El Agua de Mendoza no se Negocia: La Batalla por la Vida en una Provincia Sedienta

A finales del año pasado, los ciudadanos de Mendoza, Argentina, fueron protagonistas de una de las manifestaciones sociales más relevantes de la provincia. El objetivo era contundente: la defensa del agua.

El Clamor por el Agua en Mendoza

La mañana de la votación comenzó con un murmullo que crecía mientras columnas de jóvenes, familias y personas mayores avanzaban hacia la Legislatura. La consigna que encabezaba la marcha -“El agua no se negocia”- no era nueva, pero esta vez sonaba como advertencia. Miles de personas rodeaban el edificio mientras, dentro, los legisladores aprobaban -con 29 votos a favor, seis en contra y una abstención- la Declaración de Impacto Ambiental que habilita el proyecto megaminero San Jorge.

La escena coincidía con una de las movilizaciones más grandes desde 2019, cuando la defensa de la Ley 7722 obligó al Gobierno a retroceder en su intento de flexibilizar la actividad minera. Fuera, la multitud advertía que el proyecto amenaza la cuenca del río Mendoza. Todo vibraba: los bombos golpeaban como un corazón multiplicado; los tambores marcaban un ritmo que guiaba la marcha; las voces se deshacían en cánticos; las banderas atravesaban el aire caliente. Había bailes, risas, abrazos y lágrimas. Una energía potente, colectiva, que sólo aparece cuando la gente siente la causa en la piel.

Cuando se conoció el resultado, la marcha se volvió más densa y decidida. Desde Plaza Independencia avanzó por el centro y terminó cortando el Nudo Vial, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Para muchos, lo de hoy no fue una protesta más: fue una defensa del futuro. "El agua de Mendoza, no se negocia", fue la consigna que se repite en las calles, rutas y plazas. En Mendoza, los días y las noches se volvieron una sola cosa: calles llenas, ruido, marchas de kilómetros y un mismo grito que atraviesa la provincia como un río: el agua no se negocia. Personas de todas las edades, miembros de ONG, asambleas ambientalistas y movimientos antimineros, científicos y académicos salieron a las calles exigiendo al gobierno local dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722, conocida como “la guardiana del agua” o “ley del pueblo”.

Mendoza: Una Provincia en Crisis Hídrica Estructural

La escena de la calle se entiende en un contexto mucho mayor: Mendoza atraviesa una crisis hídrica sostenida. Sequías prolongadas, retroceso glaciar y una acumulación de nieve muy inferior a los promedios históricos, han reducido de forma crítica el agua disponible para riego, consumo y energía. En una provincia donde cada metro cúbico cuenta, la escasez dejó de ser excepcional: se volvió estructural.

"Luchamos para que el agua, nuestra fuente de vida, no sea tocada. Sabemos que es un recurso no renovable si se usa indiscriminadamente, con arsénicos y cianuro, para obtener minerales. Así, nuestra agua queda contaminada. Sin olvidarnos de la emergencia hídrica en la que nos encontramos y el enorme caudal de agua que necesitan estos polémicos procesos de extracción." Porque en Mendoza, al final, todo se reduce a esto: el agua no es negociable porque es lo único que no se puede reemplazar. No hay economía sin agua. No hay agricultura sin agua. No hay vida sin agua. Mendoza enfrenta una decisión histórica: avanzar hacia un modelo extractivista que la empuja a un futuro más seco y desigual, o proteger el agua como el bien estratégico que sostiene a toda la provincia. Lo demás, sí.

El Proyecto Minero San Jorge: Amenaza a la Cuenca del Río Mendoza

En este marco de escasez hídrica, el gobernador Alfredo Cornejo se ha convertido en el principal impulsor político del proyecto San Jorge, que defiende como motor económico para la provincia. Su apuesta contrasta con la fragilidad del sistema hídrico y con la resistencia social.

En ese escenario avanza el proyecto San Jorge, que prevé extraer cobre y oro en Uspallata. San Jorge es un proyecto metalífero que busca explotar cobre y oro en una zona declarada de “estrés hídrico”, donde cada río -el Mendoza, el Uspallata, el San Alberto- sostiene ciudades enteras. El propio expediente oficial confirma que la explotación demandará 12.000 m³ de agua diarios, el equivalente al 20% del consumo de la ciudad de Mendoza. En los pueblos cordilleranos, la preocupación es tangible: ríos más bajos, terrenos cuarteados y restricciones que se repiten año tras año. La consigna -“No vale el oro, vale el agua”- resume el temor a sumar presión a un sistema hídrico ya exigido. Para Milei y Cornejo, desarrollo es sinónimo de extractivismo urgente para déficit urgente, incluso si eso implica sacrificar glaciares, ríos y las vidas que dependen de ellos.

La Ley 7722: El "Guardián del Agua" y su Defensa Histórica

La Ley 7722 es una norma fundamental para la protección del agua en Mendoza porque prohíbe el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias químicas tóxicas en las actividades mineras, las cuales contaminan gravemente ríos, lagos y otras fuentes naturales de agua. Promulgada el 21 de junio de 2007, esta ley es resultado de una larga lucha por parte de la sociedad civil. La ley prohibía la utilización de sustancias tóxicas en la minería y además decía que cualquier proyecto minero debía ser autorizado por la Legislatura.

El Intento de Flexibilizar la Ley: La Controversia de la Ley 9209

Un retroceso en la protección ambiental se presentó cuando el gobierno pretendía modificar la Ley 7722 con otra norma, la Ley 9209, que permitía “el uso de sustancias químicas [entre ellas el cianuro], mezclas o disoluciones de ellas, que aseguren la sostenibilidad del proyecto [minero]”. La justificación para eliminar la prohibición del uso de cianuro y otros elementos tóxicos era “garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera”.

El uso de cianuro en la minería legal es cada vez es menos frecuente debido a los riesgos que implica su fabricación, transporte y uso. Los compuestos de cianuro suelen ser altamente tóxicos en su forma gaseosa o disueltos en agua. Teniendo en cuenta que el límite de cianuro en agua potable para consumo humano seguro es cuatro gotas por litro, las concentraciones usadas en minería presentan riesgos bastante altos. Además, existe abundante evidencia de derrames y pérdidas de cianuro en instalaciones mineras durante su transporte y de múltiples casos de muerte masiva de fauna en instalaciones mineras, particularmente de aves migratorias.

Por si fuera poco, la modificación legislativa buscaba flexibilizar los procedimientos de control y vigilancia ambientales pues establecía que ya no era obligatorio que la Declaración de Impacto Ambiental de un proyecto minero fuera ratificada por ley, bastando únicamente la firma de un funcionario de la Secretaría de Ambiente de la provincia para autorizar el proyecto. Ello atentaba contra la efectividad de la Ley 7722. Con la reforma de la Ley 7722 en Mendoza, se violan los principios de no regresión ambiental y el de progresividad. Estos cambios promovidos por el gobierno de Mendoza vulneraban los principios de protección ambiental del país, entre ellos el de sustentabilidad, contenidos en la Constitución y otras normas de carácter nacional que las provincias están obligadas a cumplir y enriquecer. Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Comparativa: Ley 7722 vs. Propuesta de Ley 9209

Presiones Políticas y Cuestionamientos Científicos

El conflicto no quedó solo en la calle, también alcanzó al ámbito científico. La eliminación de un informe técnico del Conicet Mendoza, el cual presentaba una evaluación crítica del impacto ambiental del proyecto, fue denunciada como un “bochorno” y un acto de censura. Dirigentes políticos y fuentes internas señalaron presiones de autoridades provinciales y del Ministerio de Energía y Ambiente. Tras el escándalo, el organismo publicó un comunicado institucional de tono mucho más prudente, sin cuestionamientos directos a la mina. Para amplios sectores científicos, la maniobra dejó al descubierto la tensión entre el rigor técnico y las presiones políticas que rodean los proyectos extractivos en la provincia.

La Respuesta Ciudadana Masiva: Un Hito Histórico

La movilización de este 9 de diciembre puede entenderse como la reactivación de un movimiento socioambiental que forma parte del ADN político mendocino. Su fuerza no reside solo en la cantidad de asistentes, sino en la persistencia: la defensa del agua es un eje identitario que atraviesa generaciones y territorios. Y hay un hilo común que aparece en todas las voces: la desconfianza. No solo hacia las empresas mineras, sino hacia un sistema político que vuelve a avanzar a contramano de la sociedad. La distancia entre la calle y las instituciones se ensancha una vez más.

Las asambleas ciudadanas de Mendoza rechazan la modificación que se realizó a la ley 7722, que prohíbe la utilización de las soluciones contaminantes en la explotación de la megaminería. Selva, activista feminista e integrante del Socorro Zondaia en Mendoza, lo cuenta desde el territorio: “el día que se votó la ley hubo una movilización de 100 km, con 20 mil personas caminando desde distintos puntos de la provincia hacia la Legislatura”. Desde ese día, las noches no se apagan. El Km 0 se volvió base, posta y abrazo: ruidazos, la Asamblea Popular por el Agua, organizaciones, vecines llegando de todos lados para sostener la presencia en el espacio público. Mientras tanto, los medios provinciales eligen callar. Frente a ese apagón informativo, la movilización decidió moverse desde la Legislatura hacia Canal 9 para exigir cobertura.

