Franquicias Arruinadas: Causas, Casos y Acciones Legales en España

Comenzaron enamorados de sus marcas e incluso fueron embajadores de ellas, pero descubrieron que detrás de la publicidad que prometía rentabilidad y éxito, la realidad era mucho más cruda. En España, el modelo de franquicias, que inicialmente se presentaba como un "negocio seguro", se ha convertido en una trampa para muchos emprendedores. Carne en mal estado o de distinta calidad a la ordenada, promesas de rentabilidades que no se cumplen, y cláusulas ruinosas son solo algunas de las razones que llevan a los franquiciados a la ruina.

Los franquiciados arruinados por insignias como Vitaldent, Grannier, Lizarrán, Foster’s Hollywood, Pannus, Fisioquiros y Opencel, entre otras, se han unido en la Plataforma de Afectados por las Empresas Franquiciadoras (PAEF) para pedir la modificación del Código de Comercio. El grupo de afectados pedirá que el Código de Comercio incluya cláusulas para proteger a los franquiciados de los contratos leoninos de las grandes marcas.

Denuncias Penales y Prácticas Abusivas

32 franquiciados han solicitado la apertura de un proceso penal a Restalia (100 Montaditos, Sureña, TGB, ... etc) a los que acusan de delitos de estafa, organización criminal, coacciones, delitos informáticos y delitos contra los consumidores. Los representantes legales de los propietarios, los despachos Cremades Calvo-Sotelo y Rafael Franco abogados, denuncian que el grupo de restauración ha llevado a cabo prácticas como la captación indiscriminada de franquiciados bajo promesas de grandes rentabilidades y rápidos retornos de inversión que, sin embargo, en casi todos los casos «han llevado a la ruina a nuestros representados».

Además, los asesores legales de los afectados explican que las grandes marcas optan por esquivar cada vez más la normativa. «Cada vez hay más contratos de franquicia que evitan la jurisdicción ordinaria, y contienen cláusulas que en caso de conflicto remiten al franquiciado a cortes de arbitraje. España cuenta alrededor de 55.000 franquiciados concentrados en un millar de marcas.

El Caso DIA: Un Ejemplo de Franquicia Problemática

Como él, decenas de personas, de familias de toda España y de otros países, que denuncian que DIA les ha “estafado” y “arruinado la vida” con su política de franquicias llevan litigando contra la compañía desde 2013. La compañía, mientras niega todas las acusaciones y dice estar “muy tranquila”.

El problema de la franquicia también suele ser una lenta agonía. No hay posibilidad de escaparse si los números van mal porque el contrato condena al pequeño emprendedor a permanecer con la marca, aunque el negocio vaya mal. El esquema perverso, permite a la red seguir vendiendo productos al afectado y, cuando quiebre, el local puede traspasado a un nuevo emprendedor y, de esta forma, generar más ingresos a la central.

José Francisco Barberán, de 49 años, fue el primero en querellarse. Le habían dejado en la calle tras echar el cierre en 2010 la empresa de azulejos en la que había trabajado literalmente toda la vida. En el paro y con el dinero de Fogasa en la mano, decidió en abril de 2011 que la mejor opción era invertir en comprar su propio puesto de trabajo. Le prometieron una rentabilidad de alrededor del 13%, aunque después hubiera que restar los gastos. Aún así, el negocio prometía. Le dijeron que vendería en torno a los 100.000 euros mensuales. Se fio del sector y de la firma.

Coinciden en acusar a DIA de que las cuentas de explotación que les muestran al principio son falsas, de que las promociones y los descuentos corren a cargo de ellos y les dejan sin margen, de que el llenado inicial del local no se corresponde con la realidad (adquiriendo así una gran deuda desde el principio) y de que les obligan a pagar el camión de género al día (si no, no les suministran).

Elías Carcedo, abogado de los demandantes de Asafras desde hace un año, critica que “hay un modus operandi claro de DIA para obtener dinero de ellos. No tiene sentido que la empresa matriz tenga ganancias cuando todos sus franquiciados están arruinados. Pero claro, su forma de obtener dinero es montar franquicias sabiendo que están abocadas al fracaso”.

