan Camilo Ramírez.

Vínculos con la Familia Saab

En Barranquilla, el nombre de Alex Saab se pronuncia con sigilo entre la clase alta, volviéndose casi un susurro vergonzante. Muchos departieron con él y su exesposa Cynthia Certain. Otros, como Samuel Tcherassi, su esposa Diana Janna y la familia de su hermano Aníbal, reconocidos por su marca de ropa infantil EPK y su compañía automotriz respectivamente, hicieron negocios con la familia Saab. Entre 2013 y 2014, una empresa vinculada al hermano de Alex Saab compró dos exclusivos apartamentos en Barranquilla por $2.400 millones.

Los inmuebles fueron vendidos por separado por dos familias empresarias, los Tcherassi-Janna y los Janna-David. Aunque ambos matrimonios hoy se encuentran enfrentados por acusaciones mutuas de soborno y fraude, Cuestión Pública encontró que los une este entramado inmobiliario. Lo que sí une a las familias Tcherassi, Janna y Saab es el edificio Bellagio de Barranquilla, una construcción estrato 5 y 6 de 24 pisos. Fue el 29 de mayo de 2014 cuando la familia Saab compró uno de los dos apartamentos en el Bellagio: el del décimo piso. Era un lujoso inmueble de 460 metros cuadrados, con tres habitaciones, tres baños, tres vestieres, balcón y sala de estudio. De un lado, en el negocio estuvo la compañía Golden Sun Trading, representada por Amir Luis Saab Morán, hermano de Alex Saab. Luis Amir Saab y Diana Janna se encontraron en la Notaría Cuarta de Barranquilla para formalizar la transacción por $1.200 millones.

El apartamento 10 fue entregado a los nuevos ocupantes antes de haberse escriturado la venta. Golden Sun Trading se dedicaba a actividades inmobiliarias y fue constituida en Barranquilla un año antes de ese negocio, en abril de 2013, por el asesor legal de Saab, Mario García Palacio. Dos meses después de la transacción con los Tcherassi-Janna, el hijo de Álex Saab, Shadi Saab Certain, se convirtió en el gerente de Golden Sun Trading Colombia S.A.S. Para 2014, fecha de ese negocio, las compañías colombianas de Saab ya exportaban de manera ficticia hacia Venezuela, sociedades por las que más adelante él sería acusado en Colombia de posible lavado de activos, estafa agravada e importación ficticia.

El barranquillero también había firmado ya su primer gran contrato con el gobierno de Maduro para construir casas en Venezuela, proyecto que no completó y que tuvo sobrecostos e irregularidades. Cuestión Pública encontró que Saab usaba compañías suyas controladas por presuntos prestanombres y familiares como Golden Sun Trading para adquirir propiedades en Colombia. En mayo de 2017, esta última sociedad le vendió el apartamento 10 a Promotora Dubera, empresa manejada por Julio Cesar Ruiz Maestre, identificado por la Fiscalía como presunto testaferro del empresario. El apartamento 10 entró en proceso de extinción de dominio desde mayo de 2020, un mes antes de que Saab fuera apresado en Cabo Verde.

La familia Saab también compró el apartamento del piso 12 en el Edificio Bellagio. Las escrituras públicas fueron firmadas el 22 de octubre de 2013 en la Notaría Quinta de Barranquilla. Allí se reunieron Odette David Jalil Nasser (la vendedora), su esposo Aníbal Janna Raad y Amir Luis Saab Morán, quien representaba a la sociedad compradora: Golden Sun Trading. El apartamento, de 460 metros cuadrados, fue adquirido por $1.200 millones. Diana Janna, esposa de Tcherassi, denunció a su hermano Aníbal en octubre de 2022 por presuntamente alterar la contabilidad de las empresas familiares y esconder información a los accionistas.

Este no es el primer escándalo en el que Samuel Tcherassi y sus empresas se ven involucrados. En 2013, Pablo Robledo del Castillo, entonces superintendente de Industria y Comercio, denunció la creación fraudulenta de empresas fachada por parte de empresarios para hacerse con la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla en 2012. Por estas acciones, Tcherassi fue multado por la Superintendencia de Sociedades por $563 millones ese mismo año. Los escándalos familiares de los Janna tampoco terminan con dicha disputa jurídica. Aníbal fue acusado por una expareja sentimental de irrumpir en su vivienda de forma violenta en marzo de 2021 y aparentemente confesar haber instalado cámaras en su recámara y baño sin autorización.