La Presidencia de Lenín Moreno en Ecuador: Análisis y Críticas
El 24 de mayo de 2017, Lenín Moreno asumió la presidencia de Ecuador, sucediendo a Rafael Correa tras una década de su gobierno. Moreno enfrentó dos desafíos cruciales desde el inicio de su mandato: en primer lugar, la sucesión de un liderazgo fuerte y consolidado por Correa, quien finalizó su gestión con una calificación positiva del 62 %; en segundo lugar, las consecuencias de una reñida elección, donde la diferencia en la segunda vuelta fue de apenas 2,32 puntos.
La estrategia de Moreno para abordar estos desafíos implicó un cambio de estilo de gobierno y de gestión. En su discurso de posesión, enfatizó: “en toda ocasión acudo al diálogo y busco el consenso. Ese es mi estilo: dialogar, no debatir. Para concretar el diálogo se requiere de liderazgo. El mío tiene su propio estilo”.
Cambio de Estilo y Diálogo
Para garantizar la gobernabilidad, Lenín Moreno estableció acuerdos pragmáticos con diversos sectores de la sociedad, incluyendo la Iglesia. Sus acercamientos con el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con el Arzobispo de Quito, Monseñor Fausto Trávez, quienes destacaron que “el diálogo es el mayor instrumento de reconciliación”, marcaron un punto de inflexión en la relación, previamente tensionada durante el mandato de Correa por preocupaciones sobre la falta de libertades y el predominio de un partido único.
Además, Moreno manifestó su apertura al diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), un sector cuyas demandas se habían focalizado en el cese a la supuesta persecución política, el restablecimiento de la educación bilingüe, la gestión comunitaria del agua, el transporte comunitario, la distribución de frecuencias para medios comunitarios y la construcción del Estado Plurinacional con circunscripciones territoriales indígenas.
Un dato fundamental en este sentido fue el anuncio de un Plan de Gobierno que contemple una visión y propuesta renovada sobre la Amazonía, especialmente considerando que en las últimas elecciones la fórmula Moreno - Glas solo se impuso en la provincia de Sucumbíos a nivel de la Amazonía.
Conformación del Gabinete y Reformas Institucionales
El impacto de esta nueva estrategia se reflejó en la conformación del Ejecutivo, buscando construir acuerdos y contar con representación de diversas fuerzas en el gabinete. Ejemplos de esto fueron la designación de Raúl Clemente Ledesma Huerta en el Ministerio del Trabajo, Iván Espinel en el Ministerio de Inclusión Económica y Social y Humberto Cholango, expresidente de la CONAIE, en la Secretaría del Agua.
Moreno también anunció una reforma institucional significativa, que contempló la eliminación de los ministerios coordinadores, la supresión de la Secretaría Nacional de la Administración -cuyas funciones pasaron a formar parte de la Secretaría General de la Presidencia-, y la eliminación de la Secretaría del Buen Vivir. Estas medidas buscaban una racionalización administrativa del sector público, una crítica frecuente de la oposición durante la campaña electoral.
La revisión de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) fue otro punto clave en la agenda de Moreno. Aunque negó la derogatoria de la normativa, mostró disposición a su revisión y al inicio de un nuevo diálogo con los medios de comunicación, incluso manifestando su interés de dejar sin efecto la sanción a siete medios privados por censura previa.
Lucha contra la Corrupción y Ruptura con el Correísmo
En el tema de la corrupción, Moreno afirmó que solicitaría ayuda a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para conformar una comisión internacional investigadora. En su discurso de posesión, reafirmó esta intención con la creación de un Frente Nacional para la investigación y judicialización de casos de corrupción, enfatizando que el combate debía incluir tanto casos pasados como actuales, y exigiendo a la justicia de Estados Unidos, Brasil y a Odebrecht que entregaran la lista de personas implicadas en sobornos.
La presidencia de Moreno se caracterizó por una rápida ruptura con el correísmo, el movimiento político que lo llevó al poder. Al inicio de su gestión, Moreno era visto como el heredero de la Revolución Ciudadana y el garante de su continuidad. Sin embargo, la ruptura llegó velozmente, y el mandatario cortó relaciones con la cúpula correísta, envuelta en varios escándalos y juicios por corrupción. Esto lo llevó a realizar una serie de cambios para desmarcarse de la línea del gobierno anterior.