La Querella contra DIA

Carcedo presentó en marzo de 2016 una querella penal por presunta estafa y otros delitos en un juzgado de Madrid que fue inadmitida y está pendiente de la resolución del recurso interpuesto. Es una más de las negativas por parte de la Justicia y distintos órganos que han recibido los afectados. La Audiencia Nacional encontró que no se cumplían los requisitos para que siguiera adelante en su juzgado. Mientras, la CNMC observó que no había lugar.

A finales de 2015 la magistrada Alicia Pérez Muñoz, titular del juzgado número 1 de Vic (Barcelona), fue la primera en admitir a trámite la querella, interpuesta por la asociación SOS Franquicias, que aglutina a veinticinco personas, "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de un delito de estafa, delito informático, delito relativo al mercado y falsedad documental, entre otros”. Un hito en el proceso judicial. Trató de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional pero ésta no lo aceptó y le pidió que continuara investigando.

Carcedo, que considera que “el dinero total estafado” podría llegar a los 30 millones de euros, se muestra esperanzado: “Hay multitud de pruebas que acreditan los hechos que denunciamos. Pedimos que al menos se escuche a los perjudicados. Creo que al final, de una forma u otra, conseguiremos desmontar este entramado”.

Alberto, de 37 años, decidió junto a su mujer embarcarse en una franquicia de DIA en Zamora en mayo de 2010. Según Rodríguez, tuvieron que firmar el contrato que la comercial les puso encima de la mesa sin días para consultarlo con especialistas. Asegura también que antes de hacerse cargo del local, vendía 56.000 euros al mes con cuatro empleados y uno a tiempo parcial, cifra que doblaron ya en el primer mes. “Al final, cuanto más vendes, más pierdes porque las ofertas a los clientes recaen sobre ti. Y ellos en el manual del franquiciado dejan claro que son los que se hacen cargo de ese concepto”, lamenta.

Jesús Ortiz, de sesenta años, trabajaba como enfermero cuando en 2009 pidió una excedencia para montar su franquicia de DIA en Madrid, junto con un socio. Denuncia que la compañía cotizada les cobró 60.000 euros por llenar la tienda al inicio sin que ellos estuvieran presentes. “Cuando yo dejé el local, la gente que lo heredó dicen que lo han hecho por menos dinero”.

Alberto afirma que “en una situación así, si te ofrecen un negocio como el que ellos te venden, te metes de cabeza. Pero claro, dan cifras falsas. Te están engañando desde el primer momento”, acusa. Eso fue lo que vivieron Adela y Jesús. Sin trabajo y de mediana edad, una comercial les ofreció una tienda en junio de 2014 en el madrileño barrio de Usera con una presunta rentabilidad del 13%.

En Portugal, los cerca de 70 que se sintieron perjudicados por la empresa cotizada -allí la marca es Minipreço- crearon la asociación Afeda y comenzaron a demandar hace tres años, pero sin resultados hasta el momento. En Argentina, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten asegura que representa a 260 franquiciados y que ya ha presentado una demanda por la que pide imputar a la cúpula de la firma en el país. “Ninguno gana; todo son pérdidas. Y después se convierten en rehenes del sistema. Llevan a cabo una política diabólica”.

Modelos de Franquicias Asfixiantes

Los supermercados Carrefour Express, las tiendas Yves Rocher, los bares Cien Montaditos o las tiendas de ropa Mango, son solo algunas de las marcas que se encuentran bajo la polémica de un uso del sistema de franquicias que asfixia económicamente a unos franquiciados sometidos a condiciones draconianas imposibles de superar y rentabilizar.

José Zamarro sabe bien lo que es tener un litigio contra una franquicia. De 2011 a 2014 fue franquiciado de la cadena de restaurantes Foster’s Hollywood, con la que todavía mantiene pleitos pendientes. “Los problemas se suelen repetir. El contrato viene predefinido y suele contener abuso de derecho y mala fe contractual”, explica Zamarro a El Salto.

David Nieto, un franquiciado de los supermercados DÍA que se vio en la ruina tras abrir dos tiendas en la localidad madrileña de Parla, lamenta que “nos daban unas cuentas de explotación falsas. Nos prometían unos márgenes de venta del 13% que luego no pasaban nunca del 4%”.

Juan Valiñas explica que “deje de trabajar para una empresa que tuvo que hacer recortes y me pareció que una franquicia era una buena opción y menos arriesgada, ya que en teoría de dan un know how y asesoramiento. Pero la inversión se disparó al triple, y ya que había gastado los 50.000 euros iniciales tuve que seguir metiendo dinero para no perderlo, tuve que recurrir al banco y a familiares”.

Abel Martín, un exfranquiciado de Orange que forma parte de Asafortel, una organización de franquiciados de la compañía de teléfonos, explica que “nos hicieron cambios en el sistema retributivo de las ventas, haciendo cada vez más difícil ser rentables”.

Alberto Baena, otro franquiciado de DIA, explica que cuando se quiso deshacer de la tienda que poseía porque las cuentas no daban los resultados prometidos, la cadena de supermercados le ofreció adquirir otra tienda cercana para poder aprovechar ventajas en costes por el tamaño. “Me dijeron que podría aprovechar los repartos de los camiones y bajar mucho los costes al tener dos tiendas. Pero una vez firmado el contrato de la segunda tienda, nada de eso se cumplió. Negaron haberme prometido nada de lo que me dijeron de manera oral pero que no aparecía en el contrato”, lamenta Baena.

La Exclusividad y las Ofertas Engañosas

Los afectados por los supermercados DÍA denuncian que la empresa les obligaba incluso a contratar los suministros a través de la empresa a unos precios desorbitados, “me cobraban por internet 70 euros al mes y no nos dejaban ver las facturas”, explica Nieto. “Su negocio es suministrar el género aunque tú no lo necesites. Te llenan la tienda hasta arriba. Nosotros no controlamos los pedidos. Tenemos una caja registradora que supuestamente calcula el stock y realiza los pedidos de manera automática. Cuando nos llega el camión de reparto vemos cómo el pedido tiene productos que ya tenemos o que no vendemos. Tiramos fruta y carne todos los días”, lamenta el franquiciado.

Zamarro explica que “el franquiciado impone que se le compre a ellos en exclusiva. Se lucra contigo y te imposibilita competir. Hay una claro desalineamiento de intereses”, explica Zamarro en la misma línea que denuncia el exfranquiciado de Orange al contar que solo podían comprar los teléfonos a ellos. “Nos salía más caro que ir al mercado, pero nos obligaban. Ahí reducían nuestros márgenes”.

Valiñas explica que el Lizarran que montó “nunca dio beneficios, solo pérdidas, que iba sufragando a través de deuda, con la esperanza, incitado por los supervisores de Lizarran, de que con la experiencia íbamos a empezar a ver los beneficios, hasta que ya resultó evidente que era imposible, porque además de cobrarnos un royalty mensual del 5% de las ventas, también se llevaban un porcentaje de rápel (descuento) de los proveedores, a los que estábamos obligados a comprar, bajo pena de incrementar el royalty y dejar de recibir una bonificación por los litros de cerveza”.

Zamarro explica que “en Foster’s Hollywood el coste de la oferta la aguanta el franquiciado. El franquiciador lo que quiere es que vaya gente y le da igual si no hay beneficio. Se vende a pérdidas, lo que va contra la Ley de Competencia, pero ellos cobran un porcentaje del bruto de ventas, por lo que les da igual”.

Marco Legal y la Necesidad de Regulación

Los franquiciados denuncian que se encuentran en una situación difícil. Muchos jueces rechazan como pruebas los informes y planes de viabilidad que los franquiciadores muestran a los futuros franquiciados para convencerles de la rentabilidad de la inversión, incluso cuando son docenas de casos los que no han conseguido acercarse a los beneficios prometidos.

“No hay una regulación específica, salvo el Real Decreto 201/2010 que regula la actividad comercial en régimen de franquiciados y que recoge solo dos o tres cosas, por lo que la mayoría de litigios se rigen por el Código Civil.

El Caso Baby Deli: Ilusiones Truncadas

Baby Deli, la marca de productos ecológicos infantiles de la que es socia e imagen Carolina Adriana Herrera, hija de la diseñadora Carolina Herrera y esposa del torero Miguel Báez ‘El Litri’, salió en el mes de febrero del concurso de acreedores. Solo uno de los franquiciados, cuya tienda tiene sede en Barcelona, sigue adelante con su negocio; los otros cuatro tuvieron que cerrar (Bilbao, Valencia, Zaragoza y Santander). Detrás de estas clausuras hay historias de emprendimiento truncadas y ahorros de toda una vida esfumados.

