Corrupción y Liderazgo Político: Un Análisis Profundo en el Contexto Peruano

La administración pública, definida como el conjunto de acciones que realizan las entidades del Estado en sus diferentes niveles de gobierno para el logro de fines, objetivos y metas enmarcadas en las políticas gubernamentales, utilizando medios adecuados y mecanismos de decisión para la asignación y distribución correcta de los recursos públicos en bienestar de la población, se ha visto seriamente afectada por el fenómeno de la corrupción en las últimas décadas.

Este fenómeno implica el direccionamiento de los recursos para satisfacer intereses personales de funcionarios públicos, dificultando el acceso igualitario a bienes y servicios esenciales y afectando principalmente la vida, la salud y otros importantes derechos de los ciudadanos. El presente artículo tiene como objetivo principal conocer la corrupción en la administración pública y el impacto que este genera en el desarrollo político, económico y social, en el contexto peruano. En ese orden de ideas, se considera como pregunta guía para el estudio: ¿Cuál es el impacto de la corrupción en la administración pública, en el desarrollo político, económico y social?

La Corrupción en la Administración Pública Peruana

El Banco Mundial (2014) define la corrupción como el abuso del cargo público para beneficio privado. Este es un fenómeno mundial con consecuencias negativas y mayores obstáculos para el desarrollo económico y social de un país (Useche y Reyes, 2020).

En el Perú, la corrupción le cuesta aproximadamente S/. 23,297 millones de soles anuales, lo que equivale al 3% del Producto Bruto Interno (Shack et al., 2020). La corrupción es un fenómeno universal manifestado en diferentes épocas, en diferentes niveles de los Estados, afectando los sistemas político, social y económico, la actividad humana, pública o privada (Estévez, 2005).

Las manifestaciones más frecuentes de la corrupción se evidencian en la recepción o el pago de sobornos para acceder a beneficios, que degradan a su vez, los servicios y bienes públicos que deberían estar disponibles a todos los ciudadanos (Transparencia Internacional, 2019, citado por Chaparro et al., 2021, pág. 779). Los funcionarios públicos quebrantan normas y leyes, lo que deviene en prácticas habituales, verbigracia, la impunidad frente a múltiples casos de corrupción. Expresiones como: “todos lo conocen y nunca se investigó”, “roba, pero hace obras”, “si otros lo hicieron porque nosotros no”, son comunes en la coyuntura política actual.

Ejemplos de Corrupción en Perú

En la administración pública, se observan diversos escándalos de corrupción:

• Los Vladivideos: Colección de videos elaborados por el asesor presidencial del gobierno de Alberto Fujimori, en el servicio de inteligencia, sobornando a políticos, empresarios y medios de comunicación para ponerse a disposición del fujimorismo.
• Operación Lava Jato: Involucra a empresas acusadas del pago de coimas a funcionarios para ganar licitaciones de obras públicas.
• Odebrecht: Empresa constructora brasileña, que habría realizado coimas a presidentes, expresidentes y funcionarios de diversos países, para obtener beneficios en las contrataciones del Estado.
• Cuellos Blancos del Puerto: Involucra a jueces y miembros del anulado Consejo Nacional de la Magistratura, quienes ofrecían rebajas de penas, agradecimientos de favores y negociaciones de ascensos a funcionarios.
• Compras sobrevaluadas: Un problema recurrente en diversas esferas públicas (Freundt et al., 2021, citado por Palacios et al., 2022).

Ejemplos como: “Los Panamá Papers”, “Lava Jato”, “Los Cuadernos” y “La estafa Maestra”, ilustran cómo la corrupción aceita los engranajes de la maquinaria institucional, poniendo en riesgo la gobernabilidad, las finanzas y fondos públicos; vulnera derechos, provoca inestabilidad social y aumenta las brechas de pobreza en países latinoamericanos (Ayala, 2018).

