Ley Reguladora del Crowdfunding en España: Un Marco para la Financiación Participativa

En un entorno donde la digitalización y la innovación marcan la diferencia, las empresas, especialmente startups y pymes, buscan formas alternativas de financiar su crecimiento. La financiación participativa, también conocida como crowdfunding, se ha convertido en una solución atractiva y accesible, conectando a emprendedores con inversores a través de plataformas online.

Sin embargo, detrás de este modelo colaborativo y digital, existe un marco regulatorio exigente que garantiza la transparencia y la protección tanto de empresas como de inversores.

¿Qué es la Financiación Participativa o Crowdfunding?

La financiación participativa permite a las empresas captar capital de múltiples inversores a través de plataformas digitales. Estos inversores, dependiendo del modelo, pueden recibir intereses a cambio de préstamos (crowdlending) o participaciones en la empresa que oferta el proyecto (crowdequity). Este modelo se ha popularizado por su agilidad, alcance y por facilitar el acceso al capital a empresas con una metodología distinta.

El crowdfunding, o "financiación en masa", ha emergido como un medio de financiación alternativo, especialmente para nuevos proyectos empresariales y startups. En los últimos años, el crowdfunding en España ha ganado popularidad como una forma innovadora y accesible de financiar proyectos diversos, incluyendo iniciativas empresariales, culturales, sociales y de inversión inmobiliaria.

En España, el crowdfunding se ha desarrollado principalmente a través de plataformas en línea que conectan a los promotores de proyectos con potenciales inversores.

Para operar legalmente, es imprescindible contar con una figura clave, el Proveedor de Servicios de Financiación Participativa (PSFP). Esta entidad actúa como intermediaria entre promotores (las empresas que buscan financiación para sus proyectos) e inversores, gestionando la plataforma bajo un marco legal claramente definido.

Tipos de Crowdfunding en España

Existen diferentes modelos de crowdfunding en España, cada uno con sus propias características y regulaciones:

• Crowdfunding de Recompensa: Los inversores reciben recompensas no financieras a cambio de su inversión. Los inversores reciben una recompensa simbólica o producto a cambio de su contribución. Este tipo de crowdfunding está regulado por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
• Crowdfunding de Préstamo (Crowdlending): Los inversores prestan dinero a los promotores de proyectos a cambio de un retorno financiero en forma de intereses.
• Crowdfunding de Inversión (Equity Crowdfunding): Los inversores reciben participaciones en el capital de la empresa a cambio de su inversión. Los inversores adquieren participaciones en la empresa o proyecto financiado. Este tipo de crowdfunding está regulado por la Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial.
• Crowdfunding de Donación: Los inversores no reciben ninguna recompensa financiera a cambio de su contribución, sino que lo hacen por motivos altruistas o solidarios.

Marco Legal del Crowdfunding en España

La regulación del crowdfunding en España se ha establecido para fomentar la financiación empresarial a través de estas plataformas, al mismo tiempo que protege a los inversores y promueve la transparencia en este tipo de financiación.

En España, la regulación de la figura del crowdfunding se basa en la Ley 5/2015 y el Reglamento (UE) 2020/1503, estableciendo una serie de condiciones en lo que se conoce como financiación participativa empresarial.

Como consecuencia del periodo de crisis financiera vivido en España y del impacto de la crisis en la financiación del entramado empresarial, el legislador a través de este Proyecto de Ley busca fortalecer las fuentes de financiación de las empresas. El objetivo de este proyecto es: (i) hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las Pymes, y (ii) regular métodos de financiación más novedosos como la financiación directa a un proyecto por una diversidad de inversores, y a través de las plataformas tecnológicas, sin la participación de las tradicionales entidades bancarias.

Regulación a Nivel Europeo

Desde noviembre de 2021, todas las plataformas de crowdfunding que operan en la Unión Europea deben cumplir con el Reglamento (UE) 2020/1503, que establece normas comunes para todo el territorio comunitario. El objetivo es claro, proteger al inversor y fomentar la confianza en este sistema de financiación alternativa. Este reglamento se aplica a los servicios que facilitan préstamos o inversiones en empresas a través de plataformas digitales, con límites de financiación por proyecto fijados en 5 millones de euros en un periodo de 12 meses.

La nueva Ley Crea y Crece adapta la legislación española en este ámbito, en consonancia con el Reglamento 2020/1503. Esta norma unificó la regulación a nivel europeo, de manera que las plataformas de financiación participativa autorizadas y supervisadas de acuerdo con el Reglamento pueden prestar sus servicios libremente en toda la Unión Europea.

