Liderazgo Digital en el Ministerio: Impulsando la Transformación en España

El liderazgo digital en el ministerio se enfoca en la implementación de políticas y estrategias que promuevan la digitalización de la sociedad y la economía, garantizando la protección de los derechos ciudadanos en el ámbito digital. Este esfuerzo se enmarca en un contexto de rápida evolución tecnológica y busca posicionar a España como un referente en transformación digital.

Prioridades y Retos en la Transformación Digital

La transformación digital es un pilar fundamental para el crecimiento económico y la competitividad de España. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha destacado el papel crucial de entidades como DigitalES en este proceso, agradeciendo su colaboración y presión constructiva hacia la Administración. López ha señalado: “Es un gusto tener un sector tan vivo y tan fuerte. Sois parte del éxito de que España crezca el doble de la OCDE y cuatro veces más que la media europea”.

Entre las prioridades del sector en el ámbito regulatorio, se encuentran:

• La implementación y desarrollo de la Ley de Servicios Digitales (DSA).
• La generación y protección de derechos de contenidos mediante Inteligencia Artificial (Copyright IA).
• La anunciada ley de ciberseguridad para la transposición de la directiva NIS2.
• A nivel europeo, la Ley de Redes Digitales (DNA), considerada fundamental para revitalizar la competitividad.

Además de los desafíos normativos, se aborda la brecha de talento y empleo en el sector tecnológico, un aspecto vital para el desarrollo de la economía digital.

Óscar López, Ministro de Transformación Digital.

Estructura del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

El Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, modificado por el Real Decreto 1230/2023, de 29 de diciembre, estableció el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Este Ministerio cuenta con tres órganos superiores clave:

• La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
• La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
• La Secretaría de Estado de Función Pública.

Estas secretarías desempeñan un papel fundamental en la ejecución de las políticas públicas y el impulso de la agenda digital del país.

Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

Bajo la dirección del titular del Ministerio, esta Secretaría de Estado impulsa la digitalización de la sociedad y la economía, garantizando que los derechos individuales y colectivos del mundo analógico se respeten en el ámbito digital. También es su competencia la ordenación y el impulso de los servicios de comunicación audiovisual. La gestión de los procedimientos de solicitud e instrucción para la concesión de subvenciones y ayudas es otra de sus funciones.

Para continuar profundizando en las transformaciones propuestas, la nueva Dirección General de Ordenación de los Servicios de Digitalización y de Comunicación Audiovisual aglutinará la ordenación de estos servicios y desarrollará las actuaciones necesarias para una transformación digital exitosa, garantizando los derechos de la ciudadanía e impulsando el emprendimiento y la generación de talento.

Dirección General de Inteligencia Artificial

La Dirección General de Inteligencia Artificial enfoca sus competencias en el desarrollo normativo, aspectos éticos y regulación de la IA. Asimismo, se encarga del seguimiento y coordinación de la implantación de la normativa, el fomento de programas para la adopción de la IA en los sectores productivos y la generación de espacios de debate con la ciudadanía sobre el despliegue e impacto de esta tecnología.

La inteligencia artificial es un eje central en la transformación digital.

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales

Esta Secretaría de Estado impulsa el sector de las telecomunicaciones y el despliegue de infraestructuras y servicios para garantizar la conectividad de ciudadanos y empresas, fomentando la productividad y el crecimiento económico. Sus funciones incluyen el fomento y la regulación del sector, la interlocución con profesionales, industrias y académicos, y la coordinación interministerial y con otras Administraciones Públicas.

De ella dependen la Subdirección General de Coordinación y Ejecución de Programas, que gestiona las actuaciones de los Programas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y la Subdirección General de Seguridad Digital, que incluye la División de Seguridad de las Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la División de Ciberseguridad para la Transformación Digital. Las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones también dependen de la Secretaría General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital.

Ciberseguridad en Redes y Servicios

La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, obliga a los operadores a gestionar adecuadamente los riesgos de seguridad para garantizar un nivel óptimo de protección y minimizar el impacto de incidentes. La normativa reguladora de la ciberseguridad en redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación (5G) se rige por el Real Decreto-ley 7/2022 y el Real Decreto 443/2024, que aprueba el Esquema Nacional de Seguridad de redes y servicios 5G.

La ciberseguridad es vital para la protección de redes y datos.

Dirección General del Dato

La Dirección General del Dato tiene como misión fomentar el uso de datos por parte de las Administraciones Públicas, empresas y ciudadanos, así como la compartición en espacios de datos interoperables. Contribuye al desarrollo del mercado único digital para Europa, en coordinación con los departamentos ministeriales sectoriales competentes y en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales.

Principios de Buena Regulación

El real decreto se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esto implica cumplir con los principios de necesidad y eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La norma se considera necesaria y adecuada para servir al interés general, no impone medidas restrictivas de derechos ni obligaciones a ciudadanos o empresas, es coherente con el ordenamiento jurídico y asigna los recursos públicos de manera eficiente.

Tabla de Prioridades Regulatorias y Retos