Impacto de la Corrupción

La corrupción tiene un efecto perjudicial en los ingresos fiscales, las inversiones, el crecimiento económico, crea desestabilización política, generando desigualdad e incremento de la pobreza (Pérez, et al., 2022). Disminuye los niveles de inversión a largo plazo, así como los niveles de productividad, recolección de impuestos y crecimiento económico (Baque et al., 2020).

La corrupción deteriora la conducta de los funcionarios públicos, genera crisis de ética y valores, inadecuada toma de decisiones de actores políticos ante las necesidades de la población y crea desconfianza ciudadana (Torero y Martel, 2021). Es la principal preocupación de los peruanos (Zavaleta y Chávez, 2020) y un problema en los países subdesarrollados (Peña y Cuadrado, 2017, citado por Rezzoagli et al., 2021).

El 62% de la población peruana identifica la corrupción como uno de los principales problemas del país, el 73% considera que seguirá aumentando en los próximos cinco años (Transparencia Internacional, 2019, citado por Soto et al., 2020). “El 91% cree que la mitad o más de la mitad de los políticos están involucrados en actos de corrupción” (Carrión et al., 2018 citado por Ponce y García, 2019, p. 343). Un 30% percibe a Perú como el tercer país más corrupto a nivel latinoamericano, siguiendo a México en el segundo lugar con un 34% y a Cuba con un 50% en el primer lugar (Goicochea, 2020).

La corrupción afecta la gobernabilidad, los índices de desarrollo, la pérdida de credibilidad en los dirigentes y reduce la eficacia de la inversión pública (Baque et al., 2020). Genera la deslegitimación del Estado, la ineficiente asignación de recursos públicos y privados y distorsiona las políticas públicas (Arévalo y Barbaran, 2021).

Según la Defensoría del Pueblo (2021), existen más de 27,000 casos de corrupción en investigación, siendo los delitos con mayor incidencia: peculado, colusión y cohecho. Hay gran cantidad de delitos de corrupción y pocos son sentenciados (Cazasola et al., 2022).

El analfabeto político, Brecht.

Una de las características de la corrupción en nuestro país es su diagnóstico prevaleciente. Los análisis dominantes suelen atribuir esta plaga a factores institucionales: controles laxos, partitocracia, ineficaces mecanismos de supervisión y transparencia, etcétera. Si bien es cierto que una arquitectura jurídica débil actúa como caldo de cultivo para las malas prácticas, centrar ahí la etiología del problema es, a mi juicio, un reduccionismo que impide ver la raíz del fenómeno.

La pregunta correcta debería ser: ¿qué hace que tantas personas con importantes responsabilidades públicas traicionen con soberbia y descaro el pacto social? Se suele responder que es la falta de educación en valores. Pero si uno observa con atención los discursos éticos predominantes, constata un consenso generalizado en la ciudadanía y en la clase política en torno a los tres valores prosociales básicos para la convivencia democrática. La inmensa mayoría de nuestra sociedad y de nuestros líderes asume que:

1. Está mal aprovecharse de una posición de poder para beneficio propio.
2. Todos debemos respetar, por igual, la ley.
3. Los responsables públicos deben trabajar únicamente por el bien común.

La regla de oro de la reciprocidad (“no hagas a la sociedad lo que no deseas que otros le hagan”) sigue, por lo tanto, plenamente vigente en nuestro imaginario moral colectivo. El problema no es, entonces, que los corruptos ignoren cuáles son los valores que ellos mismos suscriben, ni que el político que roba o delinque no sepa el daño que está infligiendo a los siempre limitados recursos de su país y, por tanto, a las pensiones de los mayores de su familia, a los hospitales y escuelas que sus allegados y amigos tengan que usar o a las carreteras que él mismo frecuenta, por poner algunos ejemplos.