Las plataformas autorizadas obtienen un pasaporte europeo que les permite ofrecer sus servicios en todo el territorio comunitario. Sin embargo, aquellas plataformas no armonizadas, por prestar servicios a promotores que sean consumidores, o cuyas ofertas de financiación participativa sean superiores a 5 millones de euros en un plazo de 12 meses, no disfrutarán de este “pasaporte europeo” y deberán desarrollar su actividad conforme a la Ley española, aunque la misma hace remisión también en este punto a las obligaciones establecidas en el Reglamento.

Es preciso tener en cuenta que el período transitorio, establecido por el Reglamento para el cumplimiento de la normativa europea por parte de los proveedores de servicios de crowdfunding -que ya hayan sido autorizados- y operan según la normativa nacional, ha sido extendido por la Comisión Europea, hasta el 10 de noviembre de 2023, o hasta que se les conceda la autorización si ya la hubieran solicitado. La justificación de esta extensión es evitar el colapso del sector europeo de plataformas de financiación participativa, pues es necesario que modifiquen significativamente sus disposiciones operativas y de gobernanza actuales.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece, las plataformas que presten servicios en España deberán cumplir ya con la normativa del Reglamento Europeo, y en concreto con algunas de las principales obligaciones que el mismo impone para la prestación de este tipo de servicios.

Regulación a Nivel Nacional: Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial

En España, además del Reglamento europeo, también encontramos normativa nacional como la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. Esta ley regula las plataformas de financiación participativa, que suponen una alternativa a la financiación bancaria, siendo intermediarias en la captación de capital por parte de empresas a través de un sistema de servicios de la información accesibles por internet.

Lo realmente novedoso del Proyecto de Ley es que, por primera vez en España, se intenta establecer un marco regulatorio, a una realidad cada vez más creciente y muy ligada a las nuevas tecnologías, como es la financiación de proyectos a través de plataformas de financiación participativa.

La regulación de la figura del crowdfunding en la legislación española y comunitaria con la ley 5/2015 y el reglamento (UE) 2020/1503 establece una serie de condiciones en lo que se conoce como financiación participativa empresarial. La necesidad de obtención de fondos y la inversión para obtener un beneficio son los puntos de partida de la normativa. Junto a ello, y teniendo en cuenta las TICs (tecnologías de la información y comunicación) se plantean diversos aspectos referentes a la protección de datos en la actividad del crowdfunding.

El Proyecto de Ley, por un lado, regula el régimen jurídico y autorizaciones de las autoridades administrativas (CNMV y Banco de España) para establecer las plataformas, y por otro lado, busca proteger al inversor en esta actividad intrínsecamente arriesgada en la que no se garantiza la solvencia o viabilidad del promotor del Proyecto.

Proveedores de Servicios de Financiación Participativa (PSFP)

Las plataformas de financiación participativa deben estar autorizadas y registradas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este organismo vela por salvaguardar la neutralidad de las plataformas en su labor de intermediación entre los receptores de fondos y sus inversores. Su regulación se encuentra a caballo entre los mercados cotizados y la financiación bancaria.

Requisitos para los PSFP

Los PSFP deben cumplir con una serie de obligaciones técnicas, organizativas y legales que son esenciales para operar con transparencia y legalidad. Entre ellas destacan:

• Autorización formal: toda plataforma debe estar autorizada por la autoridad competente (en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores), que evalúa la idoneidad del equipo gestor y la viabilidad del modelo de negocio.
• Gobernanza interna robusta: se exige una estructura organizativa clara, con funciones de cumplimiento, auditoría y gestión de riesgos bien definidas.
• Gestión de conflictos de interés: no se permite aceptar como promotores de proyectos a personas que estén directamente relacionadas con el PSFP. Y si alguna de estas personas actúa como inversor en algún proyecto deberá comunicarse a todos los inversores en un apartado o tablón de anuncios en la plataforma digital. El objetivo es evitar que la PSFP beneficie a sus propios proyectos.
• Transparencia informativa: las plataformas deben publicar información clara y actualizada sobre los proyectos, condiciones de inversión, comisiones y riesgos. Se exige una ficha de datos fundamentales de la inversión.
• Protocolo de reclamaciones y gestión de quejas: Debe establecerse un sistema eficaz para atender cualquier incidencia del cliente.
• Plan de continuidad operativa: Las plataformas deben estar preparadas para seguir funcionando o cerrar ordenadamente en caso de crisis o cese de actividad.
• Posibilidad de realizar una gestión individualizada de las carteras de préstamo: Si bien las plataformas tienen expresamente prohibido prestar asesoramiento financiero, así como la utilización de fondos sin autorización, sí que podrán, a partir de ahora, invertir en nombre de los inversores en base a un mandato que deberá recoger las características del servicios e inversiones a realizar.
• Tablón de anuncios: Las plataformas pueden crear un tablón de anuncios en el que sus inversores muestren su interés en la adquisición de valores, préstamos u otros instrumentos negociados en la plataforma. Esta herramienta no podrá utilizarse para combinar los intereses de compra y de venta de un modo que desemboque en la conclusión de un contrato en relación con tales anuncios. En caso de proponerse un precio para la operación deberá realizarse de manera no vinculante y transparente.

