La regulación del comercio electrónico en Estados Unidos: Nuevas políticas y su impacto global

La rápida evolución del comercio electrónico ha llevado a Estados Unidos a reevaluar y ajustar su marco regulatorio. Estas modificaciones tienen un impacto significativo tanto a nivel nacional, afectando a gigantes del sector como Amazon y Wayfair, como a nivel internacional, redefiniendo las reglas del comercio digital y la logística global. Las decisiones judiciales, los acuerdos comerciales y los cambios en la política aduanera están configurando un nuevo panorama para las empresas y los consumidores.

La redefinición de los impuestos en el comercio electrónico

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha tomado una decisión trascendental que revierte una norma que ha explicado en gran parte el éxito de plataformas como Amazon y la desventaja competitiva de las tiendas físicas. La mayor instancia judicial del país se puso del lado del estado de Dakota del Sur en la batalla con el portal de comercio electrónico Wayfair, al reconocerle el derecho para exigirle que recaude los impuestos por las ventas que hace en su territorio, pese a no tener presencia física.

De acuerdo con las reglas que rigen desde hace un cuarto de siglo en Estados Unidos el tratamiento fiscal en el comercio, los portales en línea no están obligados a recaudar los impuestos por las transacciones que se realizan en sus plataformas salvo que tengan una presencia física en el estado donde vive la persona que compra. Esta decisión implica un cambio fundamental.

Amazon y la cadena de hipermercados Walmart ya recaudan impuestos en 45 estados, menos en cinco. Sin embargo, las dos gigantes del comercio electrónico en EE UU siguen una práctica fiscal diferente cuando las compras en su portal tienen que ver con terceras empresas. Hay, además, compañías como Overstock, Newegg y la propia Wayfair que tienen una presencia física mucho menor para que se les aplique la legislación. Eso les daba una ventaja competitiva respecto al comercio tradicional. El Supremo señala que el precedente que implantó en 1992 ya no vale.

Impacto económico de la recaudación de impuestos

El comercio electrónico se está convirtiendo en una fuente de ingresos cada vez mayor para los estados. La Government Accountability Office calcula que el pasado ejercicio pudo haberse recaudado hasta 13.400 millones de dólares adicionales en impuestos si cambia la regulación y se fuerza a todos los clientes a pagar impuestos en las compras electrónicas. Dakota del Sur exige que las empresas con más de 100.000 dólares anuales en ventas paguen impuestos.

El debate puso en evidencia, sin embargo, que la solución no es simple y permitir que un estado recaude impuestos fuera de su territorio puede detonar una oleada de litigios sin fin. En la práctica, están teniendo poco éxito al dar con la vía para recaudar los impuestos que debe pagar el consumidor. En gran medida se debe a la dificultad a la hora de acceder a la información sobre las ventas.

Y luego están los costes derivados del cambio legal, que perjudican a los pequeños negocios frente a las compañías dominantes. Hay 12.000 jurisdicciones en EE UU con tipos diferentes de imposición para un sinfín de productos. La Software & Information Industry Association calcula que establecer todo un sistema para seguir el pago de los impuestos asciende a 250.000 dólares.

En el frente opuesto durante el debate, se posicionaron los miembros que defendieron que se debe dar con una solución que permita preservar la competitividad de las pequeñas tiendas físicas más que preocuparse por las nuevas plataformas que emergen en Internet. Eso significaría favorecer un modelo de negocio. Por este motivo consideraron necesario que se deba requerir a todas las tiendas, físicas o en línea, a que recauden los impuestos.

Las acciones de Amazon cayeron un 1% tras la decisión del Tribunal Supremo mientras que las de Wayfair lo hicieron más de un 3%. Las de eBay se dejaban cerca de un 2%. La cadena Target ganaba un 2%, como JCPenney.

El comercio digital como frontera económica global

Escondidas en los acuerdos comerciales del presidente Donald Trump que formalizan aranceles más elevados sobre bienes procedentes de Asia hay disposiciones para una frontera económica global que EE.UU. quiere mantener libre de proteccionismo: el comercio digital.

