Investigación sobre Josep Maria Matamala, empresario y amigo de Puigdemont

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha abierto una investigación sobre los dos mossos que acompañaban a Carles Puigdemont en el momento de la detención y ha enviado todos los datos a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por si su comportamiento es constitutivo de delito. Además, los mossos han abierto una investigación interna.

En el momento de su detención en una gasolinera en Alemania, el ex president de la Generalitat viajaba en una Renault Espace con otras cuatro personas. Dos de ellas eran agentes de los Mossos d'Esquadra que se han ido turnando para garantizar su seguridad, según fuentes conocedoras del dispositivo. Los otros dos eran dos amigos personales de Puigdemont: el empresario Josep Maria Matamala Alsina, conocido como 'Jami' y uno de sus financiadores mientras estaba en Bélgica, y el profesor de historia en la Universitat de Barcelona (UB) Josep Lluís Alay Rodríguez.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide una condena de tres años de prisión por delito de encubrimiento para cada uno de los dos agentes de los Mossos d’Esquadra que acompañaban al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018.

Los mossos Carlos de Pedro López y Xavier Goicoechea fueron procesados el pasado mes de febrero por el Juzgado Central de Instrucción número 6, que consideró que con su actuación perseguían el objetivo de que Puigdemont no fuese detenido después de que se reactivara la orden europea de detención y entrega emitida por el Tribunal Supremo.

“Los investigados ayudaban a Carles Puigdemont, conscientes de que era investigado en España por su participación en hechos constitutivos del delito de rebelión y otros, y que el juez instructor había emitido una orden europea de detención y entrega”, explica el fiscal en su escrito de acusación, en el que considera que la intención de los mossos era ayudar al expresidente a llegar a Bélgica y “evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden de detención”.

En las diligencias que abrió el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón estuvieron investigados también en un primer momento el empresario Josep Maria Matamala, amigo íntimo de Puigdemont y el historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont.

Finalmente fueron exculpados, pero en el caso de Alay tiene abierta otra causa judicial por malversación y otro de prevaricación después de la querella que presentó la fiscalía contra por “abusar” de su cargo para que la Generalitat le pagara los 4.580 euros de un viaje como observador del referéndum de Nueva Caledonia en noviembre de 2018.

La querella del fiscal considera que esa actividad de Alay no figura entre las atribuciones que tenía al frente de la oficina del expresidente y le acusa de lograr que la Generalitat, gracias a la autorización “manifiestamente arbitraria e injusta” de la también querellada Meritxell Masó, le financiara los gastos derivados de aquel viaje.

La causa que llevará a los dos mossos a sentarse en el banquillo fue archivada inicialmente por el juez Diego de Egea, que estaba de refuerzo del magistrado Manuel García Castellón, quien se acabó haciendo cargo de la investigación.

Desde que la Audiencia Nacional investiga a la plataforma separatista Tsunami Democràtic por posibles delitos de terrorismo, la investigación ha ido destapando novedades del procés, que afectan a diversos políticos catalanes. En particular, la Audiencia Nacional ha destapado lazos de Tsunami con el expresidente Puigdemont, que datan de 2017.

Según ha podido acreditar la investigación, el prófugo de la justicia mantuvo desde los primeros años del procés contacto con la plataforma que promovió movilizaciones radicales y boicots como los cortes de la carretera AP-7 o el aeropuerto de El Prat. Los vínculos entre los radicales separatistas no sólo quedaron dentro de España. Según el caso Voloh, que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, existió también una relación estrecha entre sectores independentistas y redes de espionaje rusas.

Según las primeras indagaciones, tras la llegada de Puigdemont a Waterloo se creó un entramado de financiación irregular para sostener al prófugo de la justicia. Según el mismo informe que ahora está bajo sumario, el empresario Jaume Cabaní creó la sociedad Catalitza Ou en Estonia. A Cabaní precisamente se le atribuyen cuentas en Suiza para financiar Tsunami Democràtic.

El empresario gerundense y amigo de Carles Puigdemont, Josep Maria Matamala, no se ha presentado este lunes en la Audiencia Nacional donde está citado como investigado por encubrimiento. Matamala acompañaba al presidente destituido en el momento de su detención, el 25 de marzo en Alemania.

El pasado 28 de marzo, la policía detuvo a los dos agentes y también a Alay por un supuesto delito de encubrimiento. Los tres declararon en la comisaría de la Verneda de Barcelona y quedaron libres a la espera de declarar ante el juez.

El caso arranca por una investigación de la fiscalía de la Audiencia Nacional, que abrió diligencias de investigación después de la detención de Puigdemont en Alemania. El juez De Egea los cita a los cuatro en la Audiencia Nacional en calidad de investigados por encubrimiento.

