La Naturaleza Jurídica del Comercio Electrónico: Un Análisis Exhaustivo en el Marco Español

El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, transformándose en una herramienta fundamental para empresas y consumidores. Las cifras no mienten: la facturación del comercio electrónico en España no para de crecer trimestre a trimestre. Por un lado, la posibilidad de realizar transacciones comerciales en línea ha llevado a una mayor comodidad y accesibilidad para los consumidores, así como a nuevas oportunidades para las empresas. Sin embargo, este entorno digital presenta desafíos únicos desde el punto de vista legal, haciendo indispensable un profundo conocimiento de su naturaleza jurídica.

Dejando a salvo ciertas particularidades que se producen precisamente por la utilización de un entorno tecnológico determinado, lo cierto es que la persona consumidora, en ningún caso, puede esperar, y recibir, una protección menor de lo que le dispensa la normativa vigente en las formas de comercio tradicionales. El cumplimiento adecuado de estas leyes no solo te permitirá operar legalmente y evitar sanciones, sino que también contribuirá a ganarse la confianza de tus clientes.

Marco Normativo del Comercio Electrónico en España y la Unión Europea

El comercio electrónico, canalizado a través de las nuevas vías de comunicación surgidas en el contexto de la Sociedad de la Información, está profundamente regulado para proteger tanto a los consumidores como a los prestadores de servicios.

La Directiva 2000/31/CE y su Incorporación al Derecho Español

La Directiva 2000/31/CE, de 8 de junio de 2000, del Parlamento y del Consejo, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior, es el marco jurídico fundamental para los servicios en línea en la UE. Así lo determina esta Directiva cuando declara aplicables todas las Directivas vigentes en materia de protección de personas consumidoras. La cláusula del mercado interior es un principio clave de la Directiva sobre el comercio electrónico.

La presente Ley tiene como objeto la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).

Lo que la Directiva 2000/31/CE denomina "sociedad de la información" viene determinado por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio de todo tipo de información. Se acoge, en la Ley, un concepto amplio de "servicios de la sociedad de la información", que engloba, además de la contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio (como el que efectúan los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos de vídeo o audio...), siempre que represente una actividad económica para el prestador.

Si bien la Directiva sobre el comercio electrónico sigue siendo la piedra angular de la regulación digital, mucho ha cambiado desde su adopción hace 20 años.

Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI)

Uno de los aspectos legales de un E-commerce que consideramos esenciales es la información que se ofrece. A la hora de hablar de los servicios que se ofrecen online, destacamos la Ley 34/2002 de Servicios de Comercio Electrónico y de la Sociedad de la Información (LSSI). En un primer lugar, encontramos la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (LSSICE) cuya finalidad tal y como se establece en su artículo primero, es la de regular el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información.

Desde un punto de vista subjetivo, la Ley se aplica, con carácter general, a los prestadores de servicios establecidos en España. Por "establecimiento" se entiende el lugar desde el que se dirige y gestiona una actividad económica, definición esta que se inspira en el concepto de domicilio fiscal recogido en las normas tributarias españolas y que resulta compatible con la noción material de establecimiento predicada por el Derecho comunitario. El lugar de establecimiento del prestador de servicios es un elemento esencial en la Ley, porque de él depende el ámbito de aplicación no sólo de esta Ley, sino de todas las demás disposiciones del ordenamiento español que les sean de aplicación, en función de la actividad que desarrollen.

La LSSI obliga a que la empresa ofrezca al destinatario la información relevante del servicio o bien que contrata. Debe contener la información general. La función es informar a los usuarios de la web sobre los datos que se recopilan. Es importante que se informe antes de iniciar el procedimiento de contratación. Quedan por tanto resueltas las dudas respecto a la utilización de uno u otro servidor: el hecho de que el servidor del negocio esté situado en otro país no implica que no se aplique la Ley del Comercio Electrónico en España.

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)

Para valorar los aspectos legales un E-commerce hay que conocer las normas relacionadas con el comercio electrónico y la protección de datos. En la actualidad, la legislación aplicable en esta materia a nivel europeo es el Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales. Es conocido como “GDPR” o “RGPD”. Y por último y en relación con el anterior Reglamento, se encuentra la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantías de derechos digitales (LOPDGDD).