La raíz se halla, más bien, en otro lugar: a pesar de su alta formación académica y cualificada experiencia profesional, estas personas no sienten motivación suficiente para vivir conforme a tales valores. No desconocen los tremendos perjuicios que su mala praxis provoca, sino que sienten apatía para esquivar las tentaciones. A este fenómeno lo llamo desmotivación moral.

Corromperse significa deshacerse, pudrirse, dejar de ser lo que se es. En consecuencia, permitir corromperse es contravenir la propia identidad humana. De ahí que mi diagnóstico sea que quienes se corrompen lo hacen a causa de su analfabetismo antropológico: no han desarrollado suficiente comprensión sobre el valor de pertenecer a una especie tan singular como la nuestra. No han aprendido a gozar del prodigio que implica saber identificar el interés común y ser capaz de escogerlo en lugar de elegir las opciones más beneficiosas y eficientes para sí mismo.

La conciencia de la sublimidad de la condición humana se atrofia cuando tal placer moral no se cultiva mediante la práctica diaria. Como consecuencia, el sujeto desarrolla un fuerte cinismo incapaz de admirarse por tres grandes facultades que nos distinguen de las demás especies:

1. Nuestra portentosa inteligencia.
2. Nuestra milagrosa capacidad de discernir entre el bien y el mal.
3. Nuestra asombrosa creatividad normativa para la convivencia.

Es un cinismo porque ningunea la propia identidad (humana), desencadenando una fatal profecía autocumplida: “Si no me importa lo prodigioso que significa ser un humano, ¿por qué debo evitar actuar de modo inhumano?”. Y esto mismo explica el hecho de que la corrupción no se restrinja actualmente a la clase política, sino que se dé también en la empresa, en el deporte, en la judicatura, en la universidad y en la religión. Al fin y al cabo, los políticos no provienen de Marte, sino de entre los ciudadanos.

El corrupto es, sobre todo, un traidor a su propia condición (humana) por cuanto con su desmán desmiente la posibilidad más elevada e impresionante que ha propiciado la cadena evolutiva: tener la capacidad de elegir conscientemente el bien cuando se tiene a mano elegir el mal. Parafraseando la famosa fórmula de Hannah Arendt, describo este fenómeno como la banalización de la corrupción, cual hija directa de ese cinismo con respecto a la condición humana. A mi modo de ver, la raíz de la erosión de la pasión moral reside en esta falta de costumbre de admirarse por el prodigio humano. Hace falta habituar a las personas, desde niños, en el asombro moral: cultivar la emoción de amar lo justo, de gozar las acciones bellas, de disfrutar de trabajar por el bien común y de sentirse bien al cumplir con la ley.

No hay política anticorrupción eficaz sin una conciencia motivadora que despierte la atención de las personas a lo sublime humano. Ello requiere una pedagogía sistemática que muestre vívidamente ejemplos de honradez y celebre actos de renuncia al propio interés en beneficio de las virtudes públicas. Pues las evidencias científicas muestran una correlación innegable entre la ausencia de móviles éticos en la persona y su carencia de referentes públicos, a derecha e izquierda, de entrega personal en el servicio desinteresado a los demás.

En efecto, la célebre teoría del aprendizaje social del psicólogo Albert Bandura demuestra que los individuos aprenden conductas morales imitando modelos visibles, y que su ausencia genera desorientación y apatía. Investigaciones de los psicólogos Philip Zimbardo, Dan Ariely y del Instituto de Ética Pública de Copenhague documentan, asimismo, que la falta de ejemplos éticos facilita la normalización de la corrupción. De igual modo, estudios en liderazgo ético muestran que, sin líderes moralmente ejemplares y visibles, los subordinados no interiorizan pautas prosociales. Metanálisis recientes confirman, también, que sin referentes virtuosos públicos, los ideales se debilitan, la ética se desprestigia y la voz de la conciencia se acalla.

Se da en nuestro país un agravante adicional: este cinismo se manifiesta, también, en la frivolidad con la que se eligen los colaboradores y subordinados. Ello actúa como un catalizador de la referida desmotivación moral. Una y otra vez vemos cómo altos cargos depositan su confianza en personas cuya única credencial es haber compartido militancia partidista, lealtad de facción o, simplemente, una amistad superficial. Se les asignan responsabilidades monumentales, presupuestos millonarios y competencias que afectan a todo el país sin que medie una evaluación rigurosa de su pasado en términos de actos abnegados de servicio e historial de praxis ética.

En consecuencia, se repite, con pasmosa ligereza, la fatídica frase “pongo la mano en el fuego por esta persona”. Esta expresión, que parece rebosar convicción y nobleza, no es sino la máscara retórica de la misma banalización. Pues nadie, absolutamente nadie, debería poner la mano en el fuego por otra persona cuya vida no haya estado consagrada al bien desinteresado de sus congéneres. La lealtad es valiosa, sí, pero no puede estar por encima de los principios morales. La amistad o afinidad no exonera el juicio ético.

El problema no es solo que se seleccione mal y precipitadamente a los colaboradores. El problema es que se les elige sin tener en cuenta si han demostrado un inequívoco espíritu de sacrificio por los demás. De ahí que ningún partido y ningún Gobierno esté exento de corrupción si no conoce profundamente el perfil moral de las personas en las que confía responsabilidades. Y es que, paradójicamente, los cargos de confianza no deberían basarse nunca en la confianza, sino en una reconocida vocación de servicio sin esperar contrapartidas.

El Liderazgo Político en el Perú

El liderazgo político en el Perú enfrenta desafíos relacionados con la calidad de los líderes, la representación equitativa y la confianza de la población en las instituciones gubernamentales. La falta de líderes comprometidos con el bienestar público y la representación inclusiva puede socavar la legitimidad del gobierno.

Para abordar este desafío, se requiere un enfoque integral que fomente la formación ética de los líderes políticos, promueva la diversidad en la representación y mejore los mecanismos de participación ciudadana. La construcción de un liderazgo político sólido y ético es esencial para garantizar un gobierno efectivo y la confianza sostenida de la ciudadanía en el sistema político.

La ausencia de liderazgo político es un problema que atañe a todo el sistema, pues potenciales líderes que forman parte del actual ecosistema político se ven directa o indirectamente involucrados en casos de corrupción y ello merma su posibilidad de despegar como opción de representación.

Lecciones de Liderazgo: Nelson Mandela

No ha existido en la política de nuestro tiempo una figura más popular, admirada y universalmente respetada que el sudafricano Nelson Mandela, icono de la lucha contra el apartheid, al que derrotó, antiguo líder del Congreso Nacional Africano, primer presidente negro de su país y Premio Nobel de la Paz. Su liberación en 1990 tras 27 años de cautiverio dio inicio, trabajando estrechamente con el presidente reformista Frederik de Klerk, a una complicada pero finalmente exitosa transición desde la dictadura segregacionista blanca hasta la democracia multirracial, que alumbraron unas elecciones libres ganadas por el ANC, un Gobierno de unidad y una nueva Constitución.

Pese al rencor acumulado tras tantos años de represión y a los estallidos de violencia que jalonaron el delicado proceso, Mandela, paradigma de integridad, nunca se cansó de instar a la paz civil y a la reconciliación de los sudafricanos. Su obsesión fue conseguir y preservar la unidad de la "nación arco iris".

Durante su mandato presidencial, entre 1994 y 1999, Mandela, con su extraordinario carisma, su rechazo a las medidas radicales y su elevado sentido de la responsabilidad, fijó los pilares políticos y económicos de la nueva Sudáfrica, y medió en los conflictos del continente, pero dejó sin resolver graves déficits sociales. Tras jubilarse de la política y pese a su avanzada edad, el mitificado dirigente, llamado Madiba por sus paisanos, continuó activo en una serie de causas humanitarias hasta que su paulatino apagamiento físico le apartó de la vida pública, aunque no de los pensamientos y los corazones de su agradecido pueblo.