En los acuerdos con Malasia y Camboya, y en un acuerdo más preliminar con Tailandia, la Casa Blanca recibió garantías de que ninguno impondrá impuestos a los servicios digitales ni discriminará a los proveedores estadounidenses de comercio electrónico, redes sociales, streaming, almacenamiento en la nube u otros tipos de servicios en línea. Esas actividades cuentan como comercio digital cuando las transacciones cruzan las fronteras nacionales.

Mientras Trump esgrime los aranceles para reequilibrar los déficits estadounidenses en el comercio de mercancías, su impulso a una Internet global libre de aranceles y otros recargos tiene como objetivo garantizar que la mayor economía del mundo siga siendo el principal exportador neto de servicios electrónicos.

"La administración Trump cree que nuestro déficit en el comercio de bienes se ha impuesto injustamente, pero que nuestro superávit en el comercio de servicios se ha ganado justamente y quiere mantener nuestro superávit de servicios, al tiempo que reduce nuestro déficit de bienes", dijo Anupam Chander, profesor de derecho y tecnología en Georgetown Law en Washington. "Podría entender que otros países sintieran que esto es en sí mismo injusto".

El año pasado, las exportaciones mundiales de servicios prestados digitalmente aumentaron a más de US$4,77 billones, un salto de casi el 10% desde 2023 y más del doble del crecimiento del comercio total de bienes y servicios, según las cifras de la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas. Es el segmento de más rápido crecimiento del comercio mundial de bienes y servicios, que alcanzó unos US$33 billones el año pasado.

La inteligencia artificial está sobrealimentando el comercio digital, lo que plantea interrogantes a los funcionarios preocupados por la seguridad nacional, la soberanía de los datos, el abuso de la propiedad intelectual y la protección de la privacidad de los consumidores, a medida que los servicios en línea fluyen sin control a través de las fronteras. Para algunas naciones, supone una pérdida de ingresos públicos, ya que los artículos que antes se enviaban como mercancías, un libro o una película, por ejemplo, ahora se envían digitalmente y quedan fuera del alcance de los aranceles aduaneros tradicionales.

Mientras Trump intenta recablear el sistema comercial mundial, el comercio digital se ha convertido en otro campo de batalla de la fragmentación geopolítica en el que Washington y Pekín se disputan la influencia en África, América Latina y el sur de Asia.

La moratoria de la OMC sobre los derechos de aduana en las transmisiones electrónicas

Las nuevas disposiciones estadounidenses para Malasia, Camboya y Tailandia destacan porque exigen la aceptación a largo plazo de un acuerdo forjado en la OMC que insta a todos los países a abstenerse de poner aranceles a los servicios digitales. Las tres economías del sudeste asiático acordaron apoyar una prórroga permanente del acuerdo de la OMC conocido como “moratoria de los derechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas”.

Aparte de esa iniciativa y de otra destinada a proteger la pesca, Washington ha abandonado la OMC, el árbitro del sistema comercial basado en normas durante los últimos 30 años, en favor del enfoque unilateral de Trump con los llamados aranceles recíprocos.

La moratoria de la OMC se ha prorrogado por consenso cada dos años desde 1998, la última vez en 2024, cuando sólo se aprobó en un acuerdo de última hora frenado por las objeciones de India. Se presenta de nuevo para su renovación de cara a la reunión ministerial de la organización con sede en Ginebra, que se celebrará en marzo de 2026 en Camerún.

"Los compromisos de los acuerdos de EE.UU. para facilitar la libre circulación de datos son absolutamente bienvenidos, sobre todo si los comparamos con la tendencia a los requisitos de localización que hemos visto en los últimos años", afirmó Andrew Wilson, vicesecretario general de políticas de la Cámara de Comercio Internacional. "Aunque el progreso país por país es valioso, el objetivo final debería ser anclar estas normas en un nuevo acuerdo internacional".