El tratamiento que se hace con nuestros datos en el comercio electrónico es un tema fundamental. Esta normativa obliga a los responsables del tratamiento de datos (las empresas) a informar a los interesados de la finalidad del tratamiento de sus datos, a tratarlos con una base jurídica que legitime el tratamiento y a tomar las medidas organizativas y técnicas adecuadas para proteger los datos personales que trata, entre otras. Tras la entrada en vigor del RGPD el 25 de mayo de 2018, se requiere que el Consentimiento que otorgan los usuarios se realice de manera expresa, por ello, será necesario obtener dicho consentimiento con la finalidad de poder realizar un tratamiento de datos de los usuarios para los casos en los que se vaya a realizar una actividad que esté más allá de la mera prestación de sus servicios. Solo cuando los usuarios lo han solicitado o autorizado de forma expresa previamente al envío.

Por último, será necesario en el caso de tener conocimiento de una brecha de seguridad, considerando por brecha de seguridad a todo incidente de seguridad que ocasione la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de los datos personales tratados, conforme a lo establecido en el artículo 33 del RGPD, se deberá notificar tan pronto como el responsable del tratamiento tenga conocimiento de que se ha producido una brecha de datos personales y en su caso se deberá notificar a la AEPD, en un plazo máximo de 72 horas.

Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU)

Además, encontramos el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de La Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), que protege a los consumidores y afecta al eCommerce en todos los países miembros de la Unión Europea. Además, habrá que tener en cuenta la novedades en 2022 que nos trae el nuevo Real-Decreto 7/2021 de 27 de abril de 2021, mediante el cual se introducen las nuevas normas en cuanto al derecho de garantía, reparaciones de productos y condiciones de prestación de servicios con contenidos digitales.

Otras normativas aplicables

Todo proyecto de comercio electrónico debe de hacer un estudio pormenorizado del marco legal de aplicación. La normativa que afecta de manera transversal a todos los negocios online es la siguiente:

• Protección de datos, en concreto, el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos y garantías de derechos digitales.
• LSSI. Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.
• Ley de consumidores y usuarios, que regula de forma muy estricta la venta online a clientes finales.
• Y la normativa de Propiedad intelectual e industrial.

La legislación aplicable varía en función del potencial destinatario de la oferta relacionada. Siempre que las actividades de comercio electrónico se dirijan a los consumidores, es necesario cumplir norma anterior. Las ofertas de venta a distancia deben contener información específica sobre la identidad del vendedor y condiciones del contrato.

Derechos del Consumidor en el Comercio Electrónico

La ley establece, asimismo, las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios que realicen actividades de intermediación como las de transmisión, copia, alojamiento y localización de datos en la red. En general, éstas imponen a dichos prestadores un deber de colaboración para impedir que determinados servicios o contenidos ilícitos se sigan divulgando. Destaca, por otra parte, en la Ley, su afán por proteger los intereses de los destinatarios de servicios, de forma que éstos puedan gozar de garantías suficientes a la hora de contratar un servicio o bien por Internet.

Con esta finalidad, la Ley impone a los prestadores de servicios la obligación de facilitar el acceso a sus datos de identificación a cuantos visiten su sitio en Internet; la de informar a los destinatarios sobre los precios que apliquen a sus servicios y la de permitir a éstos visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta, en su caso, el contrato.

Información Obligatoria del Vendedor

Los consumidores tienen derecho a conocer la denominación social de la empresa, incluyendo el número de Identificación Fiscal (NIF), domicilio y correo electrónico. Es decir, la empresa debe proporcionar datos que faciliten una comunicación directa y efectiva, como el número telefónico o fax. La Directiva establece requisitos básicos sobre la información obligatoria al consumidor, los pasos a seguir en la contratación en línea y las normas sobre comunicaciones comerciales.

Condiciones de Venta Transparentes

Los consumidores tienen derecho a conocer de forma transparente y clara las condiciones de venta. Los contratos celebrados por vía electrónica producen todos los efectos previstos en el ordenamiento jurídico. Por ello, es necesario que concurra el consentimiento del contratante. El consentimiento debe ser expreso y positivo.

Derecho de Desistimiento y Devolución

Es importante reconocer los riesgos que pueden derivarse de esta actividad, así como los derechos que deben ser reconocidos para los ciudadanos. La política de compra y/o de contratación de servicios debe incluir detalles sobre el método de envío, plazos, desistimiento y forma de devolución.

