El caso de los empresarios de Murcia y la prostitución de menores: Un escándalo de impunidad

La sentencia sobre los proxenetas y agresores que pagaron para acceder a las menores víctimas de una red de explotación sexual en Murcia ha sacudido la opinión pública en todo el país, especialmente en la región, donde ya se han organizado cuatro grandes manifestaciones para mostrar el rechazo a la ínfima condena. El proceso judicial, que ha tardado más de una década en resolverse, ha terminado con condenas que muchas han tachado de insuficientes y que han generado una gran sensación de impunidad.

Esta semana, la Audiencia Provincial ha decidido que irán a la cárcel tres de los intermediarios. En cambio, unos días antes se había anunciado la suspensión de la ejecución de las penas de prisión a todos los empresarios pederastas acusados -con la condición de que no vuelvan a delinquir-, cuyas sanciones tras haber alcanzado un acuerdo de conformidad no superan los dos años.

Reacciones y Críticas a la Sentencia

Hay quien ve un retroceso a épocas "no solo preconstitucionales, sino decimonónicas", como es el caso de Altamira Gonzalo, miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Para esta letrada, la sentencia representa "un ejemplo de justicia misógina, patriarcal y clasista". A su juicio, la dilación excesiva del proceso ha servido para beneficiar a los acusados, mientras que las víctimas, menores de edad en el momento de los hechos, "han sido ignoradas y desprotegidas a lo largo de los años", ha explicado en una conversación con Público.

Esto envía un mensaje "peligroso y disuasorio" a futuras víctimas de violencia sexual, al percibir que la denuncia no conduce a una justicia efectiva, sino más bien a un proceso tortuoso que termina con condenas irrisorias. España -recuerda la jurista- es uno de los países "en los que menos se denuncian los delitos sexuales, se calcula que apenas un 8%". A su vez, insiste Gonzalo, "más del 60% de las condenas por delitos sexuales son inferiores a dos años", es decir, que "casi no existen condenas de privación de libertad a personas que han quitado y han dañado tu libertad sexual. Es una vergüenza", lamenta.

Su enfoque destaca la ausencia de una perspectiva centrada en la reparación y el acompañamiento a las entonces menores. En este sentido, la crítica no solo se dirige a las penas impuestas (que van desde unos pocos meses a dos años), sino también a la forma en que el sistema ignora el daño psicológico prolongado "que estas jóvenes han sufrido y que aún enfrentan, a pesar de que ahora sean mayores de edad". En opinión de la experta, las indemnizaciones y penas de multa, que oscilan entre los tres y los 12 euros diarios, "no se corresponden con la magnitud de los traumas sufridos, incumpliendo las directrices establecidas por instrumentos internacionales como el Convenio de Estambul".

El Acuerdo de Conformidad y el Contexto Legal

El uso de los acuerdos de conformidad entre las partes involucradas es otro de los asuntos peliagudos, los cuales, según María del Prado Escoda Merino, magistrada en la Audiencia Provincial de Tarragona, Portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, "se ajustan, sin embargo, a la legalidad vigente". Del Prado subraya que estos acuerdos no solo son comunes en la Justicia española, sino que son necesarios para agilizar un sistema judicial sobrecargado. La especialista ha explicado en declaraciones a este medio que estos pactos permiten reducir las penas cuando se reconocen circunstancias atenuantes, como las mencionadas dilaciones indebidas, un problema crónico en la Administración de Justicia en España que ha sido reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La magistrada, no obstante, también ha señalado que la percepción pública puede ser negativa cuando la Justicia se muestra indulgente con ciertos perfiles de acusados, especialmente aquellos con poder económico y social. En este caso, la sentencia parece haber sido más severa con las personas que facilitaron el contacto entre los explotadores y las víctimas, que con los propios empresarios, colaboradores necesarios de esta situación de violencia. Un "sesgo clasista" que, como señala Altamira Gonzalo, genera una sensación de "salir de rositas" hacia los verdaderos responsables del abuso, mientras que "los proxenetas, a menudo personas con menos recursos, son quienes enfrentan el peso de las penas privativas de libertad". En la misma línea, Gonzalo pone en duda que las víctimas fueran informadas debidamente por su representación fiscal de las implicaciones de la conformidad. Mientras Del Pardo recuerda que "lo que puede ser un acuerdo reparador para unas, a ojos de otras, puede resultar papel mojado". Por ello, anima a respetar las decisiones de las demandantes.

En todo caso, no conviene perder de vista el contexto legislativo bajo el cual se han juzgado estos hechos. Los delitos cometidos se produjeron en 2014, cuando la legislación era menos severa y protegía menos a las menores víctimas de este tipo de abusos. A partir de 2022, por ejemplo, la inhabilitación para el ejercicio de actividades que impliquen contacto regular con menores es obligatoria, mientras que antes no lo era. Esto "limita la capacidad de los tribunales de imponer ciertas penas, lo que contribuye a la sensación de que las condenas no se corresponden con la gravedad de los hechos". Sin embargo, María del Prado Escoda Merino insiste en que, pese a estas limitaciones, los jueces han aplicado la ley vigente.

La Ausencia de un Enfoque Reparador

Más allá de las críticas a la duración del proceso y a la levedad de las penas, tanto Altamira Gonzalo como otras expertas advierten de una grave carencia de la sentencia: la falta de un enfoque reparador. Las medidas que reconocen el derecho a una asistencia psicológica a las víctimas y la reparación económica, en la práctica, no se han traducido en un apoyo concreto y suficiente. Gonzalo subraya la necesidad de que el sistema judicial considere a las víctimas como el centro de estos procesos, garantizando que sus derechos sean prioritarios en todas las fases del juicio, desde la instrucción hasta la ejecución de la sentencia. "La condena no les garantiza nada de esto, es un fallo que olvida completamente a las víctimas", argumenta.

Por otro lado, la magistrada Del Prado destaca que la reparación puede extenderse incluso a la fase de ejecución, a través de la mediación y otros mecanismos que permitan a las víctimas expresar sus necesidades. Sin embargo, reconoce que estas opciones no siempre se aprovechan de manera adecuada, lo cual deja a las víctimas con una sensación de desamparo. Ambas coinciden en la necesidad de mejorar y asegurar que la legislación evolucione para responder de manera cada vez más contundente a este tipo de delitos.

Entre tanto, la aparente indulgencia parece seguir revelando una tensión latente entre la aplicación estricta de la ley y la percepción de justicia por parte de la sociedad. En última instancia, lo que está en juego es la protección de las menores, el equilibrio entre la seguridad jurídica y la sensibilidad hacia el sufrimiento de unas víctimas completamente vulnerabilizadas.

Detalles del Caso y los Acusados

Un juicio que iba arrancar diez años después de que se conocieran los hechos y tuvieran lugar las primeras detenciones. Pero por si esto fuera poco, la Audiencia Provincial de Murcia anunció que se había llegado a un acuerdo de conformidad con estos abusadores sexuales, que han reconocidos los hechos, con el objetivo de que se les rebajen las penas y que el juicio no se celebre. Para mayor escándalo, como parte del acuerdo, entre los atenuantes para reducir las condenas se encuentra el retraso de una década del proceso judicial. ¡Increíble! De los 24 a 56 años de pena máxima a los que se enfrentaban, finalmente serán condenados a entre 5 meses y 2 años por cada uno de los delitos, evitando así la entrada en prisión. Y sus señorías han dictado que será suficiente con que paguen indemnizaciones de 500 a 2.000 euros por víctima y multas entre 450 y 720 euros.

La trama de proxenetismo se destapó en 2014. Captaban a niñas de entre 13 a 17 años procedentes de familias desestructuradas o en situación de necesidad y vulnerabilidad, en las puertas de los colegios o de discotecas de menores. Entre los clientes procesados por hacer uso de esta red de menores se encuentran conocidos empresarios de Murcia, todos ellos con edades comprendidas entre los 60 y más de 80 años, como José Antonio Arce, Juan Peque, José Jara, Antonio Giménez, Antonio Morales, Juan Martínez y Juan Castejón Ardid. Este último promotor de viviendas y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, que abandonó el cargo en 2015 cuando se destapó la trama.