El acuerdo de Malasia con Trump incluía la concesión adicional de que se abstendrá de “exigir a las plataformas estadounidenses de medios sociales y a los proveedores de servicios en la nube que paguen al fondo nacional de Malasia”.

Los últimos pactos digitales de EE.UU., además de uno preliminar con Vietnam que contiene una vaga promesa de finalizar los compromisos de servicios digitales, siguen a un marco que EE.UU. anunció en julio con Indonesia, cuya agencia aduanera había añadido preventivamente una línea para servicios digitales en su lista arancelaria armonizada, o HTS. Ese acuerdo especificaba que “Indonesia se ha comprometido a eliminar las líneas arancelarias HTS existentes sobre ‘productos intangibles’ y a suspender los requisitos relacionados en las declaraciones de importación”, según el documento de la Casa Blanca.

Bajo el mandato de Trump, el impulso estadounidense a una prórroga permanente tendrá que abordar las preocupaciones de Brasil e India, que se han enfrentado a algunos de los aranceles estadounidenses más elevados. En el pasado, ambos han querido preservar la opción de recaudar ingresos de las empresas tecnológicas extranjeras y proteger a las empresas nacionales de comercio electrónico. Mantener la prórroga de la moratoria también les dio influencia en otras áreas del comercio.

"Esa prórroga parecía muy inestable tras la última conferencia ministerial", dijo Simon Evenett, profesor de geopolítica y estrategia en la Escuela de Negocios IMD de St. Gallen, Suiza.

Aún así, dijo, mientras EE.UU. utiliza su influencia para presionar a favor de una prórroga permanente de la moratoria, “es demasiado pronto para decir que esto representa un nuevo compromiso de base amplia de la OMC, es más probable que se trate de un compromiso selectivo en un tema crítico para la gran tecnología estadounidense”.

Las disposiciones sobre servicios digitales forman parte de la mayoría de los acuerdos comerciales modernos, aunque Estados Unidos y la Unión Europea tienen puntos de vista diferentes sobre la necesidad de apertura. Los funcionarios de Bruselas quieren salvaguardias contra los comportamientos anticompetitivos y protecciones más estrictas de la privacidad de los datos, una supervisión que los funcionarios estadounidenses consideran un exceso de regulación. Algunos países europeos han molestado a Washington al imponer impuestos a los servicios digitales, considerando tales medidas como política fiscal interna que queda fuera del ámbito de las conversaciones comerciales. Los legisladores franceses votaron a principios de esta semana a favor de duplicar un impuesto a las grandes empresas tecnológicas, arriesgándose a una reacción violenta de Trump.

El marco comercial entre EE.UU. y la UE, fechado el 21 de agosto, señalaba que ambas partes “se comprometen a abordar las barreras comerciales digitales injustificadas” y buscarán juntas una moratoria permanente de la OMC para el comercio electrónico.

Martina Ferracane, profesora asociada de comercio digital internacional en la Universidad británica de Teesside, dijo que es más probable otra prórroga temporal que una permanente porque la administración estadounidense ha “debilitado su credibilidad” para liderar un consenso global sobre el tema. Citó la promesa de Trump de poner aranceles del 100% a las películas fabricadas fuera de EE.UU.

Fin de la exención aduanera para envíos de bajo valor

A partir del 29 de agosto, los envíos internacionales de bajo valor que ingresen a Estados Unidos perderán su exención aduanera y deberán ser procesados como cualquier otra importación. La decisión de forzar a todos los envíos a pasar por el canal aduanero formal no solo modifica las reglas del comercio exterior, sino que también redefine los esquemas logísticos que lo sostienen.

El impacto de esta medida ya genera reacciones en los sectores del comercio electrónico, el transporte internacional y los operadores logísticos globales. La suspensión de este beneficio -que hasta ahora facilitaba el ingreso de millones de paquetes diarios, especialmente desde Asia- obligará a reconfigurar los flujos transfronterizos. Las empresas que operaban bajo el modelo de despacho directo desde el exterior al consumidor final deberán reorganizar sus estrategias, concentrar inventarios en territorio estadounidense y recurrir a centros de distribución locales para cumplir con la demanda interna.