Simón Pachano, académico de FLACSO, señaló que un error de Moreno fue la equivocada convocatoria a un acuerdo de largo plazo (2030), “cuando debió plantearlo con metas inmediatas que exigieran compromisos y acciones del propio gobierno y de los otros actores (Asamblea, partidos, organizaciones sociales, etcétera)”.
Una "Tercera Vuelta Electoral" y Ejes de Acción
La ruptura con Rafael Correa y la cúpula correísta dio lugar a lo que muchos denominaron una "tercera vuelta electoral" interna. Moreno eligió tres ejes de acción para asentar su legitimidad y asegurarse consenso:
- Acabar con el autoritarismo: Proponiendo una "libertad nueva" y la "posibilidad de criticar", Moreno aludía a la regresión en libertades públicas bajo el mandato de Correa, especialmente a partir de 2011, que incluyó el acoso judicial a movimientos sociales y periodistas.
- Cruzada contra la corrupción: El nuevo presidente logró crear un consenso sobre la necesidad de perseguir a los "peces gordos" de la corrupción, manejando los contratos públicos más importantes de la década.
- Transparentar el balance económico: Moreno buscó exponer los "graves errores de gestión" de la década pasada, las declaraciones grandilocuentes sin efecto práctico y el maquillaje de cifras, particularmente las del endeudamiento.
Para consolidar los nuevos equilibrios de poder, Moreno convocó una consulta popular para inicios de 2018, que incluía la eliminación de la reelección indefinida y la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuyos miembros eran fieles correístas. Además, la consulta abordó temas como la inhabilitación política por corrupción, la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, la prohibición de minería metálica en áreas protegidas, la derogatoria de la Ley de Plusvalía y la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
Políticamente Correcto / La consulta popular de Lenin Moreno
Situación Económica y Críticas a la Gestión
El gobierno de Lenín Moreno se caracterizó por importantes modificaciones a la forma de ejercer políticas económicas en el Ecuador. Especialistas afirman que Moreno implementó una serie de paquetes que desencadenarían un Estado más decaído. La "mesa no estaba servida", como contradecía Moreno a Correa, destacando una difícil situación económica y un elevado endeudamiento público que los analistas del nuevo gobierno cifraban en un 59% del PIB, superando el límite legal del 40% establecido por el propio gobierno de Correa. Este retorno de la “deuda eterna” puso en relieve la fragilidad de un modelo dependiente de los precios de las commodities.
La tabla siguiente muestra un comparativo del servicio de la deuda frente al gasto social en diferentes periodos:
| Periodo | Dólares destinados al servicio de la deuda por cada dólar de gasto social |
|---|---|
| 2007 | 1,17 |
| 2012 | 0,53 |
| Desde 2015 | 1,41 |
Los resultados de sus políticas, como la implementación de medidas económicas que trastornaron las posibilidades de acceso a combustible y otros beneficios, generaron protestas y descontento popular, especialmente en las clases populares.
Durante su gobierno, la pandemia del covid-19 profundizó la crisis económica y social del país, lo que se sumó a una epidemia de dengue, los efectos de la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el peligro de colapso de la central hidroeléctrica Coca Codo-Sinclair.
María Paz Jervis, decana de Ciencias Sociales y Jurídicas en la UISEK, destacó la reprofesionalización de algunos ministerios como Finanzas, Gobierno y Cancillería, señalando que "más allá de las posturas políticas, no habíamos visto ministros del ramo hace años". Esto favoreció algunos liderazgos dentro del Gobierno, como el del vicepresidente Otto Sonnenholzner, aunque también evidenció una posible falta de liderazgo del propio presidente Moreno.
Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la USFQ, resaltó decisiones sobre reformas laborales y la modificación del esquema de subsidios a los combustibles. Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, apuntó a la eliminación del polémico Decreto Ejecutivo No. 16, una demanda de la sociedad civil.
Críticas y Evaluación de la Gestión
Daniela Chacón, exvicealcaldesa de Quito, criticó que la promesa de ser un gobierno de transición quedó en el discurso, convirtiéndose en una búsqueda activa de cuadros políticos y acciones mediáticas para su continuidad. Esto impidió que el Gobierno tomara decisiones de cambios estructurales en lo económico y político a tiempo, privilegiando medidas coyunturales que profundizaron la crisis fiscal y de credibilidad del Estado.