La vida de Mandela ejemplifica la importancia del liderazgo ético y el compromiso con el bien común frente a la adversidad. Desde su juventud como estudiante de Derecho de la nobleza xhosa, su vida estuvo marcada por la resistencia al sistema de exclusión racial y la lucha por la justicia.

Nelson Mandela en 1994, el año de su investidura como presidente de Sudáfrica.

En 1943, en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial, Mandela se unió al Congreso Nacional Africano (ANC), una organización abanderada del nacionalismo negro. En el ANC, trabó íntimo vínculo con Walter Sisulu y Oliver Tambo, con quienes trabajó para transformar el ANC en un movimiento de masas con un programa de exigencias más firmes. En septiembre de 1944, Mandela y sus compañeros pusieron en marcha la Liga de la Juventud del Congreso Nacional Africano (ANCYL), de la que él fue elegido secretario nacional tres años después.

En 1949, con la victoria electoral del Partido Nacional (NP) y el inicio oficial del sistema de segregación racial o apartheid, el ANC adoptó un Programa de Acción, inspirado en los métodos de lucha política civil de la minoría india (Mohandas Gandhi) y de lucha sindical de los mineros negros, que contemplaba la huelga general, la desobediencia civil, la no cooperación y otros instrumentos de resistencia no violenta. Este programa incluía demandas políticas y sociales sobre la igualdad jurídica, un parlamento representativo, redistribución de la tierra y remoción de barreras a la educación de los jóvenes negros. Cada vez más prestigiado, en 1950 Mandela fue promocionado a miembro del Comité Ejecutivo Nacional y en 1951 a presidente de la ANCYL.

Al mismo tiempo, Mandela reconoció la necesidad de formar un frente multirracial que incluyera a otros colectivos políticos de resistencia, como los comunistas, para oponerse al apartheid y la dictadura de la minoría blanca. En junio de 1952, el partido le encomendó la divulgación de la Campaña de Desafío a las Leyes Injustas, una movilización de masas que Mandela condujo a pie de calle con la consigna de no provocar acciones violentas.

Su intensa actividad le acarreó su primer encontronazo serio con la justicia, siendo detenido en julio y condenado en diciembre a nueve meses de prisión con trabajos forzados, con la sentencia en suspenso a cambio de la prohibición de participar en actos públicos y ejercer cargos políticos, y un confinamiento en Johannesburgo. Estas proscripciones temporales se renovaron sucesivamente hasta 1958, obligándole a cumplir en la clandestinidad sus funciones de vicepresidente nacional del partido.

En junio de 1958, Mandela contrajo segundas nupcias con Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, quien a diferencia de su primera esposa, estaba lista para involucrarse a fondo en el movimiento de liberación de su pueblo y apoyar la lucha de su marido. La luego famosa y polémica Winnie Mandela le dio dos hijas, Zenani y Zindziswa.

Arrestado, encarcelado y procesado en varias ocasiones, Mandela sufrió su enésima y definitiva detención el 21 de marzo de 1960, tras la matanza de Sharpeville, cuando la Policía disparó indiscriminadamente contra manifestantes. La represión llevó a la ilegalización del ANC y del Congreso Panafricanista (PAC). En agosto de 1962, siendo fugitivo de la justicia, fue detenido de nuevo y en noviembre siguiente recibió una sentencia de cinco años de cárcel por incitación a la huelga y abandono ilegal del país.

La historia de Mandela, con sus 27 años de cautiverio como preso 466/64, su liberación y su papel fundamental en la construcción de una democracia multirracial, ofrece un valioso testimonio sobre la integridad, la capacidad de perdón y la visión de un líder comprometido con la justicia y la unidad nacional.

Mapa de Sudáfrica, el país donde Nelson Mandela luchó contra el apartheid y construyó una nación multirracial.