Consecuencias para la logística y el comercio internacional

Durante años, el régimen de “minimis” funcionó como un atajo logístico para el comercio electrónico global. Al eximir de aranceles a los envíos de menor valor, permitía despachos expeditivos, sin retención aduanera ni intervención de brokers. Esta agilidad fue clave para el crecimiento de plataformas digitales y pequeños comercios que operaban sin infraestructura física en Estados Unidos, utilizando operadores postales y redes de carga aérea para abastecer directamente al consumidor.

Con el nuevo esquema, todos los paquetes -sin importar su valor o país de origen- deberán contar con una declaración aduanera formal, pagar aranceles e impuestos, y ser procesados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El cambio genera preocupación entre las aerolíneas de carga y operadores postales internacionales, muchos de los cuales ya han reducido o cancelado sus envíos a EEUU por la imposibilidad de asumir la responsabilidad de recaudar y transferir los aranceles correspondientes.

La nueva política representa una transformación logística estructural. La opción de enviar pedidos individuales desde el extranjero pierde competitividad frente a modelos basados en el despacho a granel, almacenamiento dentro del país y distribución interna. Esto anticipa un incremento en la demanda de centros logísticos, servicios de almacenamiento y transporte terrestre en territorio estadounidense.

Los proveedores logísticos con sede en EEUU podrían verse beneficiados en esta transición, al captar una porción creciente de operaciones que antes eran manejadas por redes extranjeras. Para las empresas extranjeras que venden a consumidores estadounidenses, el desafío será rediseñar su logística para cumplir con las exigencias aduaneras sin afectar tiempos ni costos.

Hasta ahora, la CBP procesaba más de 4 millones de paquetes diarios bajo el régimen de “minimis”. Con la eliminación de ese canal, el volumen de trámites formales se multiplicará, elevando la carga operativa y demandando una mayor capacidad de control, fiscalización y gestión documental. La medida podría derivar en demoras, congestión operativa y mayor presión sobre los sistemas logísticos ya tensados por las campañas arancelarias vigentes.

Frente a este escenario, el gobierno estadounidense habilitó una tarifa plana temporal de entre 80 y 200 dólares por artículo -vigente por seis meses- como alternativa para quienes aún no hayan adaptado sus procesos. No obstante, expertos advierten que esta transición generará disrupciones inmediatas y requerirá inversiones logísticas significativas por parte de los actores involucrados.

La eliminación del minimis se enmarca en una política comercial más amplia, orientada a reducir el déficit de la balanza comercial estadounidense mediante la aplicación de aranceles generalizados. En las últimas semanas, se anunciaron acuerdos con distintos países para establecer tarifas del 10% al 15% sobre sus exportaciones, con amenazas de elevar aún más esos valores si no se alcanzan consensos bilaterales.

En este contexto, la decisión de forzar a todos los envíos a pasar por el canal aduanero formal no solo modifica las reglas del comercio exterior, sino que también redefine los esquemas logísticos que lo sostienen. La empresa estatal Correos ha anunciado la interrupción del servicio de envío de paquetes de escaso valor hacia EEUU por parte de empresas. Estados Unidos ha puesto en marcha un periodo transitorio de seis meses en el que es posible optar a una tarifa plana por envío postal de entre 80 dólares y 200 dólares en lugar del arancel correspondiente al país de origen. En mayo, Trump ya había cancelado la exención fiscal para los envíos llegados desde China y Hong Kong, si bien ahora la extiende a los paquetes llegados desde cualquier país del mundo. Se estima que en 2024, hasta 1.400 millones de paquetes habrán entrado a Estados Unidos acogiéndose a la excepción fiscal de la ley de minimis. La medida estadounidense podría tener rápidamente sus reflejos en mercados como la Unión Europea o Reino Unido.