Chacón también señaló un discurso presidencial vacío sobre la lucha contra la violencia de género, ya que en la práctica no hubo voluntad política para implementar medidas legales y se redujo el presupuesto asignado a este sector.
El gobierno de Moreno, que algunos críticos describen como "regenerador del modelo político y económico neoliberal y oligárquico", impulsó al Estado ecuatoriano de vuelta a los años ’90, demoliendo avances democráticos de la Constitución de 2008. Sin embargo, se enfrentó a una sociedad más politizada, con un sector importante del lado del correísmo.
Los intentos de ampliar la dominación y ganar el pulso hegemónico a favor de las derechas tuvieron como principal adversario el descontento social producto de la mala gestión económica, el endeudamiento con el FMI, la incertidumbre para las familias y el deterioro del mercado de trabajo. También hubo descontento político, ya que Moreno fue percibido como un traidor y sin un piso político propio.
La Reacción del Correísmo y la Guerra Judicial
La respuesta de Rafael Correa desde Bélgica fue contundente, denunciando que el país había retornado al pasado, se estaba “repartiendo la patria” y “permitiendo el regreso de la corrupción institucionalizada y del viejo país”. Sin embargo, el sociólogo Decio Machado cuestionó la profundidad de las transformaciones de la "Revolución Ciudadana" si en tan solo 90 días de gobierno de Moreno, "de eso ya no queda nada".
La guerra judicial contra el expresidente Correa y los líderes de la Revolución Ciudadana se agudizó. Comenzó con el desafuero y encarcelamiento del vicepresidente Jorge Glas, y luego con la prisión preventiva para Rafael Correa, impidiéndole regresar al país. Esta persecución se intensificó tras el triunfo del correísmo en las elecciones provinciales y del CPCCS en marzo de 2019, buscando mellar la credibilidad del expresidente ante la sociedad.
El gobierno reforzó el cerco mediático, lo que permitió que los monopolios comunicacionales "cogobernaran" junto con la banca y los grupos económicos, alterando la realidad y manteniendo a la sociedad entretenida con la estrategia de guerra judicial, mientras las estructuras institucionales del país se destruían. Esta situación, según los críticos, fue clave para impedir la visibilidad de los escándalos de corrupción del gobierno actual, como el caso INA Papers.
El "Destituyente" Moreno y la Coacción de las Derechas
El gobierno de Moreno, según algunos análisis, condujo al Estado a practicar acciones destituyentes desde arriba, desconociendo decisiones tomadas en ámbitos legales de consenso social. La mayoría de la Asamblea Nacional, con el apoyo de partidos de derecha, censuró y destituyó a cuatro de los siete consejeros del CPCCS, negando la voluntad popular expresada en las urnas. Esto generó un panorama de posible eliminación o vaciamiento del CPCCS, llevando al país de regreso a un Estado donde la Asamblea Nacional se repartía los órganos de control de manera alejada de los intereses de las mayorías.
El acuerdo entre Moreno, Jaime Nebot y Guillermo Lasso fue percibido como un pacto elitista para la restauración neoliberal, cuyo objetivo era impedir un nuevo gobierno de Rafael Correa o de cualquier otra persona con características progresistas y soberanas. Esta situación, que implicó represión, persecución y proscripción política, fue resistida por un tercio de la población ecuatoriana, quienes defendían la gestión de diez años de gobierno de Correa, que transformó el país y generó estabilidad.
Acusaciones de Obsecuencia Internacional
La obsecuencia de Moreno frente a los EE. UU. fue demostrada con la entrega de Julián Assange, la reinstalación de la presencia militar estadounidense en el país y el regreso al FMI. Estos hechos, según los críticos, le sirvieron para impedir la sanción internacional ante las violaciones constitucionales generadas por la persecución a funcionarios elegidos por voto popular, evidenciando una fisura importante en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la OEA.
Un reciente reporte de investigación de la firma CEDATOS, mencionó que el 54% de formadores de opinión califican como positiva la gestión de Moreno al cabo de su primer año como presidente. Sin embargo, llama la atención que la sociedad civil no reconociera a Moreno como el principal impulsor en el combate a la corrupción, un tema capital, sugiriendo una deficiencia comunicacional que le impidió capitalizar dicho proceso para su imagen.