Además, la Fiscalía ha agradecido a la Policía su actuación. Pero no se trata de un caso aislado. Si algo queda claro es que la prostitución está legalizada de facto, y cuenta con el amparo y protección del aparato judicial. Hay muchos otros casos que describen situaciones similares. La prostitución es un negocio multimillonario a costa de la esclavitud de mujeres y niñas pobres víctimas de un sistema salvaje y de una violencia machista y clasista sistémicas.

Reacciones Sociales y Protestas

Precisamente por eso, es vergonzoso tener que soportar que el PSOE y su ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se llenan la boca de ser los adalides de la lucha feminista, aplaudan y se pongan medallitas por sentencias insultantes como la de Dani Alves (su mensaje era claro: si tienes dinero y poder puedes violar impunemente), y evidencian la total hipocresía por parte del Gobierno y su supuesta lucha por la abolición de la esclavitud sexual. No confiamos en esta justicia patriarcal que es la correa de transmisión de la extrema derecha.

Por eso la respuesta frente al Palacio de Justicia de Murcia no se ha hecho esperar, y miles de personas se han manifestado estos días a sus puertas al grito de “No es justicia, es impunidad”, “Eran empresarios violando a niñas con total impunidad”, “Justicia de mierda” o “Si no hay justicia, habrá rebelión”. Y lo volverán a hacer el próximo 24 de septiembre. Esta justicia no nos sirve. No aceptamos que un puñado de jueces y fiscales que apestan a franquismo y misoginia nos digan que hay que respetar las decisiones judiciales. ¡Si tocan a una, nos tocan a todas!

Suspensión de la Pena de Prisión

La trama de prostitución infantil que ha sacudido Murcia, con reconocidos empresarios implicados en una red de explotación sexual que han reconocido pagar por tener sexo con menores, acabó en condena para trece personas. Sin embargo, el final de la historia, que ha destapado cómo se captaba a chicas en la puerta de discotecas y centros educativos para ejercer la prostitución, puede que no se escriba en la cárcel.

Es el caso de un ex dirigente de la patronal de empresarios de Murcia y Cartagena, que podrá evitar la entrada en prisión al igual que otros tres condenados por prostitución de menores. La Audiencia Provincial de Murcia ha suspendido la pena de prisión acordada para estas cuatro personas citadas este lunes, que han sido abucheadas a la entrada del edificio al grito de "violadores" y "asesinos". La decisión de la Audiencia llegaba en la primera de las dos vistas convocadas esta semana para examinar la petición de suspensión de las defensas y revisar el acuerdo de conformidad que se alcanzó hace casi un mes.

Respecto al primer empresario que se librará de entrar en la cárcel, fue condenado por cinco delitos de prostitución de menores, a cinco meses de prisión por cada uno de ellos. Tendrá que pagar una multa de 3.600 euros y una indemnización por daños morales a las víctimas de 10.000 euros. Estará obligado a pasar un año en libertad vigilada, pero eludirá la cárcel siempre y cuando no se acerque a menos de 500 metros de las víctimas, participe en un programa de reeducación y no vuelva a delinquir en los próximos cuatro años.

El fiscal ya ha avanzado que recurrirá la decisión de la Sala, que considera sin embargo que el condenado tenía derecho al beneficio porque el total de las penas suma dos años y un mes. Según el fiscal, la suspensión es "una facultad del tribunal, no un derecho del reo", además de que ha subrayado la "reiteración de los hechos" por parte de este empresario. También se ha opuesto a la suspensión de la pena el caso de una de las 'mamis' o 'madames' y de uno de los 'taxistas' que transportaba a las menores hasta los clientes.

Argumentos de los Condenados

El empresario, de edad avanzada, había alegado en su favor que ha sufrido un ictus y que ha pasado por una operación de corazón. "Tengo varias empresas y las presido todavía; yo estoy reinsertado", se ha defendido este lunes. Su abogado se ha quejado incluso del "populismo punitivo" al que se ha visto sometido, además de que ha defendido que el empresario acabó admitiendo los hechos para ver rebajada precisamente la pena.

Por otro lado, con el respaldo del Ministerio Público, la Audiencia ha acordado la suspensión de la pena de prisión de otros tres condenados que aceptaron penas de cinco, seis y diez meses de cárcel, respectivamente, por delitos de prostitución de menores.

El Acuerdo de Conformidad y la Reducción de Penas

El pasado 11 de septiembre, los trece procesados alcanzaron en la Audiencia Provincial un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para reconocer su implicación en la red de prostitución infantil a cambio de eludir las penas de cárcel. El acuerdo reconocía los delitos e imponía multas de entre 540 y 4.320 euros, e indemnizaciones a las víctimas de entre 500 y 2.000 euros. Desde que se conoció la sentencia de conformidad han sido varias las organizaciones que han pedido el ingreso en prisión de los condenados.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, el Tribunal dictó una sentencia de conformidad a la vista del acuerdo alcanzado por Fiscalía -única acusación presente en esta causa- y los acusados, después de que éstos reconocieron los hechos y aceptaron las penas solicitadas. La resolución señala que el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones en dicho acto, considerando que todos los acusados eran autores de diversos delitos de prostitución de menores, "por inducir, promover, favorecer o facilitar la prostitución de una persona menor de edad", castigados con penas de uno a cinco años de prisión y multa y, en cinco de los casos, se solicitaba una pena superior en grado, de cinco a siete años y medio, por formar parte de una asociación u organización (artículo 187.4 del Código Penal).

Además, la Fiscalía apreció la concurrencia para todos ellos de la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada, por lo que la sentencia contempló la rebaja de las penas a imponer en dos grados. En concreto, para los cinco acusados que reconocieron haber buscado "jóvenes y adolescentes -algunas a sabiendas de su minoría de edad- para proponerles contactar con personas adultas, normalmente hombres, algunos de avanzada edad y buena situación económica a fin de que tuvieran contactos sexuales con ellos a cambio de dinero", bien en el papel de "mamis", bien ocupándose de trasladar a las menores, "beneficiándose de parte de las ganancias", las penas impuestas llegan hasta los 16 años de cárcel.

Tras declararse la firmeza de la sentencia, en la misma vista las defensas solicitaron la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas, para lo cual el Tribunal realizó los requerimientos oportunos y los emplazó para los días 7 y 8 de octubre. Han reconocido ante la justicia haber pagado a menores de edad explotadas sexualmente y se enfrentaban a penas de prisión de entre 24 a 56 años como máximo -si bien la Fiscalía había pedido siete años de prisión para los responsables de la red y cuatro años para cada uno de los clientes-, pero un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía ha reducido las penas a cinco meses de cárcel tras el pacto.

Y entre los argumentos para esta reducción de la condena está el atenuante de dilaciones indebidas: el juicio ha tardado diez años en celebrarse. Todos los investigados sabían que las víctimas no habían alcanzado la mayoría de edad, según el escrito de acusación.

La Investigación y el Modus Operandi

En 2015, la Policía Nacional desmanteló una red de explotación que captaba a chicas de entre 14 y 17 años en colegios, discotecas o a través de anuncios en internet. Las menores eran llevadas a pisos de alterne o a domicilios privados en Murcia y sus alrededores, donde eran explotadas sexualmente por entre 80 y 200 euros.

La investigación se inició en 2014 tras la desaparición de una menor, cuyos padres alertaron a la Policía debido a su inusual nivel de vida sin ingresos conocidos. La menor fue localizada en un piso en Murcia junto con otras chicas, algunas de ellas también menores de edad, que estaban siendo explotadas sexualmente.

En la misma causa hay implicados otros seis acusados, que también han pactado con la Fiscalía para obtener penas menores. Las penas combinadas no superan los dos años de cárcel, por lo que tampoco se espera que ingresen en prisión. Los proxenetas crearon toda una red de explotación donde exigían a las menores imágenes que incluían en un catálogo.