La respuesta estatal fue inmediata y violenta: llegó infantería, reprimió con balas de goma, golpes y corridas, y terminó con diez personas detenidas. “Una de las socorristas estuvo ahí. Fue muy fuerte. Desde Socorro Zondaia levantan la voz frente a la represión que, el jueves 11 por la noche, intentó quebrar a les compañeres de la Asamblea Popular por el Agua. No se puede detener un río con balas, ni un pueblo que defiende lo que le da vida. “Repudiamos esta violencia estatal que busca disciplinar una lucha legítima y exigimos la liberación inmediata de quienes fueron detenides. Lo que está en disputa no es solo un modelo económico, sino el sentido mismo de futuro. Para esta noche del 12 de diciembre se convoca un nuevo ruidazo frente a la Legislatura. No es solo contra la represión, es contra un modelo que pretende convertir a Mendoza en territorio subordinado al negocio extractivista. El agua sigue corriendo.

Nuestro gremio y central obrera, presentes en la lucha contra la megaminería contaminante, junto a trabajadores, organizaciones y asambleas que se movilizaron para cuidar un bien común que pertenece al pueblo, no a los negociados neoliberales de los oligarcas. En la misma línea coincidió Teresa Martínez, secretaria administrativa de CTA Autónoma de Mendoza, al señalar que “la Central de los trabajadores es independiente de estos partidos y gobiernos de turno, que vienen siempre en contra de las políticas populares y no escuchan al pueblo mendocino, que tiene una vasta cultura del agua y de la vida."

La desaprobación social de la nueva ley se multiplicó. Bajo los lemas "el agua no se negocia” y “el agua vale más que el oro”, la sociedad organizada de Mendoza expresó su rechazo. Las manifestaciones populares, las más grandes de la historia de Mendoza, comenzaron el 22 de diciembre. Al día siguiente, 50 mil personas se reunieron al frente de la Casa de Gobierno Provincial tras un recorrido de más de 100 kilómetros iniciado en la población de San Carlos, en el Valle de Uco, y que pasó por los pueblos aledaños. Las personas movilizadas tenían la misma reivindicación: La Ley 7722 no se toca.

Pese al evidente rechazo popular, el Gobernador de Mendoza promulgó la reforma. Miles de vecinos autoconvocados se concentraron en el kilómetro cero -entre las calles San Martín y Garibaldi- de la capital provincial para exigir la derogación de la norma. El 26 de diciembre, ante la constante y creciente presión social, el Gobernador anunció que no reglamentaría la nueva ley. Esa medida paliativa no convenció y las movilizaciones se intensificaron. El Gobernador decidió entonces dar marcha atrás a la modificación de la Ley 7722 y el viernes 27 anunció que iba a enviar un proyecto de ley para derogarla, lo que finalmente ocurrió el lunes 30. Gracias a la masividad del reclamo en las calles, comisiones de senadores y diputados suspendieron momentáneamente el tratamiento del proyecto de reforma de la ley 7722. Por lo tanto, la lucha continúa con nuestras banderas en alto para manifestar el consenso social sobre el cuidado del agua. “Expresamos un repudio total a lo que quieren hacer los legisladores y el Poder Ejecutivo, con respecto a vender el agua de Mendoza y entregar nuestros recursos naturales. Le decimos NO a la megaminería contaminante y al fracking en la provincia de Mendoza.”

Una Lección para América Latina: El Poder de la Ciudadanía

El caso de Mendoza deja una lección valiosa a todos los países América Latina: Cuando la ciudadanía conoce y toma conciencia de la importancia de la naturaleza y de la magnitud de los peligros que enfrenta, es muy difícil doblegarla. Los conflictos socioambientales no solo responden a quiénes detenten el control de los recursos naturales, sino también a las consideraciones de afectaciones en un entramado social bastamente complejo. Para los seres humanos y no humanos, la naturaleza es parte constitutiva de nuestra identidad, cultura y costumbres. Somos parte de ella y ella de nosotros. Es una red viva e interconectada.

La política tomó un camino. La calle tomó otro. Y entre ambas posiciones hay un río -cada vez más delgado- que define quién tendrá futuro y quién no. Porque en Mendoza, al final, todo se reduce a esto: el agua no es negociable porque es lo único que no se puede reemplazar.