Como podemos observar, existen una serie de requisitos especialmente estrictos en un sector tan sensible como el financiero, donde la confianza es uno de los activos más valiosos.

Protección del Inversor

Uno de los pilares de la regulación del crowdfunding es la protección del inversor, dada la naturaleza de riesgo inherente a este tipo de financiación.

Tipos de Inversores y Límites de Inversión

El proyecto diferencia dos tipos de inversores:

• Inversores cualificados: Con una renta de al menos 50.000 euros al año y un patrimonio de inversiones financieras de al menos 100.000 euros.
• Inversores no cualificados (minoristas): A los que se establecen una serie de limitaciones sobre cuánto pueden invertir, con un máximo de 10.000 euros y un mínimo de 3.000 euros. Se establece un límite único de inversión individual por proyecto para inversores minoristas, que se fija como el más alto entre una cantidad de 1.000€ o el 5% de la riqueza (sin incluir propiedades inmobiliarias y fondos de pensiones). A los inversores minoristas no se les impide invertir por encima del límite, pero de querer hacerlo, recibirán una advertencia de riesgo y tendrán que dar su consentimiento expreso al proveedor de servicios de financiación participativa.

Medidas de Protección

Entre las medidas que se quieren adoptar, el Proyecto de Ley establece el tipo de información que se debe poner a disposición del inversor y concreta unos límites de inversión dependiendo si se trata de un inversor acreditado o no, en función de su patrimonio o renta. El Proyecto también hace hincapié en dar transparencia a los posibles conflictos de interés que puedan surgir en el desempeño de esta actividad.

• Evaluación del conocimiento del inversor: Se debe aplicar un test que ayude a los inversores no profesionales a comprender los riesgos de sus decisiones.
• Simulación de la capacidad de soportar pérdidas: Calculada como el 10% de su patrimonio neto.
• Periodo de reflexión de 4 días: Cualquier inversor minorista tiene derecho a desistir de su inversión sin penalización en ese plazo. Posibilidad del inversor no experimentado de revocar la oferta durante el período de reflexión precontractual de 4 días naturales fijados desde la fecha de la oferta de inversión o la expresión del inversor no experimentado.
• Ofertas de financiación participativa vinculantes: Las ofertas de financiación participativa seguirán siendo vinculantes para el promotor del proyecto a partir del momento en que la oferta de financiación participativa figure en la plataforma de financiación y hasta su fecha de expiración o cumplimiento del objetivo de financiación.
• Regulación de posibles conflictos de intereses: Estableciendo ciertos requisitos con respecto a los proveedores de servicios de financiación participativa, sus socios y sus administradores y empleados, o cualquier persona física o jurídica estrechamente vinculada a ellos por una relación de control.

Las Agrupaciones de Inversores

Finalmente, la principal novedad, al margen de la adaptación de la normativa europea, es la creación de las agrupaciones de inversores. De esta forma, se permite agrupar a los inversores en una sociedad limitada cuyo objeto social y única actividad consista en ser tenedora de las participaciones de la empresa en que se invierte, en una entidad sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o en otras figuras que se utilicen habitualmente para estos fines en otros Estados miembros de la Unión Europea.

Importancia del Asesoramiento Legal Especializado

Cumplir con todos estos requisitos puede parecer abrumador, pero con el acompañamiento adecuado, es posible estructurar una plataforma de financiación participativa que no solo cumpla con la ley, sino que inspire confianza y crezca con solidez.

Es fundamental contar con una asesoría legal que acompañe en todo el proceso de obtención de la autorización para ser PSFP. Una asesoría especializada no solo ayuda a redactar y formalizar toda la documentación requerida por la autoridad competente, sino que también asesora a las partes involucradas sobre los riesgos y beneficios, asegurando que ambas partes comprendan completamente sus derechos y responsabilidades.