Centenares de persona se han concentrado en Murcia y Cartagena contra la decisión de suspender la pena de prisión a los empresarios que pagaron por tener sexo con chicas menores de edad. La asamblea feminista ha convocado una nueva protesta por la decisión de que solo entren en la cárcel dos proxenetas y el taxista que las desplazaba.

La plataforma considera "intolerable la dilación de diez años hasta la celebración del juicio, por hechos que acontecieron en 2014, así como la rebaja de las penas que inicialmente oscilaban entre los 24 y 56 años". Además, ha resaltado su indignación por sentencias que exhiben ante la sociedad la impunidad por los delitos de abusos a menores.

La Decisión del Tribunal y el Artículo 76 del Código Penal

La Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia ordena la inmediata entrada en prisión de Ruth D.T., Nelly C.P. y Walter D.M. por pertenecer y participar en la red de prostitución de menores desmantelada en 2014, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU).

Aunque la suma aritmética de las penas impuestas ascendía a 16 años de cárcel en el caso de Ruth (por ocho delitos de prostitución de menores en su modalidad agravada) y de 12 años en el caso de Nelly y Walter (por seis delitos), la Sala aplica previamente el límite del artículo 76 del Código Penal. Este límite establece que el máximo de cumplimiento no podrá exceder el triple del tiempo por el que se le imponga la más grave (en estos casos el triple de dos años) y declara extinguidas el resto de las penas de prisión impuestas.

Los tres condenados tendrán que pagar las multas impuestas de 4.300, 3.240 y 4.320 euros, respectivamente, y cumplir la medida de libertad vigilada durante cinco años. Además, tendrán que indemnizar a las víctimas con una cantidad que asciende a 17.000 euros. Dos de ellos ya han abonado su parte y falta Ruth D.T. que está obligada a pagar 8.000 euros.

Las Víctimas y la Negación de la Suspensión de Penas

El Tribunal les ha negado el beneficio de la suspensión de las penas de prisión que pedían sus defensas, al entender que no cumple con los requisitos exigidos en el art. 80.3 del Código Penal.

"La especial naturaleza y gravedad de los hechos que dan lugar a los delitos aquí cometidos, la reiteración de conductas prolongadas en el tiempo y el número tan alto de víctimas, apuntan a un pronóstico claramente negativo de reiteración delictiva", ha explicado la Sala.

A su vez, ha expresado que dejar sin sanción a estos tres condenados "se traduciría en un estímulo para la comisión de delitos de naturaleza igual o similar a aquellos cuya pena se trata de suspender " y, como consecuencia, "el quiebre total de los fines de prevención que tienen las penas".

En las resoluciones, además de la gravedad de los hechos, destacan el número de víctimas afectadas por sus acciones, en total once. El Tribunal cree que los acusados tenían gran capacidad de decisión dentro del entramado. "Organización cuya finalidad era favorecer la prostitución de mujeres menores de edad, obviando que con dicha acción estaba ejecutando una de las formas más graves de violencia contra las mujeres que se pueden acometer", argumentan en los autos.

También añaden "la gravedad de las consecuencias que han tenido dichos hechos sobre algunas de las víctimas". Entre dichas consecuencias, y sin personalizar, señalan "el miedo que aún sienten a que contacten con ellas, la afectación emocional que manifiestan al rememorar los hechos, el enorme esfuerzo que ha supuesto para ellas el volver a enfrentarse a unos recuerdos tan dolorosos y, en el caso más grave, la ayuda psicológica mantenida en el tiempo".

Y, por último, indican que los penados no han manifestado “ninguna circunstancia especialmente relevante que justifiquen la concesión del beneficio tan excepcional”, concluyen.

Conclusión

En concreto, ninguno de los 13 acusados irá previsiblemente a la cárcel porque el cómputo de las penas pactadas por cada uno de ellos no excede los dos años de prisión, siempre que satisfagan el pago de la pena en concepto de responsabilidad civil. Los hechos ajusticiados tuvieron lugar hace una década. La red actuaba en Murcia, sus pedanías y municipios de alrededor como Lorquí. El perfil de los clientes, por su parte, era «muy variado», con edades de 40 a los 80 años, y llegaban a pagar desde 80 a 200 euros por cada servicio.