Lucía Castanedo, quien regentó la franquicia de Baby Deli en Santander, cuenta que “nunca tuve ningún problema con Carolina Adriana Herrera; sí con Tatiana Arelle, otra de las socias, que era con la que tratábamos directamente. La que nos dejó de coger el teléfono y nos dejó tiradas cuando no funcionaba ni la plataforma interna. Se fue de vacaciones un mes y me dejó colgada sin stock. No demandamos por miedo a no poder salir de la franquicia y tener que poner más dinero, así de claro. Son gente muy mediática con buenos abogados. Arruinaron a muchas familias. Por suerte, nosotros somos tres socios y uno de ellos tiene una amplia formación fiscal y contable, así fue cómo nos dimos cuenta a los seis meses de abrir de que algo no iba bien, aparte de que los pedidos llegaban casi caducados, no servían lo que pedíamos y no teníamos el apoyo que nos dijeron; la contabilidad era un desastre. Por eso nos plantamos y decidimos salirnos de la franquicia.

Luisa Alonso, quien montó la franquicia de Zaragoza, relata que las socias de Carolina Adriana Herrera siempre la vieron como “una franquicia de segunda”. “Se ve que Zaragoza no tenía suficiente nivel o que ya sabían cómo estaban y no se preparó conjuntamente ni la inauguración de la tienda. Nosotros no recibimos ese tipo de apoyo que prometían al principio en las aperturas de las tiendas. Nunca traté con ninguna de las socias mediáticas, solo con el director de operaciones y la gerente. A Carolina Adriana Herrera ni la vi, siento que ella se lleve la peor parte”.

McDonald's y sus Franquiciados: Una Batalla Judicial

Decenas de franquiciados de McDonald's están 'en guerra' judicial contra la compañía por una supuesta cláusula oculta e irregular que les está amenazando con la ruina. De hecho, al menos cuatro de los franquiciados que se encuentran en proceso judicial ya han sido condenados a pagar a la compañía cantidades millonarias (hasta 10 millones de euros en total si se suman todos los intereses, según calculan fuentes conocedoras de la situación) tras haber puesto en duda el pago de unas cantidades a la multinacional estadounidense por algo que, aseguran, no está expresamente recogido en el contrato y que los perjudicados consideran "injusto" e incluso "ilegal", según las informaciones y documentos a los que ha tenido acceso Vozpópuli.

En esta historia hay tres protagonistas fundamentales: McDonald's, los franquiciados y Havi, el operador logístico de McDonald's en muchos de sus grandes mercados. Cuando un empresario individual firma un contrato con la compañía de fast-food, lleva implícito en el contrato, pero no explícitamente, que recibe su mercancía a través de Havi, una empresa en principio independiente a McDonald's. Pero, según los demandantes, no se especifica en ningún punto del contrato que sea Havi la empresa logística y menos aún que el franquiciado esté obligado a "pagar el coste logístico de las entregas de productos".

Así, se cae en un vacío legal que pone contra las cuerdas a decenas de franquiciados que deciden reivindicar esta "injusticia". Por ahora, cuatro empresarios con licencia en McDonald's han sido demandados y la justicia ha establecido que deben pagarle entre todos un montante de 10 millones de euros, sumando las cifras exigidas más intereses aparte.

En la última y más reciente sentencia judicial, firmada por la Audiencia Provincial de Castellón el 25 de octubre y a la que ha tenido acceso este periódico, se le da la vuelta al criterio judicial de la jueza de primera instancia que falló en contra de McDonald's en 2021, reconociendo que los costes logísticos de Havi corrían de su cuenta. En esa sentencia, se consideraba que la multinacional ocultaba su relación contractual con el operador Havi -del que no han mostrado nunca el supuesto contrato que les une-, obligando a los franquiciados a pagar el coste logístico sin especificar en ningún caso cómo lo hace ni a cuánto asciende este.

Pese al último fallo judicial, que da la razón a McDonald's, la defensa de los franquiciados recurre a la falta de claridad y de transparencia con respecto a la relación entre Havi, McDonald's y los empresarios con licencia de explotación.

El riesgo para la multinacional del Big Mac también podría ser grande, porque si las instancias judiciales superiores acaban dando la razón a los ex franquiciados de McDonald's en estos pleitos, como ya ha ocurrido en instancias inferiores, se abriría para la multinacional una situación económicamente complicada porque los costes que carga a los franquiciados de manera presuntamente irregular a través de Havi asciende hasta 300 millones de euros al año, sólo en España, según cálculos económicos.