Aspectos Legales Clave para un E-commerce

Para vender productos o servicios en internet hay que tener en cuenta los aspectos legales de un E-commerce. Son muchas las cuestiones jurídicas a tener en cuenta cuando se emprende un negocio digital. La crisis provocada por el Covid-19 ha obligado a las empresas a prestar sus servicios o vender sus productos online. Al igual que la venta tradicional la venta online debe cumplir con unos requisitos legales. Vender productos y servicios por Internet, conlleva la obligación de cumplir con una serie de requisitos legales y obligaciones distintas de las que tienen las tiendas físicas.

Forma Jurídica del Negocio

El primer paso es estudiar el método de operar. Puede ser como autónomo o como sociedad (limitada, anónima…). En este sentido, debemos decidir si constituir una sociedad mercantil o por otro lado darnos de alta como autónomos.

Textos Legales Obligatorios en el E-commerce

Los eCommerce deben tener en cuenta cómo implementan en sus sitios web los anteriores textos legales y cómo tratan las bases de datos de sus usuarios. Legitec, para dar respuesta al cumplimiento de esta normativas, presta un servicio jurídico de adecuación legal de comercio electrónico, ayudando en la redacción y diseño de las siguientes políticas y textos legales:

• Política de Privacidad: Es la función de informar a los usuarios de la web sobre los datos que se recopilan y cómo se utilizan.
• Aviso Legal: Proporciona la información de identificación del prestador del servicio.
• Redacción de condiciones de compra y/o de contratación de servicios (método de envío, plazos, desistimiento, forma de devolución…) y el documento para desistir.
• Política de 'Cookies': en la que se deberá incluir información sobre los tipos de cookies, qué son las cookies, cómo se utilizas y como deshabilitarles. Utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Lo hacemos para mejorar la experiencia de navegación y para mostrar anuncios (no) personalizados. El consentimiento a estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o los ID's únicos en este sitio. El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza exclusivamente con fines estadísticos anónimos.

Protección de la Propiedad Intelectual

La protección jurídica de los derechos de autor es crucial en el comercio electrónico. Los contenidos digitales protegidos por derechos de propiedad intelectual (autoría, marcas, derechos de imagen, etc.) constituyen el verdadero valor añadido de Internet. Por otro lado, los contenidos de las páginas webs gozarán de la protección correspondiente a la categoría específica del contenido (gráficos, música, etc.).

Registro del Nombre de Dominio

El registro del nombre de dominio es una tarea dentro los aspectos legales de un E-commerce que deberíamos considerar al inicio. La importancia radica en dar un primer nivel de protección a nuestra marca y negocio.

Responsabilidades de los Prestadores de Servicios de Intermediación

La Ley establece, asimismo, las obligaciones y responsabilidades de los prestadores de servicios que realicen actividades de intermediación como las de transmisión, copia, alojamiento y localización de datos en la red. La Directiva exime a los intermediarios de responsabilidad por los contenidos que gestionan si cumplen determinadas condiciones. Los proveedores de servicios que alojan ilegalmente necesitan eliminarlo o deshabilitar el acceso a él lo más rápido posible una vez que son conscientes de la naturaleza ilegal del mismo.

En general, éstas imponen a dichos prestadores un deber de colaboración para impedir que determinados servicios o contenidos ilícitos se sigan divulgando.

Resolución de Conflictos y Sanciones

Por su sencillez, rapidez y comodidad para los usuarios, se potencia igualmente el recurso al arbitraje y a los procedimientos alternativos de resolución de conflictos que puedan crearse mediante códigos de conducta, para dirimir las disputas que puedan surgir en la contratación electrónica y en el uso de los demás servicios de la sociedad de la información. De conformidad con lo dispuesto en las Directivas 2000/31/CE y 98/27/CE, se regula la acción de cesación que podrá ejercitarse para hacer cesar la realización de conductas contrarias a la presente Ley que vulneren los intereses de los consumidores y usuarios. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura.

Solo se permite restringir la libre prestación en España de servicios de la sociedad de la información procedentes de otros países pertenecientes al Espacio Económico Europeo en los supuestos previstos en la Directiva 2000/31/CE, que consisten en la producción de un daño o peligro graves contra ciertos valores fundamentales como el orden público, la salud pública o la protección de los menores.

En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran.