Empresarios Condenados por Abusos en Murcia Evitan la Cárcel: Un Caso Polémico

La Audiencia Provincial de Murcia ha generado controversia al revisar las condenas impuestas a un grupo de empresarios involucrados en una red de explotación sexual de menores que operaba en Murcia hace una década. Inicialmente, se les había impuesto una condena que evitaba su ingreso en prisión, y tras la revisión, esta decisión se ha mantenido, generando indignación y protestas.

El Caso: Captación de Menores y Red de Explotación

Las víctimas, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, eran captadas en colegios y discotecas. La trama, que comenzó en 2014, se centraba en jóvenes de entornos vulnerables y con falta de recursos. Las 'mamis' contactaban con los clientes, quienes eran conocedores de la edad de las chicas. Una vez ganada su confianza con la posibilidad de ganar dinero, les pedían fotos sensuales y provocativas que incorporaban al dossier que enviaban a sus clientes, "señores a los que les gustaban las jovencitas". En todos los casos, ellos eran conocedores de que se trataba de menores de edad.

La voz de alarma la dio la familia de una menor en agosto de 2014 denunciando la desaparición de su hija.

Los Condenados: Perfiles y Sentencias

Entre los condenados se encuentran empresarios con edades entre 60 y 80 años, con alto poder adquisitivo, incluyendo constructores, abogados y médicos. Entre los condenados destaca el constructor Juan Castejón, que era vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) en 2014 así como de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) y de la Cámara de Comercio de Cartagena. A él se le acusó de haber tenido sexo con cinco menores y la Fiscalía pedía cuatro años de prisión por cada uno de los delitos. Tras su confesión, el tribunal le ha impuesto una condena a cinco meses de prisión por cada uno de los cinco delitos y la obligación de indemnizar a sus víctimas con entre 500 y 2.000 euros. El resto de acusados tuvieron relaciones con una o dos menores y ninguno entrará en prisión.

La condena máxima ha sido para el supuesto cabecilla de la trama, Walter Giovanny D. M, que se enfrenta a dos años por cada uno de los seis delitos. Junto a él, otro hombre que actuaba de chófer de las niñas en sus encuentros con los clientes y cuatro mujeres, llamadas 'mamis', que se encargaban de captarlas y ofrecer sus servicios.

En todo momento ellos fueron conocedores de la edad de las chicas, como han admitido, captadas de entornos vulnerables y con falta de recursos, y pagaban por los servicios entre 70 y 100 euros.

Tabla Resumen de Condenas y Decisiones

La Sección 3 de la Audiencia Provincial acuerda no conceder el beneficio de suspensión de las penas de seis años de prisión a Ruth D.T., Nelly C.P. y Walter D.M. Limite que no afecta a las penas de multa (4.300, 3.240 y 4.320 euros, respectivamente) y la medida de libertad vigilada por un tiempo total de cinco años, que los tres deberán cumplir íntegramente, además del pago de las indemnizaciones a las víctimas que ascienden a un total de 17.000 euros (que N.C.P. y W.D.M. ya han satisfecho, quedando pendiente la mayor parte de los 8.000 euros que R.D.T.

Ahora, el Tribunal les niega el beneficio de la suspensión de las penas de prisión que pedían sus defensas, al entender que no cumple con los requisitos exigidos en el art. Consideran en estos tres casos, por un lado, “que la especial naturaleza y gravedad de los hechos que dan lugar a los delitos aquí cometidos, la reiteración de conductas prolongadas en el tiempo y el número tan alto de víctimas, apuntan a un pronóstico claramente negativo de reiteración delictiva”. En las resoluciones los magistrados, además de la gravedad de los hechos, destacan el número de víctimas afectadas por sus acciones, seis y ocho, de un total de once víctimas, lo que supone que eran las personas con mayor capacidad de decisión dentro de la organización a la que pertenecían. Además, añaden “la gravedad de las consecuencias que han tenido dichos hechos sobre algunas de las víctimas, como lo demuestra el contenido de las vistas reservadas que se llevaron a efecto con las mismas” y que no reproducen para respetar su intimidad.

Por el contrario, en caso de Yesenia B.C., también condenada por la modalidad agravada de prostitución de menores, el Tribunal sí aplica el supuesto excepcional de suspensión, en contra de la petición del Ministerio Fiscal, al entender que la penada cumple con los requisitos exigidos por la legislación. Suspensión que también se acordó en el caso de Martín D.T.

Los delitos cometidos se produjeron en 2014, cuando la legislación era menos severa y protegía menos a las menores víctimas de este tipo de abusos. A partir de 2022, por ejemplo, la inhabilitación para el ejercicio de actividades que impliquen contacto regular con menores es obligatoria, mientras que antes no lo era. Esto "limita la capacidad de los tribunales de imponer ciertas penas, lo que contribuye a la sensación de que las condenas no se corresponden con la gravedad de los hechos". Sin embargo, María del Prado Escoda Merino insiste en que, pese a estas limitaciones, los jueces han aplicado la ley vigente.

Reacciones y Críticas a la Sentencia

La decisión de no encarcelar a los empresarios ha provocado fuertes reacciones. "Esta gente se merece pudrirse en la cárcel porque no hay derecho a que hayan destrozado diez vidas, aparte de la de mi hija", sentenció la madre de una de las menores que fueron víctimas de una red de prostitución en Murcia en 2014. Esta madre espera que "haya fiscales honrados y se haga justicia" por las menores.

Se han organizado manifestaciones para mostrar el rechazo a la ínfima condena y la sensación de impunidad. Altamira Gonzalo, miembro de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, considera la sentencia como "un ejemplo de justicia misógina, patriarcal y clasista", argumentando que la dilación excesiva del proceso ha beneficiado a los acusados, mientras que las víctimas han sido ignoradas.

Altamira Gonzalo: "La sentencia envía un mensaje peligroso y disuasorio a futuras víctimas de violencia sexual". Esto envía un mensaje "peligroso y disuasorio" a futuras víctimas de violencia sexual, al percibir que la denuncia no conduce a una justicia efectiva, sino más bien a un proceso tortuoso que termina con condenas irrisorias.

Su enfoque destaca la ausencia de una perspectiva centrada en la reparación y el acompañamiento a las entonces menores. En opinión de la experta, las indemnizaciones y penas de multa, que oscilan entre los tres y los 12 euros diarios, "no se corresponden con la magnitud de los traumas sufridos, incumpliendo las directrices establecidas por instrumentos internacionales como el Convenio de Estambul".

La especialista ha explicado en declaraciones a este medio que estos pactos permiten reducir las penas cuando se reconocen circunstancias atenuantes, como las mencionadas dilaciones indebidas, un problema crónico en la Administración de Justicia en España que ha sido reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En este caso, la sentencia parece haber sido más severa con las personas que facilitaron el contacto entre los explotadores y las víctimas, que con los propios empresarios, colaboradores necesarios de esta situación de violencia. En la misma línea, Gonzalo pone en duda que las víctimas fueran informadas debidamente por su representación fiscal de las implicaciones de la conformidad. Mientras Del Pardo recuerda que "lo que puede ser un acuerdo reparador para unas, a ojos de otras, puede resultar papel mojado". Por ello, anima a respetar las decisiones de las demandantes.

Gonzalo subraya la necesidad de que el sistema judicial considere a las víctimas como el centro de estos procesos, garantizando que sus derechos sean prioritarios en todas las fases del juicio, desde la instrucción hasta la ejecución de la sentencia. "La condena no les garantiza nada de esto, es un fallo que olvida completamente a las víctimas", argumenta.

En última instancia, lo que está en juego es la protección de las menores, el equilibrio entre la seguridad jurídica y la sensibilidad hacia el sufrimiento de unas víctimas completamente vulnerabilizadas.