Marco legal y evolución de las asociaciones empresariales en España desde 1977

La regulación del derecho de asociación empresarial en España ha experimentado una significativa evolución desde la promulgación de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical. Esta ley, junto con el artículo 4 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, estableció la existencia de un depósito de estatutos para las organizaciones sindicales y empresariales.

Hasta la entrada en vigor del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, el Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, regulaba el procedimiento para el depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977. Sin embargo, este último decreto quedó obsoleto ante la realidad de la administración electrónica, aunque subsistían las razones que lo fundamentaban en cuanto a la necesidad de dotar de personalidad jurídica y dar publicidad a estas organizaciones.

La irrupción de la administración electrónica y su impacto

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, anticipó la necesidad de integrar plenamente los instrumentos electrónicos en la actividad administrativa, promoviendo la incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.

Posteriormente, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, tuvo como objetivo la creación de la «e-Administración» a partir del 1 de enero de 2010, estableciendo el derecho de los ciudadanos a realizar por medios electrónicos las mismas gestiones que se pueden llevar a cabo de forma presencial. Debe ponerse de manifiesto que la citada Ley 11/2007, de 22 de junio, prevé con carácter básico que las administraciones públicas puedan establecer la obligatoriedad de que las comunicaciones se hagan por medios electrónicos, así como el contenido mínimo de las comunicaciones y las notificaciones electrónicas.

El Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales (BOE de 20 de junio de 2015), viene a desarrollar lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, y el artículo 3 de la Ley 19/1977, sobre regulación del derecho de asociación sindical. Este decreto regula los depósitos de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, al tiempo que efectúa su adaptación a la administración electrónica.

Este real decreto tiene como fundamento la efectiva realización de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, al implantar la administración electrónica en la totalidad del procedimiento administrativo de depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales. De esta forma, los promotores y los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales deberán solicitar el depósito de la constitución de estas organizaciones y demás actos depositables por medios electrónicos con lo que se logra una mayor agilidad y eficacia de la actuación administrativa.

Excepciones a la obligatoriedad electrónica

No obstante lo anterior, también hay que tener en cuenta que imponer la obligación de utilización de medios electrónicos puede en algún caso impedir el acceso al registro de algún sindicato o asociación empresarial, o de sus promotores, que carezcan de medios electrónicos. Y teniendo en cuenta que precisamente el acceso al depósito es la forma que tienen los sindicatos y las asociaciones empresariales de adquirir personalidad jurídica, se prevé con carácter excepcional que aquellos sindicatos y asociaciones empresariales que carezcan de medios electrónicos puedan acceder al registro a través del soporte papel, asumiendo las oficinas públicas la carga de su incorporación al depósito por medios electrónicos.

Estructura del Real Decreto 416/2015

Las medidas contenidas en el real decreto se estructuran en cuatro capítulos:

• El capítulo I delimita el objeto de la norma y define todos aquellos acuerdos o actos inscribibles susceptibles de ser depositados electrónicamente, así como los efectos del depósito, que no son otros que los de dotar de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar a las organizaciones sindicales y empresariales.
• El capítulo II del real decreto regula las solicitudes de depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales y demás actos inscribibles, determinando asimismo la documentación que ha de presentarse junto con la solicitud.
• El capítulo III regula el procedimiento administrativo de depósito, establece claramente el momento de adquisición de la personalidad jurídica de los sindicatos y las organizaciones empresariales, regula los medios de acceso al depósito y prevé la existencia de un anexo estadístico a fin de disponer de información sobre las características de las organizaciones sindicales y empresariales. Cuando la modificación estatutaria comporte la desaparición de los fines laborales y no se solicite el traslado al registro o depósito competente, la oficina pública formulará un requerimiento en los términos previstos en el artículo 13.2. Si contestado el requerimiento persistiera la discrepancia, la oficina pública procederá al depósito y publicación de los estatutos y a su impugnación ante la autoridad judicial competente.
• El capítulo IV crea el depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales de ámbito estatal o supraautonómico con funcionamiento a través de medios electrónicos, y prevé la creación de depósitos de ámbito territorial por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.

Se crea una base de datos central de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, cuya gestión corresponde a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y que estará integrada por la información remitida por las oficinas públicas de depósito de estatutos. Los documentos objeto de depósito deberán presentarse en castellano.

Adquisición de personalidad jurídica y acceso a la información

Las organizaciones sindicales y empresariales adquirirán personalidad jurídica y plena capacidad de obrar transcurridos veinte días hábiles desde el depósito de sus estatutos por los promotores, salvo en el supuesto previsto en el artículo 13.2.

El texto de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales es de acceso público y podrá ser examinado por cualquier persona.

Cuando el ámbito territorial de actuación de la organización sindical o empresarial sea estatal o supraautonómico, la oficina pública competente será la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Información requerida para el depósito de estatutos

Entre la información y documentación necesaria para el depósito de los estatutos se incluye:

• Nombre y apellidos de los promotores del sindicato o de la asociación empresarial, domicilio y número de identificación fiscal.
• Número de identificación fiscal de la organización.
• Documento en el que se recoja el consentimiento de los sujetos previstos en el apartado 2 del artículo 4, en los términos establecidos en el apartado 4 del mismo artículo.
• El otorgamiento de apoderamiento o de representación suficiente y posterior comprobación por la oficina pública competente, por cualquier medio aceptado por el ordenamiento jurídico.

Características de una asociación sin ánimo de lucro

Una Asociación sin ánimo de lucro es una organización formada por la unión de tres o más personas. No tener ánimo de lucro significa que no se pueden repartir los beneficios o excedentes económicos anuales entre los socios.

Órganos de gobierno y funcionamiento

• Existirá un órgano de representación que gestione y represente los intereses de la asociación, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General.
• El órgano de representación estará compuesto por representantes nombrados de entre los socios de la Entidad.
• El funcionamiento de una asociación debe ser democrático.
• El quórum necesario para la constitución de la Asamblea y la forma de adopción de acuerdos se fijará por los propios socios en los estatutos.
• Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos.

Una de las cuestiones que más controversia y más conflicto interno genera en las entidades no lucrativas, es la composición, renovación y elección de los cargos de la Junta Directiva.

Marco autonómico para las asociaciones

Además de la legislación estatal, diversas comunidades autónomas han desarrollado su propia normativa en materia de asociaciones. Algunas de estas leyes incluyen:

• Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía (BOJA núm. 126, de 3 de julio; BOE núm. [omitted]).
• Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias (BOE núm. [omitted]).
• Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas (BOE núm. [omitted]).
• Ley 14/2008, de 18 de noviembre, de Asociaciones de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25 de noviembre; BOE núm. [omitted]).
• Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi (pdf) (BOPV núm. 134 ZK, de 12 de julio; BOE núm. [omitted]).
• Decreto 146/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre las Asociaciones de Utilidad Pública y su Protectorado (BOPV núm. [omitted]).

Disposiciones adicionales y transitorias

Finalmente, y en consonancia con la regulación de las adhesiones y desvinculaciones de las organizaciones sindicales de federaciones y confederaciones de ámbito superior, la disposición final primera incorpora un nuevo apartado 5 al artículo 12 del Reglamento de elecciones a órganos de representación en la empresa, que establece como han de contabilizarse los resultados electorales en estos supuestos. Cuando una organización sindical se afilie a otra de ámbito superior se vincularán todos resultados electorales anteriores a los de la federación o confederación a la que se haya afiliado.

Tabla resumen de hitos legislativos clave