Después de la detención de Puigdemont, la Conselleria de Interior (entonces, bajo el paraguas del 155) abrió una investigación interna contra los dos agentes que acompañaban al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado a declarar como investigadas el próximo 29 de mayo a las cuatro personas que acompañaban en el coche al ex presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, cuando fue detenido en Alemania el pasado 25 de marzo, según confirmaron fuentes jurídicas.

En concreto, se trata de dos agentes de los Mossos d'Esquadra, un profesor la Universidad de Barcelona y un empresario amigo del ex presidente. El magistrado les atribuye un delito de encubrimiento, en el marco de los hechos ocurridos el citado día y de conformidad con el informe aportado por el Ministerio Fiscal.

El día en que Puigdemont fue detenido, tras salir de Finlandia en coche rumbo a Bélgica, en el vehículo le acompañaban dos agentes de la policía catalana, Josep Lluis Alay Rodríguez (profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la citada universidad) y el empresario Josep Maria Matamala Alsina.

La Policía alemana detuvo al ex presidente catalán en cumplimiento de la orden de detención que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena cursó dos días antes de su detención, tras procesarle por delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

Fue la Fiscalía de la Audiencia Nacional la que inició las diligencias de investigación contra estas cuatro personas, a las que después denunció por encubrimiento, denuncia que fue admitida por el juez De Egea y está siendo investigada.

El empresario Matamala no se ha separado de Puigdemont en ningún momento, desde que éste decidiera huir de España y alojarse en Bélgica. En cuanto al profesor universitario Alay, fue considerado como una de las personas que ayudó, presuntamente, al ex presidente catalán a huir de la Justicia española y fugarse a un país extranjero.

Los cuatro imputados fueron detenidos el pasado 28 de marzo, tres días después de aprehender a Puigdemont, en el marco de las diligencias abiertas por la Fiscalía. Carles Puigdemont fue detenido el pasado domingo en el norte de Alemania, en una gasolinera, pero no se encontraba solo. En el vehículo viajaban los cuatro, según fuentes conocedoras de la investigación a El Confidencial.

¿Quién es Josep Maria Matamala?

Matamala se ha convertido en una presencia perenne junto a Puigdemont desde que escapara a Bruselas el pasado octubre. Ha sido su sombra en Bruselas pero también lo fue en los días posteriores a la declaración de independencia.

Ex concejal de CIU en el Ayuntamiento de Girona entre el 1987 y1995 y portavoz del grupo durante los cinco últimos años de su carrera política, Jami Matamala, también es un respetado empresario gerundense dedicado a sectores tan variados como la organización de ferias de producto y de gastronomía a través de la empresa Incatis. También en el sector de la papelería y la impresión digital con la empresa Stein Girona.

Entre otras ferias importantes, Incatis se encarga de la organización de la feria de la Purísima de Camprodon, un bastión separatista junto a los Pirineos. En su web, se presenta el evento como una actividad que da pistoletazo de salida a las campañas de Navidad, esquí e invierno. Se trata de una feria organizada de forma público-privada entre el Ayuntamiento, la empresa Incatis y la Asociación de Comercio y Turismo del Valle de Camprodon (ACTVC) y la colaboración boración de la Mancomunidad de la Vall de Camprodon, la Diputación de Gerona y la Generalitat de Cataluña.

Matamala había viajado con Puigdemont a Copenhague el pasado mes de enero. Iba con un escolta y el empresario que le ha acompañado en su fuga por Bélgica tras declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. ‘Jami’, como es conocido este empresario, es administrador único de Incatis SL desde 2015. La empresa también se ha encargado, entre otros, del sexto Salón del Ocio Creativo organizado por el Ayuntamiento de Gerona, del que Puigdemont fue alcalde.

Sin embargo, si por algo destaca Matamala en el contexto actual es por la amistad cercana que mantiene con el ex president y por el rol de amigo-consejero que ejerce. Un lazo estrecho entre compañeros de ideología independentista que comenzó a fraguarse a finales del siglo pasado cuando un Puigdemont periodista, se encontraba por primera vez con un Matamala concejal para comentar un artículo crítico que el primero había escrito sobre el candidato a la alcaldía de Girona de CiU de aquel momento.

Desde entonces, la amistad surgida de ese primer encuentro ha mantenido unidos a los dos hombres propiciando sinergias que han sido claves en la carrera política de Puigdemont. Un ejemplo de ello, según detalla el Diari de Girona, es la firme intervención que Matamala hizo en 2007 ante la dirección general de CIU -entonces capitaneada por Artur Mas- para convencerla de que el actual ex president fuese proclamado como candidato convergente a la alcaldía de la ciudad, en sustitución del cabeza de lista de ese momento, el abogado Carles Mascort, quien había dimitido.

Pasados los años, en 2016, Matamala fue la primera persona a la que Puigdemont llamó para comunicarle que había la posibilidad de convertirse en president de la Generalitat en sustitución de Mas, y para pedirle que se hiciera cargo de sus hijas mientras él estaba en Barcelona. Con el profesor Alay Rodríguez también le une una amistad personal.

Especialista en Historia de Tíbet y Mongolia y columnista del diario Ara, el docente se encontraba con Puigdemont cuando un hombre le asaltó en el aeropuerto de Bruselas y le instó a besar una bandera española.

Espionaje y Tsunami Democràtic

Cinco empresarios catalanes del sector tecnológico han denunciado a dos ex directores generales de la Guardia Civil, a la exdirectora del CNI Paz Esteban y las empresas israelíes fabricantes de los software espía Pegasus y Candiru por el espionaje del que fueron objeto en sus teléfonos móviles. Se les acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos. La denuncia, coordinada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance, se investiga en el Juzgado de Instrucción 2 de Barcelona.

Este nuevo procedimiento se suma a la media docena de causas que se siguen en otros juzgados por idénticos hechos, en el entorno independentista catalán. Precisamente este lunes ha vuelto a declarar como imputada Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En esta ocasión, por el espionaje a los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Josep Jové y Diana Riba, en 2019 y 2020.

Paz Esteban, en su comparecencia en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, el 5 de mayo de 2022, reconoció que el CNI había utilizado el software Pegasus para investigar con orden judicial a 25 personas, de las cuales solo identificó a 18 con nombres y apellidos.

Los cinco empresarios que han presentado una nueva denuncia pueden ser parte de los no identificados en aquella ocasión, indican fuentes jurídicas. Uno de los denunciantes resultó ser el 'paciente cero' de las infecciones con el software espía Candiru, sobre el que el Gobierno español no ha admitido si lo adquirió o no.

El maratón de protestas que Tsunami Democràtic convocó entre octubre y noviembre de 2019 va camino de convertirse en el principal escollo para amnistiar a Carles Puigdemont. El magistrado instructor apunta a un delito de terrorismo por lo ocurrido en los disturbios, y muy especialmente, en la jornada de huelga de 18 de octubre de ese año. En la misma sitúa la Guardia Civil a Josep Campmajó, empresario amigo de Puigdemont y pieza clave en estas diligencias.

Apenas días después que conocerse la nueva redacción del texto de la amnistía, el magistrado Manuel García Castellón confirmó la personación de dos de los tres policías que litigan como perjudicados. El instructor no solo avala su presencia sino que entiende que sufrieron daños muy graves en el marco de unas turbas perfectamente organizadas que son incompatibles con el artículo segundo del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a la vida.

Para el magistrado, la responsabilidad de lo ocurrido se debe atribuir a todos por igual porque hubo "unidad de acción". Pero no solo eso, sino que amarra la implicación del líder de Junts por una conversación que mantuvo ese mismo 18 de octubre con Campmajó en la que advirtió que perderían si había muertos en las protestas.

La Guardia Civil acreditó su participación en estos disturbios gracias a la interceptación de su teléfono móvil. Durante el cotejo de su terminal localizaron imágenes de aquella jornada desde por la tarde hasta las 22.39 horas; momento en que hizo la última fotografía. La conversación con Puigdemont El oficio policial constata que el teléfono pertenece efectivamente a Campmajó porque es el que tiene vinculado a su cuenta de la aplicación de mensajería Wire.

La primera de las instantáneas se tomó aquel 18 de octubre a las 16:52 horas frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona. En la misma aparece un grupo de personas concentradas sin que se aprecie ningún signo de protestas. El resto de instantáneas se tomaron en Gerona. Una recoge proyectiles que lanzaron los Mossos d'Esquadra, mientras que otra muestra a jóvenes encapuchados con los rostros cubiertos siendo ya de noche. En la última se aprecian signos de "humo y luz" que según la Guardia Civil podría tratarse de "fuego de algún mobiliario urbano".

Los agentes destacaron en este oficio que entre estos dos archivos, según metadatos fechados entre los días 18 y 20 de octubre de ese años, se produjo una conversación privada entre Puigdemont y este empresario, que devino determinante en la imputación al expresidente catalán. La Guardia Civil destaca la "relación de confianza" que se evidencia de la charla.

Campmajó continuó: "President… Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado...", a lo que Puigdemont replicó: "Cierto, y eso no es bueno". Al hilo, Puigdemont le trasladó que la imagen en el exterior no era tan dramática pero le pidió control a las protestas, demostrando de esta forma la influencia que ejercía sobre las actuaciones de Tsunami. "El problema puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro, y confirmará lo que yo siempre he dicho (y que me llevó a decidir ir al exilio): perderemos", apostilló.

Se trata de unos mensajes que la Guardia Civil ya puso de manifiesto en su informe definitivo y que, unido a otros indicios, llevaron al magistrado a imputar a Puigdemont por delito de terrorismo. Ahora, en uno de sus últimos pronunciamientos el instructor vuelve a recordar la existencia de esta charla, enmarcada en la protesta del 18 de octubre, y avisa de que resulta "especialmente llamativa, como indicio incriminador".